“No es expropiación”: Mulino justifica decreto de ocupación y garantiza continuidad portuaria

Mulino justificó la ocupación estatal de los puertos como una medida legal y necesaria para garantizar la continuidad operativa, prometió transparencia, estabilidad jurídica y una futura licitación

El presidente Mulino se dirigió al país la tarde del lunes.

En un mensaje a la Nación, el presidente de la República, José Raúl Mulino defendió las acciones adoptadas este lunes con respecto al extinto contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company.

"El poder ejecutivo, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Nacional y con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación portuaria, emitió un decreto de ocupación, una herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes.

Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que corresponden”, dijo enfático.

Mulino añadió que Panamá tomó posesión de dichas instalaciones con estricto apego al derecho panameño y al resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial. Por su parte, en el transcurso de la mañana, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá autorizó a su administrador a presentar los contratos de los operadores temporales ante el Consejo de Gabinetes Extraordinarios.

Mulino afirmó que tomó posesión de dichas instalaciones con estricto apego al derecho panameño y al resguardo de los intereses nacionales.

El mandatario recordó que para esta decisión se sumaron expertos y empresas que aportaron su capacidad, experiencia y conocimiento durante meses, estudiaron cada posibilidad, incluso el escenario al que se enfrenta en este momento, siendo el más complejo de todos por razón de la realidad jurídica que produjo el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

“Hoy las dos mayores navieras, que además son dos de los mayores operadores portuarios del mundo, asumirán la operación. Para el puerto de Balboa será la empresa APM Terminals, subsidiaria del grupo MERSA. Y para el Puerto de Cristóbal, la empresa TIL Panamá, subsidiaria de Mediterranean Shipping Company MSC”, indicó el presidente, “como una muestra de confianza en Panamá que recupera su imagen y el estatus internacional que nunca debió de perder”.

“En este contrato, hoy inexistente, se sometió por décadas a todo un país, sin transparencia alguna, tanto en la debida información como en la documentación sensitiva y compleja que jamás estuvo en esta administración en manos de la AMP, aun cuando hubo pedidos formales de información. Poco a poco, so pretexto de operar ambos puertos, se estructuró durante años un territorio autónomo en el que de poco sirvieron las autoridades”, calificó Mulino.

Achacó a sus antecesores que nunca se atrevieron a fiscalizar o regular la situación de la empresa, como era su deber. “El Consejo de Gabinete aprobó ambas contrataciones y posteriormente la Autoridad Marítima procedió a la firma de los contratos con los representantes legales de las respectivas empresas para su posterior refrendo por la Contraloría General de la República”, indicó.

Por otro lado, agradeció a los trabajadores portuarios panameños por su compromiso con el patrimonio nacional y por aceptar este nuevo desafío con patriotismo y unidad, reconociendo el trabajo de la ministra Jacqueline Muñoz y Elmita Dell como entidad rectora.

“Todos tienen su puesto de trabajo garantizado sin ningún tipo de cambio”, aseveró Mulino.

Enseguida recordó errores del pasado que no estaba dispuesto a repetir, como el de la mina: “Lo dije en mi primer mensaje y hoy lo reitero: no podemos repetir la improvisación. Ya lo vivimos con la mina, donde quedó demostrado una vez más que los gobiernos pasan, pero las consecuencias quedan. La improvisación genera desempleo, deteriora la imagen del país, ahuyenta la inversión y finalmente golpea la economía nacional y de los hogares panameños”. Una situación inaceptable según su concepto.

Luego indicó que su responsabilidad como presidente lo obliga a tomar acciones ante la decisión de la Corte: “Me corresponde coordinar con todo el equipo de gobierno para que, respetando la decisión independiente y soberana de la Corte Suprema de Justicia, Panamá demuestre que puede seguir avanzando aun frente a eventuales desafíos”.

Termina una etapa para Panamá y comienza otra que incluye la participación de siete mil trabajadores que dependen de la actividad portuaria. Una etapa en la que los proveedores seguirán brindando sus servicios, y los clientes tienen la tranquilidad de que pueden continuar operando en los puertos panameños, y en la que los inversionistas recuperan la confianza de que aquí sí hay futuro, manifestó el jefe de gobierno.

El gobierno iniciará paralelamente la tercera etapa de manera abierta y competitiva para las nuevas concesiones portuarias, una en cada puerto. Lo haremos con transparencia, con la humildad para no repetir los errores del pasado y con la convicción patriótica de que los intereses de Panamá deben estar siempre por encima de cualquier otro interés, garantizando transparencia, eficiencia, inversión, estabilidad jurídica y el mayor beneficio para nuestra república, añadió Mulino.

Finalizando, expreso con toda sinceridad que todo lo actuado no fue en contra de nadie, sino el cumplimiento de la ley, del respeto al patrimonio del país y de los recursos para los panameños de hoy y del mañana.