Tras la publicación del fallo de la Corte en el que declara inconstitucional el contrato, el gobierno ya tiene dos nuevos operadores, uno para cada terminal en las riberas del Canal
El gobierno panameño ordenó este lunes la ocupación temporal de las terminales portuarias gestionadas por la empresa Panamá Ports Company, luego de la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Gaceta Oficial. La decisión de la CSJ declaró inconstitucional el contrato celebrado en 1997 entre el Estado y la empresa, lo que dio paso a nuevas acciones del gobierno para tomar control de las terminales de Cristóbal y Balboa en el Atlántico y Pacífico respectivamente.




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