En todo este proceso de planificación y ejecución de una verdadera política integral de empleo hay algo indispensable que hace falta: datos reales, funcionales y oficiales, compartidos por todas las entidades.
Por: Alfredo Mitre
Periodista y exdirector de Empleo de Panamá
Cuando nos referimos al empleo, el término suele reducirse a indicadores de desempleo y desocupación, a la creación de plazas o a la llegada de inversiones que prometen absorber mano de obra. Sin embargo, el verdadero problema estructural está en la ausencia de un sistema de gobernanza del empleo: un marco institucional que coordine, planifique y articule los esfuerzos del Estado con las necesidades del sector productivo y las aspiraciones de la población.
La realidad de muchos de nuestros países, claramente marcada en Panamá, es que cada institución se preocupa por cumplir sus funciones y llegar a sus objetivos, previamente establecidos en los planes operativos que justifican el presupuesto que se construye de manera aislada, por entidad.
Ese modelo es el que permite al Ministerio de Educación definir los currículos, al IFARHU otorga becas y entidades como el INADEH y el ITSE formar a personal técnico profesional con base en sus propias investigaciones individuales para cumplir con sus objetivos.
Otras entidades como la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Comercio e Industrias y Ministerio de Economía y Finanzas, en ocasiones, no tienen participación en nada relacionado a la planificación o la formulación de los planes de empleabilidad, aunque deberían. En resumen, cada institución responde por sus proyectos y responsabilidades, pero no por el resultado final: la empleabilidad efectiva y sostenible del país como un todo.
En todo este proceso de planificación y ejecución de una verdadera política integral de empleo hay algo indispensable que hace falta: datos reales, funcionales y oficiales, compartidos por todas las entidades, no solo para tener la misma lectura del problema del empleo, sino para formular soluciones conjuntas, para que el buscador de empleo acceda a esa plaza que le convenga, profesional o geográficamente, y que las empresas puedan producir con el personal que necesitan para hacerlo, generando así trabajo decente y empleo formal.
El Servicio Público de Empleo: una herramienta funcional de desarrollo
Frente a este escenario, luego de más de 2 años de investigación, consultas y diagnósticos profesionales, mediante el Decreto Ejecutivo No. 3 del 22 de abril de 2024 , se reglamentó el Servicio Público de Empleo, lo que representó un hito histórico en este proceso de planificación del empleo, ya que establece un formato de recolección de datos de empleabilidad, tanto de los buscadores de empleo, como de las vacantes laborales, al tiempo que ofrece un servicio social de guía y acompañamiento hacia la formación de las habilidades requeridas para los empleos disponibles en sus áreas de residencia.
Además de estructurar un servicio de atención y guía para la intermediación del empleo, se propone la de actores clave en el proceso, como las Agencias Privadas de Empleo y los Trabajadores Por Cuenta Propia, con el fin de tener un marco institucional que identifique y articule a todos los actores del ecosistema laboral, estudiándolos y compnrendiendo sus necesidades y fortalezas.
Gobernanza tripartita del Empleo
Aunque siempre será el Estado quien regente la autoridad regulatoria del empleo, los estudios realizados por años con respecto de esta materia, sugieren un modelo de Gobernanza tripartita que defina lineamientos generales y acciones de alto impacto que se desarrollan mediante los planes y proyectos de empleo.
Siguiendo esta recomendación, se creó el Comité Consultivo del Servicio Público de Empleo, integrado por el sector empresarial, trabajadores y Gobierno, con la participación activa de la la academia, entidades financieras y otros organismos involucrados, organizados mediante la Fundación del Trabajo, un organismo no gubernamental de reconocimiento nacional e internacional, quienes serían los responsables de analizar las propuestas de acción de los involucrados para identificar la brecha entre el buscador de empleo y la vacante.
Mediante este modelo de Gobernanza se le brinda al Servicio Público de Empleo una protección social y política, ya que las desiciones sobre el enfoque de las acciones de empleabilidad, debidamente consensuadas por las partes, contarían con el aval de los empresarios, los trabajadores y el Gobierno, tres sectores que incluyen a la Academia, las entidades sociales y financieras del país.
El Sistema de Gestión del Servicio Público de Empleo
El gran reto de cualquier política integral de empleo debe fundamentarse en datos robustos, comprobables y seguros, que vayan más allá de cuantos desempleados y cuantas vacantes hay. Estos datos deben ser capaces de ofrecer diagnósticos como: cuántas personas capacitadas hya, en qué áreas y qué determinada región, versus cuántas empresas, dedicadas a qué, operan en la misma zona geográfica; debe dar rangos de edad y otros elementos sociales que ayuden a establecer las estrategias para disminuir esta brecha donde tenemos muchas personas sin empleos y, a la vez, muchas empresas buscando personas para trabajar.
Ante esto, en el año 2024 se implementó en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral el Sistema de Gestión del Servicio Público de Empleo (SIGESPE), una plataforma única de registro, atención y seguimiento del Servicio Público de Empleo, tanto para los buscadores de empleo, como para las empresas que reporten sus vacantes. Esa primera versión del SIGESPE, para mediados del año 2024, ya funcionaba en todas las provincias del país, con miras a expandirse a otras oficinas de empleo desde aliados como Organizaciones empresariales, Centros de Formación Técnico Profesional o, incluso, Municipios, tal como lo establece el Código de Trabajo. La segunda parte del mismo sistema incluía la integración de los datos de las Agencias Privadas de Empleo y del Registro Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia, lo que ayudaría a fortalecer la información que construiría el informe de Perfil de Mano de Obra Nacional de Panamá, que luego se complementaría con el Perfil de Mano de Obra Migrante que ya se había logrado con la regulación de la migración Laboral implementado en 2023, del que se emitió el primer informe en 2024.
El enfoque territorial y humano
Las necesidades de empleo no son homogéneas, ni siquiera en las mismas provincias, un ejemplo claro es la provincia de Coclé, donde las necesidades de mano de obra de Penonomé, mayormente dedicada al comercio y servicios financieros, son completamente distintas a las que requieren las industrias de Aguadulce, o a las de servicio al cliente, idiomas y turismo que demanda Rio Hato. Es por eso que un sistema de gobernanza del empleo debe reconocer estas particularidades para diseñar políticas públicas más precisas, pertinentes y efectivas. Para que se puedan hacer proyecciones y atender la empleabilidad desde los primeros años de la adolescencia, marcando en los jóvenes un camino a seguir, lo que denominé en algún momento: la ruta del empleo.
El reto ahora es consolidar este avance. El marco legal ya existe, desde 1952 cuando se creó el Código de Trabajo, que fue reglamentado en 2024 y que ahora solo requiere del compromiso de todas las entidades involucradas, del sector productivo, llámese empresarios o trabajadores, y de la voluntad de todo un país, para que podamos lograr el anhelado desarrollo humano a través del trabajo decente, el empleo y la dignidad humana.
Es hora de pensar en un Plan Nacional de Empleo, sustentado en datos, blindado contra los vaivenes políticos y orientado a resultados de largo plazo. Así, las empresas seguirán contando con mano de obra calificada, los ciudadanos podrán acceder a empleos dignos de acuerdo con sus estudios y competencias, y las nuevas generaciones contarán con información clara sobre cuáles carreras y oficios tendrán mayor demanda en el futuro, en qué región del país.
El empleo debe dejar de verse únicamente como una estadística coyuntural y asumirse como una política de desarrollo humano, social y productivo a largo plazo. Panamá ya dio un primer paso normativo; lo que está en juego ahora es la capacidad de implementarlo con visión, transparencia y compromiso nacional.
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