Un informe de la Defensoría del Pueblo pone en entredicho el accionar de las fuerzas de seguridad durante el estado de urgencia en Bocas del Toro
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La Defensoría del Pueblo publicó un informe contundente sobre presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estado de urgencia decretado por el gobierno el pasado 20 de junio, cuando se intentó retomar el control de la provincia de Bocas del Toro. La región permaneció aislada por más de 60 días debido al cierre de más de 20 puntos en la carretera que la conecta con Chiriquí, situación que se agravó en los últimos días con actos vandálicos presuntamente perpetrados por pandillas locales.
El informe, basado en los testimonios de 186 personas (172 hombres y 14 mujeres), pone en entredicho el accionar de las fuerzas de seguridad y compromete su credibilidad ante la población. Las investigaciones fueron conducidas por la Defensoría del Pueblo, en compañía de personal especializado en la protección de derechos humanos y prevención de la tortura en Panamá.
Los derechos presuntamente vulnerados incluyen: integridad personal, debido proceso, libertad, seguridad, derecho a manifestarse y derecho a reunión. Según Julio De Gracia, de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la entidad, se han recibido 37 quejas contra instituciones como la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, entre otras.
La recopilación de pruebas —testimonios, observaciones de campo, informes médicos, fotografías y videos— sugiere, según el defensor Eduardo Leblanc, que “existen elementos o circunstancias que indican razonablemente la existencia de una violación de derechos humanos”.
De las 186 entrevistas, la Defensoría procesó 104 testimonios correspondientes al período del estado de emergencia. Entre los hallazgos se destacan:
- Tratos crueles e inhumanos: 99 personas
- Coacción para obtener confesiones mediante amenazas a familiares: 26 personas
- Vigilancia o registros corporales indebidos: 19 personas
- Negación de atención médica: 78 personas
- Personas con hematomas: 101 personas
- Indicadores psicológicos (miedos persistentes, pesadillas, declaraciones como “querían verme morir”): 79 personas
- Abuso verbal y amenazas a familiares: 92 personas
El informe también documenta el uso excesivo de la fuerza, tratos degradantes, y la omisión en la notificación de derechos. El 97% de los entrevistados describió agresiones físicas detalladas, mientras que el 76% reportó secuelas psicológicas. En cuanto al debido proceso, el 86% de los testimonios reflejan irregularidades, y 90 personas afirmaron no haber sido notificadas sobre sus derechos.
Además, el 96% de los entrevistados denunció haber sido trasladado sin registros formales. Estos traslados interprovinciales —de Bocas del Toro a Chiriquí, Santiago y Aguadulce— fueron justificados por el gobierno debido a la falta de capacidad en los centros de detención locales, una explicación que fue objetada por la Defensoría.
La elaboración del informe enfrentó dificultades logísticas por la geografía montañosa, la lejanía entre viviendas, los cierres de vías, saqueos, amenazas y la interrupción del servicio de internet durante la operación "Omega". Esto obligó a priorizar la seguridad del personal regional. “Esta decisión no supuso inacciones, sino una afirmación de que ninguna causa está por encima de la defensa de los derechos humanos”, señaló Leblanc.
El impacto en la vida diaria fue severo: comerciantes, trabajadores, madres y familias fueron víctimas tanto de la represión como de actos vandálicos que comprometieron su seguridad y patrimonio.
“A la fecha hemos atendido 73 trámites, 40 quejas de manera oficiosa y 37 de parte. Algunas se encuentran en investigación y otras ya cuentan con respuesta de los organismos policiales”, añadió Leblanc.
En consecuencia, la directora legal de la Defensoría presentó denuncias ante la Procuraduría General de la Nación para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos que podrían constituir delitos contra la libertad u otros actos criminales, conforme a los testimonios recibidos.
El informe también aclara que no se hallaron evidencias de estigmatización contra un grupo étnico en particular. De los testimonios, 99 personas se identificaron como miembros de la comunidad Ngäbe Buglé, 27 como latinos, 17 como afrodescendientes, 37 como "otros", y 10 optaron por no declarar su origen.
La mayoría de los abusos relatados ocurrieron durante las detenciones o traslados. No obstante, 59 personas no especificaron el momento de los hechos, mientras que 9 afirmaron que ocurrieron dentro de los centros de detención. A 97 personas se les negó el derecho a realizar una llamada, y 117 reportaron haber recibido tratos inadecuados.
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