En una votación cerrada, la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, complicando la gobernabilidad del presidente José Raúl Mulino. La nueva correlación de fuerzas enfrenta desafíos clave como la reforma a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social y el futuro de la minería, en un contexto de presión social, riesgos fiscales y creciente tensión institucional.
El bloque opositor de la Asamblea Nacional, liderado por el diputado Jorge Herrera del Partido Panameñista, con el respaldo de las bancadas Vamos, Seguimos, dos diputados independientes y miembros del partido Cambio Democrático, logró imponerse en la elección de la nueva directiva del legislativo. En una cerrada votación de 37 a 34, derrotaron a la candidata del Ejecutivo, Shirley Castañedas.
Pese a las repetidas llamadas telefónicas previas a la votación y la inusual visita de la candidata oficialista a la Presidencia, el gobierno no logró mantener el control de la Asamblea, como lo hizo en el periodo legislativo anterior. Este revés representa un golpe político significativo para el presidente José Raúl Mulino y supone un mayor desafío para consolidar su agenda gubernamental, que incluye temas controversiales como la posible reactivación de la actividad minera.
El clima político en la Asamblea ha estado marcado por tensos cruces entre diputados del PRD y la bancada Vamos. El diputado Jonathan Vega, de Vamos, responsabilizó al PRD del despilfarro económico durante el quinquenio anterior, acusándolo de protagonizar escándalos como la entrega de “becas brujas” a través del Ifarhu y de endeudar al país mientras —según sus palabras— “tomaban Buchanan en la Asamblea cuando el pueblo se comía un cable”. Por su parte, el diputado Benicio Robinson, del PRD y representante de Bocas del Toro, arremetió contra Vamos, recordando que algunos de sus miembros votaron a favor de la Ley 462, la misma que ahora critican, y que esa decisión ha tenido consecuencias directas en su provincia, llena de policías, según denuncia. Afirmó que su gente ha sufrido represalias por votar en contra de la polémica norma, aunque aseguró seguir siendo respetuoso del gobierno “porque cree en la democracia”. Acusó a la oposición de tener una doble moral, señalando que muchos de los que hoy critican al oficialismo solicitan becas y puestos en el Estado.
La nueva mayoría opositora ha prometido “adecentar” la imagen del hemiciclo. Entre sus prioridades están la reforma del reglamento interno, el control de las planillas asignadas a los diputados, la aprobación de leyes anticorrupción y la defensa de la separación de poderes.
No obstante, la verdadera prueba de fuego de esta Asamblea será su manejo de dos temas espinosos: la recientemente reformada Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS) y la política minera. En palabras del sociólogo Enoch Adames, el término “oposición” es apenas “una vuelta de tuerca de la partidocracia y sus mil rostros”. El catedrático de la Universidad de Panamá subraya que el carácter de esta Asamblea se definirá por dos asuntos clave: la ley de moratoria minera aprobada bajo el gobierno de Laurentino Cortizo y “las pretensiones del Ejecutivo de crear una 'empresa' por encima de la Asamblea, además de buscar una salida a la Ley 462”.
El reto más inmediato es, precisamente, la posible modificación de esta ley, que reformó la Ley Orgánica de la CSS. Mulino ha reiterado en varias intervenciones públicas que no tiene intención de sancionar cambios, debido a las posibles repercusiones económicas, especialmente en el régimen de pensiones. La normativa mantiene la edad de jubilación (62 años para hombres y 57 para mujeres), pero exige un mínimo de 240 cuotas (equivalentes a 20 años) para acceder a una pensión del 60 % del salario base. Quienes no alcanzan este umbral reciben una pensión proporcional al número de cuotas cotizadas.
La ley también establece una contribución estatal de $966 millones anuales para equilibrar el sistema de pensiones. Sin embargo, su aprobación provocó protestas a nivel nacional por parte de sindicatos, pueblos originarios, docentes y otros sectores sociales. Las manifestaciones impactaron severamente la economía en Bocas del Toro, donde una huelga del sindicato bananero puso en riesgo la permanencia de Chiquita Panamá.
En el plano económico, Panamá ha estado bajo la lupa de las agencias calificadoras de riesgo y organismos financieros internacionales, debido al elevado déficit del antiguo programa de pensiones (Invalidez, Vejez y Muerte o Beneficio Definido), la falta de reformas estructurales por parte de gobiernos anteriores y una deuda pública que supera los 53 mil millones de dólares. La reforma al sistema de pensiones era un tema impostergable para el nuevo gobierno. La decisión de Mulino de no modificar la ley fue bien recibida por las calificadoras de riesgo, que habían advertido sobre la posible pérdida del grado de inversión del país si no se implementaban medidas de consolidación fiscal creíbles.
El segundo gran desafío del nuevo gobierno es el tema minero. Se trata de un asunto delicado, profundamente polarizante. En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato firmado por el gobierno de Laurentino Cortizo con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, luego de un mes de intensas protestas ciudadanas que paralizaron el país.
A raíz de la cancelación del contrato, tanto First Quantum como Franco Nevada (asociada en la operación) interpusieron demandas multimillonarias contra el Estado panameño. En un primer paso hacia una solución, el presidente Mulino logró que ambas empresas suspendieran temporalmente sus reclamos, con miras a negociar una salida al conflicto. No obstante, el Ejecutivo ha manifestado su intención de resolver el tema minero sin pasar por la Asamblea Nacional, lo que podría generar un nuevo foco de tensión institucional.
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