En un discurso de casi una hora, el presidente José Raúl Mulino hizo un recuento de los avances de su gobierno, resumió cambios que significaron enfrentarse a "quienes no quieren soltar el caramelo"
El mandatario compareció ante la Asamblea Nacional.
Ciudad de Panamá. Al cumplirse su primer año en el poder, el presidente José Raúl Mulino ofreció un discurso en el que felicitó al diputado Jorge Herrera por su elección como presidente de la Asamblea Nacional, y extendió un llamado a todas las bancadas a trabajar con respeto y sentido de patria, con el fin de impulsar leyes que promuevan el desarrollo del país.
Mulino destacó que la elección en el Legislativo se dio sin “presiones, compra de conciencia, maletinazos ni matraqueos”, lo que consideró un mensaje claro del nuevo estilo de gobernar, en el que se respeta la separación de poderes. “Parte de cambiar la política es permitir que cada uno de ustedes obre con independencia, sin temor a represalias”, expresó.
En un balance de su gestión, el mandatario lamentó la “pesada herencia” que recibió su administración: una Caja de Seguro Social en crisis, un Estado con la deuda más alta de la historia, obras detenidas, instituciones golpeadas por la desidia y fondos públicos despilfarrados para hacer política. “Panamá necesita consensos y yo estoy aquí para construirlos”, afirmó.
Mulino aseguró que sacar la politiquería del Estado significó enfrentarse a sectores que “no quieren soltar el caramelo”, acostumbrados al matraqueo y a beneficios personales. Reveló que en un año se interpusieron 429 denuncias por posibles lesiones patrimoniales y se expuso una red de corrupción que incluía obras inconclusas, becas irregulares y nombramientos discrecionales.
También cuestionó a líderes sindicales y políticos que, según él, utilizaron las protestas por la reforma de la CSS como una herramienta de desestabilización. “Manipularon la información para convertir un acto de responsabilidad en una oportunidad política. Pero esta vez no les funcionó”, afirmó.
El presidente defendió la aprobación de la reforma a la Ley 462 como una decisión necesaria para garantizar el pago de pensiones y recuperar los servicios de salud. “No había medicinas, ni atención digna. Hacerse el de la vista gorda no era una opción”, sentenció.
Continuó su intervención con un tono firme y directo: “Delincuentes son los que lanzan bloques desde azoteas, saquean comercios o vandalizan hospitales. Al pan, pan, y al vino, vino”, en clara alusión a los actos ocurridos durante las protestas recientes que rechazan la ley de la CSS.
Advierte contra el irrespeto a la voluntad democrática
El presidente José Raúl Mulino también dedicó parte de su intervención a explicar el proceso detrás de la reforma a la Ley 462, que introdujo cambios en el sistema de pensiones y salud del país. “Fue un proceso abierto, público y democrático”, aseguró, al detallar que inició el 9 de agosto del año pasado con reuniones entre el Ejecutivo y todos los partidos políticos en el Palacio de las Garzas.
Posteriormente, se instalaron dos comisiones —una de salud y otra de invalidez, vejez y muerte— con participación activa de sindicatos, cámaras empresariales y representantes de pacientes. Durante dos meses se desarrollaron reuniones semanales en las que cada sector presentó sus propuestas “con total libertad y apertura”.
Mulino subrayó que hubo consensos importantes: no se privatizará el seguro, el paciente debe ser prioridad, se garantizará el pago de pensiones, se incrementará el aporte estatal, no se aumentará la cuota laboral, y se exigirá una administración más transparente. “El 6 de noviembre se presentó el proyecto. Siempre dije que no estaba escrito en piedra”, afirmó, recordando que el 60 % del texto original fue modificado por la Asamblea Nacional tras un amplio debate.
Durante el proceso legislativo se realizaron audiencias públicas, giras provinciales, y se escuchó a múltiples sectores. El resultado fue una ley distinta a la propuesta original, que fue aprobada con el voto favorable de 48 de los 71 diputados. Una de las decisiones clave fue dejar fuera cualquier cambio a la edad de jubilación. “Será el pueblo quien decida con su voto en una futura campaña electoral”, explicó el presidente.
Mulino recalcó que esta reforma no alteró la edad de retiro y enfatizó que “no hay nada más democrático que las mayorías decidiendo”. Cuestionó a quienes rechazan la reforma con actitudes que calificó como antidemocráticas, afirmando que desconocer lo aprobado por las instituciones “debilita la democracia y pone en riesgo la estabilidad social y financiera del país”.
Destacó avances recientes bajo la nueva administración del Seguro Social: la disminución de la mora quirúrgica, mejoras en el suministro de medicamentos, digitalización de expedientes y mayor transparencia en la gestión de fondos. Además, anunció que el 90 % de los recursos del seguro serán invertidos en el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, posicionando a Panamá como uno de los países de América Latina con mayor inversión pública en el sistema.
“El modelo es conservador y de bajo riesgo”, puntualizó Mulino, al compararlo con otros países de la región. Según el mandatario, la ley recién aprobada representa un cambio estructural hacia un sistema “más justo, sostenible, solidario y transparente”, aunque reconoció que en el futuro deberá ser actualizado conforme a nuevas realidades.
Finalmente, criticó con firmeza a quienes hoy se oponen a la reforma sin haber mostrado preocupación durante décadas. “Guardaron silencio durante veinte años, en complicidad con quienes miraron hacia otro lado mientras el sistema colapsaba”, afirmó. Y concluyó con una advertencia clara: “Respeto las posiciones contrarias, pero no las acciones ilegales ni los métodos extorsivos”.
Durante su discurso, el presidente José Raúl Mulino también abordó los disturbios y protestas que surgieron tras la aprobación de la reforma a la Caja del Seguro Social. Señaló que “ocho de cada diez detenidos, de los últimos, por las violentas acciones no cotizan en el seguro”. A su juicio, se trató de “una lucha innecesaria” que derivó en la salida de una empresa y la pérdida de más de cinco mil empleos permanentes. “Es una dolorosa ironía. Sin trabajo no hay jubilación”, expresó.
Mulino defendió la decisión de su gabinete de aplicar el artículo 55 de la Constitución Nacional para restablecer el orden público. Aseguró que no fue un acto arbitrario, sino una medida necesaria “para aplacar acciones que no eran protestas cívicas, sino vandalismo puro y duro”.
El mandatario hizo un llamado a reconstruir la actividad económica en las provincias más afectadas, y confesó que aún no tiene respuestas completas: “Me lo preguntó la diputada de Bocas del Toro en la ruta hacia acá. Y le soy muy honesto, diputada, todavía no sé cómo reconstruir esto”.
Mulino también criticó la prolongación de la huelga docente, que calificó como un “secuestro a la educación”. Aunque aseguró respetar a los educadores, afirmó que “la presión ha sido tal que personas leídas, formadas y educadas, como son los maestros, cayeron en la trampa de las mentiras difundidas por algunos líderes sesgados ideológicamente”.
“La ley es clara, no afecta ninguno de los derechos de los educadores”, dijo. Y denunció como una “triste ironía” el hecho de que algunos docentes enseñen en escuelas públicas y privadas, pero solo hagan huelga en la pública, afectando a los estudiantes más vulnerables. “Regresen a las aulas y salven el año escolar. Los padres, los alumnos y yo les estaremos eternamente agradecidos. Aún estamos a tiempo”, exhortó.
El presidente cerró este tema reiterando que la reforma al Seguro Social era esencial para evitar el colapso financiero del país. “El default de la Caja del Seguro Social habría llevado al país al colapso financiero”, advirtió. Aseguró que esta medida fue clave para “cuidar el bolsillo y la salud de los panameños, preservar nuestro grado de inversión y enviar un mensaje claro a los mercados internacionales de que no nos rifaríamos la nación”.
Sobre el memorando con EE. UU.: “No hay cesión de soberanía”
Mulino también dedicó parte de su intervención a responder críticas por el memorando de entendimiento firmado recientemente con los Estados Unidos. Calificó las acusaciones como parte de un “pseudoescándalo” alimentado por “interpretaciones malintencionadas”, y fue tajante al afirmar: “Este documento no viola nuestra soberanía bajo ningún concepto”.
Según explicó, el acuerdo establece que todas las instalaciones de seguridad siguen siendo panameñas, que el control operativo recae exclusivamente en el Ministerio de Seguridad Pública, y que cualquier cooperación internacional será temporal y sujeta al marco constitucional. Añadió que el memorando no incluye bases militares ni cesión territorial, y puede ser cancelado por Panamá de forma unilateral con solo seis meses de preaviso.
Recordó que este no es un hecho inédito, ya que Panamá ha firmado al menos 23 acuerdos similares con Estados Unidos desde 1990. “Yo hice varios desde la Cancillería”, señaló, insistiendo en que han sido prácticas comunes en defensa del interés nacional, bajo distintos gobiernos.
Mulino fue enfático al declarar que su administración irá “fuerte y con todo contra el narcotráfico”. Aseguró que combatir este flagelo es una forma de “defender la patria” y que la situación actual es “muy grave”.
Neutralidad del canal, alfabetización constitucional y reforma del Estado
El presidente también mencionó su participación pasada en la elaboración de la Ley Orgánica del Canal y en la reforma constitucional que estableció su neutralidad. Recordó que incluso siendo oposición, apoyó la ampliación del Canal de Panamá, porque considera que “la neutralidad es y seguirá siendo su mejor defensa”.
Afirmó que su gobierno no ha cedido ni cederá “un milímetro de la soberanía panameña” y anunció que el año 2025 ha sido declarado como el “Año de la Alfabetización Constitucional”, con el objetivo de promover el conocimiento de la Carta Magna en escuelas y universidades.
Finalmente, adelantó que esa iniciativa será el primer paso hacia una transformación más profunda del Estado: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, inspirada en la de 1946, que dotó al país de “una gran constitución jamás superada”.
Mulino defiende Río Indio, critica abandono de obras y promete continuidad responsable
El presidente José Raúl Mulino también dedicó un tramo de su alocución a la defensa del proyecto de construcción del reservorio de Río Indio, una propuesta impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para enfrentar la crisis hídrica que afecta tanto a la operación canalera como al abastecimiento humano. “Tal es la defensa del canal que apoyo abiertamente, en foros internacionales, el proyecto de Río Indio”, afirmó.
Recordó que la historia demostró el error que habría sido no ampliar el Canal y advirtió que hoy el reto principal es el agua. “Ese canal necesita más agua. Nosotros necesitamos más agua para beber. No podemos afectar nuestra gran ventaja competitiva ni nuestra posición geográfica”, insistió.
Aprovechó la ocasión para criticar a quienes se opusieron a la ampliación del Canal en su momento, pero luego “posaban reídos en cada foto de la inauguración de esa megaobra que intentaron detener”. Según Mulino, quienes se oponen al reservorio de Río Indio “se oponen al progreso y a tener más recursos hídricos para el canal y para la gente”.
Aseguró que la ACP hará un trabajo “humano”, que garantice el bienestar de las comunidades potencialmente afectadas por la obra.
“No repetiré los errores de gobiernos anteriores”
Mulino reflexionó sobre su experiencia política y personal, señalando que ha sufrido “el odio generado por complejos de inferioridad en el poder”. Enfatizó que nunca mezclaría asuntos personales con decisiones públicas y que su administración no abandonará proyectos heredados por motivos partidistas.
“Lo que inicia un gobierno debe terminarlo el siguiente, porque se trata de recursos de los panameños”, manifestó. Rechazó la costumbre de suspender obras en curso para anunciar nuevas por razones políticas o “por negocio”. A su juicio, esa práctica constituye “una actitud arrogante y soberbia que le roba al pueblo lo que es suyo”.
“Yo puedo ser duro, pero no soy hipócrita”, sentenció, y lanzó una pregunta directa: “¿Desearían otra vez un gobierno ausente y un presidente que postergue decisiones?”.
Reconocimiento de desafíos y promesas de recuperación
Mulino reconoció que la recuperación económica ha sido más lenta de lo esperado y admitió que en un inicio fue demasiado optimista. “Tal vez por la inocencia de no imaginar el tremendo desorden que nos dejaron”, dijo. Aseguró que su gobierno tuvo que aplicar un severo ajuste del gasto público para corregir excesos del pasado.
“Estamos limpiando la mesa, corrigiendo vicios acumulados y reorganizando un sistema que ya no daba para más”, afirmó. Sin embargo, advirtió que este proceso implica asumir costos millonarios que recaen sobre el pueblo y no sobre los funcionarios de administraciones pasadas: “Lamentablemente, esos costos no salen del bolsillo de un expresidente, un exvicepresidente ni de antiguos ministros, sino del bolsillo de ustedes”.
El mandatario responsabilizó a las dos últimas gestiones de agotar la bonanza económica y de sustituir soluciones reales por el “matraqueo político”. También cuestionó que no haya responsables por los hechos de corrupción más notorios: “La ciudadanía siente frustración porque aún no ven consecuencias. Pero yo no investigo ni juzgo a nadie”, aclaró, reconociendo los límites de su función.
Panamá vuelve a crecer, asegura el presidente
Pese a los retos, el mandatario aseguró que su gobierno ya muestra resultados concretos y que “Panamá vuelve a crecer”. Indicó que las proyecciones sitúan el crecimiento económico de este año cerca del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual atribuyó a una “administración responsable y uso eficiente de los recursos públicos”.
Mencionó que el Plan Estratégico de Gobierno, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, revisó más de 2,500 proyectos de inversión pública, lo que permitió reducir costos sin afectar obras esenciales. Según el presidente, esta planificación ha sido clave para restaurar la credibilidad de Panamá ante los mercados internacionales, particularmente con los acreedores del país.
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