El Estado y Suntracs no hablan el mismo idioma

El intento de disolver al principal sindicato de la construcción en Panamá enfrenta al gobierno y al movimiento sindical en una disputa inédita que será resuelta por la Corte Suprema y observada por la OIT.

Durante la rueda de prensa. (Foto: cortesía MITRADEL).

Análisis 

Panamá presencia hoy un hecho sin precedentes en su historia sindical: el intento del gobierno de disolver al Sindicato  Único de la Construcción y Similares (Suntracs) el más antiguo y poderoso del país. Lo que para el Ejecutivo representa una respuesta institucional ante prácticas que —asegura— se han alejado de los fines sindicales, para la dirigencia representa una persecución política frontal y un ataque directo a la libertad sindical. En medio, la opinión pública observa una confrontación que rebasa el ámbito laboral y pone sobre la mesa preguntas más profundas: ¿cuál es el límite entre la protesta y la ilegalidad? ¿Qué poder real tiene un sindicato en la era del desgaste institucional? ¿Y qué significa, en el fondo, que un gobierno se proponga desaparecer al actor que históricamente ha representado a la calle?

Panamá vive un momento que no tiene antecedentes en su vida republicana reciente: la posible disolución del sindicato de la construcción más antiguo y estructurado del país, por orden del Ejecutivo. No se trata simplemente de una disputa laboral. Tampoco de un conflicto político tradicional. Lo que ocurre es el quiebre visible entre dos formas de autoridad que ya no logran legitimarse frente a la sociedad: el Estado, que apela al uso del poder legal para castigar el desorden, las prácticas alejadas de la esencia del derecho sindical y laboral, además de actos por presunto blanqueo de capitales y extorsión por parte de la cúpula del sindicato. Por otro lado, el sindicato apela a su histórica lucha para justificar movilizaciones y recuerda los diálogos con la Cámara Panameña de la Construcción, como muestra de las acciones a favor de sus agremiados, evidenciadas en 12 convenciones colectivas.

Por un lado, el gobierno argumenta que las prácticas del sindicato —como paros prolongados, protestas violentas y supuestas operaciones políticas paralelas— se han alejado de los fines legales de una organización gremial. El argumento del gobierno, añade manejos “mafiosos en favor de los líderes del sindicato usando como pantalla la defensa de los derechos laborales, lo que viola sus propios principios y el Código de Trabajo”, como calificó la titular de la cartera laboral, Jaqueline Muñoz.   

Desde febrero, cuando se ordenó el cierre de sus cuentas bancarias de Suntracs, la ruptura se hizo evidente.

Sus declaraciones, ofrecidas en conferencia de prensa el jueves 17 de julio, evocaron el caos y las crecientes tensiones vividas en febrero, cuando las manifestaciones dejaron un saldo de 16 unidades policiales heridas. Según detalló Muñoz, los agentes fueron atacados con bloques, varillas y objetos contundentes arrojados desde el quinto piso del Hospital del Niño —instalaciones en construcción que, según afirmó, fueron “empleadas como búnker” por el sindicato. Ese mismo mes se ordenó el cierre de las cuentas bancarias del gremio, las cuales el presidente José Raúl Mulino instruyó reabrir en el Banco Nacional en 2024, tras haber sido clausuradas por la administración anterior.  “Si hay una dirigencia conectada con sus bases y no para aprovecharse del sindicato es la del Suntracs. Se hizo una denuncia de lavado de dinero y narcotráfico por parte del Suntracs por parte de la UAF que el sindicato nunca pudo examinar, en cambio, se publicó en los medios en forma simultánea”, señaló el jurista del sindicato Rolando Murgas Torraza. 

Desde febrero, cuando se ordenó el cierre de sus cuentas bancarias, la ruptura se hizo evidente.

Por otro lado, el sindicato niega categóricamente las acusaciones y denuncia una estrategia de persecución política para desmovilizar a la clase trabajadora organizada. Su equipo legal reclama la violación de derechos fundamentales: la libertad sindical, el derecho a la protesta, y la retención arbitraria de las cuotas sindicales, que desde hace meses están retenidas en el Ministerio de Trabajo. Para ellos, el conflicto no es jurídico: es ideológico y político.

Varios prominentes dirigentes del sindicato, entre ellos Genaro López, Erasmo Cerrud, Jaime Caballero y Saúl Méndez, éste último refugiado provisionalmente en la embajada de Bolivia en Panamá a la espera del pronunciamiento oficial sobre un posible asilo, enfrentan procesos judiciales acusados de supuesto blanqueo de capitales, estafas, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir. 

El equipo legal del sindicato advirtió la extralimitación de funciones en las pretensiones de la ministra Muñoz,  calumnia, y calificó la intención de disolver la organización como un “quiebre del estado de derecho” que puede extenderse a otras organizaciones que se opongan a las acciones gubernamentales. Uno de sus abogados, Rolando Murgas Torraza denunció un supuesto “andamiaje de construcción de mentiras”, frente a las acusaciones de extorsión emitidas por la ministra.

El conflicto entre el Ejecutivo y el sindicato de la construcción pone en evidencia una fractura en la representación institucional y gremial. Por un lado, el gobierno ha esgrimido el argumento del uso excesivo de la protesta y actos fuera del marco legal como justificación para sus acciones; por otro, el sindicato sostiene que enfrenta una acción deliberada para debilitar su estructura, con efectos directos sobre el ejercicio de derechos laborales y sindicales.

Este proceso se convierte así en un hito que redefine la relación entre el Estado y el movimiento sindical en Panamá. Ahora, la responsabilidad recae en la Corte Suprema de Justicia, llamada a emitir fallos con criterio jurídico sólido, independencia institucional y el debido respaldo argumentativo, para evitar que sus decisiones sean objeto de sospechas sobre presiones externas o interferencias políticas.

Al mismo tiempo, será clave observar los pronunciamientos que puedan surgir de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante las quejas que ambas partes prevén presentar. Panamá, que ya figura entre los países con mayor número de denuncias por violaciones a la libertad sindical, estará nuevamente bajo escrutinio internacional.