Un empresario contó 11 inspecciones contra su empresa en un periodo de 18 meses. Culpa a su competencia de utilizar a la AMP para quebrarlo
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Capitán Rafael Botello, de la empresa Oceanic Supply and Transport, Inc.
Al capitán Rafael Botello, dueño de la empresa Oceanic Supply and Transport Inc., se le nota decepción e impotencia en la cara.
La Fiscalía Anticorrupción desestimó una querella penal por posible delito contra la Administración Pública que involucraba a los funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que resultaren responsables, por haber proferido un “constante hostigamiento e inspecciones” contra su empresa que lo llevaron a la quiebra técnica.
Se ve devastado. Durante nuestro encuentro en una cafetería de la capital describió que la empresa familiar que abrió con tanta ilusión, dedicada a la recolección de desechos oleosos a los barcos que cruzan el Canal de Panamá, sólo duró un año y medio. En ese lapso de tiempo, dice, contó 11 inspecciones de la AMP, “algunas fuera de la norma”.
Según el capitán Botello la AMP actuó como un instrumento de su competencia. En un inicio, habría narrado en la querella, su competidor le pidió llegar a un acuerdo en los precios que prestaba su empresa, ya que eran muy bajos y “dañaban el mercado”. Él no aceptó.
Según la demanda, luego de esta conversación, la competencia le hizo una oferta para comprar su barco por $450 mil. El ofrecimiento venía acompañado de lo que el capitán interpretó como una amenaza: “me dijo que lo pensara bien porque había visto quebrar muchas empresas en este tipo de negocios”, recuerda Botello.
El afectado relaciona que luego de esa reunión empezaron las inspecciones.
La segunda propuesta para comprar su nave, Gilgal, provino de Pablo Torres, propietario de Stwart Agency, Inc, dedicada al transporte y suministro de combustible. Esta vez el ofrecimiento fue por $650 mil, pero tampoco accedió.
“Me amenazó: No te preocupes, si no me lo vendes ahora yo lo compro en remate judicial. Cuando te dicen eso es porque tienen todas las de ganar”, repite Botello.
Decepcionado de la situación el marino califica “en decadencia” el servicio marítimo auxiliar de Panamá. Afirma que las personas que están dentro del negocio evitan el ingreso de otros, son los mismos de siempre. “Cuando saben que hay nuevos integrantes empiezan a mover sus fichas, aguanta esto, sácalo de ahí”, como le sucedió a él.
Botello manifiesta que este tipo de prácticas que limitan la actividad a unos cuantos, derivan en precios más caros y deterioran la calidad del servicio que reciben los clientes.
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Pablo Torres.
Pablo Torres, señala Botello, “agarró más poder en esta administración. De repente un amigo de mayor confianza llegó a la administración”.
Torres reconoce a La Estrella de Panamá que se reunió con Botello, “pero sin amenazas”. Cuenta que fue Botello quien le ofreció el barco a la venta. “Yo le dije que a mí me interesaba entrar al negocio de desechos”, admite Torres.
En un momento “Botello había aceptado vender. Me llamó por teléfono y me dijo que se quería quedar con el 20%. Yo respondí que mis socios no querían más participantes, que de esa forma no querían entrar al negocio”, resume Torres.
“Mi barco se pudrió, tuve que venderlo. Me quebraron”, se lamentó Botello.
Las inspecciones en el campo marítimo ocurren en todas partes del mundo y con cierta regularidad. “Lo que debe existir son reglas claras en cuándo procede y qué tipo de derechos tiene un comerciante para defenderse cuando percibe abuso de un funcionario”, pone en perspectiva Fernando Solorzano, exdirector de Marina Mercante de la AMP. La digitalización evitaría este tipo de presuntos abusos. “Para que haya paz social debe haber responsabilidad de las autoridades dirigida a lo que se puede y no se puede hacer”, zanja Solorzano.
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