La fiscalía y la defensa de Camargo cuestionaron al jurado para cerciorarse de su neutralidad
Desde un inicio, el Cholo Chorrillo mantuvo su inocencia.
Jorge Rubén Camargo, conocido popularmente como el ‘Cholo Chorrillo’, líder de la banda Bagdad, fue condenado por un jurado por el delito de narcotráfico el 2 de febrero en el estado de Los Ángeles, California, Estados Unidos, lugar al que fue extraditado desde Costa Rica en marzo de 2023, cuando fue detenido en operativo realizado por la DEA.
En su exposición, la fiscalía calificó al Cholo Chorrillo como el líder de la organización más grande de tráfico de drogas en Panamá, y que junto a otros obtenía grandes cantidades de cocaína proveniente de Colombia, droga que era transportada a Panamá por órdenes del hoy condenado. Una vez en el Istmo, de acuerdo a los documentos del expediente, Cholo Chorrillo transportaba la droga al norte de Panamá, incluido Costa Rica, para después enviarla a Estados Unidos.
Durante el juicio la fiscalía mostró como ejemplo clave un decomiso realizado en noviembre de 2017, de 227 kilos de droga en Panamá, sustancia procedente de Colombia, pero que fue transportada a Panamá por órdenes del Cholo. Dicho cargamento fue decomisado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Desde un inicio, el Cholo Chorrillo mantuvo su inocencia. Cuando se paró frente a un juez, luego de ser extraditado a Los Ángeles, y durante casi tres años que estuvo detenido en prisión hasta el día del juicio, dijo ser inocente. Pero el jurado, de forma unánime, lo encontró culpable de introducir al menos 500 gramos de cocaína en Estados Unidos.
El gobierno exhibió varias pruebas que ayudaron al jurado a determinar su culpabilidad por el hecho. El sargento Juan Rodríguez, uno de los testigos claves de la fiscalía, mostró fotografías de cómo excavaban y enterraban la droga, mostró imágenes del logo de los paquetes de la droga y los decomisos respectivos. También exhibieron varios audios y mensajes encriptados del teléfono Blackberry de Camargo. Evidencias que recolectó el agente de la DEA especial Efraín Estrada sobre hechos que ocurrieron entre octubre y noviembre de 2017 que incriminan al líder de la organización y a sus conspiradores.
El primer mensaje de comunicación telefónica data del 26 de octubre de 2017 entre Cholo Chorrillo y otro miembro de la organización identificado como coconspirador. De esta forma, los agentes que le siguieron los pasos al Cholo mostraron al jurado 27 intercambios de comunicaciones que comprendían hasta fines de 2017. Los detectives efectuaron un seguimiento al líder de Bagdad e interceptaron más comunicaciones telefónicas en 2018 entre el Cholo y varias personas, entre ellas los identificados como: Almighty; Rottweilas; el compa; IN GOD WE TRUST; Thierry Henrry; soldado de Cristo. Otras evidencias que expuso la fiscalía consistían en mapas obtenidos de Google del río Caimito situado al oeste de la capital panameña, el mapa de Colombia y el de Centroamérica, que usaron como parte de la explicación sobre las rutas que utilizaba la organización para transportar la droga a Estados Unidos. En el expediente, no obstante, hay varias pruebas reservadas, al igual que la lista de testigos, que se mantiene de forma confidencial.
A través de su defensor, Carlos Iriarte, Camargo envió 24 preguntas a las personas que formarían parte del jurado para cerciorarse de su objetividad. Por ejemplo, preguntó: en este juicio ustedes escucharán a varios agentes del orden público, ¿alguno de ustedes daría más credibilidad a su testimonio solo por pertenecer a una fuerza pública? O, ¿están de acuerdo en que cada testigo debe ser evaluado de la misma forma?
El Cholo Chorrillo también quiso saber si alguno de los miembros de la familia del panel del jurado había sido investigado por un caso de drogas y si había sido condenado; o si tenían una opinión formada del gobierno federal o alguna agencia federal que les imposibilitara actuar con imparcialidad al considerar que se trata de testigos que trabajan para el gobierno.
Fue más allá, sometió algunas preguntas relacionadas con la discriminación de latinos considerando su nacionalidad panameña.
En el juicio contó con un intérprete traductor y la defensa de Camargo cuestionó si algún miembro del jurado consideraba que él no tenía derecho a tener un intérprete, o si había hispanohablantes entre las personas que lo iban a juzgar. Indagó cuál era su sentimiento sobre las bandas o pandillas, si algún pariente cercano había sido parte de una, o si la adicción a las drogas de algún familiar afectaría su imparcialidad en el caso.
En contraposición, la fiscalía también sometió una serie de preguntas a los potenciales jurados, además de las habituales. Pidió conocer si conocían algún miembro de DEA; si cualquiera de ellos o un cercano había tenido una experiencia —buena o mala— con la policía. De ser así, en qué circunstancias y si esa experiencia afectaría su criterio en el juicio. La fiscalía también preguntó si habían sido víctimas de un crimen o algún pariente. En caso afirmativo, si tenían una opinión de la policía basada en la forma en que se investigó el caso.
Para neutralizar las dudas de Camargo, la fiscalía también quiso saber si el jurado creía más en el testimonio de un policía o agente, sólo por pertenecer a la fuerza pública.
En lo que respecta a los deberes del jurado, la fiscalía quería cerciorarse de que todos los miembros entendían las instrucciones de la corte o tenían algún disentimiento acerca de ellas. También si entendían que la sanción corresponde al juez, y no al jurado que halla culpable a un imputado. O si tendrían lástima de declarar culpable a Camargo, a pesar de que sabían que podía ser culpable. La fiscalía también buscaba un panel de jurados neutrales, sin emociones, simpatías, prejuicios, venganzas, miedos o amenazas. ¿Alguien siente que no puede poner estas emociones a un lado al momento de deliberar? Se lee en el cuestionario de la fiscalía.
Luego, Iriarte envió un cuestionario complementario un día antes del juicio. En esta ocasión quería saber qué pensaba el jurado de la decisión de Camargo de no testificar; si su silencio podía ser interpretado como la admisión de la culpa, o esto afectaría su veredicto, a pesar de que se trata de un derecho constitucional del acusado, o si tenían conocimiento previo del caso.
Antes del juicio
En el memorial publicado previo al juicio, se explica que varios agentes que pasaron años investigando a Camargo y la pandilla Bagdad, testificarían en el juicio. Además, corroborarían dichos testimonios con comunicaciones entre varios miembros de la pandilla, incluyendo fuentes colombianas, suplidores de droga, además de la interceptación de comunicaciones telefónicas que evidenciarían el tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos, y que Camargo también estaba enfocado en exportar la droga a otros países.
Como se dijo antes, durante el juicio la fiscalía se enfocó en un cargamento en específico que fue decomisado en noviembre de 2017 como un ejemplo que ilustraría las actividades de narcotráfico de Camargo. El gobierno llamó al estrado a siete testigos y el tiempo que tomaría su testimonio sería de aproximadamente 12 horas o dos días de juicio, sin tomar en cuenta los alegatos finales y las contrapreguntas de la defensa.
Con respecto a las evidencias, resaltan las interceptaciones efectuadas a un BlackBerry de Colombia y otro de Estados Unidos. Infiltración que hicieron las autoridades colombianas en 2017. En 2018 los agentes estadounidenses interceptaron el teléfono de Camargo. El gobierno admitió estas pruebas a través del agente especial de la DEA Efraín Estrada, quien fue uno de los agentes que investigó el caso.
Las interceptaciones en Colombia, así como las autorizaciones para este efecto, fueron certificadas por el gobierno colombiano en respuesta a una asistencia legal solicitada por Estados Unidos bajo el Tratado de Asistencia Legal Mutua suscrito entre ambos países. Las pericias en Estados Unidos fueron autorizadas por un juez. Durante el juicio no se admitió el testimonio de un especialista que calificaría el estado mental de Camargo. “El perito del gobierno, el agente especial supervisor Bonner, no expresará una opinión sobre el estado mental del acusado ni hará afirmaciones generales sobre el estado mental de los traficantes de cocaína”, determinó el juez.
La investigación del caso se realizó en estrecha colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuyos agentes trabajaron junto a sus contrapartes panameñas para desmantelar la organización criminal, consolidar evidencia clave y garantizar la rendición de cuentas por delitos que trascendieron las fronteras.
Un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Panamá, señala que “el líder de la violenta organización criminal Baghdad estuvo vinculado al movimiento y la facilitación de múltiples toneladas métricas de cocaína con destino a Estados Unidos”. Esta condena, añade, “representa un golpe significativo a una red criminal responsable de violencia extrema, inestabilidad y narcotráfico a gran escala”.
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