Tras las protestas sociales ocurridas entre abril y junio de 2025 en Bocas del Toro, la Fiscalía provincial ha formulado cargos contra 281 personas y acumula decenas de denuncias por abusos policiales. Entre los escombros de los comercios, las muertes sin resolver y las investigaciones inconclusas, el balance judicial expone un país fracturado entre la ley y la represión.
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La Fiscalía de Bocas del Toro realizó 321 audiencias entre las que se tramitaron imputaciones, medidas cautelares y arreglos de pena (foto: Ministerio de Seguridad).Por: Adelita Coriat
Panamá
El resultado de los conflictos que sacudieron Bocas del Toro entre abril y junio de 2025 dejó una estela de denuncias en la fiscalía provincial y en instancias internacionales.
Cinco meses después de los enfrentamientos que paralizaron la provincia de Bocas del Toro entre abril y junio de 2025, las cifras oficiales hablan por sí solas: 281 personas imputadas —267 adultos y 14 menores—, presuntamente por participar en la obstrucción de vías, saqueos, vandalismo y ataques a uniformados.
La mayoría fue aprehendida en flagrancia, según el Ministerio Público; otras, durante “allanamientos y registros en viviendas donde se hallaron objetos presuntamente hurtados de locales comerciales vandalizados”, indicó la fiscalía.
Hasta el momento, la fiscalía del Tercer Distrito Judicial realizó 321 audiencias y una docena de denuncias por abusos policiales, entre legalización de aprehensiones, formulaciones de imputación, medidas cautelares, apelaciones, habeas corpus y acuerdos de pena.
A esto hay que agregar una docena de denuncias promovidas por organizaciones de derechos humanos por maltratos a víctimas reprimidas durante las protestas, aprehendidas e imputadas por uno o varios de los delitos citados que deberá investigar la misma fiscalía acusadora.
Pero entre tantos números falta uno: el de los supuestos autores intelectuales. La fiscalía indicó que "no ha podido establecer un autor intelectual ni determinar posibles pagos o financiamiento". Nadie ha sido señalado, mucho menos procesado, por haber instigado a las manifestaciones que mantuvieron en vilo a la provincia durante semanas.
Por dos meses la provincia quedó sumergida en una ola de protestas en rechazo a las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social, aprobadas en febrero por la Asamblea Nacional. La modificación fue objetada por distintos sectores: primero, los docentes llamaron a un paro de labores; luego, se sumó el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (SITRAIBANA), preocupado por los efectos de la reforma en la regulación del sector y en el sistema de retiro. Después, la población salió a las calles y la gota que derramó el vaso fue —según versiones oficiales— la participación de pandillas en actos violentos. El descontrol obligó al Ejecutivo a declarar a la provincia en estado de emergencia, suspendiendo las garantías constitucionales y las comunicaciones por Internet.
Además de la labor del Ministerio Público, la policía marcó una diferencia en la forma en que se efectuaron las protestas: “No eran como otras”, dijo el comisionado de la Policía Nacional Edgardo Núñez. La Policía —indicó— se enfrentó a una “cuasi guerrilla urbana” con “posiciones específicas, tareas puntuales y una estrategia sistemática enfocada en atacar a las unidades policiales”.
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Probar la existencia de un grupo estructurado implicaría identificar a esos “cerebros”, situarlos en tiempo y lugar y convencer a los jueces de que actuaron de forma coordinada. Por el momento, eso no parece estar entre las prioridades del Ministerio Público, según fuentes de la fiscalía de Bocas del Toro.
Cada caso se tramita de forma individual, con su propia teoría. Así, por ejemplo, los imputados por delitos contra la Administración Pública —por obstruir la labor policial con violencia durante la liberación de carreteras— serán procesados por ese cargo en particular, y corresponderá a un juez determinar su culpabilidad.
En los casos de saqueo, los fiscales deberán probar la procedencia de los objetos hallados en residencias. La Policía tiene registro de trece infraestructuras públicas afectadas, entre ellas el Instituto de Medicina Legal, el Sistema Nacional de Protección Civil y el depósito de medicinas de la Caja de Seguro Social. También se reportaron robos a almacenes en Changuinola, cuyos dueños vieron desaparecer, en cuestión de minutos, el esfuerzo de años.
Una cuarta línea de investigación apunta a crímenes con peligro común, como el uso de explosivos, bengalas o bombas Molotov durante las manifestaciones. Pero bajo esta metodología —caso por caso— quedará la duda sobre si existió o no una estructura organizada detrás de las protestas.
Para probar estos delitos —cuyas penas van de dos a diez años de prisión—, la fiscalía se apoyará en la Dirección de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia Policial, testimonios presenciales y grabaciones de cámaras de seguridad.
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El ministro Frank Ábrego comentó que un alcalde y dos representantes suministraron agua y comida a los manifestantes para que alteraran el orden público” (foto: Ministerio de Seguridad).
Durante la crisis, circularon versiones sobre la participación de pandillas locales y el respaldo financiero de políticos. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, declaró en medios: “Hay un alcalde y dos representantes que han suministrado agua y comida a los manifestantes para que alteren el orden público”. Aunque no los identificó, aseguró haber remitido la información de inteligencia al Ministerio Público. La fiscalía confirmó que investiga a autoridades locales presuntamente implicadas, pero evitó dar detalles de las averiguaciones “por la reserva del proceso”.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino afirmó que las protestas se financiaron con “dinero sucio”. En sus palabras, “diputados del Partido Revolucionario Democrático fueron a las comarcas a hacer campaña contra el gobierno”, señalando además a sectores de izquierda como instigadores.
Desde otra mirada, el abogado Jorge Guzmán, de la Coordinadora para la Defensa de los Derechos Humanos, sostuvo que “la gente se preparó para esta lucha”. Aseguró que las organizaciones sindicales cuentan con fondos y que “también existe la solidaridad de las comunidades y empresarios”, sin mencionar nombres. A su juicio, el gobierno “subestimó la capacidad de organización de los pueblos originarios”. “Se hacen colectas, rifas”, dijo, justificando la resistencia sostenida por más de 60 días.
Nuestro encuentro ocurrió en la cafetería de un hotel de la capital donde el jurista había participado en la conmemoración de los 80 años de la victoria china ante la ocupación japonesa. “Si alguien hace un donativo a una huelga, no es un delito”, señaló. Guzmán refutó varios episodios ocurridos durante la operación Omega. Mitos, en sus palabras. —Uno —dijo— es que el estadio Calvin Byron fue usado como “escudo por la policía faltando a toda materia de derechos humanos”. De igual forma, cuestionó que los agentes “salieron huyendo” cuando “un grupo de 50 personas se tomó el aeropuerto de Changuinola”, un área sensible que debe permanecer vigilada. “Eso fue planificado”, asegura.
Enseguida mencionó otras denuncias que presentó ante los relatores especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Como parte del trámite, los relatores han solicitado respuesta del gobierno panameño con respecto a la información recibida sobre alegaciones de uso excesivo de la fuerza, allanamientos y otras violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, que afectaron entre otras a mujeres, niñas y niños y a los pueblos indígenas Ngäbe y Emberá en Panamá, según consta en el informe presentado por Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), en representación de las víctimas directas y organizaciones sociales.
En Bocas del Toro son evidentes las heridas profundas.
Una mirada en retrospectiva pone nuevamente en el centro del debate las raíces estructurales del conflicto: la desigualdad histórica, la falta de atención estatal y las tensiones acumuladas en torno al desarrollo económico y territorial de Bocas del Toro.
Este escenario, a criterio del sociólogo Enoch Adames, era la tormenta perfecta: “las condiciones en Bocas del Toro estaban dadas para que el conflicto escalara al nivel que escaló y continuará mientras la provincia siga siendo periférica, marginal y excluida del desarrollo nacional”.
“Hay que pensar a la provincia dentro del país”, insiste. Una frase que contrasta con el dicho más escuchado entre los entrevistados para esta crónica: “Es una provincia apartada”.
Adames lo resume con datos: Bocas del Toro aporta apenas 1,8 % del PIB nacional. El concepto de integración territorial es limitado: “solo hay dos grandes carreteras —la 10 y la 11—, y el flujo poblacional depende del transporte marítimo y aéreo”.
Su principal motor productivo sigue siendo el comercio y la bananera, “algo insostenible”, advierte.
Solo un 5% de la población tiene estudios universitarios y persisten carencias graves de agua y electricidad. “Hablamos de una provincia con una degradación social, económica y productiva enorme, con un capital social muy deteriorado”, concluye Adames.
La chispa que enciende una pradera seca.
Desde el punto de vista empresarial, la inestabilidad continuará mientras prevalezcan luchas internas en los partidos políticos. “Esto lo aprovechan los líderes locales para resolver los problemas que el gobierno central no atiende”, comentó un inversionista que pidió anonimato. Según él, esa pugna refuerza estrategias clientelistas en una población sin oportunidades, que termina dependiendo de los políticos locales para resolver su situación económica. En tiempos de crisis, esos mismos actores pueden avivar o apaciguar las protestas según su conveniencia.
El gobierno destinó $40 millones en fondos de emergencia para la provincia para atender las necesidades de la región. De ese monto, $30 millones esperan la decisión del Gabinete. Por ahora, apunta a la reactivación del turismo en la isla de Bocas del Toro como motor económico.
No obstante, la provincia comprende distritos que requieren de infraestructura como plataforma para la inversión privada. En el Ministerio de Comercio, hay dos proyectos que datan de 2024 en espera de aprobación: uno es la iniciativa de la Franja de Occidente Panamá que aglutina dos zonas libres, una en Chiriquí y la otra en Chiriquí Grande, que abarca Almirante y Changuinola. El segundo pretende proporcionar a la franja un corredor logístico biooceánico entendido como un pilar de desarrollo económico del país para el movimiento de carga.
Este medio consultó con la gobernadora de la provincia, Marcela Madrid, un detalle de los proyectos en ejecución o en planificación dirigidos a mejorar la situación de la provincia, pero al cierre de esta nota no respondió el cuestionario. También enviamos cuestionarios a alcaldes con la misma inquietud; tampoco obtuvimos respuesta.
Este trabajo periodístico de melodijoadelita.com se realizó con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá, en alianza con el diario La Prensa.
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La violación a los Derechos Humanos por parte del Estado es el delito que deben perseguir. No prescriben los delitos de lesa humanidad.
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