Una destitución y tres procesos administrativos por caso La Joyita

La directora encargada del penal fue destituida y se abrieron procesos disciplinarios contra dos subcomisionados y un custodio. No se hallaron elementos en perjuicio de un comisionado, un custodio, el director y subdirector del Sistema Penitenciario, según informe

Los Ministerios de Seguridad y de Gobierno no encontraron elementos de prueba para la apertura de procesos en contra del director y subdirector del Sistema Penitenciario, Walter Hernández y Luis Gordón, respectivamente, por los hechos ocurridos en la reyerta en la cárcel La Joyita registrados el 17 de diciembre, que dejó 13 internos muertos y 14 heridos, algunos de gravedad.

Así lo arrojó el resultado del informe efectuado por los Ministerios de Seguridad y Gobierno dado a conocer este martes en conferencia de prensa.

En cambio, se procedió a la destitución de la directora encargada de La Joyita, Alexandra Vence, por incumplimiento de funciones. También se abrieron procesos administrativos disciplinarios por el posible grado de responsabilidad contra el subcomisionado, Ismael Arguelles, Jefe de la Seguridad Externa Penitenciaria de La Joyita, “quien debía adoptar medidas preventivas para evitar el ingreso de objetos prohibidos al penal”, como las armas AK 47 que se emplearon en la balacera.

José Vidal, subcomisionado de la Policía Nacional, también pasará por un proceso administrativo por posible omisión de medidas preventivas de seguridad horas antes de los hechos que se reportaron a primeras horas de la tarde de aquél día de diciembre. Por su parte, en contra del comisionado José Melamed, y del subcomisionado Alberto Correa, a quienes se les aplicó la separación del cargo momentos en que se efectuaba el informe preliminar de los hechos, no se hallaron elementos de prueba para formularles cargos disciplinarios.

También se informó del proceso administrativo disciplinario en contra del custodio Javier Carter, jefe de seguridad interna de La Joyita, por posible omisión en medidas preventivas horas antes de los hechos.

El ministro de Seguridad Rolando Mirones, y Carlos Romero de Gobierno, no informaron sobre denuncias penales que podrían interponer dichas instituciones en contra de los funcionarios que pudiesen haber participado para la introducción de armas u otros objetos al penal. Mirones dijo que la Policía Nacional ha colaborado con el Ministerio Público con toda la información necesaria en las pesquisas que han identificado a 12 personas a las que se pretende imputar en una audiencia futura.

De estos responsables, Mirones no identificó la participación de funcionarios públicos que coadyuvaron a que se dieran los hechos. Se asume que los imputados que irán a audiencia son privados de libertad que pertenecen a una facción disidente de una banda delincuencial que decidieron tomar acciones drásticas en contra de integrantes de la misma pandilla.

Según Mirones, el armamento se encontraba escondido en una cavidad de 30” por 30”, y 6 pies de profundidad construido tiempo atrás, y achacó a la falta de un muro perimetral y una cerca de ciclón en pésimas condiciones, como los factores que pudieron incidir en la introducción de las armas. A pesar de las condiciones descritas sobre la cerca perimetral, se abrió un proceso en contra del subcomisionado Ismael Arguelles, Jefe de la Seguridad Externa Penitenciaria de La Joyita.

El ministro de Seguridad añadió que el mencionado escondite se construyó, supuestamente por los privados de libertad, hace dos años aprovechando el ruido de los cánticos en las horas en que se desarrollaba el culto. Esto lo advierte por las condiciones físicas del cemento y materiales empleados, cavidad que nunca fue detectada en las dos requisas que se efectuaron en el pabellón 14 de La Joyita donde se registró la matanza.

Hace dos semanas, cuando el gobierno prometió una investigación enérgica al respecto, el mandatario Laurentino Cortizo, así como Romero, admitieron que “durante años” no se habían efectuado pesquisas en dicho pabellón. No obstante, esta información ahora contrasta con los resultados del informe presentado. Durante el mismo acto de hace dos semanas, el ministro Romero reconoció que había tenido una reunión con el subdirector del Sistema Penitenciario, Gordón, y le había comunicado de manera “informal sobre la introducción de armas en los penales, pero sin especificar en qué penal o en qué áreas del país”. No obstante, esta información de inteligencia no se abordó en el reporte final de los ministros que se entregó al mandatario.

Los ministros no relataron en detalle la forma en que se registró la balacera, dijeron que la parte externa del pabellón era vigilada por un agente de la Policía, pero internamente no había cerraduras. Los datos sobre quiénes dispararon se entregó al Ministerio Público para que se tome en cuenta en la investigación.

Mirones habló de las pésimas, degeneradas y permisivas condiciones en las que se encuentra el conjunto de cárceles que conforman La Joya, La Joyita y la Nueva Joya. “La cerca perimetral se encuentra deteriorada o en algunas zonas es nula; las torres de vigilancia se cayeron y otras no son aptas para utilizarlas porque representan un peligro para los agentes policiales; la totalidad de los centros son inadecuados, lo que impide la resocialización de los internos”, dijo Mirones.

Relató que existen problemas con las luminarias, la ausencia de arcos metálicos para detectar los artículos que ingresan al penal, así como la ausencia de cámaras de vigilancia, o escáners en la entrada del centro. Añadió a esta problemática, la inexistencia de un sistema de bloqueo de celulares, infraestructura en la que el Minseg ha invertido en administraciones pasadas pero a la que no se le dio mantenimiento debido.

En este sentido manifestó que se contempla un plan par hacer las mejoras estructurales y equipamiento tecnológico para la seguridad y suministro de servicios básicos en las instalaciones que en 1996 fueron habilitadas en forma temporal cuando se demolió la cárcel Modelo.

Al respecto, indicó que en los primeros 6 meses de administración, se efectuaron 175 requisas, de las cuales 5 se iniciaron por información de inteligencia, entre ellas, insisten que está el pabellón 14, pero no se hallaron las armas porque estaban escondidas.

Entre las acciones a presentar en los próximos días, se encuentra la ley que crea el Servicio de Seguridad Penitenciaria, ante proyecto que se presentará hoy en la Asamblea Nacional, y para el cual las autoridades han prometido una meticulosa selección del personal. Añadieron que confeccionarán manuales de procedimientos operativos y administrativos que faciliten la gestión en los centros penitenciarios, pues el traslado de los reos y la capacitación intra muros se dificulta por las condiciones de las instalaciones.

Mirones dijo que entre 2014 y 2018 se registraron 146 fugas del sistema penitenciario, hubo 135 fallecidos por actos violentos, y en los primeros 6 meses de 2019 se contaron 23 fallecidos y 30 fugas. En estos momentos hay mil policías en las mencionadas instalaciones, quienes han efectuado las requisas mencionadas. Pie de fuerza que se deberá mantener en el complejo hasta tanto se organice el Servicios de Seguridad Penitenciaria.

SURTIDORES DE EL "PAQUITO" ESTÁN VIGILADOS: PRECIOS COMPETITIVOS
El Ministerio de Gobierno (Mingob) otorgó en 2018 a la empresa Deli Light, S.A., la concesión de las tres tiendas conocidas como Paquito en el Centro Penitenciario La Joya ($204,000), La Joyita ($204,000) y la Nueva Joya ($104,000) por un periodo de 24 meses. La Estrella de Panamá conversó con representantes de la empresa para aclarar las quejas de los privados de libertad con respecto a los precios de los productos, “por encima de lo que cuestan afuera”, decían los reos.

La empresa mostró a este diario una lista de los precios de productos e indicó que se trata de valores competitivos con el mercado extramuros. Como requerimiento del contrato, cada mes están obligados a someter al Mingob la cantidad de productos y precios para surtir las tiendas. Un vocero de la compañía dijo que “la percepción de los privados de libertad sobre los precios de nuestros productos no reflejan la realidad”. Garantizaron los precios que aparecen en las listas como los valores que compran los presos.

Contó que como empresa instalada en los perímetros del centro penitenciario, no pueden controlar lo que sucede una vez el producto sale de la tienda. “Nosotros vendemos los artículos al privado de libertad que viene a la tienda, si el privado dentro lo entrega con un precio más alto por algún trato entre ellos, nosotros no podemos controlarlo”, indicó. En este momento no todos los presos pueden salir a comprar, razón por la que asignan a un representante que hace las compras.

La idea es tratar de no manejar dinero en las compras. Para ello, la compañía avanza en el proyecto ‘cero dinero’ que ya empelan el 52% de sus clientes. Esto funciona así: los privados de libertad le informan a sus familiares que tienen la posibilidad de depositar dinero en una cuenta del Banco General cuyo número está publicado en todas las listas de precios. El familiar hace el depósito, el privado de libertad presenta el slip y puede comprar en la tienda a los mismos precios que se vende en efectivo.

“El procedimiento es digital, y se tiene control de todos los depósitos y retiros de los privados de libertad. Todos los reos tienen acceso a comprar en la tienda, el mensajero no recibe un precio distinto al que se publica en las listas pegadas en la pared de las tiendas”, manifestó la empresa.

Con respecto a los camiones repartidores, para evitar su contaminación con contrabando a las cárceles, aseguraron que cada uno cuenta con un localizador (GPS). “Todos los días se revisan junto a un Policía, al salir y al volver. Si alguno de ellos se detiene más de 10 minutos en algún punto de la ruta, o se desvía, envía una alarma de alerta a la empresa”. El procedimiento de carga es compartimentado, es decir, las personas que transportan no son las mismas que cargan la mercancía, no hay comunicación entre los departamentos.