Tribunal otorga 5 meses para concluir pesquisas de Odebrecht

El Primero Tribunal revocó el fallo del juez Oscar Carrasquilla quien negó la extensión del plazo debido a que había detenidos. El tiempo tal vez será insuficiente para la Fiscalía Anticorrupción

El Primer Tribunal Superior concedió a la Fiscalía Superior Anticorrupción el plazo de 5 meses con 8 días para continuar con la investigación del caso Odebrecht.

La decisión revoca el fallo dictado por el juez Duodécimo, Oscar Carrasquilla, quien había negado el plazo para concluir la investigación por la supuesta comisión de delito contra el orden económico y la administración pública, en perjuicio del Estado.

¿CÓMO ARRIBÓ EL TRIBUNAL A ESTE PLAZO?
En la presente causa se aplicó el procedimiento para causas complejas, lo que permite al juez adecuar los plazos para modificar las resoluciones, que llevó a interpretar que la investigación preparatoria inició el 24 de enero de 2017, cuando se dispuso recibir declaración de los directivos de Odebrecht en Panamá. Como primer término la investigación solo puede extenderse un año. Pero, en ese año, estuvo suspendida un tiempo, solo se adelantó 8 meses. Se retomó en abril de 2018. Por lo tanto, del periodo de prórroga de un año, transcurrieron 6 meses y 22 días que deben computarse del primer año. El tiempo restante, 5 meses y 8 días es el término que otorgó el Tribunal para extiender la investigación, que podría no ser suficiente para concluir con todas las diligencias, ya que aún existen funcionarios de la pasada administración de Juan Carlos Varela que recibieron donaciones de la constructora.

En el curso del proceso, la fiscal Zuleyka Moore, de la Fiscalía Especial Anticorrupción, interpuso un Amparo de Garantías en contra de la decisión del juez Oscar Carrasquilla, del Primer Circuito Judicial, quien negó la solicitud de extender el plazo de investigación del caso Odebrecht que se le sigue a Frank De Lima y otros.

El fallo del Tribunal explica que se solicitó el expediente al mencionado juez, y éste remitió una memoria (USB) con la información digitalizada porque alegó no tener bajo su poder los 600 tomos que conforma la investigación. El texto del fallo narra los recursos que presentaron diferentes abogados de los imputados.

Según la demanda del amparo, la Fiscalía adoptó medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y por lo tanto, solicitó que se declare causa compleja. La solicitud fue admitida por el Juzgado y se concedió una prórroga de dos años hasta agotar la investigación siempre y cuando no existieran personas detenidas. En dado caso que las hubiera, en el término de dos meses desde que fue detenido el imputado, la Fiscalía debía remitir la vista fiscal.

Al parecer había detenidos, y el 26 de septiembre 2017, Moore le pidió una prórroga al juez para perfeccionar la pesquisa, a lo que el juez le negó la solicitud y le pidió que le remitiera la vista fiscal.

En octubre de ese año, un mes antes de que el presidente Juan Carlos Varela, su hermano José Luis ‘Popy’ Varela y la entonces procuradora Kenia Porcell, triangularan directamente un acuerdo de colaboración con la constructora brasileña, Moore sustentó su recurso de apelación contra la negativa del juez Carrasquilla.

En enero de 2018, la Corte negó el amparo al imputado Humberto De León quien se encontraba detenido, y en abril de ese año, el Segundo Tribunal, revocó el fallo que negaba la extensión de término de investigación y concedió un año más.

En marzo de 2019, la Fiscalía presentó una vez más la extensión del termino, y nuevamente fue denegada, a lo que la Fiscalía interpuso un amparo.

Para entonces las pesquisas ya se habían extendido por 3 años y 7 meses, de los cuales había que descontar 5 meses de paralización debido a la resolución del recurso de apelación. La fiscalía alegaba que al haber calificado el caso como causa compleja, se debían adecuar los plazos de investigación y detención preventiva para modificar las resoluciones que estime necesario.

Según la Fiscalía, el término de la investigación debía contarse a partir del 24 de enero de 2017, cuando formuló cargos a Andre Luiz Campos Rabello, representante de la brasileña en Panamá, y otros.

Además fijó los periodos de investigación así: del 24 de enero al 13 de julio de 2017 (5 meses y 18 días). A partir del 13 de julio de ese año se declaró causa compleja e investigó 3 meses y 17 días. El 30 de octubre se paralizó la investigación por 56 meses y 23 días debido a la apelación de la Fiscalía. Se reinició el 25 de abril de 2018, por lo que el tiempo efectivo de la investigación ha sido de 1 año, 9 meses y 5 días, según la Fiscalía.

En la causa existen 82 providencias indagatorias y 123 asistencias internacionales.

Según la fiscalía se utilizaron 416 sociedades para el lavado de activos, existen 82 imputados y ha 122 sujetos relacionados con la investigación entre los que destacan bancos, casas de valores, oficinas de representación. Se han interpuesto 184 incidencias y 14 amparos, se invocaron 10 fueros penales
Intervención de tercero

A nombre del expresidente Ricardo Martinelli, imputado en la investigación, se interpuso una solicitud de intervención de tercero, pero según el fallo, la firma de su abogado, Carlos Carrillo, no explicó las razones de dicha intervención.

Otras firmas de abogados también presentaron recursos que se oponían al amparo. Resumían que la aplicación de causa compleja no modifica los sustancial por todo lo que se ha incorporado como prueba al expediente; que desde 2015 se aportaron pruebas y esto afectó el derecho a la defensa; que la investigación se ha extendido por más de 3 años y supera el máximo que permite la ley, entre otros argumentos.