"Perito de la defensa hizo informe sesgado", Fiscalía y querellantes

La mañana de este martes el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli se centró, por parte de la defensa, en intentar desvincular a su cliente de la lesión patrimonial de la que lo acusa la fiscalía por la pérdida de los equipos de escucha adquiridos por el Estado.

El exgobernante está acusado cuatro delitos, entre ellos por delito el contra la administración pública en dos modalidades, peculado de uso y malversación, cuya pena estipula el Código Penal de 4 a 10 años.

Para ello, la defensa citó al perito César Contreras, perito contable, que generó todo tipo de reacciones en la fiscalía y la querella quienes tacharon su experticia de sesgada y falta de conocimiento sobre el informe que presentó ante el Tribunal.

El perito manifestó que realizó un análisis, un peritaje, sobre la documentación que le proporcionó la defensa y detectó, entre otras cosas, fallas administrativas que no necesariamente implican lesiones patrimoniales.

En el juicio se recordó el informe de auditoría que realizaron las funcionarias de la Contraloría General de la República, Iris Pérez y Amadelis Valderrama, quienes mencionaron que no encontraron vinculación con la pérdida de los equipos con el expresidente Ricardo Martinelli en el informe. Esto en virtud de que quien firmó el contrato y quien recibió los equipos no fue el presidente.

No obstante, la fiscalía insiste que el nombre del exgobernante sí se relaciona a la lesión patrimonial pues era el jefe del Consejo de Seguridad y en el acta de la Junta Directiva del Fondo de Inversión Social, entidad que firmó el contrato con la empresa M.L.M. Protection que suministró el equipo, la transacción se realiza por una solicitud del presidente de la República.

Lo que sí lograron establecer las funcionarias mencionadas es que hubo una nota que supuestamente tiene la firma de Gustavo Pérez, entonces director de la Policía Nacional, como receptor del equipo. No obstante, la autenticidad de esta firma está en disputa, ya que Gustavo Pérez querelló en 2016 a las autoras del informe alegando que no se trata de su firma.

"En el audito que hicieron no se menciona el nombre de Ricardo Martinelli, no se le relaciona o vincula. Lo que las auditoras dijeron es que había debilidades administrativas, y lo ratifica nuestro perito", indicó el abogado defensor Sidney Sittón.

El equipo fue adquirido en 2010 y refrendado en el 2011 por la Contraloría, por lo que para la defensa, el hecho de que se haya auditado la compra por parte de la Contralora en funciones y que no se haya detectado lesión patrimonial, fortalece su teoría.

La defensa recalca que se adquirió un bien intangible porque se trata de un software que no se renovó. En cambio, la fiscalía y la querella alertan que la empresa entregó equipos como micrófonos, computadoras, hardware que no aparecen y ésa es la lesión patrimonial que imputan al acusado.

"Lo más importante que tiene que quedar claro es que el perito Cesar Contreras confirma lo que dijeron las funcionarias de la Contraloría, que ese software y los equipos que daban soporte a eso fueron comprados con fondos del Estado en 2010 y refrendados en 2011 y esos equipos dónde están, ahí está la malversación. Esos bienes fueron comprados y dónde están al día de hoy", se pregunta Ricaurte González, fiscal del Ministerio Público. El fiscal calificó el informe del perito de la defensa como sesgado, pues no tomó en cuenta los 900 folios sino que se limitó a lo que le proporcionó la defensa.

La querella calificó la participación del perito como el primer 'out' que le ponen a la defensa, deslucida y sesgada el primer día que comparece un testigo, luego de que ayer el Tribunal negara a los defensores varias peticiones solicitadas por el equipo de abogados del exmandatario.

"Hemos visto un aparente auditor que maneja más la parte legal de derecho que la propia auditoria. Se le preguntó sobre las normas vigentes que utilizó cuando hizo la auditoría y no supo identificar cuándo entraron en vigencia. Quedó en evidencia que solamente utilizó información que le suministró la defensa para hacer el informe, abogados que le pagan", reflexionó Nicomedes Castillo, vocero de la querella.

Con respecto a los bienes entregados por parte de la empresa M.L.M Protection al Estado y que la fiscalía recalca que no aparecen, el defensor Sittón explica que el "objeto del contrato era el suministro de un software, por eso es que en la clasificación que se hizo en la Contraloría se clasifica o registra como un bien intangible".

Pero para el querellante Nicomedes Castillo el panorama es muy distinto al que ve la defensa. Considera que el perito "dejó en evidencia dos cosas: que se pagó por parte del Estado un equipo tecnológico tangible como micrófonos y laptops y que ese equipo no aparece."

En horas de la tarde comparecerá otro testigo de la defensa y presentarán pruebas documentales.