Por: Adelita Coriat
Panamá
Acorralado en el estadio Calvin Byron, con más de mil manifestantes afuera y su tropa sin municiones, el comisionado Edgardo Núñez vivió una de las noches más largas de su carrera policial. Aquella jornada marcó el punto de quiebre de la Operación Omega.
La multitud enardecida se empecinaba en irrumpir por la fuerza en el estadio, ubicado en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Dentro había un poco más de un centenar de uniformados comandados por el comisionado Edgardo Núñez de la Policía Nacional que impedían su ingreso. En ese momento el recinto servía como un refugio para los policías, ante el cerco que mantenían los manifestantes.
“Le puedo decir con seguridad que eran más de 1,500 personas las que rodearon el estadio”, asevera recordando uno de los episodios más retadores en la tarea de pacificar la provincia.
Los manifestantes descargaban toda su furia contra los policías: “Eran nubes y nubes de piedras que nos tiraban, además de bombas Molotov y fuegos artificiales dirigidos contra las unidades”, resuena en su narración.
La razón de la protesta era la nueva ley de reformas a la Caja de Seguro Social (Ley 462) aprobada a finales de febrero en la Asamblea Nacional. Para los trabajadores de la industria bananera, los cambios excluían un artículo de subsidio por enfermedad que contempla la Ley 45 de 2017 que regula la actividad agrícola, considerado como una conquista laboral. En este sentido, pedían al gobierno la derogación de la ley de seguridad social. Una solicitud que el gobierno no estaba dispuesto a ceder.
Como medida de presión, los trabajadores cerraron en múltiples puntos la principal vía terrestre de comunicación.
Nada parecía tener efecto para disuadir a los inconformes. El Ejecutivo había enviado una comisión de ministros para explicar a los sindicalistas el efecto de los cambios, pero tampoco funcionó.
Para retomar el control del territorio, el gobierno ejecutó la Operación Omega el 13 de junio, liderada por el comisionado Núñez. Pero la tarea parecía un laberinto; cuando despejaban un bloqueo, los manifestantes talaban un árbol por delante y otro por atrás, “como para emboscar a los policías”, explica el comisionado. Una semana después, aún con protestas en las calles, el 19 de junio de 2025 y la madrugada del 20, se vivieron los momentos más intensos de la Operación Omega.
Las imágenes que corrían por los medios el 19 de junio mostraban el aeropuerto vandalizado, vehículos de una arrendadora destrozados o incendiados. La ingobernabilidad que reinaba en la provincia forzó al gobierno del presidente José Raúl Mulino a decretar un estado de urgencia el 20 de junio. El decreto suspendió las garantías constitucionales y el acceso a Internet. Más tarde, en la fiscalía de Bocas del Toro se presentarían casi 300 denuncias como resultado de las protestas y la represión policial, por excesos de ambos bandos.
Vehículos vandalizados durante el enfrentamiento (foto: tomada de las redes sociales).
Esa fue una de las razones por las que hablamos con Núñez: el abuso que denunciaban los pobladores de la provincia. Uno de los videos difundidos en redes sociales, por ejemplo, mostraba a un policía afuera de una casa que decía en voz alta: “Abre la puerta o te la voy a dañar, voy a contar”. Adentro, una mujer gritaba que le estaban tirando gases lacrimógenos. Núñez explica que ese video tiene un antes y un después: “esa persona (a la que intentaban detener los policías) fue vista por las unidades tratando de ingresar a una unidad bancaria para vandalizar. Cuando vio a la policía, salió huyendo y se metió en la casa”.
Enseguida añade que los policías actuaron bajo los parámetros de la Ley Orgánica de la Policía; no portaban armas de fuego y respetaron los límites permisibles para disparar balas de goma sin causar lesiones letales. “Ese gas no causa la muerte ni lesiones letales”, recalca el comisionado. A continuación dice: “Hemos abierto cualquier cantidad de investigaciones internas (sin precisar el número), como institución responsable para corroborar las denuncias, pero lo que vemos en las redes no todo es cierto”.
Para la fecha en que Núñez se encontraba en el estadio tratando de salvaguardar a sus hombres, ya habían transcurrido más de siete días de la operación Omega, pero la provincia estaba lejos de aplacarse, aun con el contingente que se había desplazado a la zona por vía marítima y aérea. Contaban con armas de restablecimiento del orden público, municiones de goma; lanzadores de granada de gas para romper bloques de personas que alteran el orden público.
A pesar del esfuerzo de los agentes, la carretera principal que conecta la provincia con el resto del país continuaba trancada en más de 40 puntos con láminas de zinc, piedras, llantas, y troncos. Los reportes oficiales contaron 183 árboles talados que obstruían la carretera principal. En pocos días, la provincia quedaría sin insumos, comida, gasolina o gas para cocinar.
Operación Omega intentaba despejar las calles principales que conectan Bocas del Toro con el resto del país (foto: tomada de las redes sociales).
Núñez, con más de 30 años de carrera, a punto de pasar al retiro en su último cargo como director de Operaciones de la Policía Nacional, se mostró decepcionado por la conducta de los ciudadanos, por quienes juró dar la vida. “No esperaba ese grado de violencia”, dice. “Es como si le dieras la mano a alguien y que te respondiera con tres bofetadas”, describe el uniformado.
En el momento en que el comisionado dio la orden de ingreso al estadio, él y sus hombres estaban a punto de quedar sitiados en el puente sobre el río Changuinola, conocido como puente Torres. Allí intentaba hablar con la población para liberar a una unidad del Servicio Nacional de Fronteras que llevaba detenida por los manifestantes en contra de su voluntad, por más de cuatro horas. Evangélico de fe, el fronterizo había intentado calmar a la multitud con palabras, pero la violencia lo superó. En medio de los gritos, algunos pedían quemarlo vivo, arrastrarlo, matarlo. “Le rompieron la cabeza, lo cortaron, regaron gasolina a su alrededor. Apenas consciente, escuchaba cómo exigían prenderlo en llamas, mientras otros, menos radicales, se oponían”, recuerda el comisionado.
En ese momento, Núñez recibió la novedad de que los moradores de los poblados de Finca 6, Finca 11 y el Empalme se organizaban para atacarlos. Tenía que tomar decisiones. Para salvaguardar a los policías bajo su mando, les ordenó replegarse hacia el estadio Calvin Byron y así evitar una emboscada.
Desde el estadio, rodeados por más de mil personas, sus compañeros —frustrados— no podían hacer nada para rescatar a la unidad privada de libertad. Al final, los propios moradores abandonaron al fronterizo en el hospital, malherido. Se había salvado del fuego, pero el trauma quedó grabado en su memoria: incluso en su recuperación, despertaba gritando “¡no me quemen!”.
Imagen que muestra los daños al estadio Calvin Byron en los momentos más intensos del conflicto (foto: tomada de las redes sociales).
Mientras tanto, en el estadio, habían transcurrido más de nueve horas de constantes enfrentamientos. Los policías estaban dentro de la infraestructura en posiciones estratégicas. Desde allí tiraban gases lacrimógenos en puntos específicos para disuadir a los manifestantes que respondían con piedras de todo tamaño y bombas Molotov. Núñez dijo que los manifestantes extrajeron de la empresa Chiquita Brands International un volquete y una retroexcavadora que usaron para hacer un boquete en la cerca e ingresar al estadio deportivo, “pero no ingresaron porque los policías defendieron las posiciones”, asegura.
Eran las 10 de la noche cuando el experimentado uniformado vio venir su peor desgracia: “Prácticamente no teníamos municiones; se estaban acabando”, narra Núñez, como reviviendo la escena.
El estadio aún estaba rodeado por miles de personas que querían ingresar para “hacer daño a los policías”, según las palabras de Núñez. Dentro, los agentes contaban las últimas granadas de gas, racionaban las balas de goma y sabían que los refuerzos aéreos eran imposibles por el mal tiempo. Núñez tomó el teléfono satelital y llamó al ministro de Seguridad, Frank Ábrego. “Ministro —le dijo—, estamos desgastados; las hostilidades arrecian. Necesito esas municiones porque, si no, no vamos a saber qué hacer”.
“Pensé que era el fin”, confiesa el comisionado convencido de sus palabras. En su carrera había enfrentado con valentía situaciones de riesgo: como jefe de zona policial participó en decomisos de alijos de cocaína; cuando se desempeñó como director nacional de Seguridad Ciudadana le tocó desarticular pandillas; en su ejercicio como jefe de Operaciones ejecutó cientos de aprehensiones a personas de alto perfil; hizo decenas de allanamientos. Pero esta ocasión era distinta: “Vi en riesgo total la integridad de todas mis unidades”, admite.
Sintió miedo a morir, al fracaso.
¿Qué podría ser más catastrófico para un policía experimentado que vaticinar su propio final y el de la tropa a su mando? En un suspiro parecía esfumarse toda su carrera. Temió que en cuestión de minutos la anarquía se podría apoderar de la provincia.
“Le reitero que sí sentimos miedo. En ese momento fue intenso. Más, cuando supe que nos estábamos quedando sin municiones y en teoría no había opción de reemplazarlas”, revela el ser humano detrás del uniforme.
Según sus cálculos, lo que tenían apenas alcanzaría para una hora más. Se preguntó: ¿Qué podemos hacer frente a más de dos mil personas? “Nos superaban de forma abrumadora”, reflexiona en la entrevista. La sensación era clara: la integridad de cada unidad pendía de un hilo. No eran un par de agentes expuestos; eran 112 hombres que podrían salir heridos… o no salir con vida.
Dentro del estadio siete hombres estaban heridos: uno casi perdió la vista cuando una piedra le abrió la ceja, y varios más habían sufrido heridas que fueron atendidas por el personal de primeros auxilios que los acompañaba.
En más de una ocasión, la falta de municiones los obligó a aguantar sin responder para racionar lo que había. Son esos momentos de riesgo que paralizan. El comisionado dio instrucciones precisas de resistencia a los agentes.
Tras hora y media de aguante, cuando la situación parecía insostenible, llegó el respiro: un helicóptero con balas de goma y gases lacrimógenos, entre otros, enviado por el ministro Ábrego. La aeronave sobrevoló el estadio esquivando las luces de bengala que los manifestantes lanzaban “para tumbarlo”, califica Núñez. Al escuchar el motor, Núñez sintió volver el alma al cuerpo. Se plantó en medio del campo de béisbol, linterna en mano, y, como un señalero de aeropuerto, guió al piloto hasta el punto exacto donde debía lanzar las municiones.
Las unidades estaban exhaustas. Los enfrentamientos se prolongaron hasta las cuatro de la madrugada, cuando se pudo controlar la situación. Posterior a este hecho, se desencadenó una serie de aprehensiones en viviendas y en las calles de la provincia. —274 en total—.
Daños al estadio Calvin Byron tras los enfrentamientos (foto: tomada de las redes sociales).
Comisionado Edgardo Núñez (foto: A. Saltiel).
Una 'guerrilla de baja intensidad'
Núñez está convencido de que detrás de los cierres y manifestaciones protagonizados por los sindicalistas, a los que se sumaron la población y “pandilleros”, hubo una estrategia bien planificada. “Para nosotros no se trató de una mera protesta. Sus actos eran ataques directos en contra de las unidades”, dice. El término que emplea para definir a la organización que desestabilizó la provincia fue “una guerrilla de baja intensidad”, palabras que pronuncia con cuatela.
La “guerrilla de baja intensidad”, como la define Núñez, es una especie de conflicto armado y prolongado que se desarrolla con violencia directa. La diferencia entre este movimiento y una guerrilla convencional radica en la disponibilidad de herramientas. Desde la óptica policial, durante los días de protesta en Bocas del Toro, los manifestantes usaron piedras, troncos, bombas Molotov, machetes y fuegos artificiales dirigidos. Estos artefactos fueron suficientes para alterar la seguridad, la paz social y la estabilidad política.
De acuerdo con la versión de Núñez, la violencia, la coordinación, los intentos de sitiar a las unidades en varias ocasiones y el uso del terreno revelaban algo más: detrás de los líderes visibles había cerebros ocultos que movían los hilos. Se muestra convencido de que “alguien financiaba, organizaba y asignaba tareas con precisión”.
Lo asevera basado en los cometidos específicos encargados a cada grupo y las posiciones. Por ejemplo, dice: “En una de las incursiones monte adentro de una de las comunidades cercanas, se hallaron trincheras”. “No se armaron en cuestión de horas; cada punto fue premeditado, con la ventaja de que dominaban el terreno. Sabían dónde colocar sus frentes de batalla”, precisa como parte de las acciones predeterminadas de los manifestantes.
La masa que protestaba, según Núñez, era una expresión de fuerza heterogénea: “No podría decir que son izquierdistas como tal”, señala, en contrapunto con las palabras del mandatario José Raúl Mulino, quien había calificado de izquierdistas a quienes incitaban a protestar.
“Había sindicalistas, fueron los primeros, pero después se acentuaron los actos vandálicos donde se sumaron las pandillas” y pobladores, describe Núñez. “Dentro de la investigación estamos tratando de determinar si hubo comunicación o no entre los sindicatos y los pandilleros. Pero estamos claros de que la intención era la misma: atacar a la policía”, concluye.
El ataque al cuartel de Almirante
La primera vez que la policía fue sitiada por los manifestantes ocurrió el 14 de junio en el cuartel de Almirante, cuando habían transcurrido cuatro días de la operación Omega sin poder desbloquear la carretera.
En Almirante —un distrito situado a media hora en auto de Bocas del Toro, que no estaba contemplado en los planes iniciales de la operación Omega, pero desde donde la policía planeaba avanzar hacia Changuinola— estallaron los enfrentamientos.
Los policías habían llegado por mar y pronto se toparon con la resistencia de los residentes de Nuevo Paraíso y de la barriada Guaymí. El cuartel de policía, convertido en base improvisada de la operación, se transformó en el epicentro del conflicto. Los manifestantes protestaban por las recientes detenciones realizadas durante el operativo de despeje de las vías en la periferia.
Desde la caída del sol y hasta las cuatro de la madrugada del 15 de junio, la población cercó el cuartel donde estaban unos 60 hombres junto con el personal de turno, quince agentes más. Los refuerzos eran inalcanzables: las carreteras estaban bloqueadas, todos los accesos despejados horas antes habían sido cerrados de nuevo, y el mal tiempo hacía imposible el apoyo aéreo para trasladar tropas. Solo quedó una alternativa: un helicóptero sobrevoló la zona y lanzó cargas de gas irritante, calibradas para caer en coordenadas precisas. “No impactaban de lleno sobre la multitud”, asegura el comisionado, pero bastaban para dispersarla en medio de la noche.
“La intención era causar daño a todos los que estaban en el cuartel”, reitera el comisionado. Estaban rodeados por más de mil personas y seguían llegando de todas partes. En ese momento, él se encontraba a tres kilómetros del cuartel de Almirante sin la posibilidad de atender personalmente el conflicto, pero en permanente comunicación. La instrucción era contener la protesta y racionar las municiones.
Fue la primera vez que faltó equipo para contener las protestas. Todo apunta a que la policía se vio sorprendida por la reacción de la gente que desde afuera gritaba: “Vamos a prender el cuartel”.
Al día siguiente, el comisionado Núñez pidió al alcalde de Almirante que mediara con la comunidad. La inteligencia policial advertía que los ataques violentos contra el cuartel se intensificarían esa misma noche. Aunque accedieron a calmar la situación, condicionaron la reapertura de las vías al retiro total de los policías. Y ellos aceptaron.
La comunidad logró imponer su voluntad y restablecer cierta normalidad. Pero, lo que parecía un respiro se convirtió en preludio: detrás de esa aparente calma, se gestaban nuevos ataques que replicarían la misma dinámica de presión en otras partes de la provincia de Bocas del Toro, como la situación del estadio, la privación de libertad de un fronterizo y las encerronas espontáneas en las que quedaba atrapada la policía sobre la carretera.
Las emboscadas ocurrieron también al intentar liberar las vías en Chiriquí Grande, Bocas del Toro, cuando los policías se vieron rodeados por cientos de personas. Las zonas más hostiles se sintieron en Mali, Pueblo Nuevo y Altos del Valle. “En un momento del contacto inicial había como 100 o 200 personas sobre la vía de acceso, pero en cuestión de minutos se elevó a más de 800”, describe el uniformado.
Fue en esos sitios donde la policía halló las “trincheras” en los puntos altos de los poblados, de tal forma que al ingresar fuera una “especie de cono de muerte para que las unidades quedaran emboscadas y el ataque fuera total contra los policías”, rememora al explicar la estrategia del oponente.
La Policía identificó estos escondites durante los recorridos aéreos y terrestres. Eran refugios improvisados con hojas de zinc, palmas y troncos, donde los manifestantes se ocultaban y se protegían de los gases lacrimógenos. Para defenderse, usaban antenas de televisión digital como escudos.
En ese ir y venir de árboles derribados y carreteras cerradas y asedios, la operación Omega terminó pareciéndose a un juego interminable de resistencia. Cada avance de la Policía era respondido con una nueva barricada, cada intento de diálogo se ahogaba en medio de la confrontación. Bocas del Toro no solo estaba sitiada por troncos y escombros: lo estaba también por la desconfianza y la furia de la población contra la policía.
Esta es la segunda entrega de la serie “La otra batalla de Bocas del Toro”, realizada bajo el auspicio de las becas de periodismo de investigación de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, en alianza con el diario La Prensa.
RELACIONADAS
.jpg)
Soy Pedro Moreno y faltas a la verdad Nuñez si estaban armados y con municiones más allá de las balas de goma y lacrimógenas el personal tenía su dotación armada reglamentaria que también utilizaron contra los manifestantes. No hay excusa ni justificación eludible.
ResponderEliminar