Tribunal admite 11 pruebas documentales de la defensa, la fiscalía las califica de suicidio procesal

La tarde de este martes, en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por pinchazos, transcurrió con la lectura de pruebas documentales introducidas por la defensa. La defensa presentó 11 de 33 pruebas documentales que el jueves continuarán con la lectura.

La fiscalía, no obstante, considera que los documentos admitidos por el Tribunal, irónicamente, refuerzan su teoría del caso y los calificó como 'un suicido procesal' para la defensa.

Ronier Ortíz, abogado de la defensa, difiere. Alegó que uno de los documentos, que consiste en un certificado del Tribunal sobre el caso que se investigó por la pérdida de las pinchadoras, fue sobreseído y su cliente no figura en ninguna de las investigaciones, ni siquiera mencionado. El equipo defensor, también presentó documentación sobre las víctimas que alegaban haber sido pinchados por el gobierno de Martinelli, en las que se demuestra la extemporaneidad en las fechas que comprende la investigación de la fiscalía (2012-2014).

Sobre dos noticias publicadas en El Panamá América que tratan sobre un supuesto tumbe de dinero del cual sería víctima el diputado Yassir Purcait, lo que la defensa pretende es dejar plasmado al Tribunal que los pinchazos se efectuaron debido a que se trataba de un caso de crimen organizado y las intervenciones estaban judicializadas por la Corte por la naturaleza del mismo. No obstante, la certificación de estas autorizaciones no logró aportarla la defensa en el juicio porque aducen que cada vez que se acercaron a la Corte para solicitar los papeles, los mismos no fueron proporcionados.

El abogado de Martinelli indicó que la defensa evaluará más adelante si citará como testigos a dos funcionarias de la Contraloría que elaboraron el audito sobre la pérdida de los equipos de escuchas. En dicho informe, a pesar de que se determinó que existe una lesión patrimonial por $8 millones, la defensa lo toma a su favor en el sentido de que su cliente no fue relacionado al mismo.

Por su parte la fiscalía, en voz del fiscal Ricaurte González, manifestó que la defensa, lejos de introducir evidencias y testimonios que prueben la inocencia de su cliente, ha colaborado con la teoría del caso del Ministerio Público.

"Debo decir que cada una de las pruebas que han presentado han contribuido a fincar la teoría del caso de la fiscalía. Realmente nos sorprenden algunos elementos que han sido introducidos por lectura, como el auto de apertura a juicio en donde Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, exsecretarios del Consejo de Seguridad, son requeridos a juicio", exclamó el fiscal.

Explicó que el auto hace una relación importante que confirma la actividad probatoria del Ministerio Público, y que incluso, Ricardo Martinelli aparece mencionado en el auto porque Pérez hizo señalamientos importantes, "como que había tenido dificultades con el expresidente en 2013 que lo obligaron a renunciar por situaciones irreconciliables", indicó el fiscal González.

Pérez es quien recibe uno de los softwares y firma el contrato de otro. "Esto pareciera un suicidio procesal porque las pruebas de ninguna manera fortalecen la no acusación o la postura de la defensa del acusado", añadió González.

Ricaurte dijo que el perito contable, "César Contreras, que citó la defensa en horas de la mañana, confirmó el audito que efectuaron las peritos de la Contraloría, que existió un software para hacer vigilancias electrónicas, que pasó por control previo y posterior, y esto queda constatado por el perito de la defensa".

Mas temprano, el abogado Sidney Sittón, había explicado la importancia del audito que efectuó el perito de la defensa: "En el audito que hicieron no se menciona el nombre de Ricardo Martinelli, no se le relaciona o vincula. Lo que las auditoras dijeron es que había debilidades administrativas, y lo ratifica nuestro perito".

El equipo fue adquirido en 2010 y refrendado en el 2011 por la Contraloría, por lo que para la defensa, el hecho de que se haya auditado la compra por parte de la Contralora en funciones y que no se haya detectado lesión patrimonial, fortalece su teoría.

El juicio continuará el próximo jueves. La defensa adelantó que cuenta con cinco testigos, aparentemente se trata de funcionarios del Consejo de Seguridad, la Presidencia y la Policía Nacional.

Pruebas documentales introducidas por la defensa e incorporadas al juicio contra Ricardo Martinelli:

PRUEBA 1
Auto de llamamiento a juicio dentro del proceso que se le sigue a Gustavo Pérez, William Pittí, Rony Rodríguez y Alejandro Garúz, acusados de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad en perjuicio de varias víctimas. Querella efectuada de oficio por el Consejo de Seguridad, luego de escuchar el testimonio del testigo protegido en 2014.

PRUEBA 2
Certificación suscrita por el secretario judicial Rafael Vásquez, fechada en agosto de 2017, en la que a solicitud de parte interesada deja constancia que se mantiene sin condena un proceso contra Giacomo Tamburelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y Alejandro Pérez, entre otros, por la pérdida de los equipos de escuchas y que no consta relación de los mismos con el proveedor NSO Group. Se refiere a una constancia sobre el estado del proceso.

PRUEBA 3
Se reservó esta prueba para ser introducida por las peritos de la Contraloría Iris Pérez y Amabelis Valderrama.

PRUEBA 4
Copia del sobreseimiento dentro de las sumarias instruidas por presunto delito de peculado según querella presentada por el entonces director del Consejo de Seguridad, Rolando López. El documento en el que se declarar el sobreseimiento tiene fecha de abril de 2018 y se refiere al caso que se originó a raíz de una entrevista que ofreció el abogado Jaime Abad al noticiero TVN en julio de 2015, en la cual manifestó que existía una máquina pinchadora llamada Pegasus y solo podía ser usada por el Estado pero fue empleada por particulares. López otorgó poder al abogado José Bethancourt para que interpusiera la denuncia. La vista fiscal se emitió en febrero de 2018 dictando sobreseimiento objetivo e impersonal.

PRUEBA 5
Certificación fechada el 17 de agosto de 2017 suscrita por la secretaría judicial del Órgano Judicial en la que hace constar que en el proceso seguido a Gustavo Pérez por supuesto delito contra la administración pública no se hizo mención a imputación o formulación de cargos contra la empresa proveedora del equipo Pegasus, NSO Group. Hacen la salvedad que no se trata del caso de pinchazos y/o pérdida del equipo.

PRUEBA 6
Copia autenticada de oficio suscrito por Rolando López en la que indica que el pseudónimo Brad fue asignado al testigo protegido así como el correo electrónico [email protected]. Fechada el 23 de marzo de 2015. En ese momento, López certificaba que el testigo no laboraba en el Consejo de Seguridad.

PRUEBA 7 y 8
Se reservaron. Serán introducidas por la funcionaria del Consejo de Seguridad Iris González, alias la profe.

PRUEBA 9
Acta de diligencia notarial fechada en agosto de 2018 sobre una noticia de El Siglo titulada: "Defensoría recibe denuncia por supuesta violación de derechos humanos". La nota fue publicada en agosto de 2014.

PRUEBA 10
Acta de diligencia notarial en la que se efectuó una inspección virtual sobre dos notas publicadas en el diario Panamá América relacionadas con el diputado Yassir Purcait. La primera con el título: ¿intentaron tumbar $250 mil al diputado Purcait?

La nota trata sobre un colaborador del diputado que planeó robarle en combinación con otros sujetos a los que las autoridades les daban seguimiento por un caso de crimen organizado distinto y por casualidad se enteraron que planeaban tender una trampa al diputado.

La segunda nota se titula: Purcait no da explicaciones y dice que periodistas son pobres diablos. Publicada en Panamá América que trata sobre el seguimiento de los periodistas a la nota anterior a lo que el diputado se burló y los llamó pobres diablos,

PRUEBA 10
Certificado de matrimonio entre el testigo protegido y su esposa Katherine E.