Repudio al cerco policial de la Asamblea Nacional que ordenó el Ejecutivo

La Asamblea Nacional amaneció este martes cercada de policías, dos cuadras a la redonda, por motivo del último informe a la Nación que daría el presidente Juan Carlos Varela.

La línea de uniformados que rodeaba la infraestructura, en su mayoría damas, pretendía dispersar cualquier manifestación, ya sea de los jubilados en exigencia de un aumento en su pensión, o de los productores, quienes no habían anunciado -al menos públicamente- una protesta en las afueras de la Asamblea para un día como ayer.

El resguardo que ordenó el Ejecutivo, contempló además una patrulla apostada en el puente vehicular que conecta la Cinta Costera con la avenida de Los Mártires y que pasa por un lado de la Asamblea; un enrejado que cortó la circulación a automóviles y transeúntes al menos dos cuadras a la redonda; la revisión a todo aquel que pretendía ingresar a la Asamblea, además de agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) armados dentro del recinto legislativo.

Ningún representante del Ejecutivo, empero, otorgó una explicación o justificación de la exagerada presencia policial.

El ministro de la Presidencia, Jorge González, dijo a los medios que el inicio del último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea debía realizarse de forma ordenada y por eso tomaron “las medidas de seguridad y vialidad para conservar el orden y que no se vayan a dar situaciones que compliquen el informe”.

Luego desvió el tema cuando los periodistas le subrayaron sobre la exagerada acción. Dijo que era mejor centrarse en los temas que preocupan al país, “debates como las viviendas que ha entregado el Presidente”, ejemplificó, y así empezó a enumerar los logros que el gobierno anuncia como parte de su gestión.

González dijo que la presencia de los SPI forma parte de la custodia que acompaña al Presidente para mantener el control del área.

En otros años en los que el Presidente ha asistido a la Asamblea para rendir informe a la Nación, el anillo de seguridad se ha limitado al cierre de la vía que conduce a la entrada principal de la Asamblea.

Al observar esta situación, la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego del partido Cambio Democrático, repudió el hecho y llamó al Presidente para coordinar la salida de los SPI armados, de lo contrario, dijo, no daría inicio a la sesión.

“Es una exageración lo que han hecho, innecesario, porque una cosa es que cuiden los predios por cualquier manifestación o protesta a la que todos tienen derecho. Respeto la decisión del presidente (Juan Carlos Varela) de custodiar afuera, pero no puedo permitir que personas armadas entren a la institución sin coordinación con la presidencia (de la Asamblea) o con la Junta Directiva. Nosotros rechazamos esto, hablamos con el Presidente quien coordinó la salida de los agentes armados”, manifestó Ábrego.

Varela le dijo a Ábrego, que la medida se debió a una decisión del Consejo de Seguridad que lidera Rolando López. También le respondió que no tenía conocimiento de que los agentes se encontraban dentro de la institución, y una vez se enteró de ésto, tomó las medidas con el ministro de la Presidencia para retirar a las unidades.

Sobre la vía 3 de noviembre se apostó un grupo de jubilados que no superaban de 50 personas. Los manifestantes gritaban consignas en forma pacífica, mientras que en las afueras de la puerta principal de la Asamblea se contaban aproximadamente 20 jubilados. No obstante, los guardias no tuvieron la necesidad de utilizar la fuerza contra estas personas que gritaban consignas.

El partido Cambio Democrático interpretó el acento de seguridad como un acto intimidatorio del Ejecutivo hacia los miembros del Legislativo y solicitaron respeto a la separación de poderes.

“Advertimos que con este tipo de acciones, el presidente Varela y su Gobierno, aumentan irresponsablemente los niveles de inestabilidad y tensión que ya han generado con sus acciones de provocación en contra de la oposición política”, se lee en un comunicado que emitió el colectivo.

Desde hace un año, cuando los diputados rechazaron a los candidatos al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que envió el Ejecutivo, la relación entre ambos poderes se tensó.

La oposición se unió y logró el control de la Asamblea en julio pasado, mientras que el Ejecutivo ordenó auditorias de las millonarias partidas que gozan los diputados.

En el mes de noviembre pasado, el Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias para aprobar 8 puntos, entre los que se incluyó un segundo intento del Ejecutivo por ratificar dos nuevos candidatos a la Corte.

Sin embargo, la Asamblea logró aprobar dos asignaciones y dejó para las sesiones ordinarias el resto.

En el discurso de Ábrego que pronunció durante la sesión de ayer, advirtió al Ejecutivo que es facultad de éste órgano rechazar o aprobar a los candidatos a dicho cargo.

De los 9 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, solo asistió a acto el magistrado suplente, Abel Zamorano, uno de los candidatos del Ejecutivo que espera ratificación de los diputados al cargo de principal en la Corte.