Tras los enfrentamientos entre policías y manifestantes, más de 290 investigaciones judiciales buscan aclarar responsabilidades. Entre denuncias por abusos y acusaciones contra civiles, emerge una provincia que carga el peso de viejos conflictos sociales y económicos aún sin resolver
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La paralización de la provincia por más de 60 días fue motivada por el rechazo a las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (ley 462), aprobada a finales de marzo por el Legislativo.
Panamá
La Fiscalía de Bocas del Toro mantiene activas al menos 290 investigaciones que buscan esclarecer los hechos ocurridos entre abril y junio de 2025. Entre ellas, se encuentran querellas por tratos crueles ejecutados por la Policía Nacional y las actuaciones violentas de los manifestantes.
En esos dos meses, los trabajadores bananeros agrupados en el Sindicato de Trabajadores de las Industrias del Banano, Agropecuario y Empresas afines (Sitraibana) lideraron las protestas, a las que después se sumaron la población y luego las pandillas, según la versión oficial. La paralización de la provincia por más de 60 días fue motivada por el rechazo a las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (ley 462), aprobada a finales de marzo por el Legislativo, específicamente por la modificación en el sistema de pensiones y sus implicaciones en el régimen que regula la actividad bananera.
El parteaguas de este conflicto ocurrió en un lapso de 48 horas (entre el 19 y 21 de junio), cuando la policía se vio asediada por miles de manifestantes que rodeaban el estadio Calvin Byron. Acciones que horas más tarde derivaron en cientos de aprehensiones y posteriormente en denuncias por tratos inhumanos de los uniformados.
Por un lado, el Ministerio Público ha imputado —hasta el momento— a un total de 281 personas, 267 adultos y 14 menores de edad. Estas averiguaciones surgen producto de las aprehensiones que realizó la Policía Nacional amparada en la resolución de estado de urgencia decretada por el gobierno de José Raúl Mulino el 20 de junio —que se prolongó hasta el 29 de junio—, como parte de las acciones para retomar el control de una provincia que parecía ingobernable.
Entre los cargos que imputó la Fiscalía de Bocas del Toro a los manifestantes se enlistan presuntos delitos contra la Administración Pública en la modalidad contra los servidores públicos; por obstaculizar con violencia la ejecución de las funciones de las fuerzas del orden; delitos contra la Administración de Justicia en modalidad de receptación de cosas provenientes de un delito; contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto agravado y delitos que implican un peligro común, según información proporcionada por el Ministerio Público a melodijoadelita.com
Las acusaciones del Ministerio Público son producto de las 361 aprehensiones efectuadas por agentes del orden durante la Operación Omega. De ellas, 299 ocurrieron durante el estado de emergencia.
De estas detenciones, 274 casos fueron tramitados ante el Ministerio Público, 79 fueron conciliados ante un juez de paz y ocho casos de menores de edad fueron referidos a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Por otro lado, en la misma fiscalía de Bocas del Toro se interpusieron varias querellas contra la actuación de los policías.
Una de ellas promovida por un grupo de seis abogados particulares en representación de 71 personas que alegaron tratos crueles durante su detención en Changuinola. La denuncia contempla delitos contra las personas y los bienes protegidos, y delitos contra la libertad individual.
Al conjunto de denuncias se suman dos peticiones internacionales por supuesto abuso a los derechos humanos. Una denuncia unificada ante el sistema universal de las Naciones Unidas, de víctimas de Bocas del Toro que suma alrededor de 318 detenidos, y una segunda ante esta misma instancia que comprende a los residentes de Loma Azul, interpuesta por los abogados activistas de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos. El documento, con fecha del 27 de septiembre de 2025, al cual tuvo acceso melodijoadelita.com, solicita una visita in situ para hacer las averiguaciones sobre las alegaciones, entre las que se incluyen negación de atención médica; violencia sexual y de género; torturas y tratos crueles; y privación de libertad arbitraria, entre el 14 y el 30 de junio de 2025.
La segunda comunicación del mismo grupo de juristas dirigida a las Naciones Unidas se refiere a cuatro víctimas que presuntamente sufrieron agresiones físicas, uso de gases lacrimógenos dentro de domicilios, un aborto involuntario, en perjuicio de los residentes de Loma Azul, una población de mil habitantes ubicada en Almirante, provincia de Bocas del Toro.
¿Qué sucedió en Bocas del Toro para que se acumularan cientos de denuncias que apuntan a extralimitaciones de ambos bandos?
Sumado a lo anterior, en el desarrollo de los enfrentamientos se registraron dos muertes que el Ejecutivo niega que hayan sido consecuencia directa de la actuación de las fuerzas policiales.
Causa de muerte: no concluyente
En estas circunstancias, el Ministerio Público intenta esclarecer el fallecimiento de Michelle Becker, una niña de un año y ocho meses residente en la comunidad Gwari, que según sus padres murió por intoxicación o inhalación de gas pimienta durante una incursión policial a su vivienda.
No obstante, los forenses no lograron determinar la causa de la muerte de la menor debido al avanzado estado de descomposición de sus órganos. Según una fuente vinculada a la investigación que solicitó mantener el anonimato, durante la autopsia —realizada tras la exhumación del cuerpo— “los forenses examinaron el hígado y no hallaron presencia de ningún tipo de químicos”. Sin embargo, no fue posible analizar muestras de los pulmones debido al deterioro que presentaban al momento del examen”, reveló.
El segundo fallecimiento corresponde a Roger Montezuma, un joven de 25 años, miembro del pueblo Ngäbe-Buglé, cuya muerte —según el informe forense— fue causada por un disparo. El autor material del hecho aún no ha sido identificado. La versión de sus familiares es que el joven se encontraba en el área de las protestas, Pueblo Nuevo, y “desapareció” en circunstancias aún no esclarecidas. El informe forense explica que el 17 de junio el personal médico del hospital de Chiriquí Grande recibió al paciente sin signos vitales, traído por personal del Servicio Nacional de Fronteras.
Esta investigación de melodijoadelita.com, realizada con el apoyo de la Fundación para la Libertad Ciudadana y en alianza con el diario La Prensa, consta de cuatro entregas y se basa en múltiples entrevistas y documentación abierta de Bocas del Toro. Entre ellas, recoge tanto la versión ofrecida por la policía como los testimonios de las víctimas, que relatan lo ocurrido durante su aprehensión. Más tarde, estos hechos inundaron la fiscalía de denuncias en reclamo de justicia, cada una con sus propios argumentos.
Todo ello enmarcado en una provincia históricamente dependiente del banano como motor económico, pero marcada también por rezagos y cuestionamientos en sus indicadores de desarrollo humano
Un Estado dentro de otro Estado
Es casi imposible pensar en Bocas del Toro sin asociarla al banano. Mucho antes de que Panamá naciera como república, a fines del siglo XIX, sus tierras fértiles, nutridas por lluvias constantes y un clima generoso, ya eran codiciadas como uno de los mejores rincones del continente para cultivar la fruta. Entonces apareció la United Fruit Company. Llegó al Caribe panameño con el discurso del progreso: puertos, hospitales, escuelas y viviendas. Pero sus promesas no solo trajeron desarrollo, sino que también impusieron un modelo de vida completo bajo su control. El trabajo, el descanso, el pan, el techo y hasta el cura del pueblo… todo pasaba por la empresa.
Para la época, la empresa logró una gran aceptación del Estado bajo un mecanismo hábil: concedía préstamos a la nación por las sumas de $200 mil, $300 mil y $3 millones en medio de contratos celebrados en 1927, 1935 y 1950, respectivamente. A su vez, el Estado respondía con generosas concesiones y exoneraciones de impuestos. De esta forma, la nación otorgó todo tipo de permisos y la empresa asumió funciones que corresponden al gobierno, como la administración de la educación, la salud y otros servicios, según recoge el documento La United Fruit Co, Enclave Colonial Panameño del autor Jorge Arosemena.
La provincia creció alrededor de las plantaciones bananeras y cacoteras, y las poblaciones se asentaron en áreas rurales. La United Fruit Company (UFC) organizó la producción en grandes extensiones de tierra conocidas como fincas numeradas consecutivamente, un sistema práctico que permitía a la empresa ubicar a los trabajadores y campamentos según el número de la finca. Un siglo después, la nomenclatura no ha variado.
Se estableció así un enclave económico con epicentro en la ciudad de Bocas, pero con tentáculos que se extendían hacia las plantaciones en Changuinola y Almirante —y más allá, en Chiriquí—. Pero esa es otra historia. Por décadas, miles de trabajadores afrocaribeños, indígenas y campesinos labraron la tierra y cargaron racimos hacia barcos con destino a Estados Unidos y Europa. El banano era el rey y su corona brillaba en los trenes que cruzaban la selva cargados de oro verde.
Pero no todo era dulzura tropical. Las condiciones laborales eran duras, las jornadas largas y el control absoluto. El silencio era ley, hasta que las huelgas empezaron a romperlo. En los años 1930, luego en 1950 y más adelante en 1970, las plantaciones se convirtieron en campo de batalla social. De esas luchas nacieron los primeros sindicatos rurales y se sembró una conciencia de derechos que aún hoy emerge en las calles de la provincia.
Ese dominio de la bananera persiste hasta hoy y se refleja incluso en el temor de muchos a hablar públicamente. Originario de la etnia Ngäbe Buglé y miembro de la Cooperativa de Exportación de Banano del Atlántico, este productor pidió omitir su nombre por miedo a afectar su relación laboral con la empresa. Lo llamaremos Manuel.
Antes de nacer, Manuel ya parecía tener un destino marcado: trabajar en las plantaciones de banano. A punto de retirarse, ahora narra en retrospectiva sus primeros años de vida. Es autodidacta. Sus conocimientos los acumuló desde niño, cuando se vio en la necesidad de trabajar al perder a su madre. Como la mayor parte del pueblo, Manuel se integró en la bananera durante su adolescencia, recibiendo apenas cincuenta centavos por jornada.
“Si uno reclamaba, lo botaban; no había contrato escrito; todo era apalabrado”, narra el hombre que parece haberlo vivido todo en el tema del banano. La UFC era el principal empleador del pueblo, algo que en la actualidad no deja de ser una realidad.
La empresa era como un Estado dentro de otro Estado. Los gobiernos panameños parecían ceder de facto la responsabilidad social de la provincia, dejando a la bananera el dominio económico y comunitario. En lugar de diversificar la economía y estimular otros sectores, el país se volvió dependiente de los ingresos que generaba la compañía. En los años setenta, la productora de banano controlaba más del 50% del total de las exportaciones de bienes en el país ($114 millones), de acuerdo con el escrito elaborado por Arosemena.
Cuando surgieron los primeros movimientos de sindicatos bananeros —ya con cierto rencor— en reclamo de mejores condiciones y salarios, el gobierno solía favorecer a la empresa, reprimiendo huelgas o evitando confrontar a la compañía.
“El sindicato se creó en 1960; antes no existían organizaciones sindicales, tampoco la ley de protección de los derechos de los trabajadores”, expresa Manuel. Entonces los paros y huelgas en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios se hicieron más frecuentes. Fue el primer movimiento sindical que marcó un nuevo rumbo en las relaciones entre la empresa y los trabajadores. “La reacción de los empresarios fue acusar al sindicato de comunista”, exclama el productor, ahora miembro de una de las pocas cooperativas que subsistieron y que mantiene más de 600 agremiados.
Luis Nuquez, expresidente de la Asociación de Productores Industriales de Banano del Atlántico, también entró al mundo bananero siendo apenas un niño. A los 12 años pasaba sus vacaciones en las empacadoras, rodeado del olor dulzón de la fruta recién cortada y del trajín incesante de las cajas listas para exportar. Al cumplir la mayoría de edad, dio un salto mayor: compró a su padre 220 hectáreas de tierra y empezó a producir por su cuenta.
Su memoria recorre los años sesenta con un matiz distinto al de muchos de sus contemporáneos. Desde su perspectiva, el surgimiento de los sindicatos no fue tanto fruto de la rebeldía obrera como de la astucia política. “Los políticos se dieron cuenta de que podían manipular a la gente de campo, en su mayoría indígena. Les dijeron que la empresa no servía y se dejaron engañar”, rememora el empresario que en la actualidad alquila sus tierras a la bananera.
Hace una pausa y sigue: “La gente vivía cómodamente; tenía todo. Pero les decían que la compañía tenía que pagar más, y vinieron las huelgas. Lograron un aumento de apenas cuatro centavos por hora, mientras los políticos buscaban el respaldo de los sindicatos en las elecciones”.
Para Nuquez, aquella fue la semilla de una relación torcida entre política y el banano, una dinámica que todavía perdura. Y que, según él, volvió a hacerse evidente en la huelga más reciente, la misma que obligó a la empresa a detener operaciones en Panamá.
El declive de la United Fruit Company se acentuó a mediados del siglo XX, perdió el control y la rentabilidad debido a factores como la sigatoka negra, plaga conocida también como “el mal de Panamá”, y la presión sindical.
Entonces el gobierno de turno a cargo del general Omar Torrijos, en 1976, asumió un rol más activo y tomó el control de las tierras y operaciones, amparado bajo la Ley 103 que creó la empresa estatal Corporación Bananera del Atlántico (Cobana) para garantizar los empleos de miles de trabajadores y se impuso un salario mínimo. Paralelamente nacieron las cooperativas de Servicios Múltiples Bananera del Atlántico y del Pacífico (Cobana y Coonapal), y como una especie de experimento de autogestión, Torrijos creó las primeras empresas mixtas que seguían la línea de Cemento Bayano, la electrificación y la aviación. Más tarde fracasaría la iniciativa bananera ante la limitación de mercados en Europa, y la baja eficiencia en el cultivo.
“Con la muerte del general Omar Torrijos surgió la idea de privatizar las fincas bajo el argumento de que había una mala administración gubernamental”, explica Manuel, el veterano jornalero. “Fue así que en los años noventa, cuando yo estaba trabajando en las fincas, se privatizaron nuevamente”, rememora el entonces líder del Sindicato Independiente. El sindicato hizo varios intentos para comprar algunos terrenos, pero la desprestigiada reputación que perseguía a las organizaciones le impidió acceder al crédito en la banca: “Siempre nos decían que éramos comunistas. No éramos bien vistos”, dice el bananero Manuel.
El Estado permitió el regreso de la empresa privada y Chiquita Brands International recuperó el negocio del oro verde. Con la liberación económica, la empresa mantuvo un rol dominante, aunque menos paternalista que en el pasado. El Estado actuaba más como mediador en conflictos laborales que como regulador del modelo productivo.
Grandes huelgas como las de 1990 y 1999 evidenciaron que el conflicto social sustituye al control empresarial directo. Una experiencia que se repitió, esta vez más profunda, en abril de 2025 con la paralización de labores liderada por el sindicato bananero. Aunque en esta ocasión los reclamos no iban dirigidos precisamente a una relación contractual, sino a la modificación de la ley de la Caja de Seguro Social (CSS) y derechos adquiridos en la Ley 45 de 2017 que regula la actividad. El impacto fue tan profundo que, en medio de la huelga, la empresa anunció el cierre de sus oficinas administrativas, lo que dejaba al sindicato abogando en una lucha sin contraparte: la empresa.
La Asamblea aprobó una ley especial para los bananeros, pero los sindicatos exigieron la sanción presidencial antes de ceder.
“Tras un mes de huelga por la aprobación de la Ley 462 de la CSS, los sindicalistas dieron un giro en su discurso y pasaron a exigir reformas a la Ley 45, que regula la actividad de los trabajadores del sector bananero”, resume Luis Nuquez.
Luis Nuquez, exalcalde (1984-89) y exgobernador (1999-2001) de Bocas del Toro.
La Asamblea aprobó una ley especial para los bananeros, pero los sindicatos exigieron la sanción presidencial antes de ceder. En ese contexto, con las vías cerradas, la Policía arrestó a Francisco Smith, líder de Sitraibana, por supuestos delitos de seguridad y orden público.
El cierre de la empresa impuso una fuerte presión económica al gobierno por los miles de trabajos que quedaron cesantes. Lo que forzó al presidente José Raúl Mulino a reunirse durante una visita oficial en Brasil con los directivos de la empresa para reconsiderar su regreso. Según el acuerdo, el gobierno se comprometió a evaluar incentivos legales, fiscales y aduaneros, así como a garantizar la seguridad y el orden público en la región. Por su parte, la empresa asumió cinco obligaciones, entre ellas, reactivar las operaciones en un plazo razonable, bajo las modalidades de participación colectiva —lo que en un principio el gobierno llamó aparcerías— y reincorporar progresivamente a los trabajadores priorizando a los residentes de Bocas del Toro.
Las aparecerías están contempladas en el Código Agrario de 2011, que habilita la creación de este tipo de asociaciones con patrimonio propio y personalidad jurídica. La idea contemplada en el código consiste en promover nuevos actores en la producción y tercerizar a los trabajadores. En este sentido, la gestión y cumplimiento de sus derechos están en manos de los contratistas, sometidos a presión por la reducción de costos sobre los beneficios.
La fórmula de asociación agraria, según productores consultados por este medio, se implementa actualmente de la siguiente forma: los jornaleros —dice uno de ellos— “antes administradores de las fincas, ahora fungen como contratistas, como en el pasado se encargó la bananera”. Según el productor, cada jornalero recibe $20 por ocho horas de trabajo y debe demostrar rendimiento a la empresa que sigue siendo el comprador exclusivo. La empresa clasifica y califica la fruta según la calidad cuando la vende el productor. En teoría, cada administrador de finca debe respetar los derechos de sus trabajadores.
En este escenario, el contrato de concesión de 6 mil hectáreas suscrito en 2017 entre el gobierno y la Chiquita International, que continúa vigente hasta 2037, abarca 21 fincas cuya extensión determina la necesidad de mano de obra. “Todas deben producir la fruta en forma exclusiva para la empresa Chiquita bajo los requerimientos establecidos”, zanjó el experimentado productor consultado sobre el nuevo método.
La provincia quedó aislada por un espacio de 60 días, sin que el diálogo mediara para reabrir las vías.
Smith, en representación del sindicato, prepara una demanda contra la empresa en reclamo por los montos de liquidación de los jornaleros. Por el momento, cuenta con aproximadamente tres mil poderes, personas que se sienten inconformes con los cálculos contractuales que determinó la bananera en su desvinculación laboral.
Bajo el mencionado modelo de asociaciones, la multinacional evita responsabilidades legales y sindicales, dejando a las contratistas la tarea de lidiar con sindicatos o conflictos laborales. Bajo esta estrategia, empresas automotrices, azucareras, mineras y de construcción en Latinoamérica buscan diluir la relación laboral directa, reducir costos sindicales y de prestaciones.
En el marco de los parámetros señalados, el gobierno informó sobre la reactivación de 3 mil plazas de empleo en una primera fase. Para Nuquez es el “preámbulo de nuevos conflictos sociales porque no hay garantía de que estas asociaciones agrarias mejoren las condiciones laborales”.
Lo anterior se desarrolla en una provincia cuyas estadísticas evidencian estragos sociales profundos: el 41% de la población vive en pobreza; de ese porcentaje, un 21% se encuentra en pobreza extrema, según datos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Ese mismo informe data que el 40% de la población está desconectada de la red eléctrica, mientras que el 20% de las viviendas están fuera del abastecimiento hídrico, y la mitad de la población no tiene agua potable en su casa.
El desempleo roza el 15%; la desnutrición crónica en menores de cinco años registra un 32%, por encima del promedio nacional panameño (5,6%), según datos de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. La tasa de escolaridad alcanza 7,8 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá, comparada con los 11,6 años en el resto del país. La inversión per cápita se sitúa en $659, cuando en la provincia de Panamá alcanza los $11,889, según el Informe de Ejecución de Inversión del Programa del Ministerio de Economía y Finanzas 2022.
Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se registraron en calles y poblados.
Aunque el Estado ha intentado adoptar un rol más activo en el desarrollo de infraestructura, salud, vivienda, servicios de agua potable y turismo, permanece un resabio de décadas de abandono y dependencia. Esto se acentúa en las zonas de difícil acceso y en una alta presencia de población indígena Ngäbe-Buglé, que enfrenta desafíos particulares.
En contraste con los datos mencionados, un trabajador en plena época de producción del banano puede ganar $150 a la semana. “Eso equivale a 48 horas de ardua jornada”, revela Manuel. “Chiquita pagaba salario mínimo, aunque algunas cosas difieren por el empaque, que puede llegar a $200 por semana, un poco más de lo que paga la cooperativa”, resume el miembro de la cooperativa que vende su producto a otros mercados europeos.
El clientelismo como forma de gobierno
La persistente ausencia institucional ha favorecido el liderazgo de figuras políticas a quienes acude la población para encontrar soluciones: una plaza de trabajo, ayuda para la atención médica y otras necesidades ante la falta de oportunidades. Una de esas figuras tiene un nombre que se pronuncia con familiaridad y con recelo a la vez: Benicio Robinson. Diputado que ha sido electo en la provincia por más de dos décadas consecutivas, durante ese tiempo se ha convertido en mucho más que un político: para muchos bocatoreños es como un "solucionador".
Mantiene una de las planillas más abultadas en la Asamblea Nacional que supera los $261 mil mensuales según datos de la Contraloría General de la Nación. Esto le permite chorrear ingresos a cientos de seguidores que no necesariamente trabajan en el parlamento, alimentando así un sistema clientelista. Su figura atraviesa generaciones y partidos rivales, y su sello es visible en la manera en que se hace política en Bocas.
De esa manera, diputados como él activan sus conexiones con el gobierno de turno para impulsar proyectos públicos que, muchas veces, no responden a una planificación real. Esas obras se traducen en empleos temporales en sus distritos, sobre todo para jóvenes sin acceso al crédito ni a oportunidades formales. Cuando los proyectos terminan —encargados por el gobierno central a estos líderes locales bajo la idea de que son quienes realmente llegan a la gente, aunque la población los vea como un freno al desarrollo—, todo vuelve al punto de partida. La falta de trabajo reaparece y con ella los paros, los cierres de calles y las presiones al mismo gobierno que los financió. Así se repite un círculo vicioso. Y cuando las protestas se desbordan, esos dirigentes suelen ser los primeros en desaparecer.
Durante la crisis, Mulino culpó al colectivo Partido Revolucionario Democrático (PRD), el más numeroso en membresía y del cual Robinson es secretario General, de generar una disputa junto al sindicato y sectores “de izquierda” que se “ven afectados por la aprobación de la ley, porque ya no son dueños de la CSS”, pronunció el presidente durante una de las acostumbradas intervenciones matutinas de los jueves. “Un botín que ya no controlan”, sentenció el mandatario.
“Los políticos que más vimos aquí son del PRD, el colectivo más organizado, logístico y que tiene los fondos para un movimiento de esa magnitud. Las personas veían que la gente que estaba en la calle era PRD”, recuerda Nuquez, exalcalde (1984-89) y exgobernador (1999-2001) de Bocas del Toro. Sospechas que hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente.
En Bocas del Toro la historia se repite como un eco: gobiernos ausentes, la banana como sustento y cadena, la política que reparte favores y las protestas que revientan cada tanto como recordatorio de una deuda nunca saldada.
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