
La llamada “informalidad” no es una elección ideológica, sino una respuesta a un sistema que históricamente les ha cerrado las puertas.
Alfredo Mitre
Periodista y exdirector nacional de empleo
Durante décadas, la informalidad laboral ha sido abordada desde una perspectiva negativa. Se le ha asociado con precariedad, desorden e incluso evasión. Sin embargo, esta mirada simplista ha invisibilizado una realidad mucho más compleja: miles de panameños encuentran en el trabajo por cuenta propia, ya sea profesional, manual o comercial, una forma legítima y digna de ganarse la vida.
Para muchos, la llamada “informalidad” no es una elección ideológica, sino una respuesta a un sistema que históricamente les ha cerrado las puertas. El acceso al crédito bancario es limitado, el sistema financiero impone barreras difíciles de superar y los procesos de formalización resultan, en la práctica, excluyentes. En países con altos niveles de burocracia como Panamá, el sistema tiende a tratar por igual a realidades empresariales profundamente distintas: desde quien vende frutas en una esquina hasta quien inaugura un hotel, sin reconocer las etapas de crecimiento de cada emprendimiento.
Según estudios del Banco Mundial, una gran proporción de pequeñas empresas en América Latina no logra superar las altas barreras necesarias para la formalización. Este revela no solo la fragilidad del ecosistema emprendedor, sino también la ausencia de políticas públicas diferenciadas que acompañen el desarrollo progresivo de los negocios.
A esto se suma la falta de información económica accesible. Muchas personas inician emprendimientos sin contar con datos sobre flujo de clientes, condiciones socioeconómicas de la zona o demanda real. Esto conduce a decisiones intuitivas que, en muchos casos, no son sostenibles. Como resultado, los trabajadores optan por actividades que resuelven necesidades inmediatas, pero que no logran consolidarse en el tiempo. Ante la falta de mecanismos de formalización gradual, terminan permaneciendo en la informalidad durante años, incluso décadas.
No es casual ver historias de personas que han trabajado más de 20 años en un mismo puesto informal, muchas veces ubicado en servidumbres o espacios públicos. Cuando estos espacios son recuperados, una medida necesaria desde el ordenamiento urbano, estas personas quedan, en muchos casos, sin alternativas, sin respaldo y sin reconocimiento.
Frente a este escenario, la pregunta es inevitable: ¿qué se puede hacer?
El primer paso es conocer la realidad, más allá de saber que casi el 50% de los trabajadores dentro de la edad económicamente activa están en la informalidad, se necesita saber quiénes son esos trabajadores por cuenta propia en Panamá, dónde están, a qué se dedican, qué nivel de formación tienen y cuáles son sus condiciones socioeconómicas. En esa línea, el Decreto Ejecutivo No. 3 del 22 de abril de 2024, que reglamenta el Servicio Público de Empleo, administrado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, marca un avance significativo al establecer la obligatoriedad de atender el tema y de crear el Registro Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia.
Este registro no debe verse como un mecanismo de control, sino como una herramienta estratégica. Al contar con información sistematizada, el Estado puede diseñar políticas públicas más efectivas: desde ferias para facilitar la obtención de avisos de operación, hasta programas masivos de capacitación en formalización, financiamiento, cumplimiento fiscal y acceso a servicios de salud.
Más allá de las cifras de desocupación, que rondan el 10% de la población económicamente activa y del hecho de que una gran parte de los ocupados no cuenta con ingresos formales, el reto es estructural. La formalización no es un proceso inmediato ni sencillo. Implica costos, trámites y una estabilidad económica que muchos trabajadores aún no tienen. Por ello, cualquier política seria debe contemplar acompañamiento sostenido, al menos durante los primeros tres años de operación, así como incentivos reales para la permanencia en la formalidad.
Esto incluye, además, campañas de consumo local que promuevan que la propia sociedad valore y prefiera los servicios de estos emprendedores. La formalización no puede ser solo una exigencia del Estado; debe convertirse en un ecosistema donde todos participen.
En este contexto, el Registro Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia también debe ofrecer una ventaja adicional, como permitir dar seguimiento a las dinámicas laborales híbridas. En una economía cada vez más flexible, es común que una persona alterne entre periodos de empleo formal y trabajo independiente. Contar con registros que reflejen estas transiciones facilitaría una mejor planificación económica, tanto a nivel individual como estatal.
La seguridad social del informal
Sin embargo, uno de los mayores desafíos sigue siendo la seguridad social. La reciente normativa de la Caja de Seguro Social establece la obligatoriedad de cotización para trabajadores independientes. No obstante, esta medida, aunque necesaria desde el punto de vista financiero, enfrenta una desconexión con la realidad.
Para muchos emprendedores, cotizar representa un costo elevado frente a ingresos inestables. Además, la percepción sobre la calidad de los servicios de salud pública incide directamente en la decisión. En un escenario donde una persona debe elegir entre cubrir las necesidades básicas de su hogar o pagar un seguro que no percibe como eficiente, la decisión suele ser evidente.
Por ello, el reto no es únicamente normativo. La seguridad social debe ser también conveniente. Esto implica mejorar la calidad de los servicios, generar esquemas de cotización más flexibles y construir confianza en el sistema.
Volviendo al punto de partida, es necesario replantear la narrativa. La informalidad no puede seguir siendo vista únicamente como un problema. En ella hay miles de panameños que trabajan día a día sin garantías, sin estabilidad y sin “quincena”, pero con una determinación admirable. Son ellos quienes sostienen buena parte de las microeconomías locales y mantienen a miles de hogares.
Durante demasiado tiempo han permanecido en la sombra. Es momento de darles rostro, entender sus dinámicas y construir políticas que los integren, en lugar de excluirlos. Una política de integración socioeconómica de los trabajadores por cuenta propia no solo es justa: es una estrategia inteligente que beneficia al Estado, dinamiza la economía y fortalece el tejido social.
Porque reconocer su trabajo no es un favor. Es una deuda.
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