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TERCERA ENTREGA. “Seis policías me golpearon en todo el cuerpo con toletes, reglas de madera, conos de señalización y correas”. Esta frase forma parte del testimonio de Avelino Palacio ante la Fiscalía de Bocas del Toro. Los señalamientos del joven de 29 años, perteneciente a la etnia Ngäbe Buglé, se originan tras su detención.
Como el de él, en la misma fiscalía hay más de 80 relatos que hablan de tratos crueles por parte de los uniformados, mientras permanecían detenidos en el cuartel de Changuinola y en el estadio Calvin Byron, el mismo campo deportivo donde unas horas antes la policía uso como refugio, acorralada por “miles de manifestantes”, como narró previamente a esta investigación el director de la operación Omega, comisionado de la Policía Nacional Edgardo Núñez.
La aprehensión de Avelino, como las de otras 298 personas, se desarrolló durante el estado de emergencia decretado por el gobierno de José Raúl Mulino del 20 al 29 de junio. El documento suspendió las garantías constitucionales y las comunicaciones de Internet en la provincia, además del derecho a la reunión. Lo que daba luz verde a la policía para detener a una persona sin el control de una entidad competente, ni justificar la razón de su detención. También facultaba la ejecución de allanamientos a las residencias (para hallar los artículos hurtados) e interrumpía la acción de un habeas corpus.
Esta medida extraordinaria adoptada por el Ejecutivo se dio en el marco de la operación Omega (del 13 al 29 de junio), con el propósito de restablecer el orden en la provincia y desbloquear las principales vías de acceso cerradas como medida de presión de la población y los sindicalistas de la industria del banano, que exigían la derogatoria de la ley de la Caja de Seguro Social, aprobada en la Asamblea Nacional a finales de febrero. Pero la tarea parecía un laberinto: cuando la policía abría un tramo, los manifestantes volvían a cercar la zona con troncos, hojas de zinc, piedras.
Los hechos que parecen haber marcado un antes y un después en la operación Omega ocurrieron entre el 19 y el 20 de junio. En ese lapso pasó de todo: saqueos a comercios (24) y entidades estatales (13); 47 autos fueron vandalizados y otros 26 incendiados, según reportes de la Policía Nacional. Núñez, a cargo de la operación, calificó el episodio más intenso cuando él y otros 112 uniformados se vieron acorralados por “miles de manifestantes que intentaron ingresar a la fuerza al estadio Calvin Byron para hacer daño a las unidades”, según narró. Fue en ese momento cuando vio en riesgo la integridad de sus hombres.
Una vez superado el conflicto del estadio y bajo el amparo del decreto ejecutivo, la policía aprehendió a 299 personas y ejecutó 139 allanamientos a residencias en busca de bienes hurtados. Más tarde, estas acciones se traducirían en múltiples denuncias contra la policía en la fiscalía de Bocas del Toro.
Excesos que fueron recopilados por la Defensoría del Pueblo basados en entrevistas realizadas a 186 personas (172 hombres y 14 mujeres). En voz del defensor Eduardo Le Blanc, lo que vieron fue “golpes ya estando detenidos y esposados, cachetadas, porrazos en la cabeza, golpes producto de toletes o puños en lugares no usuales al momento de la detención o del forcejeo”. En general, son temas que no son cónsonos con detención”, exclamó el defensor como parte de la actuación de los policías.
Un tipo de comportamiento —calificó— “que se asemeja a una sed de venganza o hartazgo”, actitudes inaceptables para el defensor, que requieren un manejo institucional. “Da la impresión de que la fuerza policial no está bien capacitada para poder manejar este tipo de crisis”, añadió Le Blanc sin generalizar esta conducta al resto del cuerpo policial. El reporte que elaboró la Defensoría del Pueblo enumera los derechos presuntamente vulnerados por las autoridades: integridad personal, debido proceso, libertad, seguridad, derecho a manifestarse y derecho a reunión.
Avelino forma parte de este grupo de personas que vivieron tratos inhumanos de la policía. Frente al personero de turno de la Fiscalía lo contó todo: las cicatrices que aún no sanan, las visibles y las que se transformaron en traumas, desconfianza y miedo.
Dijo que, al ser detenido, fue atado de manos. Le colocaron un cable en el cuello. En esas condiciones, los policías lo llevaron caminando hasta una calle cercana al aeropuerto, donde lo subieron a un vehículo policial mientras el cable lo ahorcaba. Luego se desmayó y al despertar se vio rodeado de policías. Intentó orientarse, pero un golpe en la cabeza —señaló— lo dejó inconsciente nuevamente. Cuando recobró la conciencia, estaba en una “cancha de la policía que tenía agua contaminada”, detalló.
En ese espacio que describió como ‘una cancha’ bajo el control policial le quitaron la ropa y lo golpearon. En esas condiciones lo obligaron a firmar un documento mientras le rociaban gas pimienta y le gritaban: “Firma, firma”. Ese papel debía constatar que sus derechos habían sido respetados, pero para Palacio era todo lo contrario. Aun así, bajo presión, plasmó su nombre.
Al día siguiente —manifestó— fue trasladado al aeropuerto de Changuinola, donde permaneció aproximadamente cuatro horas. Fue allí donde experimentó una de las peores humillaciones para la comunidad indígena: “Nos cortaron el pelo a todos”, exclamó con indignación.
El cabello tiene un profundo significado para los pueblos originarios. Es visto como una extensión del espíritu. Comunica el acervo a un pueblo dentro de una comunidad y, en el caso de las mujeres, un orgullo étnico, belleza y respeto por la tradición. Por eso, cuando un uniformado tomó las tijeras y le impuso a Palacio un corte forzoso, no fue solo un desprecio físico: fue una herida espiritual. No fue el único que lo padeció.
En nuestro encuentro, Le Blanc trajo a colación el caso de un joven de 20 años con estudios universitarios, que también fue rapeado a medias por la policía, sin parar de llorar. “Alegaba que no tenía nada que ver”, exclamó el defensor. Al hombre “lo tenían arrodillado por mucho tiempo en Changuinola junto a otros detenidos”, rememoró Le Blanc en la entrevista concedida a melodijoadelita.com. Se sintió ultrajado: la ropa y los zapatos que tenía puestos no eran de él, sino de otros detenidos, acotó el defensor.
En el aeropuerto, mientras Palacio esperaba un helicóptero que lo trasladaría hacia Isla Colón, los policías escucharon que uno de los suyos había sido golpeado por un manifestante y decían: “La pagas, estos son los que la van a pagar. Así fue como nos tiraron gas pimienta hasta casi una hora”, recordó Avelino. Una vez en el helicóptero, los acomodaron “unos encima de otros”. No tenía idea de a dónde sería trasladado, ni con qué propósito. “Ellos se sentaron sobre nosotros”, continuó. En Chiriquí, donde arribó el 22 de junio, le arreglaron el corte de cabello, le dieron comida y atención médica en un hospital.
El testimonio de Avelino y de otras 70 personas que reclaman maltrato de la fuerza pública lo compiló la abogada Taglyana Corrales en una querella contra diferentes estamentos de seguridad: “Los testimonios que tengo son impactantes”, dice la abogada. Enseguida añade: “Varios de los afectados manifestaron haber sido obligados a caminar en fila (calle de honor) mientras los golpeaban “brutalmente con diversos objetos contundentes y punzocortantes”. Fue el caso de Jorge Ábrego, otra víctima que forma parte de la querella.
A las doce del mediodía del 20 de junio, Jorge Ábrego pedaleaba de regreso a su casa en Finca 8, en El Empalme. Había ido al Idaan a buscar unas herramientas para su bicicleta roja cuando escuchó una voz que gritaba: «¡Alto!». Dos patrullas policiales se acercaban. De ellas bajaron agentes que, sin darle tiempo a reaccionar, le dieron un golpe en la espalda.
Según su narración, lo subieron por la fuerza a un bus, donde continuaron agrediéndolo hasta llegar al cuartel de Changuinola. Allí lo encerraron en una celda empapada de orina y excrementos, le quitaron la ropa y lo obligaron a firmar una constancia de buen trato. Se negó. Entonces, sintió el ardor del gas líquido recorriéndole la espalda, quemándole la piel. “Tuve que firmar”, contó después. Frente a él, una fila de conos, palos, tubos y correas aguardaba para continuar la agresión.
“A varias personas se les forzó a ingerir agua mezclada con gas pimienta que dejó úlceras en sus órganos”, exclama Corrales. Algunos denunciaron “agresiones dirigidas a sus partes íntimas, mediante la explosión de artefactos cerca o sobre su cuerpo”, contempla la querella como parte de los tratos crueles.
Simeón Santos: entre la protesta y la represión
En el informe de la Defensoría que compiló los testimonios de las víctimas se encuentra el de Simeón Santos, un joven de 25 años de origen Ngäbe.
Fue detenido el jueves 19 de junio en la vía principal de Bocas del Toro. En ese mismo punto, la tensión hervía. Manifestantes, él entre ellos, y policías se enfrentaban sin tregua. Simeón, sin estar convencido de la causa, quedó envuelto en el torbellino. “Para decir la verdad, es que yo no iba a tirar piedra —recuerda—. Tiré unos poquitos (sic), pero después pensé: ¿para qué, si es el gobierno? Me cansé y me fui para la casa”. Su decisión llegó tarde. Recibió un impacto de bala de goma en el cuerpo y fue cuando intentó escapar, pero los policías lo tenían rodeado.
“Me agarraron y me metieron una paliza que me dejó aturdido”. Cayó al suelo y se desmayó. “Ahí me agarraron como un animal”, describe. Luego fue trasladado al estadio Calvin Byron. “Cuando llegué al estadio, ya estaba quemado en algunas partes”, asegura.
Simeón mostró las marcas que le dejaron las esposas plásticas en las muñecas y el enrojecimiento en la nuca causado por los gases lacrimógenos que le corrieron por el cuello.
Es uno de los 274 detenidos y procesados por el Ministerio Público durante los enfrentamientos de la operación Omega. La audiencia se celebró por Zoom el 3 de julio de 2025 en el Tribunal Superior de Apelaciones, él estando en la provincia de Coclé. Más de 70 detenidos fueron trasladados por la Policía a otras provincias como Chiriquí, Santiago y Coclé —en helicóptero y buses— aparentemente por el limitado espacio en el cuartel de Changuinola.
Simeón leyó con dificultad los cargos que pesan en su contra: delitos contra la Administración Pública en su modalidad de delito contra los servidores públicos. Desconoce la trascendencia de la acusación y también ignora que, de ser condenado, podría pasar en prisión hasta cinco años. Por el momento, mantiene una medida cautelar de firma periódica y prohibición de reunión hasta que concluyan las investigaciones.
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La querella de los 71
Los relatos de Avelino, Jorge y Simeón, así como los de otras 68 personas, están compilados en una querella “contra quien resulte responsable” por los supuestos delitos contra las personas y los bienes protegidos y contra la libertad individual promovida por el grupo de abogados que encabeza Corrales en representación de las víctimas. Como parte de la reparación de daños, los juristas establecieron un resarcimiento del Estado de $10 millones.
La querella, a la cual tuvo acceso melodijoadelita.com describe que los aprehendidos fueron trasladados a “un estadio deportivo donde fueron retenidos sin ropa, amarrados y expuestos a la intemperie como si se tratara de animales”. Dentro del recinto —se lee— “agentes uniformados realizaron actos de humillación, tortura física y psicológica, incluyendo el afeitado forzado del cabello de varios detenidos, acto que fue ejecutado entre burlas, fotografías y mofas”.
Estos hechos, según el documento, ocurrieron en un “contexto de represión sistemática y organizada por personas con conocimiento de los superiores jerárquicos”.
Exámenes forenses
En algunos informes forenses que conoció melodijoadelita.com se retratan lesiones o marcas en las muñecas que pudieron ser causados por los zunchos plásticos empleados como esposas, como es el caso de Pablo Santo, otro detenido, que el 21 de julio, un mes después de las aprehensiones se le practicaron fotografías en el rostro, con golpes en los pómulos, en las muñecas y otras en las rodillas.
Así hay docenas de exámenes forenses que respaldan los testimonios, evidencias que empleará la defensa para probar los tratos inhumanos que relataron los detenidos. Otro de ellos es el de Darío Ábrego; por ejemplo, su informe tiene una fotografía de una lesión en la quijada, otra en los codos y brazos. En la espalda, la imagen exhibe una herida debajo del omóplato derecho, tal vez producto de un objeto punzocortante, y en la parte media de la espalda se aprecia un pequeño orificio. Además, retrata una lesión en la uña del dedo pulgar de su pie derecho.
Mujeres indígenas denuncian violencia sexual y tratos crueles
En la misma fiscalía de Bocas del Toro se presentaron las denuncias de seis víctimas femeninas promovidas por el abogado Jorge Guzmán de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá.
El jurista indicó a melodijoadelita.com que sus representadas “fueron objeto de abusos sexuales por parte de los uniformados, así como de haber sido forzadas a ingerir agua con gas pimienta mientras permanecían aprehendidas en el cuartel de Changuinola”.
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Jorge Guzmán, abogado de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (foto: Adelita Saltiel).
Entre estos casos, destaca la experiencia de Evelyn Salazar, mujer de origen indígena, quien relató que fue detenida por policías encapuchados, golpeada brutalmente, arrastrada y llevada al cuartel, donde presenció a otros detenidos ensangrentados.
En el caso de Evelyn, el jurista completó un formulario de petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que describió que la mujer fue objeto de burlas por ser “india”, insultos y tratos como prostituta, delincuente, amenazas de que la matarían. Evelyn contó que presenció cómo los policías golpearon a otra joven indígena que la hicieron orinar mucha sangre. “Esta joven, al ser liberada, el médico dictaminó que había abortado un bebé”, dice el abogado Guzmán durante nuestro encuentro.
En el formulario se destaca que la mujer fue forzada a beber agua con químicos, insultada por ser indígena y golpeada a diario, incluso con culatas de escopeta mientras estaba en el cuartel de Changuinola.
Guzmán, además, solicitó dos peticiones ante la relatoría de las Naciones Unidas, una grupal en representación de 318 supuestas víctimas por tratos crueles, violencia sexual y negación de atención médica, entre otros. Una segunda comunicación identifica cuatro víctimas del poblado de Loma Azul donde, según el jurista, la “policía irrumpió violentamente en los domicilios de mil habitantes y arrestó a 12 personas con violencia”. En la petición se detalla que “se lanzaron gases lacrimógenos dentro de las viviendas y Ernestina Guerra resultó herida por un impacto de bala”.
Este medio consultó con la Policía Nacional si mantienen averiguaciones en la Dirección de Responsabilidad Profesional sobre el comportamiento de los policías, pero al cierre de esta nota no se brindó información. Sin embargo, el General de la Nación Luis Carlos Gómez indicó en un medio televisivo que tiene abiertas 95 investigaciones por presunto abuso policial; de ellas, 64 pertenecen a Bocas del Toro y el resto incluye las provincias de Chiriquí, Coclé, Veraguas y Darién.
Para los detenidos, los uniformados pasaron de protectores a agresores. La violencia física y psicológica, las humillaciones y la negación de derechos se convirtieron en la experiencia común. La historia terminó como empezó: con miedo. Solo que ahora no venía del lado de los uniformados, como ocurrió cuando vieron su vida en peligro, asediados en el estadio deportivo.
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