La histórica solicitud del Ministerio de Trabajo para disolver al sindicato más poderoso del país coloca al poder judicial en el centro del debate. La OIT advierte que la disolución de una organización sindical debe ser una medida extrema y bien fundamentada.
Tras la demanda presentada por el Ministerio de Trabajo, que solicita la disolución del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) —un hecho sin precedentes en la historia sindical de Panamá—, el caso pone a prueba al poder judicial, que deberá determinar si las acusaciones responden a conductas institucionalizadas dentro del sindicato o si se trata de excesos cometidos por algunos de sus dirigentes.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, mencionó recientemente varios supuestos delitos en los que incurrió el sindicato. Entre estos enunció, extorsión, blanqueo de capitales, delitos graves que le motivan a solicitar la disolución de la organización. Con las pruebas o evidencias recolectadas, someterá al poder judicial para que decida si procede o no dicha disolución.
La acumulación de hechos divulgados por el ministerio han derivado en varios procesos penales que aparentemente vinculan a varios miembros de la cúpula del sindicato. Once dirigentes mantienen órdenes de aprehensión por diversas causas.
Los jueces, ahora, deberán determinar si los actos presuntamente delictivos emanan de la estructura de la organización, es decir, si involucran a la junta directiva o a ciertos dirigentes, aunque no tengan la misma participación, su alcance, y qué tan enterados estaban los agremiados de estos graves hechos que señala el ministerio. Es decir, si estos hechos forman parte de una conducta institucional sistemática.
¿Qué dice la OIT?
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover la justicia social y los derechos laborales reconocidos a nivel internacional y que Panamá reconoce como observador del cumplimiento de las normas, establece las causales de disolución de un sindicato. Estas se recogen en el documento “Libertad Sindical”, una recopilación de decisiones que efectuó el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que sirven como base para analizar los casos que llegan a sus despachos. El de Panamá, sin duda, será uno de ellos.
En este conjunto de ideas, se expone claramente que cualquier disolución debe efectuarse por la vía judicial, tal como la ministra Muñoz busca hacerlo al someter la demanda ante los tribunales.
En este escenario, la OIT señala que, aún cuando ciertos dirigentes o miembros del sindicato estén involucrados en actos ilegales, se debe ser cauteloso de no privar al sindicato de toda posibilidad de acción.
Aunque se anuncia la intervención de las autoridades judiciales en este tema, la OIT recalca la importancia de que sólo se produzca en casos de extrema gravedad, y se garanticen plenamente los derechos de defensa, tomando en cuenta que esta medida implica graves restricciones de los derechos sindicales.
Por ejemplo, se lee en el texto la OIT, si algunas personas dentro del sindicato cometieron abusos o actos ilegales que van más allá de lo que normalmente hace un sindicato, entonces estos individuos deben ser juzgados individualmente, usando las leyes existentes y a través de los tribunales, como cualquier otro ciudadano. Pero —según el texto—, por culpa de esas acciones individuales no se debe castigar a todo el sindicato, suspendiéndolo o disolviéndose por completo.
El Comité ha considerado que, si las autoridades hubieran comprobado irregularidades que perjudican el patrimonio social, éstas deberían procesar judicialmente a las personas responsables, en lugar de adoptar una medida drástica.
La OIT recuerda que la disolución de un sindicato es una medida extrema y que recurrir a ella sobre la base de que una manifestación o piqueteo resulte en la perturbación de un acontecimiento público, el cese temporal de actividades o la interrupción del transporte, “no está evidentemente de conformidad con los principios de libertad sindical”.
Por lo anterior, los jueces deberán discernir si los actos delincuenciales corresponden a una medida sistemática del sindicato o si algunos de sus líderes se sobrepasaron. Es decir, para la OIT una causante de disolución podría recargarse en que toda la organización esté vinculada a un delito grave, por ejemplo.
De demostrarse judicialmente que lo actuado es correcto para la disolución, el sindicato tendría habría poco espacio de maniobrar a su favor para impedir la medida.
Por otro lado, si el sindicato hubiese aceptado donaciones, por ejemplo, estas se deben transparentar, anotar en los libros contables, con detalles del origen, monto y el destino del dinero. De no hacerlo bajo los criterios que rigen para este propósito, el caso podría resolverse por vía administrativa, con penalidades, multas, por ejemplo.
Los dirigentes del sindicato y su equipo legal han alegado persecución sindical, lo que pone el tema en un plano político. Si los abogados del sindicato consideran que las acusaciones de la ministra de Trabajo carecen de sustento, es posible que ya hayan presentado una denuncia o queja ante la OIT alegando que el Ministerio les está endilgando actos criminales sin evidencia, o que el gobierno los está hostigando.
¿Qué pasa con los bienes en caso de disolución según la OIT?
En febrero de 2025, la banca panameña cerró las cuentas del sindicato. Como consecuencia, entregó varios cheques a sus representantes. Luego, en abril, el Ministerio de Trabajo frenó el pago del 2% en efectivo de la cuota sindical que descuenta a los trabajadores el Suntracs. Una práctica que podría caer en un posible “riesgo de blanqueo de capitales”, de acuerdo a las consideraciones del Ministerio de Trabajo.
La OIT señala en este caso, que el dinero debe ser dispuesto provisionalmente en depósito y distribuido entre los miembros de la organización, o bien transferidos a la organización sucesora. Es decir, una organización que persigue los fines para los que se constituyeron los sindicatos disueltos, con el mismo espíritu.
También pueden ser repartidos de acuerdo a sus propios estatutos y cuando no exista una norma al respecto, deberán ser puestos a disposición de los trabajadores.
Recientemente, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz señaló al sindicato de usar la violencia como forma de manifestarse. En concreto, refirió a los hechos ocurridos en febrero, cuando desde el quinto piso del edificio del hospital del Niño, en construcción, se arrojaron tabiques, varillas, objetos contundentes que dejaron 16 unidades policiales lesionadas. Añadió que hubo estafas a 412 afiliados luego de un conflicto laboral que ocurrió en 2012 en un proyecto ubicado en Bocas del Toro, que los tribunales resolvieron a favor de los trabajadores. No obstante, dijo, la cúpula no entregó a los trabajadores los lotes cedidos, ahora valorados en $28 millones
Entre los dirigentes que enfrentan temas judiciales, está el caso de Saúl Méndez, secretario general del Suntracs desde 2010 quien mantiene una orden de aprehensión por supuestos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato. No obstante, el pasado sábado recibió un salvoconducto del gobierno para trasladarse a la república de Bolivia en calidad de asilado, alegando persecución sindical.
Genaro López, Secretario General del Suntracs entre 1990 y 2010 fue imputado por estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos en reciente audiencia ante un juez de Garantías, y cumple detención domiciliaria con brazalete electrónico tras revocarse la prisión preventiva.
Jaime Caballero, secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales del Suntracs enfrenta un caso por presunto blanqueo de capitales y otras infracciones financieras. Fue detenido en la provincia de Chiriquí y trasladado posteriormente al penal de La Nueva Joya bajo detención preventiva mientras duren las investigaciones.
Erasmo Cerrud, secretario de Defensa del sindicato, refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá está acusado de presunta estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita. El gobierno aún no concede salvoconducto para su traslado al país Centroamericano.
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