Contradictorio panorama en conversaciones entre Minera y gobierno

Negociadores vinculados a la mina afirman que las conversaciones avanzan en un 90%, pero representantes del Mici no son tan optimistas

Cobre Panamá emitió un anuncio publicitario en los medios de comunicación en el que asegura haber aceptado las condiciones impuestas por el gobierno en enero pasado. En detalle resaltan la existencia de un nuevo contrato con mayores beneficios: aumento de las regalías hasta 16% de las ganancias; mejorar las protecciones ambientales y laborales, eliminación de las exoneraciones fiscales y el pago de $375 millones anuales al gobierno, está última ha sido la manzana de la discordia.

A este anuncio se añaden las declaraciones a este medio de dos fuentes relacionadas a las conversaciones que aseguran que la “negociación está avanzada”. Al escucharlos hablar se pensaría que las partes están listas para entrar al salón de conferencias para firmar el papel.

Pero cuando se pregunta a los negociadores del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) qué tan avanzada se encuentra la redacción del contrato, si se han superado los temas más álgidos, la respuesta no es tan optimista como la anterior. El gobierno aún observa diferencias con la mina en el aspecto legal y económico que no parecen resolverse a la velocidad que manifestaron las fuentes negociadoras de la mina a este diario.

Ente los faltantes, el negociador del Mici Ebrahim Asvat, enumeró “la parte administrativa, económica, resolver los temas del incumplimiento material sustancial, el impuesto (ITBMS) que deben pagar los proveedores, así como el ingreso mínimo garantizado por las peticiones en créditos fiscales que está haciendo la mina”.

Entre los créditos fiscales que aún quedan vigentes para la mina, según conoció este diario, son por $750 millones y el cálculo en la forma de como se acredita el crédito por agotamiento de la mina, las deducciones por crédito de inversión que la empresa pretende establecer por mil millones de dólares, lo que de alguna manera reduciría el monto del piso de $375 millones anuales que que deben pagar al estado en caso de que la libra del cobre se cotice por debajo de $2.75.

Por otra parte, si el precio del cobre se cotiza por encima del precio mencionado, el estado también pretende recibir más dinero, y con la fórmula que plantea la mina “cuando ganan más no quieren pagar más regalías al estado, nada que aumente el ingreso mínimo garantizado”, describió Asvat.

La empresa solicitó unas protecciones “que están negociadas”, aseguró la fuente relacionada a la mina. “El estado está pensando en qué pasa cuando hay más utilidades, hay algunos detalles que se están viendo pero la empresa ha buscado soluciones. Tienen que terminar de presentar algunas cosas”, añadió.

En las conversaciones también se establecen límites en la exoneración del inmueble de las obras construidas y las que se construyan en el futuro que tengan que ver con la operación minera y una limitación en el derecho de agua.

De acuerdo a las fuentes vinculadas a la mina, el tema de la deducción de impuestos “esta adelantado y lo que queda pendiente debe ser superado a corto plazo”. Incluso una de las fuentes relacionadas a la mina se atrevió de mencionar que las conversaciones han avanzado un 90% con el estado, dando a entender que en cualquier momento pueden sentarse a firmar el documento que por más de un año no han podido plasmar en blanco y negro.

Mientras que se resuelven las diferencias entre las partes, la calificadora Fitch Rating emitió un comentario negativo a la calificación de de incumplimiento de emisor a largo plazo y la calificación senior no garantizada de B+ vigilancia negativa (Rating Watch Negative RWN), debido a la orden del gobierno panameño de poner en cuido y mantenimiento la mina, lo que en palabras cortas significa una suspensión de las exportaciones.

El informe de Fitch explica que se basa en la incertidumbre de las operaciones de la mina Cobre Panamá luego de la disputa que mantiene con el gobierno panameño por la firma de un nuevo contrato de concesión. “Cualquier interrupción importante y prolongada de las operaciones de Cobre Panamá afectaría negativamente el perfil financiero de la empresa y al mismo tiempo debilitaría la diversificación geográfica lo que podría conducir a una reevaluación del enfoque de Fitch para determinar el Techo País aplicable”, se lee.

Lo que está claro es que los desenlaces drásticos, no convienen a ninguna de las partes. La inversión de la canadiense en el istmo representa alrededor del 50% del ingreso de la mina antes de impuestos y el 41% de su producción de cobre en 2021. La sede en Panamá ayuda a una diversificación geográfica más allá de Zambia, que antes de la puesta en marcha de Cobre Panamá generó 80% de la producción y ganancias totales de cobre en 2018. Por otra parte, Cobre Panamá representa el 4% del Producto Interno Bruto de la economía panameña, además de la mayor parte de los ingresos de exportaciones y emplea a 40 mil personas que incluyen trabajos directos e indirectos.

Estas consideraciones hacen pensar a la calificadora “que es muy probable que las partes lleguen a un acuerdo”.