AMP ha retirado 678 buques del registro de naves

En un comunicado con clara alusión a las críticas del republicano Jeb Bush, la entidad enumera una serie de esfuerzos para rebatir sus acusaciones sobre una supuesta ayuda de Panamá a Irán para evadir las sanciones

El registro panameño canceló -entre 2019 y 2022-  del pabellón a 678 buques de su registro desde 2019, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y en línea con los esfuerzos de Panamá para combatir el financiamiento del terrorismo y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, según comunicado de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), lo que de alguna forma busca contrarrestar las aseveraciones publicadas en el Washington Post bajo la autoría del exgobernador republicano de la Florida, Jeb Bush y miembro del Consejo Asesor de la United Against Nuclear Iran (UANI).

Las cancelaciones se efectuaron en forma escalonada. En 2019 fueron 120 abanderamientos, 86 un año después, 237 en el año 2021 y el en 2022 cancelaron 235.

La información fue destacada como un mensaje directo para el republicano, quien en un artículo de opinión publicado en el Washington Post del 16 de enero de 2023 titulado: "Cómo Estados Unidos puede impedir que Panamá ayude a Irán a evitar las sanciones petroleras", acusó a Panamá de ayudar a Irán, adversario de su país, a evadir las sanciones internacionales.

El revuelo entre la AMP y Bush surge días después de que el contralmirante Shahram iraní informara que enviaría la flota naval a los dos estrechos del mundo donde aún no había navegado, uno de ellos es el Canal de Panamá.  

En el escrito Bush asegura que el 39% de los 288 buques que la UANI ha incluido como sospechosos están registrados en la jurisdicción panameña. Buques, según Bush, están en el centro de una red de contrabando que ayudó al régimen iraní a exportar petróleo por el orden de $30 mil millones durante el 2021.

He ahí el reclamo a la AMP, a la que acusa de no atender las solicitudes de los Departamentos del Tesoro y de Estado de su país, como parte de los esfuerzos para determinar posibles vínculos entre los buques petroleros y el transporte de productos que podrían estar relacionados con el financiamiento del terrorismo.

Además, recalca que mantiene una “estrecha colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, y por medio de la comunicación directa con el Departamento de Estado, con respecto al Registro de Buques y otros asuntos de seguridad de importancia compartida.

Las alegaciones de Bush refieren a que desde 2020 la AMP recibió evidencia recopilada por la UANI sobre 130 embarcaciones de interés, pero sólo le quitó la bandera a 18 permitiendo que el resto continúe como mulas para el régimen Ayatollah.

Al respecto la AMP recalcó que ha efectuado investigaciones en torno al cumplimiento de los convenios ratificados por la Organización Marítima Internacional (OMI), historial de propietarios, grupos económicos y una debida diligencia bajo los estándares establecidos y considerando las instrucciones emitidas por el Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Los buques que resulten identificados incumpliendo con la normativa nacional están sujetos a sanciones administrativas y económicas, e incluso a la cancelación del registro ("deflagging")”, se lee en la nota gubernamental. Fuentes extraoficiales indicaron a este diario que la institución mantiene 22 naves con proceso de sanciones.

Es posible que las diferencias entre Bush y la AMP se centren en la velocidad y la efectividad en que la entidad panameña atiende los requerimientos de la UANI en comparación a otras solicitudes.

La información que envía la UANI, según una fuente de la AMP, no es validada por ningún ente estatal y gubernamental. “Recordemos que esta es una organización no gubernamental que consigue información y la disemina sin control. En Panamá se debe respetar el debido proceso y los derechos constitucionales”, añadió a este medio la entidad.

El comunicado también enfatiza que desde 2019 Panamá forma parte del “Registry Information Sharing Compact (RISC)” entre Liberia, Islas Marshall, Belice, Palau, Honduras, St. Kitts & Nevis, Comoros, Vanuatu, Cook Island,  Commonwealth de Dominica, Antigua y Barbuda y República de Moldavia. Entre estos países prima un acuerdo que cuando un registro inicie un proceso de sanción, cancelación, o niegue el registro de una nave debido a una actividad sancionables, debe notificar al resto con el objeto de evitar que se esconda la identidad de la nave o los grupos económicos  que tienen comportamientos desapegados a los intereses de la comunidad marítima internacional.

Lo que no se conoce a detalle es el proceso de investigación que emplea la AMP cuando recibe una notificación de la UANI, y lo que posteriormente le lleva a decidir si mantienen el barco o lo cancelan. Desde la AMP respondieron que se trata de un “proceso interno basado en las violaciones que se pueden evidenciar”.

La institución insiste que en cumplimiento del Convenio SOLAS 1974, emitió la Resolución No. 48 del 19 de agosto de 2019, por la cual se establece sancionar a todas aquellas naves del Registro de Panamá que deliberadamente desactiven el Sistema de Identificación y Seguimiento de Buques de Largo Alcance (LRIT) y/o los equipos del Sistema de Identificación Automática (AIS). Por ese esfuerzo han recibido felicitaciones de Estados Unidos por los logros en desalentar actividades que atenten contra la seguridad de la comunidad marítima internacional.

Pero a pesar de los esfuerzos que realiza el registro de naves más importante del mundo, en su escrito Bush incentiva al congreso estadounidense, ahora dominado por republicanos, a investigar el rol de Panamá “para facilitar la evasión de sanciones, y la administración de (Joe) Biden debe agregar a todos los buques con bandera panameña que hayan transportado cargamentos sancionados, sus propietarios y operadores a la lista de Estados Unidos de nacionales especialmente designados”.

La normativa panameña vigente exige a todas las firmas de abogados conocer el nombre del beneficiario final de cualquier sociedad anónima registrada bajo su bufete.

“Como una especie de departamento de cumplimiento que debe investigar al propietario o al barco, y si ve algo no lo registra. Ahora tenemos que tener la información del beneficiario final, ya no se puede entrar disfrazando con una sociedad anónima”, explicó el abogado mercante con 40 años de experiencia, Ricardo Eskildsen.

ELECCIONES OMI

Hay quienes especulan que los reclamos de Bush tienen que ver con el interés de Panamá en presidir la OMI.  

Bush cuestionó la moral de Panamá al aspirar a una candidatura para presidir la OMI, que renueva la directiva a finales de año para el bienio 2024-2025.

El candidato panameño es el embajador y representante permanente de Panamá ante ese organismo, Arsenio Domínguez, quien fue designado por el presidente Laurentino Cortizo. Este medio se comunicó con Domínguez para conocer su posición ante las críticas de Bush.

Respondió el teléfono pero no respondió a las inquietudes de este diario, y después  cortó la comunicación.

Hasta el momento Estados Unidos no ha manifestado intención de entrar al ruedo. El panameño tendrá que disputar el cargo con la doctora Cleopatra Doumbia-Henry de origen dominicano, y otra candidatura de Bangladesh.

ANTECEDENTES

En Febrero de 2019, la administración de Juan Carlos Varela, bajo decreto presidencial despojó de la jurisdicción panameña a 60 barcos iraníes registrados por lazos con financiación del terrorismo y amenazas a la paz y seguridad.

Posteriormente, la compañía nacional de Tanqueros de Irán registró más de 50 naves cuando Estados Unidos levantó las sanciones en 2016 bajo el acuerdo nuclear con Irán. En 2018 Estados Unidos reimpuso las sanciones contra el régimen iraní.