Panamá ante el desafío de la pesca ilegal

Desde el pasado junio el país forma parte de la Convención de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur que permite el abordaje a cualquier nave sospechosa de pesca ilegal 


El Istmo lidera el Registro de Abanderamiento de Naves en el mundo.


Tras la adhesión de Panamá a la Convención de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur en junio pasado, se pone a prueba la capacidad de las autoridades para responder ante cualquier incidente que involucre a naves sospechosas de participar en actividades ilegales que tengan bandera panameña.

El Istmo lidera el Registro de Abanderamiento de Naves en el mundo, lo que supone dedicar más recursos en personal y/o económicos en caso de una alta demanda de información o investigaciones por operativos relacionados al registro panameño.


Ya tuvo la experiencia del primer caso el 5 de octubre pasado cuando la guardia costera de Estados Unidos, James (WSML 754) completó una operación de lucha de pesca ilegal en un barco con bandera panameña al sur de las islas Galápagos que pertenecía a una compañía asiática. El caso se encuentra bajo investigación de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

El convenio en mención permite que cualquier país miembro puede abordar naves con sospechas de actividad pesquera fuera de los límites nacionales, pero dentro del área delimitada por la Convención de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur que comprende  un cuarto de los océanos globales desde el sur de las islas Galápagos hacia el este incluyendo aguas panameñas.


La inspección por lo general busca determinar si la nave cumple con las 23 reglas para la protección del medio ambiente, especialmente en las especies características de cada región, para permitir su sostenibilidad.


El barco James solicitó permiso al capitán de bandera panameña para abordar la nave, sin embargo, el capitán autorizó el abordaje un día después, a pesar de que bajo las reglas de la convención debería haberlo hecho al momento en que se  anunció. Es ahí cuando se busca el apoyo en el país que abandera el barco, en este caso Panamá.

La inspección por lo general busca determinar si la nave cumple con las 23 reglas para la protección del medio ambiente, especialmente en las especies características de cada región, para permitir su sostenibilidad.

La pesca ilegal e indiscriminada no reportada es una amenaza a la seguridad alimentaria. Más de 40% de la población mundial depende del pescado como parte de su dieta, pero el 20% al 30% de pesca en los océanos se hace de manera ilegal o no reportada. Esto supone pérdidas por más de $20 mil millones anuales. A medida que otras naciones han abusado de la pesca en sus litorales viajan distancias largas para abastecerse en otras partes del mundo, incluyendo en el Pacífico Este y en ocasiones realizan pesca ilegal que puede amenazar la disponibilidad de pesca en países como Panamá, Costa Rica, Ecuador, y países de esta región.


La forma en que generalmente se detectan estos barcos es a través del sistema Maritime,  con tecnología situacional marítima, pero en ocasiones los barcos apagan el GPS.


Los gobiernos de Panamá, Colombia, Ecuador y Costa Rica han desarrollado una visión para el manejo de esos recursos. “Los grandes desafíos que vemos en Panamá es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada que está teniendo un profundo impacto en los medios de vida de los pescadores y la sostenibilidad”, indicó a este medio una fuente de la embajada de Estados Unidos en Panamá.

Combatir este flagelo no es una cuestión de conservación, sino que, en esta región particular, la pesca ilegal tiene serias consecuencias económicas y de seguridad alimentaria. La actividad brinda alimento y empleo a millones de personas en la región, es una fuente importante de ingresos nacionales. Pero también se conoce que las plataformas pesqueras pueden realizar diferentes delitos como tráfico de drogas y de personas.

He ahí el llamado para contar con una respuesta intersectorial incluyendo a los países de la región para crear una gobernanza sólida en el pacífico tropical oriental para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos en la actualidad y para los años futuros. Esto se logra con una gestión pesquera, monitoreo de las embarcaciones y cumplimiento de la ley en el mar.

La forma en que generalmente se detectan estos barcos es a través del sistema Maritime,  con tecnología situacional marítima, pero en ocasiones los barcos apagan el GPS, lo que impide su ubicación. Otro programa empleado en esta estrategia es el Sea Vision que combina información de localización de los barcos con imágenes satelitales. También se realizan patrullajes en alta mar. 

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