Salir de las listas grises, prioridad en la agenda

Para el  ministro del MEF, Héctor Alexander,  es ‘clave’ trabajar en ocho acciones pendientes para superar la evaluación  del Gafi. Abogados piden capacitación para cumplir con la norma 



El ministro Alexander junto a Juan Carlos Araúz.


Uno de los temas principales que están en el escritorio del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, es deslistar a Panamá como país poco interesado en combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. “Es clave”, advirtió en una reunión con el Colegio Nacional de Abogados desarrollada ayer.

El Grupo de Acción Financiera (Gafi) otorgó un plazo hasta febrero 27 del próximo año para que el istmo cumpla la hoja de ruta que se comprometió a implementar para combatir las deficiencias en materia de lavado de dinero.

De quince acciones “hemos resuelto siete, es claro que ya debíamos haber salido de la lista pero el próximo año vamos a avanzar con mucha fuerza de esas ocho restantes”, señaló el jefe de las finanzas.

Los abogados están entre los sectores no financieros que incluye la recién sancionada ley 624 dirigida al fortalecimiento del marco legal de prevención. En este aspecto muchos juristas lanzaron el grito al cielo, especialmente los independientes, los que no pertenecen a grandes bufetes por el corto tiempo para hacer los ajustes a la norma. A este grupo de abogados les cuesta más porque tienen que ponerse varios sombreros: el de cumplimiento, el de defensores, de contadores, en un plazo determinado. Lo que ha causado “incomodidad”, “malestar” en el gremio, según su presidente Juan Carlos Araúz, quien invitó a Alexander a  la casa de los abogados para firmar varios acuerdos con la finalidad de  capacitar a los juristas en el tema.

Alexander no puso peros, al contrario, se ofreció a dar tutoriales y formación para quienes lo necesiten. No quitó el dedo del renglón sobre la determinación del gobierno en salir de las odiosas listas que empañan la reputación del país, no quiere que Panamá sea percibido como si fuera un imán del crimen.

Alexander mencionó que recientemente se reunió con bancos que representan el grueso de la cartera y la agenda principal se concentró en las listas Gafi y lo que representa para los bancos.


Los bancos están preocupados por el último comunicado de la Gafi, “que fue bastante duro, muchos vieron la alerta más fuerte”, subrayó Alexander. 


“En el pasado se perdieron una gran cantidad de corresponsalías y los bancos pasaron mucho trabajo, su preocupación es hacer todo como país para no repetir la experiencia”, resaltó el ministro.

A pesar de ser una nación pequeña, Panamá tiene un centro financiero integrado al sistema bancario internacional, transacciones que facilitan las corresponsalías, de ahí su importancia. Alemania, por ejemplo, ya advirtió a Panamá que no podrá escapar de la ley contra el blanqueo de capitales, además de la necesidad de acabar con la opacidad de las sociedades anónimas.

Los bancos están preocupados por el último comunicado de la Gafi, “que fue bastante duro, muchos vieron la alerta más fuerte”, subrayó Alexander. Por lo que es importante que hacia afuera se proyecte que se está trabajando con un frente unido para hacer las tareas faltantes, incluso los abogados.

“Los abogados aún no reciben el mensaje de aliados del MEF para ayudar a prestar un mejor servicio, sino que lo interpretan como una sanción”, manifestó Araúz, como un acto de sumar esfuerzos para que la ley no sea percibida como una guillotina contra la profesión.

“Hay que verlo como una medicina preventiva”, respondió el titular del gobierno. La imagen del país está empañada y nos hace ver menos competitivos ante la opinión pública internacional “y sabemos lo que viene a través de una amenaza, un instrumento legal que implementará Alemania”, recordó Alexander.  

Los abogados no quieren ser vistos como auxiliares del crimen, sino de la legalidad y convertirse en un servicio eficiente. “Jamás vamos a pretender plantear que la abogacía apadrina una actividad ilegal, está diseñada para auxiliar la legalidad y convertirse en un motor de desarrollo. No es protectora o aliada que aúpa la oscuridad, está dispuesta a dar su cuota, pero el eslabón faltante es trabajar en equipo y no sentir que hay un elemento en contra para cumplir la ley”, zanjó Araúz.

Durante el conversatorio  Araúz también expresó el malestar del gremio por la implementación de la factura electrónica junto a la ley. Sienten que no han terminado de digerir las adecuaciones de la norma cuando se les exige una más. Así que pidieron un aire al ministro, quien dijo haber recibido el mensaje.


“El estado no recauda lo que debería y eso es proporcional a la inversión social en el país. El porcentaje en Chile era de 17%,  mientras que en Panamá es menos del 9% de recaudación”, explicó.


Una coincidencia que pudo haberse interpretado por parte de los abogados como una avalancha de normas que buscan mermar la profesión. Pero Alexander aclaró que es una mera coincidencia. Con respecto a la factura electrónica, Alexander indicó que la presión tributaria es baja. “El estado no recauda lo que debería y eso es proporcional a la inversión social en el país. El porcentaje en Chile era de 17%,  mientras que en Panamá es menos del 9% de recaudación”, explicó.

“Hemos sacrificado una gran cantidad de inversión social y se refleja en las carencias que sufre la población”, concluyó Alexander. 

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