La audiencia de Ricardo Alberto Martinelli y su efecto en Panamá

Se espera que este martes se declare culpable por conspiración de blanqueo producto de las coimas de Odebrecht, pero abogados desestiman su repercusión en una investigación sellada a la espera de audiencia preliminar en Panamá

La duda que surge es si el haberse declarado culpables del delito más serio en Estados Unidos, puede tener algún efecto en el proceso de Panamá. Las respuestas son variadas y reflejan lo ya conocido, la ineficacia de un sistema lento que se suma a una pesquisa complicada y extensa. 

A las diez de la mañana de este martes, Ricardo Alberto Martinelli Linares admitirá frente al juez Raymond Dearie, del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, que junto a su hermano Luis Enrique, conspiraron para blanquear aproximadamente $28 millones producto de las coimas pagadas por la constructora Odebrecht en Panamá entre 2009-2014.  La acusación de la justicia estadounidense, si bien difiere a la panameña en cuanto a la tipificación del delito por tratarse de una conspiración para lavar dinero, en Panamá ambos hermanos se encuentran imputados por presunto blanqueo de capitales producto de las coimas recibidas de la constructora brasileña. En el caso de Panamá, la acusación los califica de autores, no de intermediarios como los estadounidenses, para beneficiar a un alto funcionario gubernamental entre 2009 y 2014.

La duda que surge es si el haberse declarado culpables del delito más serio en Estados Unidos, puede tener algún efecto en el proceso de Panamá. Las respuestas son variadas y reflejan lo ya conocido, la ineficacia de un sistema lento que se suma a una pesquisa complicada y extensa. 

Mientras que en Estados Unidos los hermanos Martinelli esperan unos meses para recibir sentencia, en Panamá el Juzgado Tercero Liquidador fijó fecha de audiencia preliminar para agosto de 2022, luego de haber recibido el expediente de más de dos mil tomos finiquitado con una vista fiscal de casi mil fojas en la que pidió imputación para 50 personas por presunto  blanqueo de capitales. Entre los imputados se encuentran los hermanos en cuestión.

El Ministerio Público aún no ofreció a este medio una respuesta definida sobre el rebote que puede causar en Panamá el caso estadounidense de los hermanos Martinelli. Recientemente el procurador interino, Javier Caraballo, manifestó que la información que tiene el Ministerio Público sobre lo  acontecido en la corte de Nueva York es “incipiente”.

 Dos abogados penalistas consultados por este diario, Juan Carlos Araúz y Cesar Ruiloba, presidente y expresidente del Colegio Nacional de Abogados respectivamente, mermaron cualquier   repercusión, “no influye en nada” para efectos del caso panameño debido a que la fase de investigación concluyó y la fiscalía debe argumentar en base a la vista fiscal emitida. Ruiloba subraya que “técnicamente nosotros no tenemos el delito de conspiración para el blanqueo, sino solo  para narcotráfico”.

En todo caso, Ruiloba considera que en la fase de validación de pruebas, “si la Fiscalía siente que le hace falta algo con respecto a un hecho o corroborar, puede solicitar la asistencia judicial a  Estados Unidos” valiéndose de los tratados suscritos entre ambas naciones.

Araúz recuerda que “los elementos sólo se podían incluir durante la investigación y hay fallos de la CorteS Suprema de Justicia que expresan que todo lo que está fuera del término de investigación es nulo”. Continúa: “Los nuevos elementos que se quiere incorporar no tendrán el peso, porque ya la vista fiscal está en el juzgado. No tiene sentido, hay una investigación terminada y una vista fiscal sellada”.

 No obstante, el abogado internacionalista Francisco Carreira considera la condición de los imputados “le da mérito a la investigación local, ya que son pruebas obtenidas en un proceso en el cual ellos se han declarado culpables”.

ACUSACIONES
La vista fiscal elaborada por la Fiscalía Anticorrupción recoge los señalamientos de la Confederación Suiza que identificó que desde cuentas bancarias de sociedades vinculadas a la constructora se realizaron transferencias a varias cuentas, entre ellas “donde tuvieron conocimiento que (los hermanos) eran los beneficiarios finales (2009 y 2010)”.

“También se desprende de dicha asistencia que al intentar justificar los pagos, los hermanos Martinelli justificaron las transferencias producto de la venta de locales comerciales.

Según las averiguaciones de la fiscalía panameña, los hermanos recibieron en total $8.76 millones en la cuenta Kadair, y 12.3 millones de euros en las empresas Fordel International y Aragon Finance Corp.

Por su parte, la investigación de Nueva York ubicó entre noviembre y diciembre de 2013, dos transacciones que suman más de $900 mil procedentes de un banco de Suiza que pasaron por el sistema financiero de ese estado aunque el dinero terminó en las cuentas suizas. Una tercera operación la detectaron en febrero de ese año por $346 mil procedente de Suiza hacia un banco en Nueva Jersey, mientras que en agosto de 2015 reflejó otra transferencia por $570 mil de un banco suizo a una cuenta en La Florida.

En lo que incumbe a Panamá, lo que deberían hacer las autoridades, según Ruiloba, es continuar con la solicitud de extradición de estos.  

La investigación de Odebrecht en Panamá se efectuó bajo el sistema inquisitivo mixto, lo que representa todo un reto para el tribunal a cargo de lograr al menos la resolución de llamamiento a juicio antes de 2025 para evitar la prescripción de los delitos por blanqueo que contemplan una pena de cinco a doce años de prisión.

El desafío también implica notificar a todos los intervinientes para que asistan a la audiencia preliminar, tomando en cuenta que dos de ellos no están físicamente en el país, al menos hasta mayo próximo estarán detenidos en la prisión federal de Brooklyn, hasta que el juez dicte una sentencia.

En el arreglo propuesto por la defensa de Ricardo Alberto, presentado a la justicia estadounidense, los abogados de Ricardo Alberto pretenden que su cliente pase de cero, como pena mínima de la sentencia, a un máximo de 20 años de prisión.