La Contraloría General de la República determinó perjuicio económico por un monto de $37,160 en el albergue que manejó la Fundación Chilibre Panamá, conocido como Funchipa. Hallazgo que ha sido notificado a la Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Cuentas y Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ésta última encargada de proveer subsidios a estas instituciones.
En febrero pasado, el Mides interpuso una querella en contra de Funchipa por supuesto delitos contra la administración pública, pero lo calculó en $92,722 en el uso de subsidio que otorgó la entidad al albergue durante 2020. Funchipa tomó la administración del albergue de marzo de 2019 a agosto de 2020 cuando pasó a manos del estado. El Mides auditó las finanzas del albergue y detectó tres cheques que sumaban $53mil cuyos gastos aparentemente violaban los lineamientos establecidos en el uso de subsidios.
La entonces directora de este albergue, Xenia Medina, alegó atrasos en el pago de los subsidios, $50 mil mensuales, que dividía en $30 mil para salarios y el resto para los gastos regulares.
La Contraloría añadió que mantiene abierta otra investigación por el uso de fondos públicos en el albergue Arturo Miró, ubicado en Chiriquí.
En la labor de análisis sobre el uso de fondos públicos, la Contraloría identificó a Aldeas Infantiles S.O.S como un ejemplo de buenas prácticas.
En cuanto al diagnóstico de lo hallado en las encuestas realizadas a 53 albergues a nivel nacional, este trabajo se encuentra en la fase final para presentar las recomendaciones de las mejores prácticas a la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, SENNIAF, y al Mides, para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes institucionalizados.
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