Las transcripciones de los audios del testigo protegido de la Fiscalía muestran como el diputado panameñista juntó pruebas para denunciar a su adversario por varios delitos.
El debate sobre la posible libertad del expresidente Ricardo Martinelli, a punto de cumplir un año detenido, empieza a ser un tema recurrente en las sesiones del juicio contra el exmandatario por pinchazos telefónicos. La defensa adelantó que este martes solicitará al tribunal de juicio liderado por el juez Roberto Tejeira, se conceda libertad a su cliente quien ha pasado un año detenido preventivamente.
Corresponderá entonces al Tribunal valorar el choque de argumentos entre la defensa, que alega que el 11 de junio se cumple con el término de detención preventiva, y la fiscalía que alega intimidación por parte de la defensa con fotografías a los fiscales y demandas pecuniarias.
Este miércoles el Tribunal escuchó, por lectura del testigo protegido de la fiscalía, 20 correos del mes de diciembre de 2012 y 15 de enero de 2013 contenidos en el correo [email protected] que el propio testigo guardó el 5 de agosto de 2014 en un disco compacto que entregó a la Fiscalía Auxiliar.
Algunos de estos correos eran transcripciones de audios que grabó el testigo protegido mientras trabajó en un grupo cerrado -integrado por dos personas más, Rony Rodríguez y William Pittí- en el Consejo de Seguridad y que obtuvo con el sistema Pegasus, capaz de escuchar conversaciones telefónicas, el audio ambiente donde se encontraba el objetivo, e incluso revisar sus correos electrónicos.
Varios de ellos correspondían a audios ambientes de pláticas del diputado José Luis 'Popy' Varela del panameñismo, un blanco del Consejo de Seguridad, en lo cuales se escuchaba a Popy decir que se encuentra recopilando evidencias para querellar a su colega, el diputado Heriberto Yunito Vega del partido Cambio Democrático (CD) circuito 6-2, del mismo circuito que Popy.
El 10 de enero de 2013, Popy conversó con un hombre no identificado quien le comunicó que 'Herber' sugería hacer una recopilación de los videos en los que aparecía Yunito entregando electrodomésticos a pobladores de su circuito.
Planeaban también agrupar testimonios de los representantes de circuito diciendo que habían recibido $10 mil del entonces partido oficialista para armar una querella robusta. Ambos refieren que para estas compras se empleaban fondos públicos y que irían a los medios de comunicación para difundir los videos.
Aunado a esto, concentrarían esfuerzos en revisar las bolsas del Programa de Ayuda Nacional (PAN) que entregaba Yunito para comparar su contenido con las que regularmente otorgaba esta institución para luego cuestionar al diputado.
Aunado a esto, Popy cuestionaba los proyectos que había gestionado Yunito a través del PAN.
En 2014, cuando Juan Carlos Varela, hermano del diputado panameñista, subió al poder, una de las primeras reuniones que sostuvo Rogelio Saltarín (q.e.p.d.), el abogado del presidente contratado por el Ejecutivo para coordinar las querellas sobre irregularidades en la administración Martinelli, fue para recolectar esta información. Lo anterior forma parte de la investigación efectuada por La Estrella de Panamá conocida como la Procuraduría Paralela, en la que se denunció la desviación sin precedentes del Consejo de Seguridad, convertido en un instrumento de persecución política y alquimista de casos judiciales puntuales.
La firma de Saltarín centró esfuerzos para recolectar información de Yunito por un contrato de recolección de desechos hospitalarios; ordenes otorgadas irregularmente por la compra de arroz con sobre precios; prestación de servicios de transporte de helicópteros y ordenes de compra para máquinas podadoras y de bolsas de comida.
Dos de ellos fueron sobreseídos en primera instancia por los juzgados de circuitos.
En la sesión del miércoles del Juicio Oral contra Martinelli, el testigo protegido también narró otros correos que obtuvo de la cuenta de correo de los fundadores del Partido Revolucionario Democrático Mitchell Doens, Francisco Sánchez Cárdenas y la diputada del mismo colectivo Zulay Rodríguez. Con respecto a la última aparecía un convenio de no agresión firmado con el constitucionalista Italo Antinori, en el que ambos se comprometían a retirar cualquier acción legal para demandarse entre sí, y a no atacarse en público.
Solo un correo se revisó a puerta cerrada que consistía en una conversación entre Popy y su esposa.
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