Las respuestas que otorga Panamá a las asistencias internacionales que investigan casos de blanqueo por lo general son incompletas, innecesarias e inconsistentes.
Los estadounidenses pusieron en la mira la forma en que Panamá investiga los casos de blanqueo de capitales y la colaboración que brinda a otros países.
En este sentido, detallan que los oficiales de banca por lo general proveen un mínimo análisis de transacciones sospechosas temiendo hacerse responsables, y algunos notifican a los ejecutivos del banco o a sus clientes sobre las investigaciones y estas acciones no están tipificadas en la ley.
Las autoridades encargadas de hacer estas supervisiones tienen pocos recursos, esto refiere a personal calificado con experiencia en el campo. Algunos supervisores no pueden tener acceso a transacciones sospechosas por la confidencialidad de la ley lo que hace más difícil examinar y reportar los problemas. Pues, la protección de la confidencialidad del cliente es muchas veces más poderosa que las autoridades que realizan las investigaciones. Esto hace que el sistema financiero sea vulnerable para actividades criminales principalmente a las débiles costumbres, aplicación y supervisión limitada de las transacciones.
El sistema judicial es otro componente que por falta de recursos obstruye una investigación de los delitos de lavado de dinero y por consecuencia lo deja expuesto a la corrupción. Entre enero y agosto de 2016 hubo 34 investigaciones por lavado de dinero pero aún sin sentencia. Pero la mayoría fueron por enriquecimiento injustificado a políticos, más no producto de investigaciones contra carteles o su desmantelamiento.
En 2016 Estados Unidos compartió asistencia técnica y entrenamiento con personal de este país a sus pares en otras regiones para construir capacidades y conocimiento de las leyes y los intereses de seguridad del norte.
En aduanas, una herramienta que se utiliza para detectar movimientos sospechosos a través de el Programa Unidad de Transparencia Comercial (TTU por sus siglas en inglés) como una de las herramientas que críticas que intercambia datos que permiten identificar transacciones que realiza el crimen organizado utilizando esquemas de repatriación generadas por múltiples actividades incluyendo droga, tráfico humano, fraude aduanal, transgresión de la propiedad intelectual entre otros. Programa del que Panamá no tiene provecho, pues los datos que emanan de esta herramienta son analizados en su totalidad por los norteamericanos y no se comparten con las autoridades por temor a filtración de información o corrupción, según investigó este diario.
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