Las estadísticas delictivas del Minseg no cuadran

El Ministerio de Seguridad indica que en el 2016 se registraron 35 mil delitos de alto impacto, pero la encuesta de victimización indica que un 17% de la población fue víctima de un delito en los últimos 12 meses

Las estadísticas que engloban los delitos comunes no están claras. El Ministerio de Seguridad (Minseg) reporta que en el año 2016 hubo 35 mil delitos de esta naturaleza (hurto, robo con violencia, disparo con arma de fuego, riñas, homicidios empleo de arma blanca, violencia doméstica, lesiones personales. las que más afectan a la ciudadanía).

No obstante, la encuesta realizada por el propio Ministerio de Seguridad y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría de la República (que debe publicarse próximamente), adelantó que el índice de victimización en 2016 fue de 17%.

Extrapolando este porcentaje a la totalidad de la población, 4 millones de habitantes, revela que 680 mil personas dijeron haber sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. Un número 20 veces más alto sobre la cantidad de delitos que señaló el viceministro Jonathan Del Rosario en una entrevista a este diario.

¿Cómo se explica esta abismal diferencia? Del Rosario responde que se trata de delitos no denunciados. La cifra negra de la cual las autoridades no tienen registro y que la ciudadanía no se anima a denunciar por razones varias, una de ellas es porque piensan que “no sirve de nada denunciar”, o que “nadie va a investigar y quedará impune el hecho”.

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) reveló que el 76% de las víctimas no denuncia el delito, por lo que las estadísticas delictivas sólo reflejan el 24% de la actividad criminal.

El viceministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, reveló en una entrevista otorgada a El Polígrafo, que en 2016 se registraron 35 mil delitos de alto impacto.

Las cifras demuestran que las autoridades no han logrado “controlar” los delitos comunes como lo han hecho con los homicidios en los que sí ha registrado una baja sustancial, y que las autoridades atribuyen al programa Barrio Seguro.

Pero los homicidios representan solo el 1% del universo de los hechos delictivos, ¿qué dicen las autoridades del 99% restante? El interés del Gobierno en centrar la atención en los homicidios hace sospechar que las cosas no andan bien en otras áreas, lo que conlleva un círculo viciosos en la forma de atender la delincuencia en nuestro país.

CIFRAS DE VICTIMIZACIÓN
En el 2013 la encuesta de victimización registró un 16% y el 2010 fue 10%. En otras palabras, en un período de 4 años, el nivel de victimización aumentó en 90% (casi el doble), lo cual es consistente con las estadísticas delictivas reales, que entre el 2010 (43,920 delitos) y 2014 (65 mil delitos) aumentó en 48%.

El nivel de victimización en el 2014 fue del 19%, es decir, una de cada 5 personas dijo haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses.

Tomando en cuenta la última cifra de 65 mil delitos registrados en el 2015, llama la atención que el Minseg haya logrado reducir a la mitad la estadística.

¿Cómo lograron esto? preguntó La Estrella de Panamá a Del Rosario. “La estrategia de seguridad se va afinando, esto es en función del comportamiento de la criminalidad. Todas las semanas el presidente, éste servidor y el ministro Alexis Bethancourt y los estamentos de seguridad, nos reunimos para analizar el comportamiento de la criminalidad a nivel nacional. En función de ese comportamiento -porque la bandas se movilizan de un lado a otro- nosotros vamos corrigiendo y afinando”, respondió.

A esta cuestionada estadística hay que agregar un factor determinante: la exclusión social de los jóvenes entre 15 y 29 años versus la reducción del número de pandillas y pandilleros en las calles gracias al programa Barrio Seguro.

Ayer, el ministro de seguridad Alexis Bethancourth anunció la cancelación del programa en la provincia de Colón, estremecida recientemente por algunas balaceras. En su lugar, indicó que actuarán con “mano firme” para quienes no cooperen con las autoridades.

Añadió que dejará las “manos tibias y actuará en todo momento contra las pandillas”. Una muestra de la vulnerabilidad del programa Barrio Seguro.

EMPLEO VS DELINCUENCIA
El éxito del programa Barrio Seguro depende de la reinserción y sostenibilidad del empleo que tengan los jóvenes participantes. Hasta ahora, la ciudadanía obtiene los resultados que divulga el ministerio. La entidad no ha avalado sus cifras con alguna organización independiente especializada en el tema.

La contradicción en las cifras que divulga el Gobierno salta a la vista. Registran un aumento en la delincuencia a pesar de que hay menos pandilleros en las calles, lo que indica que hay otros factores detrás del auge delictivo, que nada tienen que ver con el número de pandilleros que inciden principalmente sobre el delito violento, y que no se están atacando.

René Quevedo, consultor en temas empresariales muy compenetrado con el factor juvenil, explica que la caída del protagonismo juvenil en la expansión del empleo es una de las principales causas de la escalada delincuencial.

Recuerda que en “2004 se crearon 40 mil empleos juveniles estables y se registraron 18 mil delitos, mientras que en el 2014 se perdieron 10 mil y se contabilizaron 65 mil actos delictivos”.

“Entre 2012-2014 se crearon 57 mil empleos juveniles menos y aumentaron en 21 mil delitos más”, agrega Quevedo.

El consultor acentúa la paradoja de “menos homicidios, más delicuencia” en tiempos de crecimiento económico y generación de empleo, pero con la exclusión de los jóvenes.

El programa Barrio Seguro del Minseg es un esfuerzo por resocializar a los jóvenes en riesgo. No obstante, la resocialización no se traduce en reinserción, son cosas distintas.

El tema debe centrarse en crear oferta, capacitar es una vía pero los empleos deben ser sostenibles. Hasta el momento Barrio Seguro emplea a jóvenes en proyectos de construcción y unos cuantos en la minería. Los primeros son trabajos temporales, no reflejan una sostenibilidad en el empleo.

¿Quién monitorea a los jóvenes que se quedan sin trabajo y que participan en el programa Barrio Seguro? El viceministro responde que lo hacen “a través de la unidad antipandillas de la Policía Nacional y de las zonas policiales en los distintos sectores”. Sin embargo, no logró identificar un equipo de gente dentro del Minseg que haga esta labor. Asegura, no obstante, que la oficina compuesta de 50 personas de Barrio Seguro en el Minseg, se encarga darle seguimiento a los jóvenes, “estamos haciendo un gran esfuerzo de la mano de organismos internacionales como la OIT”, añadió.

Estos muchachos tienen que competir por las plazas de trabajo con otros mejor preparados y con menos riesgos sociales.

Quevedo subraya que cada año 88 mil jóvenes de 30 años culminan programas formativos y buscan trabajo, de ellos 21 mil son universitarios. A éstos se suma el 50% de los estudiantes que no culmina la secundaria, e incluye el 95% de alumnos de estratos humildes que sí la completan pero se ven forzados a buscar un sustento. Estos jóvenes compiten por obtener una de las casi 6 mil plazas nuevas de trabajo.

Pero los nuevos empleos que genera la economía exigen 45 años de edad y 13.3 de escolaridad. “Los adultos consiguen empleos, los jóvenes camarones”, dice Quevedo.

Si los índices de exclusión social de los jóvenes, los niveles de victimización de la población y la percepción de inseguridad están en aumento, insistir en que la delincuencia (número total de delitos) está bajando no tiene mucho sentido.

A Giuseppe Buonaiuto, presidente de la asociación de profesionales de seguridad, le parece inexplicable el resultado del Minseg. “No sabemos cómo manejan las estadísticas, y no se debe escapar que más del 70% de las víctimas no denuncian el hecho por falta de credibilidad en la certeza del castigo o porque tienen miedo a represalias por posibles filtraciones de las autoridades. Si más de 600 mil personas pasan por un delito común, es imposible que solo 35 mil personas hayan sido víctimas”, dice.

Para minimizar los delitos se requiere de la colaboración de la ciudadanía. La población muchas veces queda muda ante un hecho, el manejo de los casos en tecnicismos suprimen el interés de la víctima en la denuncia.

“Se requiere de un plan estructurado que involucre a quienes tienen que ver con la seguridad, empresas de agencias de seguridad y la ciudadanía, que ponga en práctica proyectos pilotos. No son soluciones inmediatas, pero no ha habido la voluntad política de querer iniciar”, añade Buonaiuto.

Del Rosario cree que el plan de gobierno atacará los factores de riesgo de jóvenes delincuentes.

“Los factores de riesgo son la marginalidad, la exclusión, la pobreza, el acceso al crimen organizado que genera violencia, el tráfico de drogas. Entonces, en función de eso, el plan de seguridad del presidente Varela se complementa con el plan de gobierno. Por supuesto que al tener más de 19 mil millones de obras públicas de inversión generando empleos empieza a bajar la cifra”, indicó.