Corte Suprema no revela detalles sobre nombramientos

La Apademar interpuso un Habeas Data en contra de José Ayú Prado que lo obliga a revelar los criterios empleados en el nombramiento de jueces y magistrados de los Tribunales Marítimos y de Apelaciones

Los abogados que litigan asuntos marítimos tienen más de un año y medio solicitando que la Corte Suprema de Justicia les informe con cuáles criterios se nombró a los magistrados del Tribunal de Apelaciones Calixto Malcom, Gisela Agurto y María Delgado, y a las juezas del Primer y Segundo Tribunal Cristina Ciniglio y Minela Morcillo y sus respectivos suplentes.

Este es un asunto de transparencia elemental sin resolver. En junio de 2013, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) solicitó en nota formal al presidente de la Corte, José Ayú Prado, sustente que los nombramientos efectuados se hicieron en apego a la Ley 8 de 1982.

Lucha entre magistrados desacredita a la Corte

El magistrado Harry Díaz acusó ayer a José Ayú Prado y a Luis Ramón Fábrega de haber fraguado su derrota a la Presidencia del Judicial. Ayú, en respuesta, pidió a la Asamblea Nacional interrogar a su otrora aliado

Los fuegos en la Corte Suprema de Justicia parecen apagarse con gasolina. La gresca entre dos magistrados “peso pesado” han dejado aflorar “lo más salvaje” del alto tribunal de justicia.

Y es que las profundas diferencias entre José Ayú Prado, presidente de la Corte, y Harry Díaz, dos veces frustrado aspirante al cargo, ya no son un secreto. Aunque algunos magistrados prefieren pisar con cuidado en este terreno minado, la refriega ha saltado a los medios y en el Palacio Gil Ponce todos llevan “pintura de guerra”.

José Ayú Prado: "Con mi elección no se violó una sílaba de la Constitución"

El magistrado presidente sostiene que su reelección no estuvo fuera del "ritual" que sigue la Corte. "Nadie impugnó y no hay nada que hacer", dice. Ayú Prado desestima también las críticas de la sociedad civil en su contra

El presidente de la Corte, José Ayú Prado, dice saberse al dedillo cómo debe comportarse un magistrado del Órgano Judicial. Admite que cada uno de sus ocho compañeros tiene una forma distinta “de externalizar sus ideas y sentimientos”. Esto, en clara alusión a las declaraciones de su compañero Harry Díaz, quien lo acusó de traición por no haberlo respaldado en su candidatura a la presidencia, cargo al que aspira Díaz desde 2013.

Humbert y Arango exigen $54 millones de fianza a Seguros Suramericana

El Mida y la Contraloría reclaman la fianza de pago anticipado y la de incumplimiento en el caso de Riego de Tonosí, que debió ejecutar Hidalgo & Hidalgo

El 15 de diciembre llegaron varias cartas al despacho de Jorge Mejía Delgado, presidente ejecutivo y apoderado de Seguros Suramericana en Panamá. Las misivas provenían del escritorio del Contralor Federico Humbert y del despacho del ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Jorge Arango.

Se trata de documentos meramente protocolares antes de que el Mida sobrepase el plazo para presentarlos, de lo contrario, perdería las fianzas.

México aprueba extradición de integrante del cartel de Sinaloa

Las autoridades mexicanas han dado luz verde a la extradición a Panamá de Wendy Larrañaga, de nacionalidad mexicana, que supuestamente pertenece al cartel de Sinaloa. Según una fuente de judicial consultada por este diario, una delegación de funcionarios panameños se alista para viajar a México y culminar los trámites.

“En septiembre de 2013, la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscal Especializada en Delitos relacionados con Droga, desarrollaron actividades para desarticular la estructura de narcotráfico a nivel internacional”, manifestó la fuente judicial. Al momento de la operación, Larrañaga huyó al país azteca, donde ahora está en resguardo de las autoridades.

Directora de Senniaf no responde el informe de la Comisión Evaluadora

Durante la conferencia, Idalia Martínez se retiró a su oficina e ignoró las preguntas sobre el informe que revela serias deficiencias administrativas

Idalia Martínez, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ha prescindido de los servicios del personal que ocupa las primeras tres líneas del organigrama de la entidad; subdirector, secretario general, y asesor legal. Cuenta con 8 trabajadores sociales, 8 psicólogos, un abogado y un captador de datos, lo que centraliza todos los trámites. Desde que tomó posesión en julio de 2014, según fuentes consultadas por este diario, Martínez desmembró varias direcciones, entre ellas la de Protección al Derecho a la Convivencia Familiar que lideraba un abogado especializado en la materia. Este medio pudo constatar que la oficina de Planificación y Administración la dirige una exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, al igual que la Dirección de Atención y Servicios Sociales Preventivos. Recientemente la Junta Directiva de la Senniaf nombró una Comisión Evaluadora de la Adopción y la Normas de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que concluyó que la Senniaf “no contaba con una estructura administrativa acorde con principios de eficiencia y eficacia basados en normas vigentes”.

Presentarán irregularidades ante Naciones Unidas

”El presidente Juan Carlos Varela debe cumplir con la niñez panameña, él firmó un pacto en septiembre de 2014 junto a todos los candidatos y no ha honrado el compromiso de diez puntos que rubricó. Ni siquiera se ha pronunciado al respecto, no hay la más mínima intención de cumplir con eso”, reclama Juan Carlos Córdoba, del Observatorio de los Derechos de la Niñez. Córdoba considera que el Estado está en deuda con la niñez y juventud panameña. Asegura que poco se ha cumplido desde que el Comité de Derechos del Niño en las Naciones Unidas presentó recomendaciones al Estado durante la 58 periodo se sesiones.

Describe que en la próxima reunión en Ginebra, denunciarán las irregularidades detectadas en el proceso de adopciones. En especial, manifiesta Córdoba, dejará plasmada la poca investigación que realiza la Senniaf antes de institucionalizar a un menor.

Informe de la Comisión Evaluadora

El informe de 43 páginas elaborado por la Comisión Evaluadora de la Adopción y las Normas de Protección de la Infancia y la Adolescencia del año 2009 al 2015, establece que en la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ‘se persiste en la práctica de considerar la pobreza como un elemento para perder la patria potestad del menor.

Según el estudio, la Secretaría no es capaz de articular los programas de asistencia familiar, lo que viola la ley y va en contra de los intereses del menor.

Las cifras de la Senniaf no se sostienen, alertan los expertos

La institución presentó unas estadísticas que avala la directora, pero no pueden verificarse y tampoco ofrece expedientes que sustenten sus acciones. Especialistas en el tema sospechan que son datos “abultados”

En la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), los números "solos" no cuentan. La directora de la entidad, Idalia Martínez, rindió informe de gestión sobre su administración, desde que ocupó el cargo en julio de 2014, pero la información presentadas ha levantado las sospechas de los especialistas.

Martínez indicó que en su periodo se han atendido 5,521 casos de menores en riesgo social, cantidad aparentemente sustanciosa, pero que no deja de ser solo un número sin la explicación completa de cada caso y la descripción de cómo fueron atendidos esos menores.

Buko millonario: Fiscal pide anular orden de la Corte

Ruth Morcillo solicita se levante mandato de la Corte que suspende investigación a Martinelli Linares

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejar sin efecto una resolución que suspende una investigación a Ricardo Martinelli Linares, por el caso del Buko Millonario.

A través de una solicitud especial emitida el 29 de diciembre de 2015, Morcillo pidió levantar el mandato de la máxima magistratura de justicia, según una nota de la Secretaría de Comunicación de la CSJ.

El 30 de noviembre de 2015, el fallecido magistrado Gabriel Elías Fernández, firmó la resolución que ordenaba a la funcionara de instrucción del Ministerio Público suspender las pesquisas contra hijo del exmandatario, tras haber admitido un Amparo de Garantías interpuesto por la defensa.

Presunto delito: Querellan por fraude a Grupo Unidos por el Canal

Las instancias arbitrales que tienen como método de solución del contrato, no pueden ser utilizadas para legitimar sumas falsas. Las declaraciones del Administrador de la ACP motivaron la denuncia

El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) fue querellado ayer por posible delito contra el patrimonio del Estado. La demanda la presentó el vicepresidente del Colegio de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz, quien actuó a título personal.

Reclamos efectuados por GUPC a la ACP

Los reclamos de Grupo Unidos por el Canal, encargado del diseño y construcción de la ampliación de la vía interoceánica, totalizan los $3,400 millones, según fuentes de la Autoridad del Canal de Panamá.

El proyecto licitado por $3,118 millones, sin incluir los años de mantenimiento y los cargos por escalamiento, no tiene una fecha oficial de inauguración a pesar de que el contratista debía entregar la obra a principios de noviembre de 2014 tal como lo estipula la fecha de finalización contractual.

Corte suspende investigación de ‘Buko’ Millonario

La Corte admitió un recurso legal que ordenó a la Fiscal Ruth Morcillo interrumpir los trámites bancarios que evidenciarían las acusaciones contra Ricardo Martinelli hijo. El tiempo de las pesquisas ya venció

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia admitió el pasado 30 de noviembre un Amparo de Garantías presentado por la defensa de Ricardo Martinelli Linares en el caso Buko Millonario.

El recurso legal suspende, por tanto, la tramitación que adelantaba la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que pretendía girar oficios a 26 bancos de la localidad para evidenciar las acusaciones contra Martinelli Linares por presunto delito contra la administración pública en las presuntas irregularidades del contrato otorgado por el Estado a favor del Grupo Inversión Mundial (GIM) para la operación del bingo televisivo “Buko Millonario”.

"Martínez monopoliza la Senniaf e impide el avance de los proyectos"

Según fuentes relacionadas al proceso de adopciones, Idalia Matínez, directora de la Senniaf, centraliza las decisiones y obstaculiza la ejecución del presupuesto. Panamá carece de una política de infancia

Existen 2,300 menores de edad que viven en albergues cuyo estatus legal no está definido. La situación, según especialistas en la materia, es producto del “excesivo centralismo, la nefasta organización en materia de adopciones y la paupérrima estructura institucional que prevalece en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)”, a cargo de la licenciada Idalia Martínez.

Los menores que han sido abusados, maltratados o abandonados desconocen si se encuentran en estado de adoptabilidad o si las autoridades han ubicado a algún miembro de su familia extendida que pueda hacerse cargo de ellos.

Casos de adopción sin seguimiento

El informe de la Comisión Evaluadora de la Adopción y las Normas de Protección a la Infancia y Adolescencia efectuado en mayo pasado reveló serias deficiencias, tanto en los procesos de adopción como en la implementación de políticas de niñez.

Entre las consideraciones menciona que “no se cuenta con un plan estratégico de la institución para dar contenido y seguimiento a los programas que son de obligatorio cumplimiento”.

La pobreza, excusa para separar a padres e hijos

Excesivo centralismo, falta de transparencia e implementación de medidas al márgen de la Ley en detrimento de los derechos de los menores

Al margen de la ley, la institución que tiene como propósito velar por la familia, despoja a los más pobres de su único patrimonio: sus hijos, su descendencia.

Por el simple hecho de ser pobres, en su vulnerabilidad, se convierten en presa fácil de la falta de control y la discrecionalidad de funcionarios sin escrúpulos.

Un informe de 43 páginas elaborado por la Comisión Evaluadora de la Adopción y las Normas de Protección de la Infancia y la Adolescencia del año 2009 al 2015, establece que en la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) "se persiste en la práctica de considerar la pobreza como un elemento para perder la patria potestad del menor".