Anteproyecto obliga a la Corte a fallar en tres meses

El proyecto de ley por el cual se reconocen prestaciones laborales para los servidores público pasó primer debate en la Asamblea Nacional.

En este proyecto se contemplan dos figuras importantes; la indemnización que será calculada con la figura del artículo 225 del Código Laboral, que se estima una escala pro rateada por cada año trabajado, y la prima de antigüedad que se pagará con base a cada año laborado una semana de salario.

En su artículo dos el proyecto incluye a toda persona nombrada permanente o eventual en cargos del Órgano Ejecutivo, entidades autónomas y semiautónomas, y en general. Lo que indica que todos los funcionarios de la CSS, la Asamblea Nacional, docentes, entidades financieras del Estado se incluyen en estas prestaciones.

Lo que aún no incluye el anteproyecto es algo fundamental; el financiamiento de los pagos que tendrá que hacer el Estado al servidor público en caso de que el reclamo resulte injustificado.

Explica mas bien la forma en que se realizarán los reclamos y los tiempos en que se deberá dar una respuesta al afectado; quienes hayan sido despedidos injustificadamente, sus prestaciones deberán ser canceladas en un plazo de tres meses de haberse ejecutoriado la sentencia. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya hecho efectivo el pago, el afectado solicitará a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, que haga saber al Banco Nacional que debe poner de la cuenta del Estado do de la institución correspondiente , a la orden del mismo Tribunal, una suma equivalente al monto de la ejecución, a lo que debe proveerse dentro del plazo de un mes. Una vez confirmada la orden por el Banco Nacional el Tribunal podrá dará la orden de pago. un proceso sumarísimo de tres meses en el que la Corte deberá resolver las apelaciones o reclamos que lleguen a estos despachos.

Hasta el momento la ley no contempla financiamiento o la forma en que se deben realizar los pagos; mensual, anual etc. Tampoco se agregó, aunque se planteo la posibilidad de crear una especie de comisión orientada a negociar y conciliar entre las partes para agilizar el proceso.

El anteproyecto obliga a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo a fallar en un periodo máximo de tres meses este tipo de reclamos. En caso de que no se emita un fallo en este periodo de tiempo, se le dará la razón automáticamente el servidor público.

La experiencia indica que este tipo de reclamos ante lo Contencioso Administrativo toman años, tiempo en el que se acumulan los salarios caídos que en caso de que el fallo sea favorable deberán pagarse al afectado. Como resultado se han tenido que hacer pagos cuantiosos a causa de la demora judicial.

La idea, según Darío Falcón, Vice Ministro de Trabajo y Bienestar Social el proyecto busca hacer justicia social a los funcionarios públicos, así como en la empresa privada los trabajadores cuentan con este tipo de prestaciones. "Hay personas que hacen su vida en una carrera gubernamental y no es justo que se les despida sin indemnización, o con una compensación económica" indicó el Vice Ministro.

Según el funcionario, los servidores públicos están cansados de vivir una zozobra en cada cambio de gobierno y éste proyecto pretende ofrecer mas estabilidad a los funcionarios en ese sentido.

Los diputados de la oposición, sin embargo, consideran que este proyecto tiene la finalidad de que el nuevo gobierno se amarre a los funcionarios nombrados por ésta administración que también están inscritos en el colectivo. Las sospechas se acentúan por el tiempo en que se presenta este anteproyecto, a un año de culminar la administración Martinelli.

El anteproyecto fue aprobado con cinco diputados, uno se ausentó por una emergencia pero se informó que había firmado el acta avalando su voto. Por mas de dos horas no hubo cuorum en el salón de presupuesto de la Asamblea Nacional donde se inició el debate.