martes, 18 de febrero de 2020

DIJ, Ministerio Público y Órgano Judicial cumplen parcialmente estádares internacionales, según informe TI

La Fundación Libertad Ciudadana, capítulo Transparencia Internacional publicó los resultados en relación al cumplimiento de los estándares internacionales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que se compilan en el informe Crimjust, trabajo efectuado en siete países.

En cada caso se identificaron las falencias y recomendaciones puntuales y se evaluó si cumple o no con los estándares internacionales que proveerían herramientas para trabajar con eficiencia.

“Si bien las instituciones cumplen con la ley nacional, hay una brecha entre la mejor práctica y el estándar internacional, y lo que se busca es trazar una hoja de ruta”, indicó Olga Ovaldía, de TI.

En este ejercicio, se midió la supervisión interna, relación con la sociedad, transparencia, protecciones, capacidad e independencia.

Por ejemplo, en la DIJ se hace énfasis en la necesidad de publicar la ejecución del presupuesto por el rol que desempeña en las pesquisas contra el crimen organizado. Se detectó la necesidad de crear un organismo externo para controlar y supervisar las conductas indebidas.

Apunta a que existen demoras en responder las solicitudes de información o se invocan restricciones.

El ejercicio demostró que la DIJ carece de protocolos que brinden orientación sobre cómo y cuándo hablar con los medios. Es una tarea sujeta a la decisión del director y ningún agente policial o investigador puede exponer información a los medios o en las redes sociales.

La Dirección de Responsabilidad Profesional, encargada de investigar al personal, parece ser todo un misterio. Sobre la imparcialidad, “como resultados de diversas entrevistas, enuncian que existe parcialización y nula objetividad en los procesos disciplinarios que se inician contra unidades policiales de alto rango de la Policía Nacional”, se lee en el documento.

En cuanto al Ministerio Público, resalta que la evaluación de desempeño de los fiscales y la estructura de ascensos no se basa en factores objetivos profesionales, sino en la discrecionalidad del jefe inmediato. Aunado a esto, son nombrados sin que medie un proceso de convocatoria pública, imparcial.

A pesar de haber doblado el presupuesto por la entrada del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la investigación revela que son limitados los recursos financieros, humanos y de infraestructura.

Cuestiona la interferencia de los poderes económicos, políticos, mediáticos, empresariales y de la banca tratando de impedir que las investigaciones sean concluidas, como en el caso Odebrecht. La encuesta sugiere iniciar investigaciones penales contra quienes interfieran en dichas investigaciones.

Recoge la labor del Consejo Disciplinario como organismo encargado de investigar las denuncias administrativas, ente que debería ser un órgano asesor y decisorio con profesionales a cargo.

En cuanto al Órgano Judicial, el documento recuerda que el 15% de los servidores está en la Carrera Judicial que falta por implementar por los constantes recortes al presupuesto de esta entidad.

Recomendó establecer un cronograma a corto plazo para la selección de jueces en el SPA.

Además, exigir una autonomía financiera del 3% del Presupuesto General del Estado para cumplir con las leyes existentes. Lograr la participación de esta entidad en el Pacto de Estado por la Justicia y el Consejo Judicial, para fortalecer los mecanismos de protección de víctimas, testigos y colaboradores. Sobre los jueces, sugiere establecer protocolos para garantizar la protección de éstos cuando estén bajo amenaza e incluir los datos del crimen organizado y procesos disciplinarios y éticos contra funcionarios del OJ.

La mala administración de los recursos estatales, según el informe, es una muestra de que el 68% de los privados de libertad estén sin condena.

Una de las principales amenazas contra Panamá, por su posición geográfica es el crimen organizado. Además de que no existe aún una encuesta que revele si los grupos criminales ejercen o no amenaza directa en el gobierno y la empresa privada, el país se encuentra en la línea de tránsito para el paso de la cocaína hacia el norte.

Los índices de corrupción por su parte nos colocan en la posición 37, como uno de los países menos transparentes.

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