martes, 8 de octubre de 2019

Meduca debe fortalecer evaluación de libros

El anteproyecto de Ley 11 por el cual se busca modificar la Ley 47 de 1946, para abaratar el gasto a los padres de familia que adquieren textos escolares para sus hijos, obliga al sistema a mirar un poco más a fondo. No solo en cuanto al tiempo estipulado para reevaluar los libros -cinco años- sino en que quien los evalúa lo haga velando por el mejor interés de los estudiantes.

El propósito del proyecto de Ley es crear un programa de reutilización de textos escolares que será dirigido por el Ministerio de Educación (Meduca) que consiste en adquirir los libros para ofrecerlos en calidad de préstamo anualmente a los estudiantes en los centros educativos básicos general y educación media oficiales. De hecho el Meduca ya mira en ese horizonte y analiza la compra de libros de lectoescritura (ya aprobados) y otras materias.

Anayka De La Espada, subdirectora general técnico administrativa del Meduca, indicó a La Estrella de Panamá que la institución busca abastecer a los estudiantes a nivel nacional de textos escolares, pero observó que la evaluación o actualización del contenido de los mismos no tiene que esperar cinco años, como actualmente se propone. El avance tecnológico y los cambios en el mundo obligan a hacer una revisión antes de término, “todo según la asignatura, algunas de contenido más estable no requieren cambios tan seguido”, indicó.

Orit Btesh, presidenta de la Cámara del Libro, mira absurdo que se revisen los libros cada cinco años debido a los avances científicos y tecnológicos que hay en el mundo. “El gobierno puede apoyar en los textos escolares pero de una forma mas profesional, quien evalúa los libros no siempre está velando por le interés de los estudiantes sino por intereses personales”, manifestó.

Tres entrevistados manifestaron a este diario que existe influencia de las editoriales sobre los profesores para que escojan sus libros a la hora de evaluarlos a cambio de prebendas. “Un negocio muy parecido al que ocurre con los medicamentos y los médicos”, asemejó de Fernando Fraguela de editorial Manfer.

El Meduca argumenta que hasta el momento no han tenido algún reporte oficial de influencia de algunas editoras, pero en caso de que “alguna se sienta afectada debe seguir los canales correspondientes para tramitar la queja”, aclaró De La Espada.

La escritora Ileana Golcher explica que salvo el caso de matemáticas, que es una ciencia exacta y definida, todas las asignaturas requieren actualización en promedio cada tres años. “El problema de los libros de texto y obras complementarias no es sólo su costo, sino el criterio mercantilista de las casas editoriales que los publican con una extensión enorme de páginas (más de 350, superan la extensión del año escolar) y no son leídas comprensiblemente por los estudiantes”.

Golcher, con amplia trayectoria en el campo, recordó el programa Banco del Libro que funcionó en la década de los 80s. “Se eliminó por presiones de las casas editoriales”, aseveró, al tiempo que añadió que “el anteproyecto de ley debe contener propuestas para apoyar a los autores nacionales que se encuentran en proceso de extinción debido a los altos costos de impresión y complejidad de distribución”.

Golcher considera que el anteproyecto de Ley podría ser completo, “si se reformulan todas las disposiciones legales vigentes y se fortaleciera la Sección de Evaluación de textos de la Dirección de Currículum de Meduca, que tan solo cuenta con dos funcionarios encargados sin capacidad de movilización y capacitación a los autores nacionales, acerca de nuevos enfoques para la comprensión lectora, el verdadero problema del aprendizaje en material impreso”.

Felix Cuevas, autor de libros escolares de matemáticas, no tiene objeción a la modificiación legal. La práctica de otorgar libros a los estudiantes se efectuó durante la administración de Ricardo Martinelli, en esos tiempos, algunos autores dejaron de vender libros, “muchos no entraron a los concursos porque no tenían la capacidad de editar la cantidad de libros solicitados y aguantar un año al pago del gobierno, negocio que aprovecharon las editoras grandes extranjeras que pueden importar libros dejando al autor rezagado”, exclamó Cuevas.

Este medio solicitó la opinión de la editorial Santillana pero se abstuvieron de emitir comentarios.



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