martes, 6 de marzo de 2018

Piden visita del Relator Especial de la ONU

La acefalía en la Corte y la implementación de la Carrera Judicial son temas que interesan a la Comisión del Pacto de Estado Por la Justicia, que solicitó a la Cancillería curse invitación al Relator de la ONU para que constate la grave situación de nuestro sistema judicial

La crisis del sistema judicial, el nombramiento de dos nuevos candidatos para la Corte Suprema de Justicia, y los pocos avances que ha mostrado la implementación de la Carrera Judicial, una de las apuestas que mejoraría el sistema, ha llevado al Procurador de la Administración y coordinador de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, a solicitar a la Cancillería una petición para que invite a Panamá a las Naciones Unidas para que emitan sus recomendaciones sobre lo que hay que hacer en nuestro fracasado sistema.

La Comisión mira con frustración la forma en que el expresidente de la Corte, José Ayú Prado, efectuó nombramientos de jueces interinos supuestamente sin respetar las normas de la Carrera Judicial.

“La mayoría de los integrantes de la Comisión observa que a pesar de que han transcurrido dos años y cinco meses desde que se aprobó la Ley, y a pesar de las notas enviadas, reuniones realizadas, se siguen nombrando jueces de manera interina en un sistema que carece de ética y disciplina en el poder judicial”, señala la nota de dos páginas con fecha del 28 de febrero pasado.

En razón de ello, solicitan que la Cancillería exhorte a Diego García-Sayán, actual Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, para que conozca la realidad de la justicia panameña y emita recomendaciones que permitan cumplir con los compromisos del Estado ante el Examen Periódico Universal.

La Estrella de Panamá conoció que la Cancillería aún no ha decidido si tramitará o no la petición de la Comisión. El tema ha generado un debate interno en la institución que no ha arrojado una determinación. Las opiniones del Relator no son vinculantes, es decir, el país puede o no acogerlas, pero podrían ser un marco de referencia en la hoja de ruta a seguir.

En cambio, ésta no parece ser una buena idea para la magistrada Idalides Pinilla, directora asesora de la Asociación de Magistradas y Jueces, y miembro de uno de los Consejos encargados de reglamentar la Carrera Judicial. “Es una pérdida de tiempo, no le veo resultados, pienso que se va a perder ahí porque legalmente no teníamos forma de aplicar la Carrera porque no había plata”, indicó Pinilla.

La pugna por el nombramiento de los jueces interinos ha llegado a la Asamblea Nacional. La Alianza Ciudadana interpuso una denuncia penal contra tres magistrados de la Corte por usurpación de funciones al haber nombrado a 600 jueces interinos, pero la misma quedó archivada en la Comisión de Credenciales.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia considera que Ayú Prado ha nombrado “a quien se le ocurra y prueba de ello es el nombramiento que hizo de la secretaria de Recursos Humanos que venía del Ministerio Público, una persona de su confianza y es quien está al frente del departamento de éste departamento que se crea con la ley de carrera”, reclama Magaly Castillo, quien lidera la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Castillo desaprueba otros 25 nombramientos recientes sin concurso, proceso en el que la Corte hacía las entrevistas cuando “ellos no son competentes para hacer eso y han estado nombrando a gente de su círculo de confianza”, reiteró Castillo.

Pinilla defiende los nombramientos, explica que son interinos y que cuando entre en funcionamiento la Carrera, los que actualmente ocupan esos cargos tendrán que ganárselos por meritocracia. Añade que hace un par de semanas se conformaron los tres Consejos “encargados de hacer las reglamentaciones de la Carrera, un proceso que puede tomar tres meses”.

No obstante, Pinilla reitera que hace falta presupuesto para la implementación de la Carrera, pues el equipo técnico necesario para evaluar el desempeño de jueces es oneroso. Otro primer paso consistía en la creación de un Instituto Superior. También cree que castigar a todos por los viajes que hacen los magistrados es injusto.

El presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, Raúl Rodríguez, no comparte el criterio de invitar al Relator. “Yo no creo en eso por lo siguiente, tenemos que preservar nuestra independencia, no podemos aceptar que venga gente de afuera que no sabemos a quién responde. Va en contra de la soberanía, es vergonzoso que tengamos que buscar a alguien para que nos diga qué hacer, es un tema de principios”, dijo.

Castillo manifestó a la Estrella de Panamá, que en una reciente reunión que celebró el Pacto de Estado, comunicó que “lo que cabe es revocar los nombramientos interinos porque ellos son los que van a hacer el nombramiento del resto de los jueces, sin considerar que ellos mismos fueron nombrados fuera de la ley. Entonces, esos nombramientos deberían de ser anulados”.

Rodríguez mira con mucho cuidado los recientes nombramientos, elementales para arrancar con el Sistema Penal Acusatorio. “Ayú Prado nombró jueces y magistrados sin ningún tipo de concurso y son interinos. Al ser temporales, implica que son personas sujetas al querer del superior de la Corte, a quien ellos se deben, entonces no hay tal independencia. Es elemental la independencia de un administrador de justicia”.

De acuerdo al Pacto de Estado por la Justicia, Panamá se comprometió a adoptar medidas para garantizar la independencia del poder judicial que fueron aceptadas por el país en 2015.

“La Comisión reitera su preocupación por la crisis del sistema de justicia y se mantiene pendiente del proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, acota la nota enviada a la Cancillería.

La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia surge a partir de la decisión de los poderes del Estado para aportar recomendaciones para mejorar el sistema judicial con el propósito de contar con una institución transparente y apegada a los principios éticos, a la ley y la Constitución.

A través de este mecanismo, se han conseguido algunos resultados en lograr una justicia más accesible y transparente. Un ejemplo de ello fue la aprobación de la Ley de Carrera judicial que contempla la creación de un Tribunal de Integridad y Transparencia.

Los Consejos de Administración de la Carrera son tres: el de la carrera judicial que es la de todos los jueces y magistrados, el de lo administrativo y de la Defensa Pública.

Según la magistrada Pinilla, todos los nombramientos efectuados hasta ahora tendrán que volver a hacerse. “Eso está preocupando a los interinos porque no han pasado por un concurso”, finalizó.

LAS TAREAS. ¿QUÉ HACE EL RELATOR ESPECIAL?
El Relator Especial realiza visitas a los países conforme a una invitación cursada por el gobierno interesado y luego presenta al Consejo de Derechos Humanos un informe de la visita con sus resultados, conclusiones y recomendaciones.

Entre las tareas del Relator se encuentran: Identificar y registrar no sólo los atentados a la independencia de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales sino también los progresos realizados en la protección y el fortalecimiento de su independencia. Hacer recomendaciones concretas que incluyan la prestación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica a petición del Estado interesado.

Aunado a esto, determinar las formas y medios de mejorar el sistema judicial y formular recomendaciones concretas al respecto.

El Relator Especial determina la mejor manera de proceder sobre la base de la información presentada a su atención en relación con presuntos casos de violación de la independencia e imparcialidad del poder judicial y la independencia de los abogados mediante el envío de cartas de denuncia y llamamientos urgentes a los gobiernos interesados para aclarar los casos y/o ponerlos en conocimiento de éstos.

Diego García-Sayán fue nombrado Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados en diciembre de 2016. El Sr. García-Sayán fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos períodos consecutivos. Durante su mandato, fue elegido Vicepresidente de la Corte (2008-2009) y Presidente de la Corte durante dos mandatos consecutivos (2009-2013). Algunos de los logros significativos de su Presidencia de 4 años incluyen haber aumentado la eficiencia del Tribunal (32% de los fallos desde el inicio del Tribunal en 1979 durante este período de 4 años), aumentando los ingresos de la organización en más del 50% para financiar su presupuesto, y la celebración de la primera audiencia pública de la Corte en un país de la CARICOM (Barbados).

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