miércoles, 26 de agosto de 2015

Ignacio Fábrega, confeso y preso

Tras las rejas y confeso. Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), reconoció ser el “soplón”, el que filtraba información a Financial Pacific, la casa de valores que, desde su despacho, debía regular.

A primera hora de este martes, Fábrega acudió a la audiencia que se celebraba en el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal para defenderse de las acusaciones en su contra formuladas por la misma SMV y la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que lo acusaron de delito contra la administración pública.

Al llegar al juzgado, el juez Rolando Quesada Vallespi solicitó una declaración de parte al acusado, más de cinco meses prófugo, después de que él mismo le concediera, en marzo pasado, país por cárcel, como medida preventiva. Cuando la contraparte apeló su decisión, el Segundo Tribunal confirmó que Fábrega debía estar tras las rejas, pero ya no se dio con su paradero. Hasta ayer.

En su declaración, Fábrega reconoció que suministraba información confidencial, pero “sin pensar que estaba cometiendo un ilícito”. Se declaró culpable de los hechos, mas no de la intención dolosa.

Cualquiera que fuese la razón, Fábrega utilizó el correo electrónico de la SMV para transmitir datos de obligada reserva a los directivos de la casa de valores.

Se le acusa, por ejemplo, de alertar a la empresa de las inspecciones que realizaría el regulador; les comunicaba las quejas de sus clientes, y otras informaciones que se discutían en las reuniones de la junta directiva de la SMV.

INVOLUCRÓ A RM Y A SHAMÁ
Pero Fábrega reveló más datos sobre el caso Financial Pacific. Dijo que el expresidente Ricardo Martinelli y el exministro de Turismo Salomón Shamah eran quienes le daban directamente las instrucciones para favorecer a la casa de valores.

Según Jair Urriola, abogado querellante de la SMV, Fábrega dijo al juez que en varias ocasiones visitó el Palacio de las Garzas para reunirse con ambas figuras políticas.

Sobre la evolución de la audiencia y juicio en proceso abreviado, Urriola agregó que Fábrega no ofreció detalles de cuáles fueron las indicaciones que recibió, pero sí recordó que “ Martinelli y Shamah le solicitaron que hiciera todo lo posible para evitar que la SMV interviniera Financial Pacific”.

Las reuniones eran “para mantenerlos al tanto de las situaciones que se daban en Financial Pacific”, dijo el querellante. Según Urriola, el imputado afirmó que sus actos, como parte de su función regular, eran de conocimiento de los superintendentes Alejandro Abood y Juan Manuel Martans.

A pocas horas de haberse celebrado la audiencia, Martinelli negó las acusaciones de Fábrega en un tuit. “No he sido ni soy socio de Financial Pacific y mucho menos (he) dado orden alguna al Sr. Fábrega. Él miente. Picuoro (alias de Rolando López, director del Consejo de Seguridad) Varela, responsables de esto”, dijo en su cuenta de Twitter.

El abogado Urriola agregó que Fábrega declaró que Martinelli le pidió que verificara si él tenía algún tipo de vinculación con la cuenta High Spirit, y que, a raíz de esta solicitud, gestionó con la casa de valores una carta en la que se eximía a Martinelli como responsable de la cuenta. Esa misma carta la recibió el entonces procurador y hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, quien la anexó al expediente que se le sigue a Mayte Pellegrini, exempleada de Financial Pacific y acusada de haberse apropiado $12 millones de la casa de valores.

Pellegrini fue la primera que relacionó al exmandatario con la cuenta High Spirit y con la compra y venta de acciones con el uso de información privilegiada de la minera Petaquilla Gold, S.A.

Pellegrini afirmó a este diario que recibió al menos seis llamadas del hijo del exjefe de Gobierno, del mismo nombre, para preguntarle por el saldo de esa cuenta.

Según averiguó este medio, a efectos legales, la vinculación que hizo Fábrega de otras personas no incide en una investigación que ya concluyó. Y, con la condena que impondrá el juez, hace tránsito a cosa juzgada. No obstante, al haber mencionado al exmandatario, el juez podría enviar una compulsa de copias a los magistrados de la Corte Suprema para que inicien una investigación.

LA TAPADERA DEL DESFALCO
Alejandro Abood, exsuperintendente de la SMV, negó haber tenido conocimiento de todos los actos que realizaba Fábrega.

Contó a La Estrella de Panamá que lo último que supo de él fue que solicitó que le hiciera un cuestionario a la casa de valores sobre el origen de los dineros que taparon el desfalco por $12 millones que detectó la SMV durante su proceso de reorganización. “Era un cuestionario a Financial Pacific buscando seguridad de los fondos; que estos dineros estuvieran libres de polvo y paja. En ese momento salí impedido por la demanda que me pusieron”, manifestó Abood.

Según Urriola, Fábrega consideró que Shamah y Martinelli eran accionistas de Financial Pacific, pero no lo asevera. “Esto lo dijo en base a la información que él manejaba”, indicó el querellante. Y agregó: “Él -Fábrega- dijo que ellos (Shamah y Martinelli) habían puesto 3 millones de dólares cada uno para tapar el desfalco de la casa de valores y el resto lo depositaron los nuevos accionistas brasileños, Mario Sampó y Mendo Sampaio”.

Este diario descubrió que en enero de 2013, unos meses antes de que se traspasara el control accionario de Financial Pacific, dos cheques de gerencia, uno por $7 millones proveniente de la cuenta de Cristóbal Salerno, empresario y amigo del expresidente, y otro por $5.2 millones, de la cuenta Summer Venture en la que es firmante Felipe Virzi, otro amigo de Martinelli que también hizo negocios con el Estado, se depositaron en una cuenta nueva a nombre de Financial Pacific.

Durante la audiencia, Fábrega estuvo representado por las abogadas Mónica González e Hilda Bonilla.

Según Bonilla, los correos que enviaba Fábrega a Financial Pacific los conocían otros directivos y rescató la valentía de su cliente, por presentarse voluntariamente, por lo que pidió que el juez no lo castigue con la pena máxima, estipulada en ocho años de cárcel para ese tipo de delito.

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