Deudas de entidades públicas ascienden a $48 mil millones

Casi la mitad equivale al Sector Público No Financiero que asciende a $24 mil millones. Esta administración contrató $4,400 millones en proyectos llave en mano, la mayor parte tendrá que asumirla el próximo Gobierno

El monto de la deuda de todas las entidades estatales suman casi $48,823 millones según los informes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Caja de Seguro Social y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Esta cifra engloba todos los compromisos por pagar que ha adquirido el Estado hasta el momento.

Los pasivos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social, por $13,600 millones (solo hasta el año 2032) y los pasivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por aproximadamente $3,600 millones, según el último estado financiero auditado disponible, septiembre de 2017.

Si bien es cierto la ACP es una institución autónoma cuya deuda no pertenece a las finanzas del Estado, finalmente se traducen en pasivos contingentes que obligan al Estado a responder por ellas si es necesario por ser instituciones del gobierno.

Recientemente la administración de Juan Carlos Varela reveló que en proyectos llave en mano, el gobierno hizo contrataciones alrededor de $4,400 millones, de los cuales $3,600 tendrá que hacer frente el gobierno entrante.

Acerca de los proyectos llave en mano, en un comunicado, el pasado viernes el MEF justificó que dicho monto “no es una cuenta por pagar, ya que son proyectos nuevos por ejecutar”.

No obstante, para los economistas Francisco Bustamante y Adolfo Quintero, no es así, también se trata pasivos contingentes.

Decir que los proyectos llave en mano no se trata de deuda es un truco para “poder aumentar la deuda pública, ya que cuando el gobierno otorga la orden de proceder para estos proyectos, las empresas buscan financiamiento, la banca les facilita la plata y una vez culminado el proyecto el gobierno debe pagarlo”, indicó Quintero.

Estos números fríos van a motivar a la próxima administración gubernamental a reestructurar la deuda pública para poder hacer frente a estos compromisos y renegociar la deuda con las instituciones financieras internacionales sin afectar la buena calificación del país.

Una sugerencia que aporta el economista es revisar los tiempos de vencimiento de la deuda y emitir bonos globales. “Cancelar la deuda y los nuevos bonos diluirlos en un mayor tiempo para que el flujo de caja pueda hacer frente a ese compromiso”, propone Quintero.

El también catedrático de la Universidad de Panamá añadió que “pagar la deuda en menor tiempo de lo programado le permite al Gobierno emitir bonos a mayor tiempo. Esto es visto por las calificadoras como un gobierno que hace frente a un buen manejo de la deuda”.

Antes de que Varela asumiera el poder, en junio de 2014, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) sumaba $17,639, no obstante, aumentó $7,083 millones hasta agosto pasado cuando este renglón se contabilizó en $24,722.

La deuda de las empresas separadas del SPNF sumaba $2,414 hasta agosto pasado, y las cuentas por pagar referentes a condenas al Estado eran de $87 millones.

Si bien es cierto que el endeudamiento del país es una cifra significativa, a economistas como Rolando Gordón le preocupa más la relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB), que en estos momentos se calcula en un 39%. ‘En otras palabras, si Panamá tuviera que pagar su deuda en este momento, tendría que utilizar 39 centavos de cada dólar de lo que produce el país para afrontarlo', indicó el economista.

El 2017, según AIH Capital & Latin Consulting, se convirtió en el cuarto año consecutivo con aumentos marginales en el desempleo y deterioro relativo en la relación de la deuda del SPNF respecto al PIB nominal, de aproximadamente un 40%.

Recientemente el MEF re reiteró el compromiso de cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, manteniendo la deuda neta del país inferior al umbral del 40% del PIB.

El déficit actuarial, es lo que los economistas llaman Déficit Cuasi-Fiscal.

“Por deuda cuasi fiscal se entiende aquella que se origina en las pérdidas anuales del Banco Central, que son transferidas al gobierno y se convierten en deuda pública. La colocación de títulos del Banco Central es una fuente principal y creciente de pérdidas financieras para ese organismo”, explicó Bustamante.

Las organizaciones financieras internacionales miden la relación deuda pública vs PIB, y miden la deuda pública del sector no financiero. “Lo hacen así porque consideran que las empresas estatales son individuales y privadas en donde los bancos analizan el flujo de caja y hacen estudios de factibilidad para sus inversiones”, señaló Quintero.

En promedio, cada mes de esta administración aumenta la deuda aproximadamente en $135 millones, según cifras del MEF.

PROYECTOS LLAVE EN MANO
Este gobierno heredó una deuda de $4 mil millones de los proyectos llave en mano que firmó la pasada administración. De acuerdo al MEF, el gobierno de Varela ha pagado $3,390 millones resultado de proyectos en esta modalidad heredados de la pasada administración, de los cuales $677 millones corresponden a proyectos que requirieron una renegociación.

Bajo el mandato del presidente Varela, de acuerdo al MEF, “se ha limitado el uso de esta modalidad para la ejecución de proyectos de gran envergadura como por ejemplo, en los proyectos de la Línea 2 del Metro y el Corredor de las Playas Tramo 1: La Chorrera-Santa Cruz. Son B/. 840 millones el saldo que la actual administración estima pasar al siguiente gobierno como cuentas por pagar resultado de proyectos del presente quinquenio en modalidad llave en mano”.

Los mayores montos de deuda de los proyectos llave son del Metro de Panamá ($579.3 millones), Empresa de Transmisión Eléctrica ($272.8 millones), Ministerio de Obras Públicas ($179.3 millones), Ministerio de Salud ($38.8 millones) y Autoridad de Turismo de Panamá ($35.2 millones).

No obstante, se formaliza bajo el renglón llave en mano y será responsabilidad de la próxima administración hacer frente a los siguientes proyectos que ni siquiera han iniciado: Línea 3 del Metro a un costo de B/. 2,826 millones, Corredor de las Playas Santa Cruz – San Carlos B/. 350 millones, Línea 1C del Metro - extensión a Villa Zaita B/.323 millones y Línea 2 del Metro - Extensión Aeropuerto B/.103 millones, todos proyectos que serán ejecutados en la próxima administración.

En cuanto a las sentencias contra el Estado, uno de los mayores reclamos es el de Jaime Berrocal por $24.5 millones que corresponde a un litigio por la expropiación de fincas en la provincia de Panamá; la del consorcio Van Dam con $23.2 millones por indemnización pendiente, además de $12 millones a la empresa aseguradora Mapfre por dos contratos incumplidos, uno con la Presidencia y otro con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

OTRAS DEUDAS DEL SECTOR
Bustamante recordó que existen otros pasivos que tienen la garantía de la Nación. Entre ellos las obligaciones del Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Hipotecario, “ya sean préstamos, depósitos, son obligaciones que también son responsabilidad de la Nación”, puntualizó.

ACCIONES PREVIAS
Durante el gobierno Martinelli-Varela se incrementó de 5% a 7% el Impuesto de Transferencia Bienes y Servicios (ITBMS) y se expandió la aplicación de este tributo a actividades de servicios financieros. La maniobra se complementó con inversiones millonarias ejecutadas a través de las entidades o empresas que fueron separadas del SPNF, que, por considerarlas aparte, la deuda de estas no se registró en la contabilidad del SPNF, favoreciendo los resultados que presenta el gobierno a las calificadoras de riesgo y algunos organismos internacionales.

En este sentido, una de las compras más abultadas fue la de los Corredores Norte y Sur por más de mil millones de dólares que se registró como un compromiso de la Empresa Nacional de Autopistas, pero no como parte de la deuda pública del país.

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CNA y Cancillería se contradicen por Pacto Global

Mientras la canciller, Isabel De Saint Malo, reitera que el Pacto Global sobre migración no es de obligatorio cumplimiento, los abogados señalan lo contrario

La vicepresidenta y Canciller de la República, Isabel De Saint Malo, reiteró ayer durante una conferencia de prensa en más de 10 oportunidades que el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular no es vinculante o de obligatorio cumplimiento para el país.

Ese parecía el mensaje principal de la conferencia de prensa que convocó el Ministerio de Relaciones Exteriores para ofrecer detalles sobre el documento firmado este lunes por Panamá junto a 164 países del mundo. La adopción se efectuó durante la Conferencia Intergubernamental de Marrakech, Marruecos, encabezada por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Gutterres.

“El pacto no establece obligaciones adicionales a la soberanía de Panamá y deja en libertad a cada país definir las políticas publicas”, enfatizaba la vicepresidenta.

La adopción del Pacto Global ha generado fuertes reacciones, especialmente del gremio abogadil. En un comunicado, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) exigió un alto a las regularizaciones masivas de extranjeros, y el aumento de “visados humanitarios”.

La nota del CNA describe que Panamá no cuenta con la capacidad de garantizar servicios básicos como lo indica el Pacto y que el país puede ser llevado al ámbito penal ante una expresión que pueda considerarse discriminatoria o xenófoba.

Los abogados recordaron que en 2016, Panamá se comprometió ante la ONU a cumplir una hoja de ruta para elaborar acuerdos. Entre estos, figura el Pacto Mundial sobre Refugiados que se apresta a firmar en 2019, en el cual se amplia la definición del término ‘refugiado’ e incluye aspectos como legitimar las “caravanas humanitarias” para movilizar de un país a otro a personas que la ONU considere en riesgo. En este renglón, los abogados dicen estar vigilantes y tomar acciones a la no adhesión de Panamá a la aprobación del mencionado Pacto.

Acompañada del ministro de Seguridad Jonathan Del Rosario y de la vicecanciller María Luisa Navarro, la canciller justificó dos objetivos que motivaron la participación de Panamá: “el trato digno a los migrantes porque son seres humanos sin importar la condición en que estén. Lo segundo, establece la colaboración en la seguridad interna de los países”.

La vicecanciller no logró explicar la razón por la cual no se consultó con la ciudadanía la firma, admitió que debió efectuar una mejor difusión. Eso es precisamente lo que el CNA criticó, la forma inconsulta en la que actuó el Gobierno. El gremio señaló, contrario a Saint Malo, que el documento sí es de obligatorio cumplimiento por la posibilidad de “ser sancionados internacionalmente (...) en caso se estime el no cumplimiento”.

Saint Malo añadió que la idea del Pacto es que los Estados puedan compartir información sobre los migrantes que son de país de origen, tránsito o de destino. Panamá, dijo, tradicionalmente ha sido un país de tránsito. No obstante, hoy es un refugio para más de 100 mil venezolanos que escaparon de la situación política y social de su país. En este sentido, la canciller ejemplificó que el país es soberano de imponer visas cuando lo requiera, como ocurrió cuando quiso contener su entrada al país.

Aseguró que el documento no viola la soberanía, pues el Estado es libre de gestionar sus fronteras y políticas en el tema.

Ejemplificó que el año pasado transitaron por Panamá más de 20 mil extracontinentales de África que vinieron a través de Brasil hacia norteamérica y pasaron por Panamá.

Por su parte, Jonathan Del Rosario dijo que desde 2014 se han expulsado, deportado o retornado a su país de origen 31,756 personas sin perturbar las operaciones del aeropuerto.

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Porcell pide a la Corte carpetilla de Martinell

La Procuradora de la Nación Kenia Porcell envió una carta al presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, para solicitarle el envío de las actuaciones fiscales y judiciales sobre el caso de pinchazos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.

Lo anterior, en virtud de que la semana pasada la Corte declinó la competencia del caso y lo asignó a un Tribunal del Sistema Penal Acusatorio (SPA) para que cumpla la fase de juicio oral.

Mediante nota, Porcell pidió a De León le envíe la digitalización de todos los actos que componen la carpetilla, así como las grabaciones de las audiencias (probablemente más de 100 horas).

Como segundo punto requirió conocer el procedimiento para la escogencia de los jueces del Tribunal. Además del mecanismo para la asignación de la fecha del juicio oral, es decir, si se fijará de acuerdo al calendario en curso o por algún mecanismo especial.

Pidió se describa la forma que empleará para remitir a la justicia ordinaria del SPA lo actuado por el magistrado Jerónimo Mejía, así como la carpetilla al Ministerio Público.

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Querellantes acusan a Ayú Prado de ejercer presión

Las víctimas calificaron al magistrado Ayú Prado como un “ente enquistado en la justicia, una especie de cáncer” al servicio de Martinelli que ejerce presión para que salga favorecido en el caso de los pinchazos

El grupo de querellantes contra el expresidente Ricardo Martinelli arremetió contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, a quien señalan de defender los intereses del exgobernante.

Las víctimas de los pinchazos manifestaron en conferencia de prensa que Ayú Prado, al haber sido nombrado por Martinelli en 2012, no solo responde a su favor, sino que a pesar de estar impedido envía a sus asistentes a los actos de audiencia del Pleno cuando éste dirimía incidencias relacionadas al caso.

Rosendo Rivera, querellante autónomo, mencionó cuenta con información que proviene del Órgano Judicial que indica que “el señor Ayú Prado continúa ejerciendo presión en un grupo de magistrados nombrados nombrados por Martinelli y por este gobierno (Cecilio Cedalise y Ángela Russo) para hacer una alianza para favorecer a Martinelli”.

El departamento de comunicaciones del Órgano Judicial manifestó que el magistrado Ayú Prado no haría comentarios sobre las declaraciones vertidas.

Rivera añadió que el hecho de que Ayú Prado haya renunciado a la Presidencia de la Corte y se la otorgara al magistrado Hernán De León, “desde un principio fue una estrategia casi Maquiavelica, ya que el designado desconoce el Sistema Penal Acusatorio y mostró “gran nerviosismo”. Con esta jugada, de acuerdo a las víctimas, Ayú Prado se deslindaba de cualquier responsabilidad que cayera en su contra.

DESCONFÍAN DE AYÚ PRADO
Mitchell Doens, víctima de pinchazos y querellante, dijo que Martinelli aún cuenta con una estructura que montó cuando presidente, y el magistrado Ayú Prado es parte de ella.

“Este señor (Ayú Prado) que se ganó su posición a través de favores que le hizo (a Martinelli) mientras estuvo en la Fiscalía, favores para destituir a la entonces procuradora Ana Matilde Gómez, favores para torcer situaciones en el Ministerio Público y luego para ser nombrado magistrado, es muy conocido”. Añadió que Ayú Prado es un “ente enquistado como una especie de cáncer en la justicia que es parte del andamiaje criminal de Martinelli y le es útil para defenderse y salir libre de todas las acusaciones en su contra, o de sus allegados o familiares”.

En 2017, 600 funcionarios de juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial fueron nombrados por Ayú Prado -basado en el artículo 558 del Código Procesal Penal- bajo la excusa de que no había presupuesto para la implementación de la Carrera Judicial. Esto preocupa a los querellantes quienes consideran que su vulnerabilidad puede ser un punto de presión en su trabajo.

Razón por la que exigen que la designación de estos tres jueces se haga de manera transparente, al azar y que sea pública.

Rivera recordó que el año pasado Ayú Prado autorizó a dos funcionarios de la Corte a viajar a Miami, Florida, donde se encontraba detenido Martinelli, para notificarlo sobre otro caso en su contra. “Esto lo hizo saltándose los conductos regulares quién sabe con qué intención”, acotó el abogado querellante.

PIDEN TRANSPARENCIA
La selección de estos jueces tardará unos días más. La oficina judicial, antes, debe notificar a las partes sobre el fallo que declina la competencia a la Corte. Luego debe notificar a las partes y entonces escoger al Tribunal.

Mitchell Doens describió a Martinelli como un hombre de poder: “tiene emisoras, televisora, diarios, un partido político y se está postulando para diputado y/o alcalde con la esperanza de que el Tribunal Electoral le permita correr” a pesar de que el último año lo pasó en la cárcel de Miami, Florida, Estados Unidos, y no en Panamá como establecen los requisitos.

Doens se quejó de que el expresidente lo único que hace es burlarse de la justicia. Que espera “ser electo diputado para que entonces el caso vuelva a la competencia de la Corte y así dilatar más el proceso”, dijo.

Aunque la Corte declinó la competencia del caso, validó la actuación del juez de garantías Jerónimo Mejía. Siete de 9 magistrados fallaron a favor de un amparo de garantías presentado por la defensa de Martinelli que solicitaba la declinación del caso y que se declarara nulo lo actuado por el magistrado de Garantías Jerónimo Mejía. Sin embargo, ésto último no ocurrió.

Los querellantes piden que el proceso continúe de forma transparente, que la escogencia aleatoria del Tribunal sea televisada, y que el juicio oral no se realice en el local del Órgano Judicial ubicado en Plaza Ágora, sino en las instalaciones de Ancón, que cuenta con infraestructura técnica para televisar el proceso.

TRISTE ESPECTÁCULO
El político Doens denunció que la Corte es “una especie de potrero lleno de garrapatas. Un mercado persa donde se compra y se vende de todo”, y dudó de la integridad de varios magistrados de éste órgano.

“Ya vieron al magistrado De León, el triste espectáculo que hizo cuando denunció a la Procuradora que él era una persona perseguida, que le hacían ofrecimientos y después en esas comunicaciones que vimos por whatsap que mostraban una especie de subasta pública por los fallos”, exclamó.

Las víctimas, no obstante el tribunal que se encargue de su caso, confían en que cuentan con pruebas convincentes contra Martinelli.

Mencionaron que recientemente se “evidenció que el poder económico y político que dejó al salir del su mandato, con el organigrama y estructura del Órgano Judicial J logró su objetivo, declinar la competencia. No obstante, “el hecho de que no se haya anulado lo actuado fue como un balde de agua fría para la defensa de Martinelli”, concluyeron los afectados.

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Critican firma de Pacto migratorio

La adhesión de Panamá al Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular ha generado polémica. El documento tiene 23 objetivos y hay discrepancia en si son de obligatorio cumplimiento o no

El compromiso político que firmó Panamá este lunes en Marruecos, en el marco del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, contiene 23 compromisos para los países que lo suscribieron.

La cita en África, que ayer pretendía contar con la participación de 180 países, congregó a 164 luego de que Estados Unidos, Austria, Polonia, República Checa, Chile, República Dominicana, entre otros, se negaran a ratificarlo.

Asistieron al cónclave 21 mandatarios, entre los que figuran el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel De Saint Malo, mientras que la gran mayoría de los países enviaron una delegación representativa.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, quien había confirmado su participación, a última hora se ausentó sin razón de por medio, según reportan medios internacionales. El Monarca expresó mediante nota que se trata de un Pacto que juzgará la historia, pero que ahora no es el momento de celebrar su éxito.

El desafío es una solidaridad responsable, añadió Mohamed VI.

La negativa de varios Estados en adoptar dicho documento radica en el temor a la obligatoriedad que adquieren al rubricarlo. Un tema al que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió durante la inauguración del evento y pidió a los países “no sucumbir al miedo”, puesto que no “impone ninguna obligación a los Estados”.

El Pacto eleva la migración como un derecho humano, un tema polémico que ha causado que el rechazo de más de una docena de naciones. Éstas consideran que la migración no es un derecho humano.

Por ejemplo, el subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, explicó a medios de ese país “que el derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros”. Añadió al Mercurio que “si fuera un derecho humano, entonces entonces estamos en un mundo sin fronteras. Creemos firmemente en los derechos humanos de los migrantes, pero no que migrar sea un derecho”.

Los países que apuestan al Pacto han manifestado que se trata de un compromiso no vinculante. Compromete a los firmantes a tratar de solucionar los riesgos de este flagelo como la trata y tráfico de personas, además de evitar la separación de familias y la detención de migrantes.

Javier Carrrillo, director de la Dirección Nacional del Migración, publicó un video desde Marraquesh en el que explica que el haberse adherido al Pacto “no quiere decir bajo ningún concepto que es de obligatorio cumplimiento para los Estados, y cada país mantiene su soberanía y puede dictar sus políticas migratorias”. En la práctica, “los principios plasmados en el pacto ya se encuentran plasmados en nuestra legislación. Se trata de estándares de conducta o comportamiento internacionales”, enfatizó Carrillo.

Sin embargo, estas palabras no calmaron la inquietud de algunos en las redes. Se escucharon voces que criticaron la pérdida de la soberanía migratoria, para entregarla a las organizaciones internacionales.

“Cuándo Panamá dejará de ser un tonto útil de las organizaciones internacionales secuestradas por burócratas perpetuos y aquellos que siguen guindando del muro de Berlín”, escribió el abogado Ebrahim Asvat.

El texto establece que los “refugiados y migrantes tienen los mismos derechos humanos fundamentales y libertades que deben ser respetadas, protegidas y cumplidas en todo momento”.

El pacto global aborda la migración en todas sus dimensiones como una problemática que ningún Estado puede contener por sí solo y respalda la soberanía de Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Recalca el derecho soberano de los Estados a determinar su política de migración y prerrogativa para manejar la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.

El sexto punto de los 23 a los que se compromete el país, establece “facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garanticen el trabajo decente para migrantes (ver tabla).

Según datos de la Dirección Nacional de Migración de Panamá, hasta el 30 de noviembre pasado se registró un movimiento migtratorio de 4 millones de extranjeros, cifra que engloba entradas y salidas siendo Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Venezuela las nacionalidades que ocupan los primeros sitios, en el orden mencionado.

En este mismo año, publica la entidad, se han otorgado 29 mil permisos de residencia a unos 6 mil venezolanos, seguido de 3,200 colombianos, de 1,800 peruanos y a unos 1,600 chinos.

Panamá ha dejado de ser país de tránsito para convertirse en receptor. El enfoque de la adquisición de compromisos internacionales, según la abogada María Isabel Saravia, especializada en temas migratorios, debe ser revisado así como el por qué del interés de ciertos funcionarios del actual gobierno en ratificar estos instrumentos.

El Pacto, según Saravia, se traduce en que el país se “compromete a penalizar toda expresión que considere xenófoba o discriminatoria en contra de migrantes o sus familias, así como a brindar las herramientas para que tengan acceso a demandar al Estado en caso de sentir vulnerado alguno de estos derechos”, describió.

Saravia opina que en vez de estar cediendo espacio ante los organismos internacionales, el país debería señalar que ha respetado y salvaguardado los derechos de quienes se encuentran en su territorio y ha establecido derechos como la salud, educación, la seguridad social y las prestaciones laborales para quienes se encuentren en el país.

El Pacto “debería traducirse en una política migratoria adecuada a la realidad, que priorice a los panameños y los residentes en nuestro territorio, sin asumir cargas sociales insostenibles para el sistema”, acotó la abogada.

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Estados Unidos, el mayor receptor de migrantes

Las personas migran para conseguir una vida mejor, seguridad, educación, ingreso económico, o porque huyen de conflictos armados en sus países.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza a través de una frontera internacional dentro de un país, fuera de su lugar de residencia independientemente de su situación jurídica, carácter voluntario o involuntario de su desplazamiento, las causas y la duración de su estancia.

En nuestro continente, el país que más migrantes ha recibido de todo el mundo es Estados Unidos, donde el ‘sueño americano’ ha atraído a millones de personas.

De acuerdo a datos del Centro para Estudios de Inmigración, entre 2010 y 2016 arribaron a ese país 8.1 millones de extranjeros.

Uno de los grandes embudos para poder cruzar la frontera hacia el norte, Tijuana México, aloja en este momento hasta 9 mil migrantes centroamericanos impedidos de llegar a suelo norteamericano.

La carga económica para el Estado mexicano, $4 millones para mantener un albergue de 3 mil personas, ha motivado a las autoridades a solicitar ayuda humanitaria a las Naciones Unidas.

El país azteca ofreció a los migrantes oportunidades de empleo no sin antes regularizar su situación migratoria.

No obstante, el recibimiento a los centroamericanos ha sido muy ácido por parte de algunos sectores locales que les han llamado “indeseables”. El flujo de migrantes hacia Estados Unidos ha ido en aumento en los últimos años, pero se ha efectuado por grupos más pequeños. En cambio, esta vez son miles los que buscan ingresar a este país de un solo tajo.

En 2014 los migrantes centroamericanos, que llegaron a 240 mil, superaron a los mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

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‘Mi misión es contribuir en la campaña de 40 diputados independientes’

Francisco Carreira, precandidato independiente, afirma que Panamá no va a cambiar con una Asamblea como la actual, que se ha convertido en una amenaza para el país. ‘Paco’ tiene propuestas polémicas como reducir en las empresas la fuerza laboral extranjera de 10% a 5%

El abogado Francisco Carreira aspira a ser Presidente de la República por la vía independiente. Entre sus propuestas tiene una clara misión, apoyar los circuitos donde se postulen candidatos a diputados independientes para efectuar los cambios estructurales necesarios.

Usted es un hombre popular en televisión, ¿le gustó la fama y se metió a candidato?
Yo creo que llegó un momento en el que me di cuenta de que no había un candidato cristiano. Hay una gran cantidad de candidatos arropándose en el tema de la familia y del no al matrimonio igualitario, pero jamás fueron a una marcha en contra de esto y ahora por razón de la aprobación o desaprobación del pueblo panameño, quieren vestirse con la misma manta. Esto no es así. No hay un candidato cristiano que defienda los derechos de la familia como la concebimos nosotros, entre hombre y mujer, y creo que Panamá tiene que preservar la base de la sociedad, que es la familia. Esa es la razón por la que mucho tiempo he estado vinculado a las marchas y contra le Ley 61 sobre la ideología de género y la aplicación de esto. Gracias a Dios somos uno de los únicos países de América Latina que no ha aprobado esto. No te voy a negar que aparecer en los medios ha ayudado.

La religión y el Estado no deben mezclarse...
Yo creo en la separación total del Estado y la religión. Cuando hablamos de defender a la familia, me refiero a los candidatos que han adoptado las obligaciones con Naciones Unidas de implementar la ideología de género y tratar de que Panamá adopte una serie de principios con los que estamos en contra.

Eso confirma que está en contra de la legalización del matrimonio igualitario...
¡Por supuesto! Me tocó participar y coordinar el trabajo en donde abogados firmamos un escrito en contra del matrimonio igualitario y lo presentamos a la Corte Suprema de Justicia.

¿No cree que su visión pudiera considerarse discriminatoria para los grupos que abogan a favor de que se legalice el matrimonio igualitario?
No, cada uno tiene derecho de apoyar los candidatos que quiera y lo que falta realmente es una definición ideológica de dónde estamos. Si cada uno dice lo que espera lo que la Corte va a decidir es ignorar el tema. Mira, la Corte puede decidir mañana lo que quiera en el tema, pero tiene que ir a la Asamblea. No importa cuál sea la decisión, la Asamblea va a tener que aprobar leyes relacionadas con estos temas.

Pero acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y les van a dar la razón...
Eso es lo que presumimos, las consultas anteriores de este organismo han sido así, pero nosotros no tenemos la CIDH como algo que supervisa la panameña. Yo creo que ahí hay una serie de principios que hay que discutir con mucha calma y sentido.

Usted se encuentra en sexto lugar, considerando el tiempo que falta para cerrar los libros, ¿cree usted que logrará colarse entre los tres primeros?
Veo que hay varios elementos. Desde la primera semana de septiembre que inicié mi campaña y hasta este momento, he entregado 100 mil firmas al Tribunal. En los informes se han restado algunas, pero hemos entregado 100 mil firmas y ya presentamos otras 60 mil más, por lo que totalizan 160 mil. Eso, si no me coloca de primero en firmas entregadas, estoy muy cerca, y yo creo que la diferencia está en la cantidad de firmas y el tiempo que nos ha tomado conseguirlas. Una vez entregadas al TE, han ocurrido cosas sorprendentes. Mientras los otros candidatos se quejan de que se tardan mucho en su verificación, a mí me han revisado 100 mil firmas en menos de tres semanas y todavía hay detalles que hacen esto un poco más cuestionable. Lo primero es que se inició el segundo y tercer turno de verificación y me pidieron que tuviera 10 personas por turno. En un momento dado, el sistema colapsó el fin de semana y cuando regresó, me redujeron a cinco personas por turno. Una vez que esto ocurrió, al próximo fin de semana me dijeron que por mantenimiento no enviara a los activistas. Lo que ocurrió es que en el próximo resultado me habían descalificado 70 mil firmas. Posteriormente, el propio TE me dijo que verificaríamos nuevamente la depuración de firmas efectuadas. En ese sentido, vimos que cédulas no vigentes había que acreditarlas, otras 27 mil firmas que firmaron a otros candidatos que deben revisarse a quién le firmaron primero, no en la fecha en que se llevan esas firmas al TE. Eso no se verificó, porque la forma de hacerlo es revisando los libros de los otros candidatos.

¿Cree que el TE cuenta con un buen sistema de verificación de cédulas?
Los otros candidatos desde el principio se han quejado de la lentitud y de un criterio preciso en este tema. En un momento le escuché decir a la candidata Ana Matilde Gómez explicar que cuando ella inició esto, las firmas tenían que ser iguales. Posteriormente, vino otra interpretación de que las firmas que debían ser rechazadas eran las diferentes a la de la cédula. Ese criterio de rasgos similares pudiera funcionar con personas que sepan de firmas, pero al tener personas jóvenes en la tarea, es muy subjetivo.

¿Qué tanto escucha el TE a sus activistas?
Ellos de todas maneras rechazan la firma si consideran que no cumple los requisitos. Ellos solo están para revisar que el proceso se haga bien. Se puede llamar al supervisor del programa para que decidan.

¿Cuál es su estrategia para la constituyente?
Yo creo que Panamá necesita una constituyente, pero no es lo mismo hacer una asamblea constituyente con los diputados que hay hoy, que han convertido al Órgano Legislativo en una amenaza para el país. Solamente el haber subido la partida de $4 mil a $30 mil es una inmoralidad.

Pero también hay un Ejecutivo que lo permitió...
¡Por supuesto! No hay justificación de lo que ocurrió en Pandeportes. Por eso necesitamos el cambio de la Asamblea.

No sabemos si la gente reelegirá a los diputados...
Las elecciones son la oportunidad. Mi misión, esté o no entre los tres candidatos independientes, es contribuir en la campaña de 40 circuitos donde hay candidatos independientes con las credenciales para que haya un cambio en la Asamblea. Una vez que esto suceda, entonces hay que considerar los cambios. Si este país acepta la no reelección, vamos a dar un paso.

Y si hay reelección, ¿cómo piensa hacer?
Bueno, entonces el próximo presidente va a ser un rehén de la Asamblea Nacional y no le va a quedar más camino que negociar. Mira lo que hizo el presidente Ricardo Martinelli en su momento, como han dicho otros, o compró o alquiló a los diputados; sin embargo, el presidente Juan Carlos Varela ha tenido que negociar con ellos y ceder. Eso es parte de lo que a este país le está haciendo un daño muy grande.

¿Cuáles son los pilares de su propuesta?
Primero, dar orden fiscal, no se justifica que de los recursos de Panamá, la Asamblea se lleve $170 millones al año, y encima de eso, todos pagamos automóviles con impuestos, pero a ellos hay que darles tres carros exonerados durante su periodo. A los suplentes les pagamos, trabajen o no. Yo creo que el orden fiscal es una prioridad. Luego, el presupuesto nacional alcanza para lo que queramos, siempre y cuando nos manejemos como un país con recursos, pero en crisis. Nosotros nos estamos manejando como un país con recursos, pero no en crisis.

¿Cómo va a combatir la corrupción en el país?
Ahí es donde comienzas a hablar en la Asamblea. La Ley de Contrataciones Públicas es lo primero que haría. Hay que tener un preregistro de las empresas para participar. En ese registro se pueden impugnar las empresas, pero no lo vamos a hacer durante la licitación.

¿Cuál otra propuesta tiene en mente?
Convertir la corrupción en mi aliado. Eso se logra recompensando a la gente con grandes sumas de dinero, provenientes de las multas impuestas, para que denuncien los hechos. ¿ Cómo terminaron los gringos la contaminación de los mares? Le pusieron un millón de dólares a cada barco que contaminaba y ahora hay varios filipinos millonarios por haber denunciado. Las fórmulas existen.

¿Y en seguridad?
Vamos a pagar $2 mil por cada arma, sin hacer preguntas. Vamos a pagarlas con el dinero que confiscamos.

¿Pan para hoy y hambre para mañana?
Eso es otra cosa. Les soluciona por algunos días. Hoy con el arma no comen. Al final, es un riesgo para ellos tener esa arma. Hay que crear otros incentivos, cada medida debe tener su trabajo específico.

¿Cuál será su política económica y con respecto al sector agropecuario?
Yo creo que Panamá tiene que hacer infraestructuras. Una de las cosas que estoy proponiendo es esa carretera para explotar el Atlántico, como lo hacen todos los países que tienen centros turísticos. Creo que debemos hacer un puerto en el Pacífico pero no debajo del Puente de las Américas. No hemos aprendido que entre más afuera se hace el puerto hay menos problemas de dragado. Con el agro hay que poner orden, no podemos seguir con las importaciones matando a los productores.

Eso está claro, pero ¿cómo lo va a lograr?
Este país ha sido manejado por mucho tiempo por los importadores en perjuicio de los productores. Hay que cambiar las estructuras del Instituto de Mercadeo Agropecuario, las del Ministerio de la cartera y las de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, poniendo productores ahí.

Su propuesta apunta a bajar del 10% al 5% la fuerza laboral extranjera en un momento en que el país tiene una migración excesiva...
Lo que pasa es que tenemos el 10% y eso no se verifica. El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de decir a quién le da permiso y por qué. Debe ser por dos años y la idea era que durante ese tiempo se capacite a un nacional, pero se quedan más tiempo.

Esa ley es muy antigua, la realidad es otra...
El hecho de que sea vieja no quiere decir que no podamos ahora darnos cuenta de que hay más de 20 universidades en Panamá produciendo profesionales y nosotros le damos el trabajo a extranjeros.

En las cátedras de maestría hay muchos extranjeros. Son mentes que no le costaron al Estado, ¿y las desechamos?
Eso no los hace panameños.

Aprovecharía el intelecto a favor del país...
Y se aprovecha.

¿Cómo?
El tema es que hay demasiados extranjeros viviendo en Panamá con permisos de trabajo por más de dos años de manera incontrolada.

Entonces ¿cerramos las fronteras?
No cerramos las fronteras. Tenemos que hacer las cosas con orden. Y si bajamos el porcentaje del 10% al 5% que justifiquen los extranjeros por qué tienen que trabajar aquí por más de dos años, entonces vamos a poner orden, porque los panameños son los perjudicados.

¿Cómo evalúa las relaciones de Panamá y China?
Yo creo que las relaciones deben ser mejores y más profundas. Hay que aprender mucho de China, es una oportunidad para Panamá, pero tenemos que tener disciplina. Tenemos que tener prioridades sobre lo que nos conviene.

¿Qué estrategia nacional vislumbra usted que ha trazado el gobierno para sacar provecho de las relaciones con China?
Ahora mismo tenemos firmados varios acuerdos.

¿Eso es una estrategia?
Yo no la conozco. Vi un acuerdo con Etesa; China es una potencia generando electricidad. Nosotros podemos beneficiarnos de ese tipo de tecnología.

¿Qué tiene que decir sobre la experiencia de otros países que han quedado endeudados por este tipo de infraestructuras iniciadas por los chinos?
Eso ya es parte de las condiciones en qué queremos hacer. El tema con el tren es una locura. No se justifica, no tiene movimiento.

¿Cuánto ha invertido en su candidatura?
Como $100 mil.

¿De dónde?
Mío, personal.

¿Quién invierte de sus ahorros en esto?
A mí me van a reembolsar $2.20 por cada firma que yo tenga buena y hasta ahora tengo 30 mil firmas. Estaría perdiendo $40 mil. Yo lo veo en otra función. Mi verdadera misión es que se elijan 40 diputados nuevos, eso lo voy a hacer, quede o no quede. De qué sirve ser presidente con una Asamblea como la que hay ahora mismo.

¿Qué hará si llega a ser presidente con una Asamblea dominada por los partidos políticos?
Va a haber un conflicto y lo sé. Por primera vez le voy a decir a medio millón de panameños, vengan a respaldarme aquí para que las leyes se aprueben. Eso nunca se ha hecho en Panamá. Nosotros ya comprobamos que cuando llevas cien mil personas a la Asamblea a protestar, tiemblan los diputados. Tal vez tendremos que manejarnos en ese espíritu, no es el ideal. La constituyente depende de la elección próxima. La apuesta aquí es a los candidatos independientes después del desprestigio que se ha dado en los partidos políticos.

¿Se uniría a otro precandidato independiente?
La ley no lo permite. El 3 de enero hay que designar un vicepresidente y todavía ese día no sé si soy candidato. Todavía no sé quién va a ser. Al final de diciembre voy a saber dónde voy a estar en el tema de las firmas. Por ahora quiero que sea una mujer preparada, no creo que deben participar pastores ni curas en política.

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