‘La cultura se mantiene como la cenicienta de todos los gobiernos’

Aristides Burgos en amena charla con Adelita Coriat.

‘Proyecto 573 viola la seguridad jurídica de los inversionistas’

Miguel Bolinaga y Luis Chifundo conversaron con Adelita Coriat sobre el sector eléctrico del país.

‘Vamos para el barranco y no hay nadie que nos ataje’

El expresidente Ernesto Pérez Balladares.

‘Hay que cambiar la forma de elegir a nuestros gobernantes’

Felipe Chapman durante su charla con Adelita Coriat.

‘Nuestro despacho recibía dinero de Odebrecht para entregárselo a Odebrecht’ra’

El diputado Jorge Alberto Rosas conversa con Adelita Coriat.

‘Panamá debe establecer un registro de malos tratos y torturas’

Audrey Olivier, directora regional de la Oficina para Latinoamérica de la Asociación para la Prevención de la Tortura.

‘El sistema jurídico está viciado, se presta para componendas’

Alma Montenegro de Fletcher conversa con Adelita Coriat.

La constituyente, la meta que no se concreta

Jorge González, Secretario de Metas y vocero de la Presidencia.

‘La guerra contra el narco es absurda’, Guillermo Arriaga

Narrador, guionista y cineasta Guillermo Arriaga.

domingo, 19 de noviembre de 2017

Los negocios de Saint Malo en la Autoridad Marítima

El joven empresario logró un crecimiento exponencial de su empresa en el negocio de bunkering. Fuentes atribuyen esta bonanza al control de licencias que se ejerció desde la AMP en detrimento de la competencia

La empresa Star Tankers Bunkering (Star Tankers) logró un crecimiento exponencial -como lo describen algunas fuentes- en muy poco tiempo, pasando de un buque a una flota de 5 naves en el contexto local y otra de dos en Jamaica en tan solo 6 años.

En esos tiempos de bonanza, de 2010 en adelante, Star Tankers trabajaba a manos llenas. Uno de sus clientes era OW Bunker, una de las mayores compañías suplidoras de combustible del mundo, que en 2016 se declaró en quiebra por culpa de un fraude en una de sus sucursales asiáticas.

Otro de sus clientes era Península que recientemente había incursionado en el mercado panameño y que había traído sus propias naves de Europa para operar en Panamá pero nunca obtuvo una licencia de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Al frente de la parte operativa de esta empresa dedicada al transporte de combustible, se encuentra Raúl De Saint Malo, hermano de la vicepresidenta Isabel, y sus socios capitalistas que eran, o siguen siéndolo, los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del presidente de turno Ricardo Martinelli.

Los integrantes de esta empresa, según varios entrevistados por La Estrella de Panamá, contaban con dos cosas que los distinguían del resto de la competencia: poder y dinero. Hoy, sobre los tres socios pesa una investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción por presunto delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.

LA BONANZA CON ESTRELLA
Lo relevante para el sector, era constatar con qué facilidad se compraron las naves cuando se trataba de una empresa nueva. Y más aún, luego de operar los barcos, entrar a vender el producto, es decir, se convirtió en suplidor físico de combustible marino o fuel oil con otra sociedad.

"Raúl tenía experiencia en valorización de las naves, era un muchacho simpático pero no estaba cerca de ser operador. Para llegar a manejar una flota se requiere de muchos millones. No era normal que un muchacho comprara tantos barcos y tan buenos. Era muy hábil", indicó una de las fuentes consultadas.

De Saint Malo prefirió no hacer comentarios a este diario sobre las denuncias de sus competidores. En una breve respuesta telefónica indicó que “todos debemos ser respetuosos de la ley y de la reserva del sumario. En su momento el Ministerio Público informará por los canales que correspondan”, respondió. El periódico le transmitió inquietudes sobre el manejo del negocio en años pasados y el crecimiento ‘desmesurado’ de su empresa.

Uno de los entrevistados realizó exploración para adquirir una sola nave similar en capacidad y edad a la Star Tanker y el precio rondaba por los $7millones.

Los tiempos de riqueza de la empresa Star Tankers, según las fuentes, venían acompañados de un “control del negocio utilizando como instrumento a la Autoridad Marítima de Panamá”.

Entendidos en el negocio estiman que una nave podría tener operaciones hasta por $150 mil mensuales en el transporte de combustible. El negocio consistía en rentar la nave a un proveedor de combustible a un costo diario de aproximadamente $5 mil.

EL PODER DEL ESTADO
Los informantes relacionados al sector y a la AMP, que han solicitado reserva de su identidad, coinciden en que había un control de emisión de licencias de operación por parte de la AMP en detrimento para el resto de los competidores.

"La AMP simplemente no daba respuestas a las solicitudes de renovación de licencias temporales, o no emitía nuevas a pesar de que las empresas cumplían con todos los requisitos. La ley obliga a esta entidad a dar una respuesta en 30 días al solicitante, pero pasaban años sin que los interesados obtuvieran una definición de su situación por parte de la AMP. El vacío legal causaba que las empresas quebraran o fueran absorbidas por otras más grandes, dejando el negocio en manos de unos cuantos, especialmente de De Saint Malo", indicó una fuente relacionada al sector.

En junio de 2013, la ley 41 que dicta las regulaciones sobre el trabajo en el mar y las vías navegables, se modificó restringiendo el servicio de aprovisionamiento de víveres y trasporte de combustible a buques a empresas cuyo nivel accionario superara el 75% en manos de panameños. Lo que limitó aún más la competitividad "era un intento para cogerse el negocio", manifestó un entrevistado. Cuando entró el relevo gubernamental, en 2014, se levantó esta prohibición.

La forma de torpedear los negocios, añade otro actor del sector, "era también a través de inspecciones. Hubo empresas que les retrasaron la autorización de equipo y barcazas. Sin embargo el negocio del bunker es tan grande que son las empresas extranjeras, las proveedoras, quienes deciden quién les transporta el bunker en Panamá".

"Todo estaba hecho para que ellos operaran sin competencia", narró un empresario. Otra fuente ligada al sector marítimo describió cómo se ejercía el supuesto control de la competencia a expensas de la institución del Estado. "Dentro de la AMP, De Saint Malo tenía un capitán de barco que le mantenía al tanto sobre qué barcos se movían y cómo lo hacían. Entonces, llamaba al director de la entidad Roberto Linares para que le 'cayeran' a esa empresa. La institución se convirtió en el garante del oligopolio. Las palabras del empresario eran casi una orden en la AMP. El director de Puertos que seguía las instrucciones en la AMP, ahora trabaja para De Saint Malo", apuntó esta persona conocedora del sector.

El listado de empresas con licencias de operaciones vigentes que se publica en la página de la AMP muestra que en el quinquenio pasado, 6 empresas contaban con licencia de operación de abastecimiento de combustible, mientras que a partir del 2014, se dio luz verde para esta actividad a 12 compañías más.

Hubo intentos, sin éxito, de la Cámara Marítima para denunciar las demoras injustificadas de la AMP en las solicitudes. "Había coacción del gobierno. El sector vivía en un silencio cómplice, ni siquiera la Cámara se atrevía a intervenir por temor a las medidas que podría adoptar el gobierno contra los denunciantes porque se trataba de la empresa vinculada al poder, monopolizaban el servicio obligando a otras personas a trabajar para ellos", indicó una fuente.

El cambio de administración gubernamental en 2014 normalizó la situación. "Pero dejó todo en silencio, sin consecuencias. Una conducta cómplice porque ahora se trata del hermano de la vicepresidenta, el bate no cambió de mano", añadió una de las fuentes ligadas al negocio.

Uno de los entrevistados se pregunta cómo es posible que no ha pasado nada, cuando una de las promesas de campaña del presidente Juan Carlos Varela fue un gobierno de transparencia “pero el hermano de la vicepresidenta sigue en el negocio después de todo lo que ha ocurrido”.

Según la AMP, Star Tankers, fue inscrita en el registro público en enero de 2010, y ese mismo año recibió la licencia número 1511, que le autorizaba a prestar los servicios abastecimiento de combustible a las embarcaciones que pasan por el Canal.

Reportes del directorio general de carga internacional señalan que las licencias de operación de más de una veintena de empresas, algunas resoluciones ya redactadas, se perdían entre las direcciones de la entidad como si fuera un laberinto.

Uno de los hombres relacionados al negocio narró que se presionó a una empresa española, “hasta llevarlos al borde de la quiebra. La empresa contaba con barcazas que proveían combustible, la influencia de la AMP logró que esta compañía no le quedara más remedio que unirse a De Saint Malo para sobrevivir en el negocio”.

El negocio de bunkering, esta compuesto por tres componentes, el suplidor físico que es el dueño del petróleo, del combustible; los tanques que almacenan el combustible al suplidor físico, y el operador de barcaza que transporta desde la terminal a la bahía para los barcos que esperan combustible.

"Raúl tenía experiencia en el sistema marítimo pero no en el de bunkering", finalizó una fuente.

LOS PAGOS QUE VINCULAN A ODEBRECTH
Ingeniero en sistemas navales con una maestría que obtuvo en la universidad de Georgtown, Washington, D.C. Estados Unidos en el 2000, Raúl De Saint Malo fue citado a la Fiscalía Anticorrupción para explicar cómo nació Star Tankers, la compañía en la que supuestamente es socio de los Martinelli Linares.

El empresario y hermano de la vicepresidenta Isabel De Saint Malo, es investigado junto a sus socios Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, por el presunto delito de blanqueo de capitales. La fiscalía busca esclarecer si un helicóptero comprado por los Martinelli forma pare de los bienes adquiridos con sobornos que pagó la constructora Odebrecht, a través de la banca suiza.

Bajo esta premisa, se investiga un cheque de gerencia por $1.9 millones, emitido el 25 de junio de 2014, cuyos fondos fueron provistos por una empresa vinculada a Raúl de Saint Malo, a favor de la sociedad Franconaves S.A., empresa que vendió un helicóptero a los Martinelli Linares.

Frente a la Fiscalía, en una de las primeras indagatorias De Saint Malo negó tener relación o conocer la empresa Franconaves, S.A.. Fue en un segundo encuentro con la fiscal Tania Sterling, cuando el joven empresario reconoció que el 25 de junio de 2014, debitó el dinero de la cuenta Petro Trading Services que pertenece al negocio que mantenía con los hermanos Martinelli Linares, como parte del proceso de devolver el dinero utilizado para la compra de dos barcos en Europa, en 2013, que se incorporaron al negocio de transporte de combustible.

De Saint Malo dijo a la fiscal que no recordaba quién dio la orden de pago a Franconaves, S.A. “Dicen que yo mandé un correo pero no tengo copia, he tratado varias veces que el banco me de compia de la instrucción pero me dijeron que no me la pueden dar”, le dijo a la autoridad el pasado 8 de mayo. REDACCIÓN Adelita Coriat y Marlen Testa


‘La constituyente tiene que emerger del pueblo, no de un grupo sofista’

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados César Ruiloba sostiene que la sociedad está centrada en el sistema judicial para castigar la corrupción cuando lo que se requiere es una reingeniería de los poderes estatales que la evite



César Ruiloba, expresidente del Colegio Nacional de Abogados.


¿Cuál es el debate pendiente de la sociedad panameña? ¿Hace falta un adecentamiento de la clase política? ¿Incidir sobre la independencia de poderes y la reestructuración del sistema educativo y de salud? ¿Hablar de las costosas campañas electorales que mueven donaciones de millones de dólares? César Ruiloba, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, parece convencido de que los problemas de corrupción que arrastra la sociedad no son producto de una constructora que mostró de cada político su mejor cara. Para él, el verdadero debate debe centrarse en la necesaria reingeniería del sistema político y judicial que bien podría abordarse a través de una asamblea constituyente paralela, en la que participen diputados electos por el pueblo, y se escuchen las voces de la representatividad social. La discusión, dice, está en saber elegir quiénes llegan al poder; una frase dulce que en la práctica choca con la cultura clientelista enquistada en el pueblo panameño.

¿CREE QUE EXISTE UNA POSICIÓN FIRME PARA LOGRAR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN EL PRÓXIMO QUINQUENIO?
Ese es un problema que debemos discutir, no desde la óptica de los políticos, sino de lo que necesitamos como sociedad. Los políticos nos venden la oferta de la constituyente como una oferta electoral; lo que tenemos que discutir es a quién le vamos a transferir el poder. ¿Se lo vamos a dar a una asamblea clientelista? ¿A una asamblea que tiene caciques por años?

¿CUÁL DEBE SER LA FÓRMULA, ENTONCES?
Esa es la discusión, una constituyente para poder distribuir el poder. Si le restamos el poder al Ejecutivo, ¿a quién se lo vamos a entregar? ¿Sería a una asamblea clientelista que trabaja en función de circuitos electorales que ha generado cacicazgos, gente que ha estado veinte años en la curul?

ENTONCES, ¿A QUIÉN SE LO DAMOS?
Esa es la discusión, no pensar en la oferta de una constituyente como si fuera una panacea, sino de la necesidad de poder discutir cómo generamos los contrapesos. Si le vamos a otorgar el poder a la asamblea, debemos discutir la necesidad de que existan diputados nacionales. Gente que se preocupe del país y no de sus circuitos, y eliminar a los diputados circuitales. Pasar esas responsabilidades al tema municipal. Como le vamos a dar poder a los diputados nacionales, esto incluye un veto real para que puedan aprobar o rechazar las designaciones del Ejecutivo. La posibilidad de una diputación nacional entraña ceder la oferta clientelista porque no hay la posibilidad de que una persona le pida al diputado nacional una hoja de zinc, o lo que sea.

AUN ASÍ, ESE DIPUTADO NO NECESARIAMENTE SERÍA UNA PERSONA QUE VELE POR LOS INTERESES NACIONALES...
Sí, pero vas transformando. Segundo, hay un compromiso desde el Legislativo de formar el Judicial. El gran problema del sistema Judicial es que él mismo no se crea, sino que son nombrados por el Ejecutivo y el Legislativo los ratifica. El presidente es electo y estructura su gabinete; el Legislativo se crea gracias a los votos electorales, ellos ocupan su curul, pero qué pasa con el Judicial, ese poder no se crea. La Carrera Judicial mira hacia abajo, pero no la alta Corte. Esto es lo que debemos de buscar. Pero no porque ahora Ernesto Pérez Balladares se matriculó con la constituyente es viable, o porque todos tienen la oferta de constituyente. Sí es viable, pero con una discusión previa que debata el tema. El proceso constituyente hay que mirarlo bien. La estructura económica, por ejemplo, no está en debate. Las preguntas son serias y trascendentales.

QUE ODEBRECHT HAYA ENTREGADO DONACIONES A LA CAMPAÑA DE JUAN CARLOS VARELA, ¿ES UN DELITO?
Eso hay que investigarlo; en qué condiciones se generó esa donación...

EN LAS MISMAS EN QUE SE GENERÓ LA DE JOSÉ DOMINGO ARIAS, O MARTÍN TORRIJOS, POR DECIR UN NOMBRE...
Eso hay que investigarlo.

SI UNA EMPRESA DONA DINERO A UN CANDIDATO, QUE YO TENGA ENTENDIDO NO ES UN DELITO...
Hay que averiguar en las condiciones que se dio, porque Odebrecht estructuró un aparato para las coimas. Hay que investigarlo. Lo que pasa es que quien interpreta lo que es o no delito es el Ejecutivo. Hay que investigar.

PERO SI SE TRATA DE UNA DONACIÓN, ¿POR QUÉ EN ESE CASO SE QUEDA EN ESE CARÁCTER Y NO EN EL CASO DE OTROS CANDIDATOS?
Partiendo de la idea, en el caso de (José Domingo) Arias, de que hay una mácula, un vicio, un dolo, o un aspecto criminal, debe investigarse. Porque si no, cerremos el caso de ‘Mimito' (Arias), porque no hay delito. El Ministerio Público tiene que tener uniformidad de criterios frente a la apertura de una investigación. No estoy diciendo si hay una responsabilidad o no, pero si ya hay una investigación en progreso de recibo de donación de un candidato, hay que abrir una investigación. Si después entramos en una discusión, como en efecto existe, de que se cerró o no, eso es técnico.

HIPOTÉTICAMENTE, SI EL DINERO SE DONÓ AL PARTIDO POLÍTICO QUE PUNTEABA EN LA CAMPAÑA, Y LUEGO LA CONSTRUCTORA CONSEGUÍA OBRAS PÚBLICAS, ESO ES CLIENTELISMO...
Totalmente.

UNA COIMA SE TRADUCE EN LA PLATA QUE SE LE DA AL FUNCIONARIO A CAMBIO DE QUE LE OTORGUE LA LICITACIÓN, Y AQUÍ ME CUESTA DISTINGUIR ESTE ASPECTO EN LA INVESTIGACIÓN...
Esto es parte de la dinámica. Una investigación penal es proyectiva, es la construcción de un hecho; si en la descripción no se generan los elementos que advierta un tipo penal, se desecha. Pero lo que no puede ocurrir es que haya una investigación a un candidato de oposición y respecto a la situación del partido en gobierno entonces hay una interpretación flexible.

SI HAY QUE INVESTIGAR LAS DONACIONES DEL PRESIDENTE, ¿QUÉ DEBERÍA HACER EL MINISTERIO PÚBLICO?
Apertura, y reconstruir las condiciones y relaciones del Partido Panameñista e intermediarios de Odebrecht. Porque aquí las obras vienen proyectivas, la línea dos y tres del Metro, y vendrán más líneas. Eso es parte de una investigación.

EL SEÑOR JAIME LASSO HABLÓ CON LA FISCALÍA SOBRE SU RELACIÓN CON ODEBRECHT Y LA RECOPILACIÓN DE DINERO PARA LA CAMPAÑA DEL ACTUAL PRESIDENTE. EN EL MOMENTO EN QUE ÉL PRONUNCIÓ EL NOMBRE DEL PRESIDENTE, ¿QUÉ DEBIÓ HACER LA FISCAL?
Dar constancia a la Asamblea Nacional.

ENTIENDO QUE COMO YA SE HABÍA INVESTIGADO A LA FUNDACIÓN POR LA QUE SE ENVIÓ PARTE DE LA PLATA, NO SE CONTINUÓ LA INVESTIGACIÓN. ¿ESO ES LO CORRECTO?
Le corresponde a la Asamblea Nacional ocultar una investigación; le corresponde a la Comisión abrir una investigación con ese elemento inicial.

¿QUIERE DECIR QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CAYÓ EN UNA OMISIÓN?
Esta en una omisión, tiene que generar esa posibilidad. Quien va a debatir o no las posibilidades jurídicas de abrir una investigación es la Asamblea Nacional. Lo que le corresponde al Ministerio Público es enviarla. Si no lo hace, entonces la ciudadanía puede requerirle a la Asamblea que solicite esas investigaciones. Lo que no puede haber es un doble estándar.

LA EXPROCURADORA ANA BELFON MANIFESTÓ QUE EFECTUÓ UNA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS, NO DE LAS PERSONAS. ¿ESTO QUÉ QUIERE DECIR? JAIME LASSO FUE INVESTIGADO ¿SÍ O NO?
Cualquier persona vinculada a esos hechos queda protegida por el principio de doble juzgamiento. Jaime Lasso o cualquier persona relacionada al hecho investigado queda protegida automáticamente, los hechos no pueden ser investigados.

PERO ESE HECHO QUE SE INVESTIGÓ NO ESTABA RELACIONADO CON EL CASO ODEBRECHT...
Ese hecho que se investigó y se cerró no puede volver a abrirse. Si lo que se abrió fue un hecho de una donación específica que viene de ‘A' para ‘B', y se cerró, entonces ya no puede volver a abrirse. Yo no conozco el expediente, pero la premisa legal es que no puede haber doble juzgamiento.

¿AUNQUE EL TEMA SEA DISTINTO?
Si es diferente el tema, es otro hecho. Entonces sí se puede. Yo no conozco qué se cerró, pero técnicamente, si un fiscal inicia una investigación sobre un hecho específico, no puede volver a investigarlo si ya cerró el caso. Si es distinto, puede abrir otra causa, porque los mismos actores pueden cometer hechos distintos.

PERO SUS DECLARACIONES ANTE LA FISCALÍA, ¿CÓMO QUEDAN, ENTONCES?
Hay que investigar. Insisto en que nos hemos quedado en ese debate técnico judicial, pero la gran pregunta es ¿por qué un candidato y su estructura requiere $30 o $40 millones para llegar a ser presidente? ¿Por que no hacemos un debate para modificar estos aspectos?

BUENO EXISTE UNA ESTRUCTURA PUNTUAL PARA HACER LOS CAMBIOS QUE PLANTEA...
Y si solo nos concentramos en el devenir judicial, que me parece importante, pero no vamos a las causas, no lo resolvemos. Hoy escucho a candidatos hablar sobre una constituyente, pero es una oferta política. Esto tiene que venir de la sociedad.

NO ES CUALQUIERA EL QUE SE ATREVE A CONVOCAR A UNA CONSTITUYENTE...
Lo prometió Varela como una oferta política, defraudó porque no existió iniciativa seria para provocar las condiciones políticas para ello. Pero como sociedad estamos preparados con esas condiciones políticas. Hay países que tienen constituciones de hace sesenta años, ¿hoy qué estamos recibiendo aquí? Yo escucho a candidatos, a partidos políticos, hablar de la necesidad de una constituyente, pero entonces, ¿a quién le vamos a dar el poder? Si queremos reducir el poder del Ejecutivo, ¿se lo vamos a dar a una Asamblea clientelista? No quisiera que la constituyente venga impuesta de un grupo sofista, como si fuera una panacea. Tiene que llegar de los cimientos de la sociedad, de los grupos organizados. Hay que crear estructuras de debate para una reingeniería política.

EL PRESIDENTE SE RESERVÓ PARA SÍ LA ELECCIÓN DE LOS PRÓXIMOS MAGISTRADOS. EN LA FORMA EN QUE SE ENCUENTRA EL PAÍS, ¿CÓMO RECIBE USTED ESTA DECISIÓN?
Yo lo veo de otra forma, en la medida en que el Ejecutivo no asuma la responsabilidad histórica de nombrar a buena gente, no recibe la crítica política ni la censura. Lo que pasa es que el Ejecutivo se ha mimetizado cuando incorpora grupos de la sociedad civil y después dice que los nombró con la sociedad civil, y el fraude entonces es compartido y no hay una censura política. Es que constitucionalmente debe asumir la responsabilidad histórica de nombrarlos. A futuro se puede generar la censura o el espaldarazo de haber nombrado a gente que esté en sintonía con los hechos. Esperemos que el presidente entienda la coyuntura por la que atravesamos y que no se haga de dos personas, abogados o abogadas, que después estén esperando los favores políticos de la designación, estamos cansados de eso. Gente que sepa decirle no al poder. No si le llaman o no le llaman, pero el poder de turno siempre va a presionar, pero necesitamos gente que sepa decir no.

¿LA PROCURADORA SABE DECIR NO?
No lo sé. Ella tendrá que rendir cuentas históricas. Cada persona que toma la decisión de formar parte de la vida pública debe rendir cuentas. No sabemos pedir cuentas, necesitamos que nos rindan cuentas estructurales.

PERO LA ELECCIÓN EN LA QUE PARTICIPA LA SOCIEDAD CIVIL NO SIEMPRE RESULTA EN LOS NOMBRAMIENTOS...
Claro, porque les dice a los nominados que participen, es una ingenuidad de la sociedad civil. El Ejecutivo debe poner gente ahí que esté a la altura de las circunstancias. Con las recientes designaciones de Ángela Russo y Cecilio Cedalisse ¿qué le podemos decir a Varela? Pero ahora con estas nuevas designaciones, le podemos decir que fracasó, en caso de que no resulten.

¿EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ ACTUANDO A LA ALTURA DE LA COMPLEJA INVESTIGACIÓN DE ODEBRECHT?
Yo estoy inconforme con lo que está ocurriendo, no solo desde el punto de vista del planteamiento de las investigaciones y las audiencias, sino la postura de la sociedad. Siempre lo he dicho, el desarrollo de los pueblos atienden al hecho de poder identificar sus problemas y quiénes son los líderes que pueden resolver esos problemas. Pareciese que en esta coyuntura no logramos descifrar cuál es el problema de la corrupción en la sociedad, ni quién o quiénes están llamados a resolverlo. Nunca nos hemos preguntado, por qué una empresa, en este caso Odebrecht, logró penetrar las estructuras de tres gobiernos en forma sucesiva. Estamos hablando de patrimonio para poder proyectar estructuras políticas, de millones de dólares. Ese es otro asunto. Es más grave. La política y empresas coludidas para proyectar económicamente personajes de uno y otro grupo. Esto ha ocurrido en tres lustros, pero por qué razón y qué debemos hacer para evitar que eso nos pase nuevamente. El debate está centrado en el Ministerio Público, en una audiencia de delación y el sistema judicial. Se trata, desde mi punto de vista, de problemas políticos. Pretendemos resolverlo en forma judicial. No estoy diciendo que no se castigue a quien se merece, pero le imprimimos una presión al proceso judicial y obviamos el gran debate político de lo que sucede en los colectivos. Cómo las personas llegan al poder para robar la plata y cómo ponemos una limitación institucional para que no ocurra.

PERO NO SIENTO QUE EXISTE ESA PERCEPCIÓN DE TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO...
Lo que pasa es que los voceros no le dicen a la opinión pública las etapas que conlleva esto. La cobertura que se generan a propósito de la audiencia de delación se asimiló a una audiencia de responsabilidad y de fondo. Todavía no hay nadie responsable, hay un debate procesal que tiene que ver con la etapa de investigación. Yo no le estoy quitando el peso de las investigaciones, por supuesto que son históricas, pero van a llegar a la consecuencia final de condenar o absolver a quienes haya que hacerlo. Pero el sistema político de corrupción que se haya tejido, el matrimonio que se generó entre la Corte y la Asamblea, no se ha desbancado y no discutimos eso. El problema es que yo no veo esa fuerza en el discurso y la presión política y ciudadana para mirar hacia allá y empezar a desarticular esa corrupción. Aquí Odebrecht no nos importó la corrupción, la corrupción ya estaba aquí. Odebrecht fue el detonante.

EL ABOGADO PENALISTA
  • Aboga por la necesidad de crear una constituyente paralela que reconstruya los poderes estatales
  • Nombre completo: César Augusto Ruiloba
  • Nacimiento: 9 de enero, 1972, ciudad de Panamá.
  • Ocupación: abogado
  • Resumen de su carrera: abogado litigante en Derecho Penal Económico. Exprofesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Panamá. Presidente del Colegio Nacional de Abogados (2011-2013). Miembro de la Federación Interamericana de Abogados.



jueves, 16 de noviembre de 2017

Odebrecht financió gastos del partido panameñista

Jaime Lasso, cabildero de la constructora, revela que los dineros recolectados de la brasileña se destinaron a pagos de proveedores, servicios asociados a la compaña, medios de comunicación social y publicitarias.

El médico Jaime Lasso, a quien la Fiscalía ubica como receptor de $10 millones de la constructora Odebrecht, emitió un comunicado para tratar de aclarar su posición como cabildero de la brasileña en Panamá.

Los montos recibidos, revela el doctor sin precisar una cifra determinada, no están en ninguna cuenta personal de su familia o de miembros del partido, ni en cuentas offshore congeladas. Están en manos de proveedores locales y extranjeros así como medios de comunicación, publicitarias, servicios asociados a las campañas, etc”.

La nota de Lasso no precisa fechas, pero un informe de la Dirección de Investigación Judicial indica que los aportes de la constructora se hicieron en 2009-2010 y continuados hasta 2014.

Es el único, dice, que ha admitido que tuvo una relación con la brasileña y su relación no fue ilegal puesto que “en ningún momento la empresa así lo señala a diferencia de otros involucrados”.

Lasso se justifica sobre la recolección de dineros de la constructora que destinó al colectivo diciendo que ignoraba que provenían de una llamada caja 2 que manejaba la empresa brasileña para hacer pagos indebidos a funcionarios de turno o campañas políticas y colectivos, como pareciera ser el caso del partido panameñista. Añade quien también fuera designado por Juan Carlos Varela en 2009 como cónsul de Panamá en Seúl, que suponía que los dineros eran aportes de una de las empresas más galardonadas y prestigiosas de Latinoamérica y otras partes del mundo, pero que no ha sido beneficiado con posición política, ministerial o embajadas de ninguna clase por el gobierno al cual ayude a ganar las elecciones.

“No era funcionario público cuando inicie dicha relación y en la actualidad no lo soy”, afirma Lasso que en 2009 se acercó a Andre Rabello, representante de la constructora en Panamá, para solicitar financiamiento para un programa de reproducción asistida dirigida a personas de bajos recursos.

Lasso se presentó como médico que es, pero Odebrecht lo miró como un puente para alcanzar las fichas políticas que le deban sus conexiones en el partido panameñista. Para ese entonces, Juan Carlos Varela, aspiraba a la vicepresidencia de la república en alianza con el partido Cambio Democrático, liderado por Ricardo Martinelli.

Rabello conoció así a varios prominentes miembros del partido gracias a Lasso, quien quedó contratado como cabildero de la constructora para ayudarle a agilizar trámites legales, contactar líderes comunitarios en los proyectos a cargo de la constructora que requerían de desalojos, también hablaba con algunos diputados en la Asamblea Nacional para agilizar contratos, etc.

Añade Lasso que “si nos ubicamos en el tiempo que vivíamos un sistema de terror, amenazas y persecución por el exgobernante (Martinelli) contra mi familia -fácilmente comprobable con las investigaciones de Contraloría, Unidad de Análisis Financiero y Ministerio Público aunque la exprocuradora Ana Belfon lo niegue y miente- decidí buscar fondos para el proyecto político que permitiese poner en el gobierno a una persona honesta y así lo hice”.

En ese tiempo, dice el médico, nadie se atrevía a dar un dólar al colectivo porque habían sido advertidos de no hacerlo (supuestamente por el presidente Martinelli).

Señala que en repetidas ocasiones ha declarado que a pesar de haber sido investigado personalmente y a su familia en la administración gubernamental anterior en todas su extensión, “no quiero que sea una excusa para detener las investigaciones que el Ministerio Público adelanta para deslindar responsabilidades de los involucrados”.

Finalmente puntualiza que tiene 32 años de vivir en Panamá junto a toda su familia y hará todo lo que sea necesario para que ellos y todos “podamos seguir viviendo en un país donde podemos opinar, criticar y hablar sin ser perseguido o extorsionados en sus negocios por ser opositores al gobierno de turno”.

En entrevista previa a La Estrella de Panamá, Lasso desconoció la cifra de $10 millones que las autoridades aducen recibió de la constructora.


Espino, la pieza que encaja con Jaime Ford en el rompecabezas de Odebrecht

La audiencia de homologación de acuerdo eficaz entre el Ministerio Público y el empresario Jorge Espino, programada para hoy fue suspendida.

La defensa de Espino presentó un documento ante el Juzgado Duodécimo de lo Penal, a cargo de Oscar Carrasquilla, solicitando que la diligencia sea pospuesta y se realice bajo reserva por la seguridad de su cliente.

Zuleika Moore, Fiscal Especializada Anticorrupción, no se opuso a las peticiones de la defensa. El juez, por su parte, procederá a programar una nueva fecha para la diligencia judicial, informó la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial.

Las delaciones del empresario ante la fiscal es la pieza que encaja con el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.

La fiscal especial anticorrupción establece en su procedencia de indagatoria del 1 de septiembre de 2017 que la sociedad Conceptos y Espacios, representada por Jorge Espino y Julián París, mantuvo un contrato con la constructora brasileña.

La información fue extraída de un acta del 18 de octubre de 2013 que reposa entre los documentos de una cuenta bancaria de la sociedad Westfall Holdings, S.A.

La funcionaria de instrucción logró que establecer que Westfall Holdings, S.A mantiene una cuenta en la Banca Privada de Andorra, a donde fueron transferidos $3 millones de la cuenta de Aeon Group, controlada por la constructora Odebrecht.

El agente residencia de la sociedad Alemán, Cordero, Galindo & Lee estableció, según la procedencia de indagatoria, que el beneficiario final era Jorge Espino.

La fiscalía también estableció que Espino mantenía el poder para aperturar la cuenta en la Banca Privada de Andorra.

Espino, según la investigación, transfirió a Ford dinero. Incluso, la fiscalía da cuenta de una reunión donde se pactó la suma de $1.8 millones para el exministro de Obras Públicas. El dinero fue pagado de forma segmentada, pero los montos no fueron contabilizados, señaló el Ministerio Público.

En la investigación también se logró acreditar como prueba una transferencia de $200 mil a favor de Westfall Holding, que fue autorizada por Aeon Group Inc, de la División de Operaciones Estructuras, departamento creado por la constructora brasileña para administrar el pago de coimas a funcionarios y a terceras personas legados a ellos, a cambio de favores para el desarrollo de sus proyectos.

Según la fiscalía los elementos prueban la existencia de un delito de blanqueo de capitales. Para Moore existe un nexo entre el producto ilícito y las “conductas de ocultamiento”, para lo que se utilizó offshores creadas en otro país, para aparentar un negocio legal, justificar los bienes y aperturar cuentas bancarias.

Espino, según la fiscalía reconoció el hecho delictivo, y se acogió a un acuerdo de colaboración que sea validado próximamente.

La diligencia se produce dentro del proceso que inicio por una denuncia del abogado Alvin Weeden. que argumentaba que en el esquema de coimas de constructora brasileña intervinieron cuatro compañías.


Exigen investigación de donaciones al Panameñista

Políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil, entre otros, coinciden en que deben ser investigados los dineros que otorgó al partido gobernante Odebrecht, envuelta en un escándalo por pago de coimas

Las donaciones de la constructora Odebrecht al partido panameñista deben ser investigadas por el Ministerio Público. Sin importar de qué monto se trate, el denominador común de los consultados por La Estrella de Panamá, es que el hecho, al igual que todos las donaciones y coimas entregadas por la brasileña deben ser esclarecidas.

Un informe fechado el 1 de septiembre pasado de la Dirección de Investigación Judicial, Departamento de Investigaciones Criminales y Delitos Contra la Adminsitración Pública reveló que la empresa negoció el pago de montos continuados entre el año 2009 y 2010, hasta el 2014 por un total de $10 millones a favor de empresas offshore indicadas por el doctor Jaime Lasso, allegado al presidente Juan Carlos Varela. Aunque éste desconoce el monto que señala el documento policial, admitió que recolectó fondos para el colectivo con la intención de desbancar al entonces partido oficialista, Cambio Democrático (CD), en las elecciones de 2014. Gobierno que Lasso calificó como el más corrupto de la historia y perseguidor. Razón por la que enfiló esfuerzos en el proyecto del panameñismo, dijo, para adecentar la administración pública.

El presidente del Partido Panameñista, José Luis ‘Popy’ Varela, indicó a este diario que “nadie del partido panameñista recibió una coima o soborno, o tiene cuentas congeladas producto de actos ilícitos. Beneficiarse económicamente por tráfico de influencias aprovechándose de una posición gubernamental es un delito”.

Popy confirma las palabras de Lasso en el sentido de que trabajó como ‘lobbista’ o cabildero a Odebrecht para apoyar al partido y al candidato a vicepresidente Juan Carlos Varela, donaciones que fueron reportadas legalmente. “Todas las empresas internacionales tienen personas contratadas para ese tipo de trabajos y es legal, incluso está legislado en el país”. Popy se pregunta, qué influencia en las licitaciones pudo tener (esta relación de trabajo) cuando el partido estaba fuera del gobierno y tenía todo un gobierno en contra (CD).

El presidente de los panameñistas considera que quienes descaradamente fueron “coimeados por Odebrecht que tienen decenas de millones de dólares congelados en el extranjero ahora quieren hacer ver que un trabajo legal efectuado es lo mismo”.

Aún hace falta mucha información, y cuando esto ocurra, según Popy, se demostrará que nunca hubo un soborno en esta relación con Odebrecht.

“Lasso (Jaime) debió haber cobrado algo por ese servicio, (el de cabildero) . Todo lo que recibió para entregar al partido panameñista incurre en el delito de lavado de dinero. Esto es así, porque al no entregar la contribución directamente al partido, y utilizar un tercero, una offshore, él esta incurriendo en un encubrimeino sobre quién es el donante”, indicó Guillermo ‘Willy’ Cochez, político y exembajador ante la Organización de Estados Americanos.

Lasso prestaba servicios a la constructora como cabildeo, o agilización de trámites, contacto con líderes comunitarios.

El político observa que el presidente se tardó en admitir que recibió donaciones de la constructora. Por meses, desde que se destapó el escándalo de las coimas de Odebrecht, el mandatario Juan Carlos Varela ordenó la publicación de la lista de donantes de su campaña entregada al Tribunal Electoral. Meses más tarde, admitió haber recibido ayudas de la empresa extranjera que en 10 años se hizo de más de $9 mil millones en contratos.

“Lo que me da la impresión, añade Cochez, es que primero que todo, Varela se demoró en hablar”.
Se pregunta dónde va a justificar los millones que recibió, con el agravante de que el documento policial menciona también a Carlos Dobuy como otro de los contactos de le constructora.

Cochez está seguro de que tuvo que “haber más gente que cobró. Reitero, como le dije al presidente Varela cuando me reuní con él el 9 de agosto pasado en la Presidencia, que es inaudito que no se haya hecho nada con el expediente del diputado Jorge Alberto Rosas en la Corte Suprema de Justicia, y le mencioné que se comentaba que el dinero que cobraba Rosas era para repartirlo”.

La falta de credibilidad en el sistema judicial y de investigación han motivado a Magali Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien impulsa la idea de instalar una comisión independiente que efectúe una auditoría de las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público.

“Yo que he dado seguimiento a varios casos de alto perfil, tengo muchas dudas. Tal vez una comisión internacional debe investigar lo que pasa y dar seguimiento a las investigaciones para luego emitir una opinión al respecto”, indicó Castillo.

A la jurista le preocupa la endeble credibilidad de las instituciones. Sabe que al Gobierno le cuesta creer este tema, pero también preve que a largo plazo, la situación puede desembocar en una crisis mayor sin freno.

Es importante que se investiguen los dineros que entraron a las cuentas indicadas por Jaime Lasso, según el criterio de Castillo. “Eso es lo que todos queremos. El tema de investigar al presidente Varela lo veo difícil, porque correspondería a la Asamblea Nacional juzgarlo y en este momento sería muy dificil que pase”, manifestó la abogada.

Todos deben ser investigados sin distinciones, según Annette Planells, del Movimiento Independiente. Sin importar si se trata de uno o de $10 millones, o a qué partido sean a fines.

“Recibir pagos ilegales, como describieron los delatores de Odebrecht a empresas contratistas del Estado estando en posición de poder o aspirando a llegar a él, tiene que ser investigado”, dijo Planells.

Abona a la idea de que los panameños tenemos derecho a saber la verdad y recuperar el dinero “que nos robaron y a llevar a juicio a todos los implicados del esquema de corrupción de la empresa”.

Por su parte, la diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) reclama un trato igualitario en las investigaciones del Ministerio Público. “No se puede decir que lo que ocurrió en un periodo era sobornos, y lo que ocurrió en otro eran donaciones. No se justifica que lo que era malo antes ahora es bueno para ellos (Los Panmeñistas)”, exclamó la diputada comparando el trato al oficialismo con las averiguaciones que hace el Ministerio Público en el caso del candidato de CD José Domingo Arias.

“El partido debe ser investigado por los dineros que recibió de Odebrecht. Pero no lo van a hacer por que el diputado panameñista José Luis Varela cuenta con 98% de la Asamblea Nacional de Diputados. Lo que pasaría es que archivarían la denuncia y quedaría como una cosa juzgada”, apuntó Rodríguez.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Lasso: ‘busqué fondos para que Martinelli no repitiera’

La Dirección de Investigación Judicial establece que la constructora brasileña habría entregado $10.7 millones a empresas relacionadas con Jaime Lasso, que niega la cifra

Entre 2009 y 2014 la constructora brasileña Odebrecht habría entregado $10.7 millones a dos sociedades anónimas y una fundación controladas por Jaime Lasso, excónsul de Panamá en Seúl, Corea del Sur. Así lo establece un informe de la División de Delitos contra la Administración Pública, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional elaborado el 1 de septiembre de 2017.

Los dineros se destinaron, según el documento, para promover el movimiento político del partido panameñista antes de las elecciones de 2009, durante la alianza con el colectivo Cambio Democrático, y posterior a la ruptura entre ambas organizaciones políticas en 2011.

Aunque Lasso desconoce esa cifra, admite que fungió como lobista de la constructora para establecer conexiones entre ésta y miembros del partido panameñista y así agilizar trámites legales y administrativos para el desarrollo de sus proyectos en Panamá.

“No sé de dónde usted saca esa cantidad. Yo tomé la decisión de buscar fondos para que Ricardo Martinelli no repitiera en este país porque lo considero una de las peores cosas que ha pasado”, indicó Lasso a La Estrella de Panamá. En seguida añadió: “Yo aporté muchísimo antes de la campaña, colecté fondos para que una persona honesta estuviese en el poder. Dígame si he tenido algún beneficio de que el presidente haya ganado”.

Odebrecht ubicó las fichas que podrían servirle en el desarrollo de sus proyectos. Así, por ejemplo, sumó a su estructura a Jaime Lasso. El empresario y médico, con excelentes relaciones en el partido panameñista, que se acercó a la constructora para solicitar apoyo para un proyecto de reproducción asistida.

Una excelente entrada para la empresa a pocos meses de que ganara las elecciones el binomio Ricardo Martinelli-Juan Carlos Varela en el 2009.

Así Lasso, sin malicia, entabló una relación más privada con Andrés Rabello, el representante de la empresa en Panamá, de la que todos querían estar pegados en aquella época. “No le ví nada malo a eso”, insistió Lasso a la fiscalía en su indagatoria.

La primera donación que hizo Odebrecht para el colectivo panameñista fue de $700 mil de forma fragmentada, manteniendo el vínculo y una agenda activa, según el informe policial.

“En el segundo semestre de 2009, Lasso promueve una reunión con el líder de la bancada panameñista José Luis Varela, quien se puso a disposición para apoyarlos en los proyectos del gobierno que la compañía estuviese desarrollando, principalmente en ambientes donde los lideres comunitarios estuviesen ligados al mismo partido”, se lee en el documento de la DIJ.

Cuando se le adjudicó a Odebrecht el proyecto Curundú ($90 millones) los brasileños recurrieron a Lasso para agilizar el desalojo de familias y el trámite para expropiaciones, apoyo legal y permisos de alquileres sociales temporales.

El otro contacto, el entonces ministro de Vivienda Carlos Duboy, apoyó en el trabajo de reubicación de las familias, misión más delicada del proyecto que se concluyó en dos años, pero que pudo ser más demorada y quizás con impactos negativos y financieros para la constructora.

CONTACTOS Y ASESORÍAS
A finales de 2010, Odebrecht se apoyó nuevamente en Lasso y sus contactos, para las expropiaciones de viviendas que se encontraban en el área circundante al proyecto de la primera línea del metro con un contrato inicial de $1,500 millones.

La documentación a la que tuvo acceso este diario, narra que con el “apoyo que estaba dando Lasso a la empresa, se negoció el pago de sumas entre el año 2009 y 2010, que se dieron hasta el año 2014 por un monto total de $10 millones a favor de la empresa indicada por Jaime Lasso”.

Algunos pagos de la compañía Odebrecht, servirían para recuperar aportes hechos por Lasso al partido panameñista, para balancear sus finanzas personales, así lo estipula la investigación policial.

Los puntos de reunión con Lasso fueron en la oficina de la empresa ubicada en Punta Pacífica y otras en el consultorio del médico. Se identificaron pagos realizados por la emrpesa V-tech Ltd, y a una cuenta que mantenía en el Meinl Bank de Antigua, a nombre de Poseidon Enterprises LL .

Los pagos eran autorizados por Luiz Mameri (ex jefe máximo de las operaciones de la constructora en América Latina y Angola).

Mameri era el hombre que tenía el poder para aprobar o rechazar los pagos. En su delación ante las autoridades brasileñas, dijo que la empresa mantenía en cada país relaciones próximas con los agentes públicos locales, “y yo tenía conocimiento, aunque sin implicación directa, de que de alguna forma, había pagos indebidos en el exterior, incluso por medio de la caja negra de la Oficina de Operaciones Estructuradas por parte de los ejecutivos locales, ya sea con el pretexto de hacer contribuciones electorales o no”, indicó el exejecutivo. Las informaciones de los pagos pasaban al equipo de operaciones estructuradas quienes los parcelaban con recursos no contabilizados, además abrían las cuentas para la recepción de los montos.

La sociedad Poseidon Enterprises LLC, fue creada para recibir el pago asociado a la relación con Odebrecht. Lasso no tiene idea quiénes firman ahí, porque la sociedad la creó el representante de la constructora, y lo importante para el banco Meiln Bank,era el beneficiario final. “Odebrecht me sugería ésta es la sociedad que utilizaríamos, y me decían: tienes que comprarla. Yo solo veía el débito en mi cuenta”, indicó Lasso en su indagatoria. El médico afirma que no recuerda la firma de abogados que manejó la sociedad anónima, cree que estaba establecida en Uruguay. “Ellos cobraban una tasa anual por los dignatarios y agente residente”, rememoró.

Lasso tampoco recuerda cuál es el objeto social de la constitución de Poseidon Enterprises LLC. El firmante era Michelle, su hija pero el beneficiario final de la cuenta era el proyecto político.

Lasso subraya a la fiscal Moore que todas sus propiedades fueron adquiridas antes de entrar a la vida pública en 2009.

Con esto desea ilustrar a la fiscalía que no obtuvo provecho económico de los aportes que se dieron a través de Odebrecht en los temas políticos.

Incluso la apertura de la cuenta en el banco que utilizaba Odebrecht para sus transacciones le dio tranquilidad a Lasso porque veía que se trataba de un banco europeo y suponía que tenía las mismas relaciones o tan buenas como las de Estados Unidos en la prevención del lavado de dinero. Lo curioso es que Odebrecht le sugirió a Lasso que abriera las cuentas en dicho banco por razones que él desconoce.

LAS OFFSHORE
El exdiplomático decidió que la empresa le enviara el dinero a las cuentas offshore para colaborar con el partido por varias razones. La primera, porque esas sociedades anónimas estaban registradas fuera de la jurisdicción panameña, y por tanto, alejadas del terror que cualquier persona -natural o jurídica- pudiera ser objeto por donar a otro partido que no fuese el de Ricardo Martinelli.

La segunda, según el propio Lasso indicó a la fiscal Zuleyka Moore, era porque el partido estaba en oposición y “no teníamos nada que dar a cambio más que un proyecto político, transparente, que había sido el objetivo original desde 2009, o sea, no continuar con gobiernos corruptos. Nunca pensé que Odebrecht tenía una estructura paralela o manejaba temas de soborno”.

La empresa se aprovechó de las estrechas relaciones de Lasso con los panameñistas y acordó un contrato con él para que fungiera como lobista o facilitador de sus proyectos a futuro. Odebrecht posicionaba sus fichas en los sitios donde más adelante le serían útiles.

Así empezó a tejer sus relaciones. En 2009, Rabello conversó con Lasso sobre las proyecciones políticas para las elecciones de 2009. También habló sobre los proyectos en los que Odebrecht estaba interesada en participar más adelante, y con quién debía asesorarse.

A Lasso también le pidieron su opinión sobre sindicatos organizados y éste les recomendó a exfuncionarios con esa capacidad. Eso sí, Lasso mantenía cierta distancia, dejo claro a la fiscalía que nunca participó en reuniones grupales o fiestas organizadas por la constructora.

Lo que sí hizo fue la conexión entre Odebrecht y José Luis Varela, hermano del presidente, también introdujo a la empresa a Adolfo Valderrama,y Carlos Duboy, así como a Alcibiades Vásquez, entonces diputado.

Lasso logró que la empresa le apoyara con fondos (entre $50 mil y $100 mil) para su proyecto de fertilización a parejas de bajos recursos. Luego eso quedó en segundo plano y se concentraron en apoyos políticos a la campaña de 2009 que entraban en la cuenta de la Fundación Don James en Estados Unidos.

Afirma que las cantidades enviadas por la empresa fueron espontáneas y voluntarias por parte del señor Rabello, la única cantidad acordada fue la que iba a usar para los tratamientos de fecundación. Una vez recibidas las transferencias, Lasso confeccionaba cheques de la misma cuenta para depositarlas en las campañas políticas de 2009 al candidato panameñista y reportadas al Tribunal Electoral.

Pero Rabello siempre insistía en el tema del lobby, porque eran muy importante para la empresa tener conexiones políticas.

“Nunca se me ocurrió que las cuentas de Odebrecht podían ser ilícitas, y yo no tenía conocimiento de qué cuentas venía la plata”, dijo Lasso a la fiscal Zuleyka Moore.

REDACCIÓN
Marlene Testa y Adelita Coriat

lunes, 13 de noviembre de 2017

Fiscalía detiene a secuestrador de 18 víctimas féminas

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada liderada por el fiscal Jairo Samaniego, asegura que capturó al autor material que mantenía a 18 víctimas féminas de origen extranjero confinadas, privadas de su libertad y sometidas a abusos sexuales.

Aunque aún los investigadores no cuentan con elementos para declarar éste como un caso de Trata de personas, sobre el aprehendido de 46 años de edad pesan delitos por secuestro, extorsión, robo agravado y violación sexual, ya que algunas de ellas fueron obligadas a tomar licor y luego abusadas sexualmente.

Samaniego calificó el caso como “excepcional” puesto que a algunos familiares de las víctimas se les solicitó dinero a cambio de su libertad. Las chicas eran condicionadas contra su voluntad de manera psicológica. El autor procuraba un beneficio monetario pero también abusaba de ellas, djio el fiscal. Once víctimas rindieron declaración en la Fiscalía, otras fueron amenazadas con que matarían a sus familiares si denunciaban los hechos.

Las autoridades creen que el detenido tiene otra identidad que no ha revelado aún. Es probable también que actuó en complicidad con otra gente, pero no han confirmado los datos.

Según el fiscal Samaniego, las amenazas y la coacción psicológica doblegaba a las damas a no denunciar, incluso algunas se fugaron y no dijeron nada a las autoridades por temor a represalias, otras condicionaban su libertad a cambio de entregar a nuevas víctimas.

Las averiguaciones indican que el sujeto inició en junio de este año, “él ofrecía $500 por sus servicios sexuales, les quitaba el pasaporte, las amenazaba con un cuchillo y las encerraba en el cuarto privándolas de libertad” manifestó Samaniego. Según las pesquisas, el varón se cambiaba a diferentes hoteles y una vez que ellas entraban al recinto les quitaba su celular, el dinero que le ofrecía por la relación sexual, y no podían retirarse del lugar.

Samaniego añadió que el extranjero, presuntamente de nacionalidad venezolana, mantuvo hasta por 15 días encerradas a las chicas, otras una semana. La fiscalía se enteró del caso por la denuncia de una de las amigas que se preocupó por la ausencia de su amiga y ésta, la víctima, logró alertarlas para que llamaran a la Policía dando su ubicación.