Un dólar como pago a los daños morales causados a Traad

El piloto y exdirector del extinto SAN, beneficiado por la decisión del Grupo de Trabajo sobre de la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos, exigirá al Estado el pago de un dolar por los daños morales y la liberación de sus cuentas bancarias y todos sus bienes

El exdirector del extinto Servicio Nacional Aeronaval, Ricardo Traad, solicitará un dólar al Estado como parte de la compesanción al daño moral causado a su persona y su familia por las violaciones que se cometieron durante su proceso ante la justicia.

En una conversación sostenida recientemente con este diario, el mencionado, junto a su grupo de abogados compuesto por Luis Eduardo Camacho (hijo) y Víctor Rodríguez Rescia, del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, indicaron que se busca una corrección del sistema penal panameño para evitar la repetición de violaciones en otros casos en los que se abusa de la detención preventiva como una anticipación de la condena; o procesos en los que la Fiscalia basa sus investigaciones en testigos protegidos, en ocasiones inexistentes.

Esto, luego que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, determinó que a Traad se le violaron múltiples derechos individuales, incluyendo la libertad, mientras se le investigaba y juzgaba por un supuesto delito relacionado con drogas, pero del cual nunca fue condenado.

Sus abogados, no obstante, adelantaron que solicitarán que el Estado libere los bienes a nombre de sociedades anónimas que le fueron confiscados a su cliente, así como las cuentas bancarias que por 13 años, que ha durado el proceso, no percibieron intereses. A esto, se suma el salario no percibido durante el tiempo que estuvo en prisión, casi tres años, sin que pudiera mediar una opción alterna que garantice su presencia en el país para comparecer ante las autoridades.

Aunado a lo anterior, Traad quiere que el Estado le pida una disculpa pública por los daños causados a su persona. “El tema de la reparación no material implica que hay un tema de honestidad y buscamos una comunicación diciendo que fallaron las instituciones del Estado”, señaló Rodríguez.

Como consecuencia, el Estado tiene hasta 6 meses -de los cuales han transcurrido dos- para acatar la recomendación a partir de la notificación.

“Como se trata de violaciones ocurridas por el poder judicial, el Ejecutivo puede tener la mayor disposición de cumplirle a Traad, pero no puede imponer al poder judicial los correctivos. Lo que pude hacer la Cancillería, es que los problemas de violaciones de derechos humanos es dar la cara. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es crear una reunión con las instituciones involucradas y decirles lo que le toca a cada parte. Pedir un informe y tomar correctivos”, manifestó Rodríguez.

Según el jurista, Traad ha sido víctima de una serie de normativas que existen en Panamá que se relacionan con el acceso, denegación y obstáculos con la justicia.

Mientras que la ONU investigó el caso, solicitó a Panamá su posición pero el Estado no respondió la solicitud. Lo hizo después de meses pidiendo una prórroga a la misma.

Según el equipo de abogados, las violaciones que se cometen en nuestro país, son a causa de la falta de rendición de cuentas de los fiscales que detienen a las personas y luego investigan, en vez de hacer lo contrario.

Recordó el abogado que el caso Traat ocurrió hace trece años, pero hoy en día no ha cambiado nada. “Siguen con las mismas prácticas parque la ley se lo permite”.

El letrado insiste en que la figura del ‘testigo protegido’ debe desterrarse del país por la forma en que se emplea por los fiscales.

“Ricardo luchó contra dos testigos que lo acusan a los que no tuvo acceso. Son testigos encubiertos, eso es la excusa del Ministerio Público para ser vagabundo y no hacer su tarea de investigación”, apuntó el jurista.

Rodríguez es un convencido de que a pesar de que entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio, en la mente de los fiscales no se ha cambiado el ‘chip’ y continúan con las mismas prácticas de antes.

LA HISTORIA DEL CASO PENAL QUE VIVIÓ TRAAT POR 13 AÑOS: ANTECEDENTES
Las deTraad, panameño, piloto de buques y submarinos que transitan por el Canal de Panamá, no contó con los recursos judiciales adecuados para que se evaluara periódicamente la medida cautelar impuesta por las autoridades judiciales panameñas.

En 2008 se le concedió una medida distinta a la detención preventiva. Pero, la decisión fue apelada por la Fiscalía de Drogas ante el Segundo Tribunal de Justicia, que revocó las medidas menos lesivas, a pesar de no considerar que existiese un peligro de fuga.

En febrero de 2008 se abrió causa criminal.

El 29 de enero de 2010, el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Penal emitió una sentencia absolutoria, sustentado que no se existió delito relacionado con droga.

A pesar de la decisión, él solo recuperó parcial y condicionalmente su libertad porque se le prohibió salir del país y debía presentarse dos veces al mes a notificarse del proceso.

La Fiscalía de Drogas apeló la sentencia ante el Segundo Tribunal de Justicia, que seis años más tarde lo condenó en segunda instancia a una pena de prisión de 84 meses y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por un cargo distinto a los dos imputados inicialmente.

La sentencia no ha sido formalmente notificada. Y no existió la oportunidad de apelarla.

El juicio no fue efectuado en un tiempo razonable y tampoco se le notificó de manera efectiva y sin demora de la modificación de los cargos, indicó el grupo del Consejo de Derechos Humanos.

Las autoridades panameñas no justificaron la detención preventiva porque no existía peligro de fuga.

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Querellantes denuncian que ‘hubo dinero de por medio’ en el resultado del fallo del tribunal de juicio

Carlos Herrera Morán, querellante del caso pinchazos realizó serios señalamientos acerca de las motivaciones que llevaron al tribunal a declarar no culpable de cuatro delitos al exmandatario Ricardo Martinelli

El fallo del tribunal de juicio que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli ha generado todo tipo de reacciones, al punto que ha dividido al extremo a la opinión pública. Los querellantes, adheridos a la teoría del caso de la Fiscalía, buscan revertir la decisión de los tres jueces, que durante el desarrollo del juicio observaron varias inconsistencias en la presentación de las evidencias que introdujo la fiscalía. Esto favoreció la “duda razonable” al acusado y el tribunal sustentará al detalle, el próximo 26 de agosto, las motivaciones que lo llevaron a dictar el veredicto. Los recursos que le quedan a los inconformes del fallo son la nulidad y la casación, y se encuentran analizando la estrategia legal para presentarlos. Carlos Herrera Morán, abogado querellante, pone en duda el fallo alegando influencias externas que contaminaron el resultado del tribunal. Se somete al Polígrafo, entrevista en la que intentamos contrastar las contradicciones ocurridas durante los casi cinco meses del juicio y la explicación que brinda la querella al respecto.

A lo largo de todo este juicio, ustedes nunca mostraron desconfianza en el actuar del tribunal, al contrario, manifestaban que confiaban en la labor del tribunal, ¿dónde quedó esta confianza?
No somos malos perdedores, te puedo traer las piezas procesales para probar lo que te voy a decir. Cuando se constituye el Tribunal y fuimos informados sobre la presencia de Tejeira, nosotros lo recusamos. Sabíamos quién era la distinguida dama jueza y que los tres obedecen a Martinelli. Mira lo paradójico, el mismo juez Tejeira, dijo: ‘yo no soy imparcial porque a mí me nombró en la Presidencia el acusado, y soy menos imparcial porque a mí Mayín Correa me nombró como vicegobernador’.

¿Usted cree que eso influyó en el resultado?
Sí, sí influyó.

Ustedes hablan de sospechas y dan a entender que hubo influencias externas, no sé de qué tipo, que afectaron la decisión, explique...
Te voy a hablar con cosas concretas y no especulativo. Número uno: la señora Mayín Correa, quien fue jefa del juez, llegó a ese tribunal el día jueves, la trajeron y la sentaron adelante. Tú veías la mirada reverencial del juez. En segundo lugar, un equipo de abogados de la defensa que se ha caracterizado por dilatar el proceso, que tenía 23 testigos, el 5 de agosto renunciaron a todos sus testigos porque ya sabían que ya se había ‘cuadrado’ el fallo.

¿Qué pruebas hay de que se ‘cuadró’ el fallo?
Te sigo diciendo, el día del fallo, el lenguaje corporal de los abogados de la defensa era de relajamiento. Cuando uno espera un fallo, uno está tenso y nervioso, estresado; a ellos solo les faltaba jugar una partida de dominó. Estaban contentos y muertos de la risa en una situación tan estresante como era escuchar una sentencia.

¿Qué pasó, entonces?
Ellos conocían lo que iba a ocurrir. Y lo digo en tu programa, te recuerdo que hace un mes y medio hablamos en uno de los recesos del juicio y te mencioné: este sistema no esta preparado para juzgar intocables, está preparado para juzgar a la hija de la cocinera, o al que se roba una caja de cervezas, pero no para los poderosos. Aquí se puso al descubierto esa realidad.

Se habló todo el juicio de una máquina Pegasus, ¿cuándo el fiscal presentó durante el juicio la compra del Pegasus?
Sí se presentó.

Del Pegasus no.
El contrato del Programa de Ayuda Nacional (PAN) se presentó.

Eso era de la máquina M.L.M. Protection, que se adquirió a través del PAN.
Era una máquina con una licencia de una empresa israelí que se adquirió.

Sí, pero ¿cuándo se presentó la compra o auditoría del Pegasus?
La última vez que se supo de esa máquina pinchadora se ubicó en el edificio Oceanía, ¿y quién tiene oficina ahí? Ricardo Martinelli. Te digo algo, vamos al recurso de casación en la Corte y le aseguro al pueblo que vamos a revertir eso y vamos a mandar a este señor a prisión, de donde nunca debió salir.

¿Usted cree que fue buena idea sentar a Rolando López en el juicio para declarar?
Acuérdate que somos siete querellantes y eso fue iniciativa del señor Rosendo Rivera.

Su testimonio no parece haber sido favorable para la fiscalía, porque entró en contradicciones con el testigo protegido que no se pudieron aclarar...
Sí hubo contradicciones, sobre todo frente a la laptop en la que se grabaron los archivos.

¿Usted cree que el Tribunal se valió de alguna influencia distinta al juicio para fallar de esa manera?
Sí, estamos investigando. Nosotros a las diez de la mañana del 9 de agosto tuvimos una reunión con la procuradora Kenia Porcell, porque teníamos una información que estaba circulando y que ya ha salido en redes.

¿De dónde venía la información?
De una embajada. Hasta ahí te lo dejo. Muy seria.

¿Y en qué consistía?
En que había dinero de por medio.

¿Y por qué la procuradora Kenia Porcell no presentó una denuncia?
Porque estamos buscando las pruebas. $1.8 millones, el 9 de agosto, estamos buscando las pruebas.

¿En qué momento se hizo ese supuesto pago?
Entre el día miércoles y el día jueves de esa semana.

¿Supuestamente fue lo que se pagó a cada juez?, ¿es lo que quiere decir?
No lo tenemos claro, pero hay gente muy seria trabajando en esa investigación. Te lo digo con toda la seriedad profesional que me caracteriza.

Ustedes van a interponer un recurso de anulación; si la sala les concede el recurso tendrán que emplear las mismas pruebas que tienen inconsistencias, ¿de qué sirve?
Son dos recursos que la Ley pone en nuestras manos. El recurso de anulación y el de casación. Una sola parte no puede ensayar los dos. Tenemos que asignar al Ministerio Público una parte y la querella, otra. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Primero resuelven el de casación, en caso de que salga negativamente, se acude a la anulación. Este recurso, la casación, tiene la virtud de revertir el fallo e incluso imponer la prisión o la sanción. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia entra al fondo y lo resuelve. Revisa si las pruebas fueron bien valoradas o no, y decide si se revoca el fallo y si se condena al acusado.

Es decir que hacen una nueva valoración de todo...
Así es. De acuerdo a las causales.

¿En qué basan su decisión?, ¿qué insumos emplean?
Porque nosotros vamos a exponer en el recurso nuestras consideraciones en el recurso. Por ejemplo, yo considero que ahí hubo una indebida aplicación de la ley penal. Esos aspectos que se esgriman, los evalúa la Corte, y si considera que tenemos la razón, revoca el fallo y manda a Ricardo Martinelli a donde debe estar, a la cárcel.

¿Ellos solicitan la opinión de la defensa?
Sí. Se hace una audiencia oral, nosotros sustentamos y ellos también. Hay algo interesante que agregar, esa audiencia de alegatos que recién ocurrió, los fiscales y los querellantes pedimos que fuera pública, transmitida por radio y televisión a todo el país, para que toda la población pudiera escuchar los alegatos de cada parte. Pero el tribunal no quiso. Porque los panameños están confundidos y creen lo que dice el tribunal, y los panameños no vieron la audiencia.

Cualquiera podía haber ido a la audiencia en todo este tiempo...
Pero cuántos asientos había ahí, en la Corte Suprema todo el mundo lo veía. Cada vez que fallaba la Corte se enteraba todo el mundo. No podemos hacer juicio a puerta cerrada, hay que dar lugar a la transparencia.

¿A quién creerle en cuanto a la grabación del material sensitivo?, ¿al testigo protegido, que no se acordó del hotel ni cuánto pagó la noche o al exjefe de inteligencia, que no sabe a quién le prestó su computadora?
A ninguno de los dos.

Pero están bajo juramento ante un tribunal...
A ninguno de los dos… créele a las víctimas. ¿Qué dijo Mitchell Doens cuando fue a rendir declaración?, que Martinelli le confesó que él lo había pinchado, pero que judicializó la intervención, pero la defensa nunca se incorporó la orden de judicialización en ese asunto. A Yassir Purcait que lo invitó a la Presidencia y lo sentó en su escritorio y le mostró los correos de varios copartidarios y el audio de él. El mismo reo, que es un mitómano, reconoció en varias instancias que él estaba pinchando, pinchó hasta a la amante, la mandaba a seguir.

Dentro de una sala de audiencia uno jura decir la verdad y ahí alguien parece que mintió...
No digo que mintió, fueron contradicciones. Acuérdate de que el acusado es una persona peligrosa. Aquí está Vernon Ramos, que es una persona que no aparece. ¿Qué pasó cuando terminó el juicio? Rompieron la puerta, agredieron a periodistas, la horda fascista del Cambio Democrático estaba afuera esperando a varias de las víctimas. En una audiencia, la ingeniera Balbina Herrera recibió un botellazo.

Explique por qué los dispositivos digitales tenían los sellos rotos...
Eso se dijo en la audiencia. El protocolo de cadena de custodia se implementa en Panamá en el 2015, esos elementos informáticos se recaudan en el 2014, cuando no había cadena de custodia. Esos elementos informáticos se utilizaron en la audiencia de los exdirectores del Consejo de Seguridad y se usaron, se manipularon. En tercer lugar, el perito dijo que el mismo curso del tiempo lo deterioró. Otra cosa importante, el principio de mismidad. Este principio es que lo que tengo almacenado aquí es lo mismo que se presentó durante el juicio, y eso lo reconocieron las víctimas. ¿Qué hacían las conversaciones de esas personas en el Consejo de Seguridad? Es que Martinelli quería amedrentar a todos y tener el dossier de todos, y lo reconoció en una entrevista en los medios de comunicación.

¿Por qué nunca presentaron esa entrevista en el juicio?
Los hechos notorios no necesitan prueba. Ese es un hecho notorio, es como si te digo ‘Adelita Coriat es periodista’, es un hecho notorio y no necesito llevar tu idoneidad. Además, eso lo reconoció el periodista que lo entrevistó.

Pero cuando le preguntaron a qué se refería Martinelli con el ‘dossier de todo y de todos’, él respondió que no podía interpretar sus palabras.
Lo medular es que todos esos temas que adujo el tribunal de juicio oral fueron debatidos en la Corte Suprema de Justicia vía amparo y todos fueron reconocidos que no hubo violación, y el tribunal de juicio oral se sale que hubo violación al debido proceso.

Se habla mucho de la admisión de pruebas, pero se debe probar la vinculación de las mismas con el acusado...
Es verdad, pero si la prueba ya se adentró al proceso, debes valorarla, que era el trabajo de los jueces. Pero no puedes decir que la prueba es ilegal, que la prueba es trasladada o que se hizo sin participación de la defensa. Eso no era el trabajo del tribunal, debían decir lo que dices, valorarla para saber si es contradictoria, si el testigo se contradice, si su manifestación es contradictoria, no le veo valor, eso era.

¿Usted se hubiera conformado con un veredicto parcial?
Sí, yo lo conversé antes contigo. Yo te dije antes del fallo que lo podían condenar por dos delitos, pinchazos y seguimiento.

¿Qué tiene que decir de esto la Fiscalía?
Bueno, vamos a participar juntos en los recursos y también hicimos juntos fuerza para lo del testigo protegido, que querían traerlo a Panamá, pero el presidente Laurentino Cortizo dijo que se van a mantener las medidas de protección, y eso nos llena de tranquilidad.

Su nombramiento en el exterior no era parte de las medidas de protección que se le prometieron...
No, definitivamente que no. Yo creo que fue un error haberle concedido este cargo porque mucha gente lo interpreta como una premiación.

Pues todo indica que así fue...
Mira que yo en eso no te lo recrimino. Es verdad, pero sí hay que darle la medida de protección porque si lo dejan como un ciudadano común, tú sabes lo que pasa. Le van a doblar el brazo.

El juez dijo que su fallo iba a ser tan blindado como para resistir cualquier escrutinio, ¿qué espera usted de la sentencia?
Me parece que será endeble. Es un tigre con pies de papel, pensamos que van a revertir la sentencia en la Corte. Te lo digo con franqueza, ese fallo lo van a revertir, y a Martinelli esa risa, esa fiesta con licor y música, se le va a convertir en mueca. Muy pronto.

Eso lo analiza la Sala, pero escoger a los magistrados que revisarán los recursos también será un asunto delicado, porque la mayoría ha tenido inmediación...
Podemos pasar tres Polígrafos y todavía no podríamos armar el rompecabezas de quién puede ser habilitado. Los titulares no pueden ser, tampoco algunos suplentes de la Sala y de la Corte porque han tenido inmediación. Así que eso es un rompecabezas. Pueden buscar a alguien de otra Sala, pero los suplentes también participaron. Lo que puede resolver esto es el nombramiento que haga el presidente para la Sala Penal en reemplazo de Jerónimo Mejía. Él tiene que nombrar a seis magistrados, entre principales y suplentes.

¿Cómo se sienten los querellantes con el trabajo de la Fiscalía?
La verdad es que no nos sentimos decepcionados. Lógicamente, se cometieron algunas falencias, algunos errores en la estrategia legal, pero en lo medular se logró el propósito que persigue el Ministerio Público y nosotros, los querellantes, como abogados de las víctimas; es decir, acreditar los delitos. Lo segundo es que lo que se debate en el juicio oral es acreditar la relación de esos delitos con el acusado. Ese propósito, a mi juicio, se logró. Aquí el que se divorció de la Constitución y de la Ley fue el tribunal de juicio oral.

¿Con qué bases sostiene eso?
En el diseño acusatorio, que es un nuevo modelo de enjuiciamiento que comenzó hace poco en Panamá, hay situaciones muy distintas a lo que se conoció durante muchos años. Aquí las pruebas se practican en la audiencia. En el sistema anterior, todo lo que se recopilaba en la parte investigativa tenía el carácter de prueba, pero en el acusatorio no. Pero en la etapa intermedia, o preparatoria, se hace un debate para desintoxicar las pruebas, para hacer una labor de profilaxis preparatoria, y la prueba que pasa ese filtro es la que llega al juicio oral para la valoración de los jueces. ¿Qué ocurrió? Nosotros logramos introducir los siete cuadernillos, eso se debatió en la etapa intermedia y se les dio en principio siete días para que revisaran los cuadernillos y terminaron con 30 días y fue Carlos Carrillo. Las partes, de común acuerdo, pactamos que no íbamos a sacar copia de los mismos porque había información sensitiva o íntima. Te pongo un ejemplo, hubo un doctor que cuando vio los videos, dijo casi con lágrimas que no se constituía en querellante porque se trataba de una situación muy incómoda para él y para su familia. Pactamos, por lo tanto, que no íbamos a sacar copia de eso y la defensa tuvo acceso a esos cuadernillos. Resulta que el 9 de agosto, cuando el tribunal de juicio oral habla de esa prueba, dice que no se practicó con la presencia de la defensa y que ellos se enteraron de los cuadernillos en el juicio oral. Eso es una mentira de los tres jueces. También se habló de las pruebas trasladadas, que no son más que las pruebas que vinieron del Ministerio Público y que usaron para el juicio de los exdirectores del Consejo de Seguridad y sirvieron de antecedente para este juicio. Eran antecedentes porque en las investigaciones surgió el nombre de Ricardo Martinelli. Entonces, esas pruebas se aportaron y el juez Jerónimo Mejía las consideró adecuadas, mientras que el juez del tribunal de juicio oral, el subalterno de Mayín Correa, que estuvo el día jueves y viernes ahí y que aunado a esto el juez había sido nombrado por Martinelli en la Presidencia, diciendo que no podía haber prueba trasladada.

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Recomiendan mejorar retornos de la CSS

El estudio recomienda mejorar los retornos de la CSS con inversiones contratar a especialistas

Un tema importante a destacar en cuanto al modelo de inversión de la CSS es que no tiene una estrategia de inversión además de implementar los estrictos lineamientos que le permite la Ley. Para mejorar los retornos de la inversión y la diversificación de riesgos, recomiendan a la CSS tener más flexibilidad para establecer sus políticas de inversión y asignación de activos. Esto requiere de una reglamentación menos restrictiva y delegar más responsabilidades a la CSS. Dado que la entidad no cuenta con profesionales independientes, quienes pueden asegurar inversiones prudentes mejor que una junta directiva tripartita o que los expertos empleados por la CSS, es importante que se contraten asesores especialistas en inversiones. Estas personas podrían desarrollar una política de inversión, una asignación de los activos, metodologías de medición de desempeño, así como marcas de referencia.

El estudio recomendó diversificar las inversiones. Que las limitaciones actuales a la cartera impuestas por la ley se liberalicen gradualmente en el caso de los esquemas de beneficios definidos. Se propone que las regulaciones de inversión pongan un límite superior de bonos gubernamentales y un límite superior de capital y bonos corporativos emitidos por empresas privadas. También se recomienda que no sólo se permita, sino se aliente la diversificación internacional en niveles bajos tomando en cuenta la dolarización de la economía panameña y la ventaja que puede tener al invertir en mercados estadounidenses.

En el sistema mixto se recomienda una liberalización más agresiva porque los miembros aún son jóvenes, su jubilación es lejana y hacer inversiones más arriesgadas pero con mejores retornos es una estrategia acertada.

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El trago amargo a las reformas en el sistema de pensiones

Un estudio del Fondo Monetario Internacional elaborado en 2015, sugiere que para la sostenibilidad del sistema es necesario fusionar el sistema mixto con el de beneficio definido, aumentar las cuotas, la edad de jubilación y diversificar las inversiones de la CSS

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el estado de la salud financiera del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), no deja duda de que debe haber una pronta reforma en la edad de jubilación actual (57 mujeres y 62 varones), así como un aporte más significativo y prolongado de los contribuyentes.

El estudio se efectuó en 2015 por una misión encabezada por Csaba Feher y el experto Chistohp Freudenberg, quienes sostuvieron reuniones con el entonces ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia y Gustavo Valderrama, director de políticas públicas.

En resumen, los expertos identificaron varios aspectos que debían haberse acatado en 2018. Año en el que sugirieron equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres a 65 años y aumentar paulatinamente a 70 años la edad de elegibilidad para la pensión social. Entre los hallazgos, el estudio al que tuvo acceso este diario, propone diversificar las inversiones que realiza la CSS, fusionar las reservas de los dos esquemas, el de beneficio definido y el mixto. Además explica que el utilizar los salarios promedio durante toda la carrera para la fórmula de cálculo del beneficio podría ralentizar significativamente el ritmo de disposición de las reservas de ambos sistemas.

Los aumentos en la edad de jubilación acercarán a Panamá a los países comparables en términos de la esperanza de vida al momento de la jubilación. Se proyecta que el aumento tenga beneficios fiscales y de bienestar significativos: periodos más cortos de recepción del beneficio reducen los gastos y carreras laborales más largas mejoran los ingresos, incluso que se pueda contratar gente que está cerca de la edad de jubilación.

Los ingresos del sistema antiguo desaparecerán 25 años antes de que se pague la totalidad de sus pasivos por beneficios y sus reservas sólo serán suficientes para garantizar la liquides del esquema hasta el 2027. Después de ese año, el sistema tendrá que financiarse casi totalmente con el presupuesto.

En cuanto al sistema mixto, es un esquema joven, su número de asegurados activos crece y los primeros pagos de beneficios por vejez serán hasta 2030. El superávit de efectivo y las crecientes reservas de este esquema no implican que haya equilibrio actuarial. Sin embargo, debido a que se observa la misma relación insostenible entre contribuciones y tasas de remplazo, el sistema empezará a recurrir a sus reservas en 2043 y, a falta de reformas paramétricas, también se revertirá a financiamiento con cargo a los ingresos corrientes y a subsidios presupuestarios anuales.

El sistema antiguo se agotará en 2027, una vez que se agote el fideicomiso (en 2022). Mientras que las reservas del sistema mixto seguirán creciendo, lo que implica un índice de reservas unificado que llegará a cero dentro de diez años.

REFORMAS INSUFICIENTES
Según el estudio, las reformas que se efectuaron en 2005 al sistema de pensiones presentó un sistema mixto pero no modificó los parámetros del esquema de seguro social existentes antes de la reforma.
Estos cambios no se abordaron con una sostenibilidad a largo plazo. Ante la ausencia de una política de aumento a la edad de jubilación, reglas de cálculo de mayores beneficios o reducción en las tasas de acumulación, la sostenibilidad fiscal de la seguridad social sólo mejora debido a que el componente de beneficio definido se hace más pequeño. En resumen, las reservas de los dos esquemas de beneficios definidos se habrán agotado en su totalidad en 2036, después de lo cual se requerirá de subsidios cada vez mayores para cumplir con las obligaciones de las pensiones.

El análisis que hacen los expertos para sugerir el aumento de edad de jubilación es que el antiguo sistema brinda beneficios de pensión ‘desproporcionalmente generosos’ en comparación a las cuotas de aportación que cobran los afiliados. Además de su desequilibrio actuarial, la posición financiera de este sistema se debe analizar en forma aislada porque sus contribuyentes van desapareciendo.

Menos de dos tercios de los asegurados cotizantes activos son los que aportan al sistema con una parte cada vez mayor de trabajadores que participan en el sistema mixto. El número de asegurados cotizantes activos se van desvaneciendo mucho más rápido que el vencimiento de sus obligaciones de pensiones. El estudio, que se efectuó en el 20015, preveía que en 2016 el esquema iba a registrar su primer año de déficit de efectivo; para 2027 sus reservas se habrán agotado y entre 2027 y 2060, ya sólo tendrá obligaciones de pensiones sin contar con ingresos por contribuciones o reservas a las que echar mano.

En contraposición con el sistema mixto, que pagará beneficios sólo a un pequeño número de pensionados por invalidez o superviviencia por los próximos 15 años. Cuando se hizo la reforma, únicamente se exigió a los entrantes al mercado que se unieran al sistema mixto, y a las personas menores de 35 años se les dio la opción de elegir entre el esquema anterior o el posterior a la reforma. En consecuencia, el componente del sistema mixto está acumulando importantes reservas. Sin embargo, a pesar de sus crecientes activos, no tiene un equilibrio actuarial. Sus pasivos crecen a una tasa mayor que sus reservas. Es un problema disfrazado para los especialistas debido a las prácticas de contabilidad de efectivo, que por lo general, se aplican a los esquemas de seguridad social. En tanto que se declaran en su totalidad los intereses y las reservas, el valor de las obligaciones de pensiones que se generan por virtud de las mismas contribuciones está ausentes de los estados financieros.

PROYECCIONES
Las reservas del sistema mixto llegarán a su máximo en 2055, con 14.% del PIB. Si no se hacen más reformas, éstas se agotarán en su totalidad cuando el esquema llegue a su vencimiento. Si bien, es un problema distante, es indicativo del desequilibrio del sistema mixto, en la práctica, se trata de una versión más pequeña, pero igualmente insostenible, que el sistema antiguo.

Este informe demuestra que aumentar la edad de jubilación, indexar el umbral de la contribución del sistema mixto, tener menores tasas promedio de valores devengados y utilizar los salarios promedio durante toda la carrera para la fórmula de cálculo del beneficio, puede asegurar que se ralentice significativamente el ritmo de disposición de las reservas del sistema antiguo y del mixto.

El estudio también tomó en cuenta que el sistema mixto no representa riesgos fiscales, está financiado y opera sin garantías de tasa de retorno, lo cual podría generar pasivos contingentes para el gobierno. Al mismo tiempo, las limitaciones conservadoras sobre la cartera de inversión, en la que el 90% de los activos se invierten en bonos del gobierno, exponen a los miembros a riesgos políticos y por tener un solo emisor. También pone en tela de juicio la lógica de operar un componente con recursos propios, al nivel del gobierno en general y si se evalúa en un horizonte largo, un esquema con recursos propios invertido casi en su totalidad en deuda pública es, en esencia, apenas distinto al régimen por repartos, excepto que sus pasivos aumentan la deuda pública mientras que un régimen de reparto sin recursos propios, los pasivos seguirán implícitos.

TRABAJAR MÁS
El desequilibrio en el sistema de pensiones, que identifican los expertos, se basa en la discrepancia entre una tasa de contribución del 13.5% y la expectativa de tasas de remplazo de entre 60% y 85% en términos del promedio de salario de los últimos diez años para historiales de servicio de entre 20 y 40 años. La elección básica de política está entre reducir los ingresos por pensión mediante una jubilación más corta, menores beneficios de entrada al sistema, una indexación menos generosa, versus contribuciones totales más elevadas y mayor duración del historial de las contribuciones.

La reforma de 2005, no obstante, no eliminó los desequilibrios financieros de largo plazo. De hecho, el informe en cuestión muestra que aun teniendo menores tasas de remplazo, será necesario hacer reformas paramétricas a los dos sistemas. Aumentar la tasa a un nivel más cercano a lo que tiene el régimen antiguo requerirá más reformas y potencialmente necesitará más aportaciones.

FUSIONAR SISTEMAS
Por lo que respecta a las prácticas de contabilidad y de presentación de la información financiera, se recomienda que se fusionen las reservas de los dos esquemas de beneficio definido. Sin embargo, después de 2035 se agotarán las reservas, lo que implicará mayores subsidios presupuestarios o mayores contribuciones a falta de reformas del lado de los gastos.

También se propone que se presenten con regularidad evaluaciones actuariales a los creadores de las políticas y a los legisladores junto con análisis de impacto de largo plazo en las finanzas públicas de los cambios regulatorios que afecten directamente los niveles de fondeo de los esquemas mixtos administrados por la CSS. Por último, valdría la pena explorar un mecanismo obligatorio de compensación para contrarrestar cualquier aumento en los pasivos de largo plazo del seguro social, incluido por políticas públicas, con la finalidad de conservar la sostenibilidad.

SUBSIDIOS
Loa aumentos en los beneficios no son sistemáticos y no siguen los índices inflacionarios, esto quiere decir que sólo se aumentan automáticamente las pensiones mínimas $20 cada cinco años. Ajustes insuficientes para mantener el valor real de los beneficios. Además se legislan los aumentos que cubren a los pensionados que ya estaban jubilados al momento de la decisión. Estos aumentos irregulares no siguieron el ritmo del desarrollo de los precios durante los últimos años.

El sistema antiguo recibe transferencias presupuestarias anuales en forma directa como mediante una reserva externa que se encuentra en fideicomiso con Banco Nacional. Cada año se reciben transferencias presupuestarias directas por $20.5 millones; pero lo importante es que los aumentos en los beneficios de pensión se financian con el presupuesto estatal. Por tanto, cada aumento a las pensiones crea una nueva partida de subsidio. Además, el gobierno no tiene responsabilidad financiera directa por la solvencia o liquidez de la CSS. Al mismo tiempo, la tesorería transferirá cada año $140 millones de balboas entre 2013 y 2060 a un fideicomiso en el Banco Nacional, cuyas reservas se pueden utilizar únicamente para financiar el déficit del sistema tradicional. Dado los rápidos aumentos en el déficit de efectivo de este sistema, el fideicomiso se agotará en el 2022.

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Ministerio Público presentará amparo para continuar investigación de Odebrecht

Las fiscales anticorrupción Zuleyka Moore, Tania Sterling y Ruth Morcillo, analizan la posibilidad de presentar un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Segundo Tribunal Superior confirmara la decisión del juzgado 12 en no extender el plazo de investigaciones para el caso de corrupción más beligerante del país, el caso de los sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht.

El tiempo que establece la norma es de un año más para la tratar de culminar la compleja pesquisa que inició el 18 de enero de 2017 a raíz de una denuncia ciudadana presentada por el abogado Alvin Weeden.

Sobre la posibilidad de abrir otro caso para culminar el faltante, como en un principio sugirió el juzgado, las fiscales esgrimen que no se encuentran habilitadas para abrir otra investigación, misma que se sumaría a los tres expedientes que ya se han iniciado en la causa. El Tribunal Superior planteó que se trata de una posición subjetiva de la primera instancia, indicó la fiscal Moore.

"Si tenemos que llevarlo a través de la vía del amparo de garantías constitucionales lo vamos a hacer", añadió Moore.

También temen que la apertura de un nuevo caso, pueda ser motivo de anulación por violar el debido proceso ya que no se pueden abrir por un mismo hecho más investigaciones que puedan causar una nulidad.

Hasta el momento, la fiscalía no ha podido investigar quiénes son los nuevos actores que salieron publicados en el trabajo periodístico del Consorcio Internacional de Periodistas, en el que se menciona el pago de coimas a varios personajes de la vida pública identificados con apodos, como Cachaza, Aguia, etc. y que recibieron dinero a través de sociedades anónimas.

Surgen también otras interrogantes sobre la colaboración que efectuó la empresa brasileña con la Fiscalía en el sentido de que ésta omitió información relevante sobre los sobornos. En este sentido, las fiscal Sterling justificó que 'no les ha dado tiempo para poder comprobar si se omitió información por parte de la empresa y llegar al fondo de este tema'. No obstante, no precisó si se derogará o no el acuerdo efectuado con la empresa luego de conocer la información de los periodistas internacionales.

Añadió que se debe hacer una cronología histórica sobre cómo surgen los acuerdos de Odebrecht. "Debemos ubicarnos cuando salen las fuentes abiertas de comunicación cuando la empresa suscribió el acuerdo de colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que hacía un recorrido por los países en los que había tenido presencia la constructora. En ese recorrido que se efectuó en Estados Unidos, refiere un importe por coimas de $59 millones en un periodo particular", describió. Al momento de entrar en ese recorrido, en el que antecedió un acuerdo de la empresa en Brasil, y luego se efectuó en Panamá, la Fiscalía buscó ampliar el tiempo de investigación cuando la empresa se convirtió en la principal fuente de información a partir de junio de 2017, y remitió información al identificar las ordenes de pagamento a las personas jurídicas que marcaron la ruta para identificar las cuentas y el recorrido que hizo el dinero en jurisdicciones extranjeras hasta llegar a Panamá.

"Se levantaron estructuras criminales, eso no lo duden, por eso tenemos el convencimiento de que los magistrados otorgarán un plazo más para dar respuesta a Panamá", añadió Sterling. No es una investigación de cinco años, sino que inicia en 2017, y no hablamos de violaciones al debido proceso, ha sido controlada en su momento por tribunales de primera instancia y hasta de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos las herramientas legales que nos apoyan que nos da la cabida para pedir esta solicitud ante el pleno de la Corte", indicó convencida.

Las fiscales arguyen que desde la audiencia de colaboración celebrada en noviembre de 2017 hicieron énfasis en que ya contaban con documentación que hacían referencia a comportamientos vinculados a corrupción y blanqueo de capitales que iniciaron desde el año 2007.

Sterling precisó que uno de los puntos que se estableció en la petición de extensión de plazo de investigación al Tribunal consistió en la información que arribó de Suiza y que consta en el último, de los 982 tomos, en el que se describen los proyectos y los funcionarios panameños que utilizaron la banca suiza para mover dinero de los proyectos ejecutados en Panamá.

Las fiscales manifestaron que aún esperan asistencias de colaboración del extranjero. Hasta el momento existen 82 personas imputadas, 235 personas jurídicas investigadas y se han aprehendido $266 millones.

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Querella tilda fallo del tribunal de juicio de nefasto e injusto y anuncia recursos

Los querellantes esperarán la lectura de la sentencia para interponer anulación y casación del fallo emitido por el tribunal. Mientras que la defensa prepara sus armas contra quienes hayan mentido bajo juramento

Los querellantes sienten como si la justicia les hubiera atravesado una espada en el cuerpo. Tienen una lectura muy distinta a la primera lectura que ofreció el tribunal de juicio el pasado 9 de agosto, audiencia en la que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli por los delitos de pinchazos telefónicos, seguimiento y peculado de uso y malversación.

Este martes ofrecieron una conferencia de prensa en la que expresaron varias preocupaciones y adelantaron que recurrirán la decisión del tribunal de juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante recursos de anulación y de casación.

El querellante Carlos Herrera Morán, abogado de Mauro Zúñiga, calificó la actuación del tribunal de ‘nefasta, injusta, divorciada de la Constitución’ por que -dicen- se invalidaron pruebas que previamente habían sido admitidas en la fase intermedia del juicio.

“Estos jueces, en esa decisión vergonzosa, indignante y humillante, dijeron que muchos de esos elementos de convicción habían sido acopiados sin el derecho a la defensa y la participación de los abogados del acusado. Algunas pruebas las tildaron de ilegales y esto constituye una gran violación a los derechos constitucionales de que las decisiones de la CSJ son definitivas, no son recurribles”, exclamaba en tono alto el jurista.

Sin embargo, los abogados de Martinelli ya avanzaron la estrategia legal que sucede al fallo, contra demandar a los querellantes y a las figuras gubernamentales que se prestaron para ‘armar el caso contra su cliente con pruebas falsas’.

TESTIGO PROTEGIDO
Los querellantes mostraron preocupación por el posible retorno del testigo protegido a Panamá.

La unidad policial que laboraba en el Consejo de Seguridad, confeso de haber pinchado los teléfonos de docenas de víctimas y que el tribunal calificó de ‘sospechoso’ por los beneficios que obtuvo durante el gobierno de Juan Carlos Varela luego de presentar una querella ante la Fiscalía Auxilar, ha sido llamado por el Ministerio de Seguridad para que desocupe el cargo de agregado policial ante el Consejo de Delegado de la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos, en Washington, D.C. Estados Unidos.

“Esto vulnera su seguridad y la de su familia”, alegan los querellantes quienes dijeron que conversaron el lunes con la esposa del testigo protegido y solicitó que las autoridades les brinden protección.

El abogado de la defensa, Roniel Ortíz, manifestó a la Estrella de Panamá, que el testigo protegido “tiene que venir a asumir su responsabilidad de los delitos que cometió de la mano de la procuradora Kenia Porcell, el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, Edgar Tion, exjefe de inteligencia del CSN, Eric Estrada, exjefe del Servicio de Protección Institucional, Alexis Bethancourt, exministro de Seguridad, Marcelino Aguilar, fiscal auxiliar y, Juan Carlos Varela, expresidente de la República, entre otros, toda vez que faltó en su declaración al artículo 385 del Código Penal mediante el cual juró decir la verdad”.

El abogado añadió que “Marcelino Aguilar se tiró su carrera profesional en el Ministerio Público teniendo pleno conocimiento que el testigo protegido, a pesar de que mintió al presentar pruebas ilícitas como el cd y el dvd, las admitió. La señora Kenia Porcell lo mínimo que le debe a la ciudadanía es una renuncia por ser instigadora de todo lo que ha sucedido porque quedó claro en el juicio que era ella quien revisaba las declaraciones del Consejo de Seguridad”.

Cabe aclarar, que la condición de testigo protegido de la unidad policial, de la cual aún se omite su nombre por la continuidad del proceso, no implica que deba mantener su labor en el extranjero. Pues no constituía una condicional de su reserva a la identidad por parte del Ministerio Público.

El testigo protegido fue designado en esta posición con licencia y sueldo el 30 de septiembre de 2014, representando al país en dicha organización. La autorización fue firmada por el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón.

La defensa ha sostenido que su designación es un premio del gobierno de Juan Carlos Varela por haber ‘colaborado’ con las investigaciones que se iniciaron en la Fiscalía Auxiliar en agosto de 2014. Aunque algunos de sus excompañeros del CSN juraron ante el tribunal que las colaboraciones se hicieron bajo amenazas de los mandos de la entidad de seguridad y que el testigo protegido fue víctima de esos hostigamientos.

Los querellantes, no obstante, solicitaron al Ministerio de Seguridad y a la Procuradora Kenia Porcell, se le brinden las medidas necesarias para proteger su integridad y la de su familia cuando pise suelo panameño.

“Aquí no puede haber un segundo Vernon Ramos (oficial de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores que desapareció en 2012) en el país. Nosotros necesitamos que se respete la integridad del testigo protegido y de nosotros”, reflexionó Balbina Herrera, víctima en el caso pinchazos.

SOBRE LOS RECURSOS
Los querellantes y la fiscalía se preparan para presentar varios recursos ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El primero consiste en la anulación del juicio oral que culminó con el fallo absolutorio del tribunal. El detalle está en que si este recurso tiene éxito, se dictaminará que el juicio deba celebre nuevamente pero con las mismas pruebas que se practicaron en en el proceso en que salió absuelto Martinelli.

Evidencias que fueron admitidas en la fase intermedia por el juez de garantías Jerónimo Mejía. Pero que mostraron grandes inconsistencias durante la evacuación ejercida por la fiscalía durante el juicio oral.

En caso de que se produzca una casación, podrían ocurrir dos alternativas: que la Sala revierta el veredicto del tribunal, o que lo confirme. Para ello, los magistrados titulares deberán habilitar a sus suplentes o designar suplentes especiales en caso de que los primeros hayan tenido inmediación en el caso.

“Los magistrados están impedidos y los suplentes, por lo tanto se valorará si la casación o anulación según la conformación de la sala.

Es un hecho evidente de que los magistrados titulares no pueden ejercer en la causa o sus suplentes”, aclaró el abogado Carlos Herrera Delegado.

El Ejecutivo tiene que designar magistrados en esta Sala, y ésta es una de las situaciones que puede influir en la presentación de recursos. No obstante, aún permanecen dos magistrados, de tal manera que la Corte tendría que organizar que un magistrado de otra sala funja de reemplazo, o designar magistrados suplentes especiales.

PRUEBAS
Los querellantes alegan que el tribunal desconoció las evidencias que fueron presentadas y admitidas durante la fase intermedia.

“La evaluación arbitraria y nefasta que hizo el tribunal sobre las pruebas, pone en evidencia la vulneración de principios de derecho procesal acusatorio”, esgrimió Herrera Morán.

Añadió que es una infamia que el tribunal haya dicho que en el caso de los 7 cuadernillos no estuvieron al alcance de la defensa, pues “los abogados tuvieron acceso a ellas en la etapa intermedia cuando se le permitió al abogado Carlos Carrillo examinarlos, pero en el juicio oral dijeron que no habían tenido acceso a ellas”, profirió.

No obstante, Ortíz desacredita esta posición al decir que los querellantes están confundidos.

“Una cosa es que los elementos de convicción hayan pasado al juicio oral, y otra la admisión de las pruebas. Una diferente es la valoración que el tribunal les da.

Tratan de confundir a la ciudadanía diciendo que las pruebas que trajeron del fase intermedia ya eran pruebas como tal, y no es así”, dijo.

Describió el defensor que en este caso no se podía trasladar pruebas. “Pero, producto de la ignorancia del magistrado Harry Díaz y los abusos de Jerónimo Mejía, juez de garantías, les hicieron un traje a la medida a las víctimas sin importar el derecho a las garantías del acusado”.

Los querellantes insisten en que en este caso no hubo prueba trasladada. Se refieren a los elementos de convicción que llegaron como antecedentes cuando la Corte examinó la acusación y la admitió.

Descalificaron al tribunal de juicio: “de derecho parece que no saben nada, a esos antecedentes les llamaron prueba trasladada para restarle mérito probatorio incurriendo en un gazapo jurídico, en un desacierto”, zanjó Herrera Morán.

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Opciones de la Fiscalía y la querella tras la derrota en el juicio

Los inconformes con el fallo del tribunal de juicio que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli pueden interponer recursos ante la Corte Suprema de Justicia o ante el Tribunal Superior del SPA, entre ellas puede haber una acción resarcitoria

La sentencia que leerá el Tribunal de Juicio, el próximo 26 de agosto a las 4:00 p.m., en la que explicará la no culpabilidad del expresidente Ricardo Martinelli por el caso pinchazos y dos delitos contra la administración pública, deberá resistir hasta el más agudo escrutinio. Deberá estar blindada, como el mismo tribunal lo aseguró ante de emitir su fallo el pasado viernes. El contenido será fundamental para disipar las críticas que invitan a la sospecha de que asuntos externos influyeron en la decisión de los jueces Roberto Tejeira, presidente del tribunal, Arlene Caballero, secretaria y Raúl Vergara, relator.

Hasta ese momento, los querellantes y la fiscalía armarán sus recursos para intentar revertir el veredicto: anulación del juicio o casación. El primero se interpone ante el Tribunal Superior del Sistema Penal Acusatorio, y los magistrados a cargo de decidir se eligen en forma aleatoria.

“Esto no quiere decir que es doble juzgamiento, sino la repetición con las evidencias existentes. Esta anulación, por tanto, debe ser muy bien estudiada por la Sala Penal”, explica el presidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz.

El segundo, la casación, se dirige ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los magistrados Harry Díaz, Jerónimo Mejía (el primero fiscal y el segundo magistrado de garantías en la causa contra el expresidente en su primera fase) quienes tendrían que declararse impedidos por el rol que jugaron en la fase intermedia y preparatoria del juicio, y por el magistrado José Ayú Prado, quien desde un inicio se declaró impedido en el caso pinchazos. Deberán de ser los suplentes quienes sean encargados de resolver el recurso.

Si la causal de anulación no se admite, deberá remitirse al Tribunal Superior de Apelaciones para que revise la anulación.

A consideración del magistrado Harry Díaz, “las pruebas se evacuaron durante el juicio pero no se analizaron con la excusa de que se había violado el debido proceso”. Citó el artículo 210 de la Constitución que señala que los inferiores deben acatar los fallos de sus superiores. En este caso, añade, cuando la Corte declinó competencia en diciembre de 2018 del caso, le dio valor a lo actuado en la fase intermedia y señaló que no había violación al debido proceso. “Los jueces del juicio oral simplemente obviaron lo señalado por la Corte incumpliendo su deber constitucional”, zanjó el magistrado Díaz.

El abogado Ángel Álvarez, tiene una opinión muy distinta a la de Díaz. El letrado se retiró en calidad de querellante en la fase inicial porque consideraba que se debía imputar a Martinelli, en lugar de acusarlo. Pidió retrotraer el caso a esta etapa, pero no tuvo eco.

Álvarez sabe que mantener un equilibrio en un caso tan álgido no es fácil. Los jueces del tribunal de juicio, asegura, asumieron un rol delicado que pocos hubieran podido hacerlo. “Yo creo que estos jueces han sido muy valientes, hacen juicio todas las semanas y para ellos el planteamiento o las deformaciones de la causa no serían posibles en un proceso del día a día. Por lo tanto, ellos actuaron conforme a lo que saben hacer, no hay otro camino“, indicó el abogado Álvarez.

“El día que me fui del caso, advertimos que no podíamos crear una ventana de impunidad, y que necesitábamos hacer un sacrificio que requería ir hacia atrás para ir luego hacia adelante. Todos querían un resultado rápido en uno de los casos más importantes para la justicia del país y no quisieron hacerlo. Así las cosas, el resultado era evidente”, recuerda Álvarez.

RESARCIMIENTO
Una tercera opción por la que podrían optar las víctimas es “buscar la reparación del Estado por la mala prestación del servicio de justicia. o señalando que el Órgano Judicial les ha causado la revictimización ya que se probó que fueron vulneradas sus comunicaciones, pero no se encontraron culpables”, sugiere Araúz.

Es decir, si las víctimas prueban que los funcionarios públicos abusaron del poder para interceptar sus comunicaciones, “podrían reclamar ante la Sala Tercera de la Corte una reparación directa resarcitoria, que no implica abrir un proceso penal”, añadió el presidente de abogados.

No importa el nombre del funcionario que abusó de su poder, sino achacar la responsabilidad es del Estado por no poner frenos o contrapesos par a los controles.

Ésta última opción solo confirma que el Estado es el gran perdedor en temas de justicia.

Si bien el fallo ha polarizado a la opinión pública a favor y en contra, la mayoría coincide en que el momento es propicio para debatir el rumbo de la justicia. Retomar el Pacto de Estado por la Justicia, dotar de fondos a la carrera judicial, nombrar a profesionales probos para reemplazar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están en mora y los que aún faltan por designar, 6 en total.

A propósito de este último punto, el mandatario Laurentino Cortizo adelantó este lunes que se encuentra en la recta final para el nombramiento del reemplazo del magistrado Jerónimo Mejía quien debió abandonar el cargo en enero de 2018.

REFLEXIÓN
Como abogado litigante lo primero que uno tiene hacer, describe Francisco Carreira, es entender qué pasa en cualquier escenario. A consideración del letrado existían suficientes pruebas para una condena. “Así como creí que las hubieran para extraditarlo. Pero, una cosa es que las pruebas estén y otra la credibilidad y el manejo que se les den en el juicio”, aclaró.

Viendo el caso por el retrovisor, Carreira considera que fue una mala idea de la querella citar a Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad, como testigo.

Cuando López fue contra interrogado por la defensa entró en contradicción con la versión que había dado el testigo protegido. Ambos juraron ante el tribunal decir la verdad. No obstante, los hechos que narraron no coincidían.

Esto caló en la decisión del tribunal como uno de los factores que motivó a los jueces a calificar de ‘sospechoso’ al testigo protegido de la fiscalía, aunado a que fue enviado al extranjero por el gobierno de Juan Carlos Varela con un sueldo de $7 mil mensuales, luego de que éste lo interrogara y le solicitara interponer una denuncia sobre los hechos ocurridos en el Consejo de Seguridad durante la administración de Martinelli.

“Llevas el punto que quieres probar pero no la capacidad de repreguntar. Hay muchos delitos que no necesariamente la persona debe confesar”, manifestó Carreira. Lo que sucede, es que para llegar a ese tipo de culpabilidad “tienes que tener todo un andamiaje y estructura de pruebas. Yo creo que la fiscalía no fue capaz de sostener en las pruebas la teoría del caso que llevaban”, acotó el jurista Carreira.

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