Al día siguiente de haber sido detenido preventivamente por el supuesto delito de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht, el abogado del exdiputado Jorge Alberto Rosas interpuso un recurso para lograr la excarcelación de su cliente.
Juan Carlos Guerra, defensa de Rosas, presentó una solicitud de fianza de excarcelación que se encuentra en el juzgado XII del juez Oscar Carrasquilla.
El recurso se basó en la resolución de la medida de detención ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado se recarga en elementos como el incidente de controversia presentado recientemente por Rosas que aún está pendiente de resolver.
La fiscal Zuleyka Moore consideró que Rosas no mantenía un domicilio fijo, por lo que argumentó el riesgo de fuga y ordenó su detención. Medida en la que difiere su abogado, ya que afirma que se le podía haber impuesto una medida cautelar como presentarse al despacho periódicamente, “es una persona diabética, toma medicamentos y podría dictaminarle la prohibición de salir del país, por ejemplo”, señaló el defensor.
“Ayer llegamos a la diligencia a las 11 a.m. revisamos algunos expedientes y la diligencia arrancó como a las 12:30, cuando se acogió al artículo 25 de la Constitución como un derecho propio, no por otra cosa. La diligencia culminó en horas de la noche”, añadió Guerra.
Rosas será trasladado de la Dirección de Investigación Judicial, donde durmió el jueves, al centro Penitenciario El Renacer. La firma de abogados de Rosas prestaba servicios legales a la constructora y recibió dinero en efectivo que devolvía a la empresa para el pago de planillas.
Las embarcaciones están equipadas y superan los 45 nudos de navegación, con interdicción de lanchas rápidas. Recientemente se decomisó un semisumergible con 5 toneladas de droga
Panamá recibió $6.4 millones en equipo de seguridad para enfrentar las amenazas trasnacionales del crimen organizado.
Ayer en el astillero del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la embajada de Estados Unidos en Panamá hizo entrega de tres embarcaciones de 37 pies marca ‘Boston Whaler’, de gran potencia que empleará cada estamento de seguridad. Aunado a esto se donaron equipos de radares, cascos antibalas, equipos contra armas de destrucción masiva, dos micro robot tácticos de tierra entre otros,
Se trata de botes que superan los 45 nudos capaces de interceptar las lanchas rápidas que emplea el narcotráfico en alta mar para mover la droga. Cuentan con equipos de navegación, comunicación, y tienen capacidad para 6 tripulantes, radar de detección, luces de búsqueda, “todo lo que necesita el hombre en la mar para interdictar una lancha y comunicarse con los aviones de vigilancia”, resumió el ministro de Seguridad Juan Pino.
“La única manera de enfrentar los retos es juntos, esta entrega es parte de lo que hemos hecho desde el 2016, hemos entregado apoyo que vale casi $200 millones y la cooperación seguirá. Es para prevenir y estar preparados”, indicó Phillip Laidlaw, jefe de misión de la embajada norteamericana en Panamá.
El martes pasado, durante un patrullaje, unidades del Servicio Nacional Aeronaval confiscaron 5 toneladas de cocaína transportadas un semisumergible al norte de Bocas del Toro. A finales de 2019, habían interceptado una nave similar, denominada Lancha de Bajo Perfil, pero el semisumergible es un artefacto muy superior en comparación al primero.
A pesar de ser de fabricación artesanal, contaba con motores internos y miles de galones de combustible que le servirían para cruzar el Caribe sin necesidad de escalas. Más de tres cuartas partes de su estructura navega sumergida, por lo que lo hace mucho más difícil su detección de noche cuando se confunde con el mar como metamorfósis, haciéndose casi invisible. Sin embargo, la captura se realizó de día, cuando la custodia de mar del Senan lo detectó. La nave cargaba 5 mil paquetes de cocaína que estaban repartidos en 200 sacos. Se caputraron a 4 colombianos a los que se les ordenó detención provisional mientras se realizan las investigaciones.
EL CLAN DEL GOLFO
Por otra parte, Dairo Antonio Usuga, que emplea el alias de Mauricio, Mao y Otoniel, aprehendido recientemente por las autoridades panameñas, vivía en el Istmo desde hace dos años, según conoció La Estrella de Panamá de una fuente de inteligencia. Era un miembro importante de la organización del clan del Golfo de Colombia (Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y manejaba la articulación de droga en Panamá y tal vez por la región.
Fue detenido en un control de carretera cuando los agentes notaron rasgos sospechosos en las identificaciones y se inició la verificación de las personas.
“Cuando surge la alerta de comportamiento inusual, se consultó a las autoridades regionales, tenía una alerta roja emitida por Estados Unidos, país donde será extraditado eventualmente”, manifestó el director de la Policía, Jorge Miranda.
“Su captura es una muestra de las relaciones de coordinación que tenemos con los diferentes países de la región, que estamos abocados en una lucha contra el crimen.
Panamá no es refugio para delincuentes”, indicó Oriel Ortega, director del Servicio Nacional de Fronteras. Añadió que la semana anterior se puso fuera de circulación a otro de sus miembros que era solicitado con una boleta azul emitida por Colombia.
Anteriormente, Usuga formaba parte de las Autodefensas de Colombia. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por su información que conduciera a su arresto.
Fuentes abiertas lo sitúan como el jefe máximo de la organización a quien se le acusa de terrorismo, tráfico de dorgas y de armas ilegales. Y pesan sobre él 57 ordenes de captura.
La Fiscalía Superior Anticorrupción ordenó la aprehensión provisional delexdiputado Jorge Alberto Rosas, abogado que suministró servicios legales a la empresa Odebrecht
Rosas compareció para ser indagado luego de aplazar su cita por dos ocasiones consecutivas. Sentado frente a la fiscal se acogió al artículo 25 de la Constitución que le exime de declarar contra sí mismo en un asunto criminal.
De acuerdo a la investigación judicial efectuada por las autoridades de inteligencia policial al que tuvo acceso este diario, la firma Rosas y Rosas, aparentemente entregó dinero en efectivo a la compañía por medio de una estructura financiera montada por el equipo de Operaciones Estructuradas, canal que empleaba la constructora para distribuir las coimas a funcionarios, políticos, sindicalistas y otros.
El informe señala que “los montos en efectivo eran entregados por el mismo operador de servicios directamente a los equipos de la obra que los solicitaran y usaran el recurso”. Además la Fiscalía deberá determinar quién recibía el nombre de Columbia, supuestamente la fuente de generación de dinero en efectivo, conectada con Panamá.
Los montos en efectivo eran pagos para funcionarios públicos de bajo rango como fiscalizadores, responsables para agilizar permisos, topografías y otros, además de patrocinar algunas acciones asistenciales a comunidades cercanas al proyecto, indemnizar daños menores y recolección de basura.
En previa entrevista a La Estrella de Panamá, Rosas explicó que la firma prestaba una gran gama de servicios a la constructora, entre esos la actividad natural de los abogados. Por dichos servicios la firma recibió $2.3 millones, que en parte se destinaron para manejar algunos recursos para los clientes. “Nosotros recibíamos instrucciones (de la filial de Panamá) de recibir el dinero y entregárselo a Odebrecht”, manifestó Rosas, quien añadió que casi la totalidad del dinero lo devolvió a la filial de Panamá .
Rosas alegó que por el nivel de empleados y actividades que mantenía la empresa, era de esperarse sobre las actividades que realizaba.
La audiencia de imputación en un caso de mal praxis médica que se había programado a las 9 de la mañana del 20 de febrero en el Sistema Penal Acusatorio de La Chorrera, no se llevó a cabo debido a que las partes no fueron correctamente notificadas. El indiciado, un médico no se presentó.
Se trata del caso que ocurrió en 2017 en perjuicio de la niña Sofía Victoria Bordones Montenegro de 7 años quien arribó a una clínica de la Caja de Seguro Social, en La Chorrera, con fiebre y vómito y después de pocas horas murió. Sus padres tienen la hipótesis de que hubo negligencia médica, que se le aplicó un medicamento no apto para su edad.
Al parecer, para la realización de la audiencia de ayer, se pegaron los avisos en verjas o sitios para informar el indiciado, pero nunca hubo esa notificación.
Se estudia el tema si cabe la imputación por el presunto delito de homicidio culposo contra el médico que atendió a la menor de edad. Aún no se ha fijado fecha para una nueva audiencia.
Ajoortt Lezcano, abogada querellante de Elzebir Montenegro, madre de la criatura, indicó que no se le notificó como abogada de que se realizaría la audiencia. Fue la víctima quien estuvo pendiente de la fecha y hora e informó a su abogada. Cuando Lezcano acudió a la oficina judicial para averiguar la causa de por qué no la notificaron, se le dijo que las direcciones de la contraparte que están en el expediente no están actualizadas.
“Se llevaron a diferentes direcciones pero en una no se conoce la oficina del abogado y del procesado no aparece que hayan recibido la notificación”, dijo la jurista.
Una aparente descordinación entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial que debe ser el primero el obligado a proporcionar las direcciones de las partes. Al parecer el fiscal ingresó a una segunda audiencia, lo que le impidió atender a los medios que lo esperaban afuera del SPA.
“Solicitamos la audiencia desde el mes de octubre y hemos esperado todo este tiempo y nunca me llamaron. Yo vine el 6 de enero a la Oficina Judicial, y cuando hice la consulta de por qué estaba demorando tanto la fecha para la audiencia, me dijeron que nunca se había pedido la audiencia”, expresó la querellante.
Entonces Montenegro acudió al Ministerio Público para presionar por una audiencia, situación que le trae un sentimiento de inconformidad ante la labor que realiza el Ministerio Público a su favor.
El aparato artesanal se confundía con las aguas del océano Atlántico, las autoridades detuvieron a 4 pasajeros colombianos e incautaron 5 toneladas de cocaína que iban en el semisumergible
El hallazgo era casi insólito, un artefacto semisumergible navegaba al norte de la provincia de Bocas del Toro, Panamá, cuando unidades del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá en cooperación con la Armada de Colombia lo detectaron.
Las fuerzas conjuntas patrullaban en la rutina de control marítimo ilícito, y mediante el empelo de medios navales y aéreos, lograron la interdicción del semisumergible con un alijo de droga que supera las 5 toneladas. El decomiso representa un golpe de al menos $150 millones al narcotráfico, considerando que el kilo de droga se vende en Estados Unidos aproximadamente en $30 mil.
El aparato de fabricación artesanal se camuflageaba entre las aguas para evitar ser detectado por las autoridades. Contaba con propulsión de máquina de centro, estaba tripulado por cuatro hombres de nacionalidad colombiana y en el interior había una cantidad significativa de droga, cientos de bultos. Una vez asegurada la carga y aprehendida la tripulación, fue trasladada a la estación naval de Chiriquí Grande para las diligencias de allanamiento y registros necesarios para la judicialización del caso.
Se trata del tercer semisumergible que confiscan las autoridades panameñas. Dicho método de transporte parece ser más frecuente para los narcotraficantes que pretenden capitalizar la inversión con grandes cantidades de droga.
La más reciente incautación ocurrió el pasado 3 de diciembre de 2019. El semisumergible medía 50 pies de largo, el casco era de fibra de vidrio, contaba con tres motores, cada uno de 75 caballos de fuerza, y tenía capacidad para transportar de una a dos toneladas de cocaína.
Sin embargo, lo que llamó la atención de las unidades era que tenía mil litros de combustible, lo que rendiría el viaje hasta México sin escalas.
Tony NG, propietario de la empresa Asia Latin Store, proveedora de distintos artículos durante la administración de Juan Carlos Varela, tendrá que permanecer detenido luego de que un Tribunal Superior decidiera, por unanimidad, mantener su detención provisional por supuesto delito de blanqueo de capitales en calidad de autor producto del tráfico de droga.
El ciudadano fue aprehendido por las autoridades policiales el pasado 11 de febrero en el sector de Costa del Este, cuando conducía un Lamborghini y fue detenido por una infracción de tránsito. Al hacerle una inspección ocular al auto, a la cual accedió el ciudadano en forma voluntaria, hallaron en el maletero $189 mil en efectivo que supuestamente no logró justificar. La fiscalía de Drogas, en voz del fiscal Leonel Urriola, indicó que el mencionado "presuntamente se le asocia a la red criminal del cartel del Golfo de México", según se lee en un comunicado difundido por el Ministerio Público.
Al empresario lo vinculan a la detención de otros dos individuos capturados el mismo día, a quienes se les acusó de blanqueo de capitales y posesión de droga, Ernesto Marcel y Gary Reyes.
El primero está siendo investigado por presuntos delitos de posesión simple de droga (6 gramos de cocaína hallados en su residencia) y $90,800 en efectivo que se incautaron durante un allanamiento en el departamento donde vivía. Mediante informe policial, un vecino holandés denunció que en su casa había bolsas de supermercado con efectivo que no le pertenecían. Cuando la Policía hizo la inspección se contaron $180 mil que presuntamente asocian a Marcel. En la audiencia de imputación de cargos celebrada el 11 de febrero pasado, la fiscalía indicó que Marcel había efectuado reuniones con Reyes y luego éste entregó a Tony Ng el dinero que posteriormente fue hallado en su auto deportivo. Esto, gracias a operativos de vigilancia que efectuaron las autoridades los días 24 de enero, 1 y 10 de febrero pasado.
En lo que respecta a Gary Reyes, la fiscalía lo acusa de posesión agravada de droga luego que en un allanamiento a su residencia se hallaran 123 paquetes de droga conocida como cocaína. El fiscal del caso manifestó durante la audiencia de imputación que se le vio a Reyes reunido con Tony NG. A Reyes se le imputaron cargos de conspiración, blanqueo de capitales y posesión agravada de droga.
Junto a ellos también se había decretado la detención provisional de Natalia Otero, pareja sentimental de Marcel, acusada de blanqueo de capitales en calidad de cómplice primario. No obstante, fue beneficiada por el mismo Tribunal Superior con una medida distinta a la detención preventiva y deberá reportarse ante la autoridad competente los miércoles de cada semana mientras duren las investigaciones. La mencionada tiene prohibición de abandonar el territorio panameño, de portar y usar su pasaporte y debe residir en el corregimiento de San Francisco en la casa de una amiga que se declaró responsable de su ubicación a lo largo del proceso.
Los involucrados habían apelado la decisión de un juez de garantías que decretó la detención de ambos, y el Tribunal compuesto por los jueces Yeli Pittí, Mauricio Marín y Fernando Alonso, basaron su decisión con relación al empresario panameño en que está acreditado en el expediente el peligro de desatención al proceso.
Una serie de movimientos bancarios se efectuaron entre 2009-2013 desde la cuenta Fundación Don James, controlada por el recaudador de los Panameñistas, Jaime Lasso, a miembros de la familia del expresidente Juan Carlos Varela, éste recibió $310 mil
Entre el 2009 y 2013 de la cuenta de la Fundación Don James se hicieron múltiples transferencias bancarias, cheques de gerencia y pagos en efectivo a miembros de la familia Varela. En total, los informes de inteligencia a los que ha tenido acceso La Estrella de Panamá, revelan que de la Fundación Don James se hicieron egresos por $561,533.33 a la familia en mención o a sociedades anónimas bajo su control, siendo Juan Carlos Varela Rodríguez quien más dinero recibió por un total de $310 mil. Las transferencias a la cuenta de Varela se extendieron hasta el 2010 y la última se recibió en abril de 2013, cuando el colectivo se alistaba para participar en las elecciones de 2014, y llegó al poder presidencial.
Su hermano y candidato al cargo de diputado en 2009, José Luis Varela, recibió a título personal la suma de $20 mil, mientras que Riofra Inc, sociedad anónima que preside, se benefició con $31,333.33. Mientras que la esposa del exdiputado, Ana María Reategui, se le registró un pago de $10 mil.
Los movimientos bancarios en mención están siendo investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso de los sobornos otorgados por la constructora Odebrecht, a razón de que Jaime Lasso, firmante en la cuenta Fundación Don James y recaudador para el partido Panameñista, recibió sumas de dinero importantes de Odebrecht.
El entonces presidente Varela, admitió en 2017 haber recibido $700 mil de la constructora, y fueron entregados por André Rabello, filial panameña de la constructora brasileña. Varela dijo que los dineros fueron reportados al Tribunal Electoral como parte de la rendición de cuentas que realizan los colectivos sobre las donaciones de campaña de 2009. Varela no fue procesado por este hecho, en comparación a otros que por el mismo escenario fueron imputados por delito de blanqueo de capitales.
En plena campaña electoral de 2009, el Partido Panameñista asociado con Cambio Democrático, posicionó a su candidato, Juan Carlos Varela como vicepresidente de la fórmula de Ricardo Martinelli a la cabeza.
Por otro lado, la Fiscalía también analiza los dineros depositados a la cuenta de la Fundación Don James, cuyos ordenantes fueron la sociedad Asesoría y Administración Profesional, S.A., empresa en la que figuran varios miembros de la familia Varela en su directorio, que giró $14 mil a favor de la Fundación.
También se tiene registro de un pago por $76,250 de Luis Varela, hermano del expresidente. Otro por $95,440 de la Fundación Varela Rodríguez y una más de Luis J. Varela por $34,962, todos en beneficio de la Fundación Don James o la cuenta personal de Jaime Lasso. En total suman $220,652. Estos movimientos se realizaron entre 2009-2013.
COMPARECENCIA DE ROSAS SERÁ DESPUÉS DE CARNAVALES: ANULACIÓN Y PRESCRIPCIÓN
El exdiputado Jorge Alberto Rosas solicitó a la Fiscalía Anticorrupción un aplazamiento de la indagatoria que tenía programada para ayer, debido a un incidente de controversia solicitado por su abogado, Juan Carlos Guerra, dentro del proceso que se le sigue por supuesto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. En este sentido se le corre el traslado por 3 días hábiles. Es decir, que el exdiputado asistirá después de los carnavales.
Rosas basa el incidente en la posibilidad de que lo actuado en la extensión de cinco meses de investigación otorgados a la Fiscalía Anticorrupción otorgado por el Primer Tribunal, sea declarado nulo. Esto a raíz de que la Corte Suprema de Justicia aún no resuelve una apelación a la decisión del Amparo interpuesta por tres partes involucradas. Según Rosas, ese recurso, de ser fallado a favor de las partes que apelaron el Amparo declararía nulo lo actuado, por tanto, en su caso no habría delito precedente para el blanqueo de capitales que pesa en su contra “ya que en los 800 tomos del expediente no hay una sola evidencia de delito precedente con respeto a Jorge Rosas”, se lee en el papel presentado ante la Fiscalía.
Aunado a esto, establece que encuentran la prescripción de los delitos por los cuales se le investiga. Por ello, reiteró que una vez se resuelvan las acciones planteadas, acudirá a todas las citaciones que requiera la Fiscalía para esclarecer los hechos.
ADELITA CORIAT: PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO A LA MEJOR INVESTIGACIÒN
ADELITA CORIAT
PREMIO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN La periodista Adelita Coriat, de La Estrella de Panamá, recoge el galardón a la mejor investigación periodística, en el marco de la gala de premiación de la versión XXIII del Premio Nacional de Periodismo, que cada año convoca el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Coriat recibió la distinción por su reportaje "La mano paralela de la justicia".
Adela Saltiel de Coriat, periodista panameña nacida en el Distrito Federal de México. Directora de ME LO DIJO ADELITA y editora en jefe de la Unidad de Investigación del diario La Estrella de Panamá [2013 a la fecha]
Se enciende la Asamblea
Este martes 11 de febrero la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ignoró lo acordado en la subcomisión por ellos mismos creada, y decidió mantener todos sus privilegios.
Los perredistas Gonzalo González y Raúl Pineda presentaron y aprobaron un nuevo texto ante los reclamos del diputado independiente Juan Diego Vásquez.
La subcomisión está integrada por González, Pineda y Vásquez, sin embargo en la sesión de ayer rechazaron el texto único previamente acordado y presentaron otro que fue aprobado por el resto de los miembros de la Comisión.
Solo Vásquez se opuso en la votación.
Contralor suspende el pago a 16 diputados suplentes
El Contralor de la República, Gerardo Solís, decidió mantener la suspensión del salario de 16 diputados suplentes de la Asamblea, luego de que la Corte Suprema de Justicia les negara la acción de amparo de derechos humanos al considerar que todos laboran en otras entidades del Estado.
También se le suspenderán todas las dietas, emolumentos o cualquier remuneración que estén recibiendo los diputados suplentes, agregó la vocera de la Contraloría General.
