lunes, 22 de julio de 2019

Rolando López dice que prestó su computadora al testigo protegido y que Martinelli lo amenaza

Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad (CS), admitió al Tribunal que juzga al expresidente Ricardo Martinelli por pinchazos, que le prestó su computadora personal al testigo protegido de la Fiscalía para que éste grabara la información sensitiva que había extraído del correo electrónico brad.pty507@gmail.com en un dispositivo que después se empleó como evidencia durante el juicio.

Esta información cobró beligerancia durante el juicio contra el expresidente Ricardo Martielli de este lunes cuando la querella inició la evacuación de sus testigos, en la mira tenía precisamente a López y al expresidente Juan Carlos Varela.

La versión de López, no obstante, contrasta con la del testigo protegido de la Fiscalía quien compareció durante el mes de junio por espacio de dos semanas. En su declaración reiteró en varias ocasiones que fue él mismo quien grabó esta información sensitiva desde su computador en el disco compacto que posteriormente entregó a la Fiscalía. Recordó que lo hizo en un hotel de la localidad del cual no logró mencionar el nombre o cuánto había pagado por la habitación en la que se hospedó por unos días en su viaje a la ciudad.

Según López cuando ingresó al Consejo de Seguridad como director y comenzó con la averiguación de lo que había ocurrido ahí antes de su llegada, los pinchazos telefónicos, un subalterno se le acercó y le comentó sobre un colaborador que quería aportar material a la justicia pero no quería hacerlo desde su computadora "porque las máquinas del Estado tenían un programa que estaba implantado por Martinelli".

La respuesta de López fue que él le facilitaba su computadora para hacer la tarea, "por eso va a salir mi nombre en el renglón de propiedades", narró López tratando de justificar la razón por la que en el disco compacto que empleó la fiscalía durante el juicio para mostrar al testigo protegido los correos y conversaciones de las víctimas de los pinchazos, salió a relucir el nombre de su nombre como autor de los mismos. Es decir, el nombre del autor o usuario de la computadora donde se había grabado la información.

El 18 de junio, fecha en la que en la audiencia sorprendió el nombre de Rolando López como autor de varios correos, el testigo protegido no supo dar una explicación al tema. Solo se limitó a responder que desconocía la razón por la que aparecía ese nombre en el disco compacto. Pero al mismo tiempo aseguró al Tribunal que él mismo había grabado el material en su computador. En ningún momento indicó que se trataba de un equipo prestado o que lo había conseguido por medio de un tercero, como afirma ahora López.

López reiteró en dos ocasiones que fue él quien le otorgó su computadora al testigo protegido y que "lo volvería a hacer de ser necesario".

"Nos parece que quedan claros muchos elementos. Rolando dijo que alguien le mencionó que había un colaborador que tenía intención de colaborar con la justicia o dar información y él le entrega una laptop personal y por eso aparece su nombre ahí. Este elemento para nosotros es importante y afortunadamente la querella aporta ese testimonio, hay un colaborador que no quiere utilizar los dispositivos del Consejo para hacer el volcado", explicó el fiscal Ricaurte González la contradicción.

DESDE SU INGRESO
López acudió al juicio como parte de los testigos de la querella. El abogado David Cuevas, defensor de Rosendo Rivera, querellante, víctima y exabogado del exmandatario Martinelli, interrogó a López por espacio de dos horas.

Pasadas las nueve de la mañana el Tribunal dio la orden de que ingresara el testigo de la querella que había sido previamente anunciado. López, vestido de traje oscuro, zapatos negros, camisa blanca y corbata, ingresó a la sala de audiencia sin mirar a ningún otro lado más que la silla que ocuparía frente al Tribunal.

Una vez el abogado inició el interrogatorio, López reparó la sala por encima y ubicó a Martinelli, a quien señaló como autor de los pinchazos y de enviarle mensajes intimidatorios, amenazantes, a su celular.

La querella efectuó la primera pregunta al testigo que sirvió para que se explayara y relatara al Tribunal las diferencias que mantiene con el acusado. Las mismas rentan ser de vieja data, y se manifiestan, según López, en una serie de mensajes que recibió en su móvil de un número no identificado pero que asocia a Martinelli. Aparecen palabras que el expresidente le había dicho en persona cuando se toparon en un evento en la embajada de Estados Unidos en Panamá en julio de 2014: billete y el músculo.

López narró que en una ocasión pidió al emisor de las comunicaciones que se identifique, pero no lo hizo. De igual forma acusó a Martinelli de continuar con la vigilancia a terceros ya que cuando él visita ciertos sitios al poco tiempo aparece en las glosas de los diarios propiedad de Martinelli en dónde estaba y qué estaba haciendo. Añadió que en los mensajes le decían que le habían dado instrucciones al abogado Sidney Sittón, defensor, para que interponga las demandas necesarias, porque él, López, era el Montesinos (Vladimiro) panameño por armar expedientes, y que también le aparecen las palabras tic toc, tic, tac, como si se le acabara el tiempo.

El juez Roberto Tejeira, presidente del Tribunal, orientó a López a interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes y no desviarse del tema que se le cuestiona.

A continuación López indicó que cuando tomó posesión del CS, cuestionó a Alejandro Garúz su antecesor, sobre los equipos de escuchas que se empleaban en la entidad, el M.L.M . Protection y el Pegasus. López no recordó el nombre de un tercer equipo, el Da Vinci, que el testigo protegido había mencionado como parte de las herramientas que se emplearon para hacer las escuchas. Garúz le indicó que eso no existía, a lo que López insistió porque según él tenía una secretaria le había informado sobre la existencia de esos equipos.

El testigo habló someramente sobre la forma en que inició la investigación interna en la entidad que pretendía esclarecer la pérdida de los equipos y la participación del personal. Parecía repetir lo publicado en los medios a lo largo del desarrollo del juicio. Dijo que conversó con varios agentes, entre ellos mandó traer al testigo protegido de Chiriquí para hablar con él y éste decidió cooperar con la justicia.

Manifestó que Júbilo Grael funcionario de la entidad es muy buena unidad. De Julio Palacios, otro excolaborador del CS, dijo que era un excelente profesional quien le solicitó una licencia para trabajar en la Unidad de Análisis Financiero y se la concedió. Luego dijo que después le presentó la renuncia y le agradeció la oportunidad que le había dado para trabajar en el CS.

No obstante, cuando Palacios compareció ante el Tribunal de juicio el 25 de junio pasado, relató que participó en una reunión con el expresidente Juan Carlos Varela, Jacinto Gómez, subdirector del Consejo de Seguridad y Rolando López, en la que lo interrogaron para saber qué había ocurrido en la entidad durante la administración Martinelli. Palacios dijo que no le constaba que se habían efectuado los pinchazos y luego fue enviado de vacaciones por 100 días. A su regreso estuvo 60 días encargado de la garita del Consejo de Seguridad revisando los autos que entran y salen de la entidad. Un acto que interpretó como humillante.

Palacios asumió que estas ordenes obedecían a que no dijo lo que los jefes querían escuchar. Mencionó que Rolando López le había mandado mensajes a través de un emisario. Por ejemplo, que el jefe quiere que hable. "Yo le respondí que ya me tenían bien cabreado con el tema, que no iba a decir lo que no sabía, que si me quería botar que lo hiciera", reveló entonces con cierto enojo el testigo Palacios. Puntualizó que después renunció al CS.

En la mañana de este lunes, López también se refirió a Ronny Rodríguez y a William Pittí, ambos acusados de ser los autores materiales de los pinchazos de los cuales se desconoce su paradero. De ambos dijo que no quisieron colaborar con la justicia, el primero no quería "traicionar a Martinelli", según López rememoró sus palabras.

Dijo que jamás presionó a nadie para testificar o para declarar en el caso, y que se arrepiente de no haber participado como querellante en este caso, como sí lo hizo con el proceso que juzgó a los exdirectores del CS Alejandro Garúz y Gustavo Pérez.

También habló de su relación con la procuradora Kenia Porcell. Explicó que la conoció cuando ella era docente en una clase de maestría a la que atendía López y que su profesionalismo lo inspiró para recomendarla como asesora legal cuando fue designado por el entonces presidente Varela en la entidad. Porcell revisaba su comunicación legal, las Gacetas, etc, según López.

Añadió que para ocupar el puesto de director del CS, Varela lo entrevistó por 7 horas y revisó su extensa carrera militar y experiencia policial.

Del testigo Luis Rivera Calles, perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien denunció a López por pinchar su teléfono y darle seguimiento, el exsecretario del Consejo dijo que no lo conoce, que solo sabe de él por los medios de comunicación. "Les reto a que busquen una nota en la que aparezca mi firma, o en la que diga que yo participé en las diligencias de inspección ocular en Medicina Legal", retó López para desmentir a Rivera Calles. "Me genera preocupación que el billete y el músculo pudieron intervenir en su testimonio", declaró.

López dijo que a raíz del mal uso que se le dio a las máquinas pinchadoras durante la administración Martinelli "ahora todo mundo cree que esta pinchado", una especie de psicosis colectiva.

Mientras declaraba López, en ocasiones el exmandatario Martinelli, sentado a pocos metros del testigo, negaba con la cabeza cuando éste hablaba. Luego lo miraba fijamente por momentos.

López dijo que le preocupa la integridad de sus familiares.

López narró su trayectoria como militar y describió el organigrama del CS petición del abogado querellante.

La defensa realizará el contra interrogatorio en horas de la tarde.

sábado, 20 de julio de 2019

“Yo creo que la gente castiga o premia con el voto, si se hace un buen trabajo lo reeligen, y si no, no”

El presidente de la AN, Marcos Castillero, no se inclina por limitar los periodos de reelección de los diputados como se plantea en las Reformas Constitucionales

Si hay un órgano del Estado en el que la mayoría de la población percibe falta de transparencia, corrupción y la necesidad de un cambio urgente, es la Asamblea Nacional. El presidente de esta entidad, Marcos Castillero, asegura que su principal reto es sembrar la transparencia. ¿Cómo lo hará? Los cambios en el Reglamento Interno parecen ser los primeros pasos. Castillero promete instalar el voto electrónico, que no habrá más planillas además de los $20 mil asignados al salario de los colaboradores, y que fiscalizará su rendimiento.

La primera prueba para demostrar transparencia e inclusión de toda la población, la constataremos con las reformas Constitucionales. Antes de empezar la consulta popular, Castillero ya adelantó que no está de acuerdo con la limitante de que los diputados puedan ser electos solo por dos periodos, como lo establece el documento base de la Mesa de Concertación Nacional. Por otro lado, el rol de los diputados no parece enfocarse en lo que es, legislar. Más bien, se ven a sí mismos como facilitadores para solucionar las necesidades de la población que les dio su voto, o a quienes hicieron promesas en campaña. Sin duda, hay un gran camino por recorrer, los primeros pasos deben darse con firmeza para convencerse a sí mismos, y a la población, de que el cambio no se trata solo de un discurso, sino de hechos concretos.

¿Cuál el su principal meta como presidente de la Asamblea?
La transparencia, vemos que hay mucha crítica hacia la Asamblea y es un reto que tenemos como presidente de la Asamblea y para todos los diputados. Tenemos a penas 15 días de haber tomado posesión, estamos trabajando poco a poco y estamos haciendo un esfuerzo en equipo. Yo entro a laborar a las 7 de la mañana y salgo a las 12 media noche, no solo yo, sino nuestros colaboradores. No solo nos dedicamos al tema del Pleno, sino también a los asuntos administrativos y es bastante trabajo.

¿Incentivará a sus colegas a que publiquen sus planillas?
Bueno, la Contraloría las publica.

Pero no todas las planillas...
No habrá de esas planillas en este periodo. Nada de 080 y cualquier otra similar.

¿Apoyará la votación a través del voto electrónico?
Pienso que sí. Tenemos que ir a la vanguardia en tecnología y también nos comprometimos a que la población sepa cómo votamos. Eso es muy importante, estamos avanzando poco a poco en ese sentido para cumplir el compromiso que hicimos en nuestra toma de posesión.

Explique cuál será la mecánica para debatir el proyecto de Reformas Constitucionales...
Ya se instaló la Comisión de Gobierno que será la encargada de las Reformas Constitucionales. Será un tema en el que participe la población a nivel nacional. Los miembros de la Comisión atenderán las inquietudes de la población. Somos una Asamblea de puertas abiertas y estamos dispuestos a escuchar. Le mejor propuesta créame que se va a tomar en cuenta.

¿Cómo van a recibir estas propuestas?
Mediante la consulta popular. La Comisión se trasladará a varios puntos del país, y la gente también puede ir a la Asamblea a dar su opinión a la Comisión de Gobierno.

¿Cuánto tiempo tomará esto?
Unos tres o cuatro meses. También hay que llevarlo a un referendum para que la población vote si es positivo o negativo.

¿Cómo se van a consensuar las propuestas que reciban?
Va a haber una discusión en la Comisión de Gobierno con todos los diputados, los 71 diputados y tomaremos las propuestas que vayan de acuerdo con las necesidades de la población.

¿Cómo quedará entonces la propuesta de la Mesa de Concertación Nacional?
Se van a tomar en cuenta las que dio la Concertación y las de la población para fortalecer las reformas.

Es decir que se va a cambiar el contenido original...
Hay que estudiarlo, la Comisión de Gobierno ya estudia las reformas y ponernos de acuerdo. En la segunda legislatura debe someterse a un referendum a nivel nacional y que la población vote. Todos deben participar. Están las puertas abiertas para todos.

¿Es una consulta popular?
Claro que sí. Se va hacer una gira a nivel nacional como lo manifestó el presidente de la Comisión Leandro Ávila. El Ejecutivo presentó las reformas y ahora nos queda a nosotros trabajar en pro de que las cosas queden mejor para que salga un trabajo positivo para el país.

¿Qué opina sobre limitar a dos periodos la reelección de los diputados?
Es una decisión de la población. No veo bien coartar la democracia si la población, si el pueblo elige al diputado, y al elegirlo lo hace por quien crea más conveniente. En un circuito no solo es candidato un solo diputado, hay cinco, diez y hasta quince candidatos en los circuitos plurinominales. La gente elige a quien crea conveniente que pueda dirigir el nuevo quinquenio.

Es decir que a su parecer no debe haber limitación...
Yo creo que la gente castiga o premia con el voto. Si hace un buen trabajo lo reeligen y si no, no. Hay diputados que solo van por un periodo, y otros no.

Esa precisamente ha sido la crítica, que se reeligen constantemente...
Si los diputados nos ponemos de acuerdo que solo deben ser dos periodos entonces lo dejamos así. Hay propuestas sobre ese tema pero vamos a consultar diferentes sectores, no es una camisa de fuerza. Queremos hacer las cosas diferentes, con humildad y con transparencia.

¿Por qué se ha limitado el trabajo de los periodistas en la Asamblea? coartan la entrada a las discusiones en las comisiones...
En el tema de los medios no es que se está restringiendo la entrada. En la medida en que porten su carnet pueden estar en la gradería o en el palco de los medios. El tema de la Comisión de Presupuesto, en el artículo 82 ellos toman la decisión si permiten o no la entrada de los medios.

El carácter reservado solo es para el primer debate del presupuesto...
Créame que a partir de hoy las puertas están abiertas para todos los medios.

Como me dice que la Asamblea es de puertas abiertas...
Claro que sí, el jueves estaban abiertas para todos.

Los discursos deben ir de acuerdo a los hechos...
Créame que va a mejorar ese tema, que los periodistas porten su carnet, no hay ningún problema para que puedan entrar y grabar los debates, para eso están.

Usted toma el mando de una institución muy desprestigiada. ¿Cómo piensa cambiar esta imagen?
Sabemos que es un reto difícil, pero estamos haciendo el esfuerzo en conjunto con todos los diputados. La población tiene una percepción bastante negativa de la Asamblea, pero el mal de uno es el de todos, así que en la medida en que trabajemos en forma transparente se cambiará la imagen poco a poco. No será de un jalón, pero contemplamos hacerlo poco a poco para que el próximo Presidente(a) de la Asamblea reciba una institución mejorada y continúe con el legado.

¿Qué hará distinto para mostrar ese cambio?
Me comprometí a cambiar el Reglamento Interno y evidentemente van a haber cambios positivos en este sentido.

¿Ha considerado la propuesta del diputado independiente Juan Diego Vásquez?
La propuesta de Juan Diego se unirá a la propuesta de muchos diputados que vayan cónsonas con la realidad de la Asamblea Nacional. Vamos a recibir la opinión de la población, somos de puertas abiertas, y las personas pueden manifestar cualquier inquietud para que la acojamos.

La población exige transparencia, menos dinero en las planillas y menos prebendas...
Bien, con respecto al tema de las planillas en esta ocasión se van a asignar a cada diputado $20 mil y cada diputado tiene que sustentar el trabajo de sus colaboradores. Estamos esperando esa asignación con la Contraloría. Al ser asignados a los diputados estas personas deben cumplir con su horario laboral, su entrada y salida de la Asamblea y al final de mes un informe justificando su salario.

¿Cómo puede fiscalizar que los emplanillados asistan a sus labores?
Vamos a instalar a nivel nacional en los circuitos relojes para que los colaboradores marquen su hora de entrada y de salida. Y en donde no hay luz tendremos un sistema manual. Eso sí, se les pagará siempre y cuando entreguen su justificación por mes. Va a ir de acuerdo a rendimientos mensuales, es la única manera que se pueda cobrar.

¿Usted está de acuerdo con esa cifra?
La cifra que sea estipulada. Si son $20 mil o más lo que recibamos todo debe ser justificado. El tema es que la Asamblea no solo es la capital, tenemos compromisos a nivel de los circuitos, la mayoría de los diputados están del puente hacia abajo.

¿Qué quiere decir con ‘compromisos en los circuitos’?
Hay muchas necesidades que hay dentro de nuestros circuitos y debemos de trabajar en colaboración con el Órgano Ejecutivo para poder llevar las obras que sean necesarias. Esas personas que están dentro de la planilla estarán vigilantes en las comunidades para lograr el éxito y las promesas que hicimos durante la campaña.

¿Se refiere a obras de infraestructura?
Sí, los diputados estamos para gestionar obras y poder conseguir con la Comisión de Presupuesto que se involucren las obras que son necesarias en temas como electrificación, sanidad básica, caminos, agua potable para dar una mejor vida a la población.

Diputado, ¿no cree que precisamente esa es la imagen que se busca cambiar de los diputados? ¿No es eso lo que genera más clientelismo?
Evidentemente los diputados somos políticos y cuando llegamos a los hogares solicitamos los votos y la gente nos plasma las necesidades que padecen. Evidentemente están los representantes de circuito pero nosotros debemos trabajar en colaboración con los representantes, alcaldes y el Presidente de la República. Los representantes nos manifiestan las necesidades, los alcaldes a los diputados y nosotros al Ejecutivo para poder llevar las obras a nivel nacional.

Existe la percepción de que el diputado está para gestionar obras, pero causa un clientelismo y confunde el rol de diputado, no sé si con este planteamiento se logre el rol de legislar...
Es que el diputado no está para hacer obras sino para gestionarlas y coordinarlas con los representantes y los alcaldes y llevar las obras más sensitivas que tienen en este momento. Eso se hace con los dineros de la descentralización a través de las alcaldías, pero la voz palpante es la del diputado que también tiene una cercanía con el Ejecutivo.

¿Usted apoya el proyecto de Ley para reformar el flujo migratorio?
Yo creo que se necesita una regulación. Es un país donde mucha gente quiere vivir y hay que reglamentar eso.

¿Esta de acuerdo con el artículo de deportar a quien insulte o hable mal del país?
Claro que sí porque es como insultar a nuestra familia, y no vamos a permitir que insulten nuestra bandera y los símbolos patrios.

Presidente ese artículo es de lo más subjetivo, puede aplicarse a discreción del funcionario...
¿Usted está de acuerdo con que nos pisoteen la bandera?

Eso no evita que se aplique la subjetividad a la norma...
Aquí hay muchas personas que viven aquí de muchos países, hay que ordenar la casa. Yo creo que se puede bajar un poco ese tema de deportar a la gente. Somos hospitalarios, no creo que hay que llegar a ese extremo. Vamos a tratar de nivelar eso por el bien del país y bienvenidos todos, hay que respetar al país. Vamos a evaluarlo y consultarlo con todos los diputados.

¿Está de acuerdo con que se sancione con una multa del doble del salario a los diputados que se ausenten?
Es que los diputados no faltan a la Asamblea, y los que están en las Comisiones deben organizarse. Cuando yo no estoy en el Pleno, atiendo asuntos administrativos de la Asamblea, pero los diputados deben asistir.

Hay muchas críticas por haber nombrado al diputado Benicio Robinson en la Comisión de Presupuesto, ¿cuál es su opinión al respecto?
El diputado Robinson tiene gran experiencia. En el periodo pasado presidió también la Comisión de Presupuesto y quedó nuevamente. Los presidentes no se escogen de a dedo sino que los miembros de la Comisión los escogen por votos. A él lo escogieron.

¿Por qué él es idóneo para presidir la Comisión?
Bueno, ahí aspiraron varios y él gano la presidencia con los votos. Pienso que con su experiencia de siete periodos como diputado ha sabido manejarse, evidentemente como ser humano tiene sus virtudes y defectos. Así como el diputado tiene sus críticas también tiene sus bondades. Yo creo que hay que darle la oportunidad nuevamente y ver cómo nos va en la Comisión. Créame que nos va a ir bien.

Dígame un proyecto de Ley que propondrá...
Estoy trabajando en un proyecto para nuestro circuito; es preocupante el tema de la reserva forestal. Queda en Chepo de las Minas en donde nuestros agricultores no son sujetos de crédito. Tenemos que crear un balance con la naturaleza porque el Río La Villa que suple de agua para la región, hay que crear un balance, un proyecto de Ley amigable con la naturaleza. Es un proyecto sensitivo por el tema forestal pero tenemos que llegar a un feliz término. Nuestra gente está acostumbrada a sembrar productos de subsistencia, pienso que es importante crear en un futuro que la ley sea realidad. Aparte de sembrar raíces y tubérculos, pueden sembrar árboles frutales, y otros que ayuden a la reforestación. Hay otra ley también del festival que se realiza de la Flor del Espíritu Santo que hay que reforzar, es en septiembre en Las Minas.

¿Cuándo se van a ratificar los nombramientos requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional?
Las comisiones ya se instalaron esta semana, así que vamos a empezar a ratificar a los directores nacionales para que el gobierno avance en sintonía con los proyectos del Estado.

¿Y los que quedaron pendientes de la administración pasada?
Bueno, estamos esperando que lleguen los nombramientos del Ejecutivo. Hay que nombrar a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También estará pendiente el nombramiento del próximo Contralor(a).

viernes, 19 de julio de 2019

Militares venezolanos, huéspedes de la embajada de Panamá en CCS

La diplomacia panameña quiere jugar un rol componedor en la crisis que vive el hermano país de Venezuela, sin embargo, el refugio que ha otorgado a 16 uniformados en la sede diplomática panameña en Caracas dificulta las relaciones entre ambas naciones

La diplomacia panameña enfrenta una situación difícil, complicada, con respecto a las relaciones bilaterales con el hermano país de Venezuela. Por un lado, reconoce a Juan Guaidó, líder de la oposición y presidente interino avalado por más de 50 países, y por el otro, mantiene cierto grado de relación con el gobierno de Nicolás Maduro.

La cereza del pastel en este escenario es que desde el 30 de abril pasado, la embajada de Panamá en Caracas tiene 16 huéspedes, uniformados venezolanos que participaron en el intento de golpe de esa fecha contra el régimen.

No obstante lo anterior, Panamá tiene interés de mediar como fuerza conciliadora para una salida democrática y pacífica para Venezulea. El problema, a criterio de algunos especialistas en el tema internacional, es que aún es parte del Grupo de Lima, y esta posición le brinda muy poco espacio para ejercer su rol componedor.

El canciller Alejandro Ferrer explicó ayer en el noticiero de TVN, que el Gobierno de Maduro envió recientemente una nota en la que alegaba que presuntamente esas personas, los huéspedes militares que se encuentran en la Embajada, continuaron en la planificación y participación de otras actividades”.

“Venezuela puede decir eso pero es muy difícil que puedan probarlo a menos que hayan interceptado las llamadas. No creo que ellos estén conspirando contra el gobierno de Maduro. Panamá no puede amparar eso. Creer lo que dice Venezuela es muy arriesgado”, reflexionó el profesor Euclides Tapia, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

Incluso, añadió Ferrer, preguntan cuál fue el papel de los funcionarios panameños en esos hechos. “Es una situación complicada que requiere un manejo responsable”, dijo el Canciller.

Luis Miguel Hincapié, exvicecanciller de la República (2014-2019) lee el reclamo de Maduro como una provocación “para tener la certeza de que los militares se encuentran en la embajada panameña, considerado territorio de Panamá, para ejercer más presión y que sean expulsados, y arrestados, so pretexto que desde esa trinchera ellos planean algo”.

No se sabe hasta cuándo permanecerán en la sede diplomática los militares venezolanos, pero en caso de que se pretenda que éstas personas puedan volar hacia Panamá, debe ser a través de un salvoconducto otorgado por el Gobierno de Maduro, un escenario poco probable.

Ferrer confía en que esta espinosa situación se resolverá bajo el marco del derecho internacional que implica un respeto hacia la sede panameña en Caracas, su personal, los huéspedes, y que la embajada no sea utilizada para un fin distinto a lo que es, una sede diplomática.

“Estoy seguro que el Gobierno panameño sabrá proteger la vida e integridad de las personas que se encuentran en la embajada”, agregó Hincapié.

Ferrer manifestó la intención de Panamá de retomar “ese rol de liderazgo constructivo de un país que promueve el diálogo y genera consensos”. Pero la posibilidad de que Panamá actúe en un rol componedor dejo de existir desde el momento en que Istmo se incorporó al Grupo de Lima y reconoció a Guaidó. “Panamá debió haber protegido la neutralidad que le correspondía como país conciliador y neutral. Al incorporarse al Grupo de Lima, bajo presión de Estados Unidos, Panamá perdió cualquier oportunidad de ejercer su rol componedor”, expresó una fuente diplomática que pidió omitir su nombre.

QUEJA EN PAUSA
Por otra parte, Ferrer anunció que la reunión bilateral sostenida entre el mandatario Laurentino Cortizo y el presidente de Colombia Iván Duque durante la toma de posesión del primero, dio frutos positivos luego de que el vecino país suspendiera la queja que interpuso ante la ante la Secretaría del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por la falta de cooperación de Panamá en intercambio de información relacionada al blanqueo de capitales.

La relación con Colombia debe ser integral, razón por la que ambos países decidieron solventar sus diferencias bilateralmente.

Panamá, por su parte, también hace un reclamo a Colombia por no acatar el fallo de la Organización Mundial de Comercio en tema arancelario.

“La agenda diplomática también estará centrada en defender los intereses del país antes que los extranjeros”, zanjó Ferrer.

jueves, 18 de julio de 2019

Plan de seguridad busca incorporar el IMELCF a la Policía Nacional

El Plan de Seguridad 2019-2024 elaborado por la Policía Nacional pretende reformar la Ley Orgánica de la institución, el Código Penal y poner bajo su paraguas la medicina forense

La Policía Nacional tiene entre sus planes modificar la Ley Orgánica que rige esta institución, además de promover una reforma al Código Procesal Penal que le otorgue iniciativa investigativa a la Dirección de Investigación Judicial, así como la incorporación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) a este cuerpo investigativo, de forma que cuente con las investigaciones criminales durante la primera fase.

Así lo establece el Plan de Seguridad 2019-2024 que elaborado para identificar los puntos débiles de la institución, del crimen, y los lineamientos estratégicos y operacionales para combatirlo.

En la actualidad, el Imelcf es una de las pocas instituciones del país con autonomía total. La Ley 50 de 2006 que reorganizó la institución y la separó del Ministerio Público. Luego, en 2007 se creó la Dirección de Investigación Judicial en la Policía y adscribió los servicios de criminalistica al Instituto de Medicina Legal.

El Imelcf se encuentra bajo la administración de una Junta Directiva que la preside el Procurador de turno. La misma está integrada por un miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, uno del Colegio Médico, un representante de la Universidad de Panamá, y uno del Colegio de Abogados, entre otros.

La Estrella de Panamá tuvo acceso al documento que hasta el momento se discute como una propuesta para el Ejecutivo que busca mejorar la eficiencia y la cercanía de los uniformados con la comunidad. Este último punto es uno repetitivo en el esquema que pretende implementar la Policía para bajar los índices de delincuencia.

El nuevo concepto del cuerpo uniformado busca fortalecer la institucionalidad en aspectos normativos y el bienestar laboral a través de la presentación de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la institución y una nueva reglamentación para el cuerpo uniformado. En ese mismo renglón, se busca poner orden a los ascensos para que sean por mérito y no por amiguismo. Al respecto, se presentará un proyecto de Decreto Ejecutivo del Reglamento de Ascenso y del Reglamento Disciplinario.

Se han identificado varios factores que inciden en la seguridad ciudadana. No son nuevos, pero la Policía los toma como base para ayudarse en este nuevo esquema contra la delincuencia. Entre ellos enumeran el delito contra el patrimonio en espacios públicos, tráfico de drogas por bandas delincuenciales, violencia doméstica contra la mujer y niños, homicidios, mortalidad por accidentes de tránsito, faltas administrativas que vulneran la paz social, deficiencia de los servicios básicos como salud, transporte, agua, etc, y por último pero no menos importante, la falta de certeza del castigo o impunidad.

Para contrarrestar lo anterior se proponen capacitar a los uniformados con otra mentalidad, lo primero es estar más cerca de los ciudadanos, conocer sus problemas y tratar de potenciar programas de seguridad ciudadana. Recuperar los espacios públicos con la ayuda de la comunidad es otra meta de los uniformados. Continuarán con el esfuerzo para reducir los homicidios y la violencia doméstica que en 2018 se presentaron 14145 casos en el Ministerio Público.

Las estrategias incluyen instalaciones adecuadas para los policías así como incorporar tecnologías avanzadas para el Centro de Operaciones Conjuntas C5 que tenga capacidad de respuesta a los hechos delictivos. Entre las herramientas a emplear se contemplan cámaras de video vigilancia, base de datos, comunicaciones, acceso a aplicaciones policiales en el celular, etc.

Plantean mejorar las comunicaciones internas entre todas las zonas policiales.

Así mismo, optimizar las labores de inteligencia e investigación policial para mejorar los resultados en la lucha contra el delito. En este sentido, pretenden equiparar las Direcciones Nacionales de Inteligencia Policial con tecnología de punta para dinamizar sus labores y poder lograr mejores resultados.

Retomarán el Departamento de Adiestramiento de Personal en Servicio para supervisar, orientar y capacitar al personal de nuevo ingreso.

Para todos los policías buscan desarrollar programas de capacitación continua de forma descentralizada para mantener a las unidades en buen estado físico, práctico y táctico.

El plan incluye crea una nueva dependencia especializada en seguridad ambiental, rural y turística. Esto permitirá fortalecer el seguimiento y la investigación a los delitos ambientales y factores generadores de afectaciones de medio ambiente.

La compartimentación y los roles de las unidades se centran en el rol de jefe de zona quien deberá conocer en detalle toda su área de responsabilidad, las necesidades, mantener contacto con su personal, y dar el ejemplo. Esta persona debe servir como un puente entre los problemas de las comunidades y las posibles soluciones, identificar las situaciones de riesgo potencial en su zona, identificar a quienes potencialmente pueden ser proclives para cometer faltas y delitos, además de promover la cultura de legalidad.

En el plan de seguridad nacional 2019-2024 se proponen incrementar las unidades de la policía a la comunidad, capturar delincuentes de alto perfil a través de operaciones de inteligencia e implementar centros de mandos fijos y móviles como el C5-C2.


martes, 16 de julio de 2019

Informe de auditoría por pérdida de equipo espía no vincula a Martinelli, fiscalía señala que eso no lo exime de responsabilidad

Dos peritos de la Contraloría culminaron su comparecencia en el juicio contra el exmandatario Ricardo Martinelli por pinchazos. El documento no menciona al exgobernante pero la fiscalía alega que es un tema de armonía probatoria

A pesar de que el informe de Contraloría, que consta de 86 páginas, sobre la lesión patrimonial que pudo causar la pérdida del equipo por el Estado adquirido a la empresa M.L.M. Protection no menciona por ningún lado al acusado Ricardo Martinelli, la Fiscalía se siente satisfecha con el testimonio de las dos autoras del informe.

Ayer culminó la participación en el Juicio Oral contra el expresidente Ricardo Martinelli por parte de las peritos Amadelis Valderrama e Iris Pérez quienes en su momento eran funcionarias de la Contraloría.

Para su elaboración, las profesionales se apoyaron en información recabada de varias entidades a través de la cual pretendían conocer sobre el paradero del equipo tecnológico capaz de infectar o espiar correos electrónicos, reconocer voces y la localización de los móviles. Pero por falta de documentación no lograron resolver incógnitas importantes. Por ejemplo, quién fue el último custodio del equipo, o cómo se trasladó el mismo al Consejo de Seguridad, entre otras interrogantes.

Lo que sí lograron establecer es que hubo una nota en la que supuestamente tiene la firma de Gustavo Pérez, entonces director de la Policía Nacional, como receptor del equipo. No obstante, la autenticidad de esta firma está en disputa, ya que Gustavo Pérez querelló en 2016 a las autoras del informe alegando que no se trata de su firma. Las peritos tampoco recibieron nota por escrito del director de la Policía Nacional Omar Pinzón (2014-2017) en la que detallara las características del equipo en mención. Otra nota de la misma institución, firmada por Gabriel Medina, indicaba que no se halló documentación sobre el contrato que efectuó el Programa de Ayuda Nacional (PAN) con la empresa israelí, M.L.M. Protection en el año 2010.

Aún así, las peritos hallaron una posible lesión patrimonial al Estado por $10.8 millones en la que relacionan a Gustavo Pérez, y fallas administrativas entre las que mencionan a otras 8 personas, entre ellas al exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu, a Carlos Orillac, un funcionario de la Presidencia, y a miembros de la Junta Directiva del PAN que autorizó la compra del programa espía.

Para Alfredo Vallarino, defensor del expresidente, los resultados de la auditoría son contundentes, pues su cliente no se menciona en ningún documento como tampoco es una de las personas relacionadas por faltas administrativas.

"Cuando usted va a traer un testigo lo hace para acreditar algo y no para decir que no pudieron hacerlo. Los que dicen que no tienen la documentación eran precisamente los enemigos de Ricardo Martinelli, es muy fácil para ellos decir que no encontraron documentación relacionada, los que no lo hicieron eran funcionarios subalternos de Juan Carlos Varela en su momento", señaló.

No obstante, la Fiscalía mantiene la versión de que el Tribunal debe hacer una evaluación armónica del informe con el resto de los testimonios que han acreditado previamente en el Juicio Oral la existencia del equipo y su desaparición.

"El Tribunal debe preguntarse por qué personal del Consejo manipuló un equipo que ni siquiera fue inventariado. No es relevante que no aparezca el nombre de Ricardo Martinelli, porque hay personas relacionadas y no significa que éstas personas puedan salir desvinculadas", defendió Aurelio Vásquez, fiscal del Ministerio Público.

Cabe señalar que el equipo en mención fue adquirido en marzo de 2010 y su compra se efectuó a través del PAN en tres pagos. La auditoría sobre adquisición, manejo, recibo y custodia del equipo tecnológico, no determina responsabilidad penal, sino personas vinculadas a la misma.

Durante la audiencia de este lunes, en la cual culminó la participación de las peritos por parte de la Fiscalía, no se dejó establecido cómo fue que el equipo que se recibió en la Policía Nacional llegó al Consejo de Seguridad donde fue operado por varios funcionarios que recibieron entrenamiento por parte de la empresa. Para la Fiscalía esto no es un obstáculo para que el Tribunal deduzca que este equipo desapareció del Consejo de Seguridad, como trata de probar la teoría del caso del Ministerio Público, pues ya se han presentado testigos en el Juicio que indicaron que el equipo lo recibieron en la Policía Nacional y que incluso al hacer uso del mismo, encontraron carpetas de archivos bajo el nombre 'Policía Nacional'.

"Este informe no es la única pieza para responsabilizar a otras personas. Lo relevante para la Fiscalía es que se tiene un informe -que forma parte de un expediente en la fiscalía Segunda- que está pendiente de resolver en otro Tribunal. Que la persona que recibió el equipo llegó a ser secretario del Consejo de Seguridad y esa misma persona fue sentenciada como cómplice en el caso de pinchazos. La pregunta de cajón sería, ¿dónde está el autor? ¿quién preside el Consejo de Seguridad?", se preguntó el fiscal Vásquez.

Para la defensa, la teoría de la fiscalía se cae de su peso, pues insisten en que su cliente no es mencionado por ningún lado, o en los documentos que recabaron las peritos.

Este informe de la Contraloría es importante en el caso contra el exmandatario porque se le acusa de delitos contra la administración pública en modalidad de peculado, sustracción, en este caso. Es decir, que el equipo adquirido desapareció del Consejo de Seguridad. No obstante, al ser preguntadas las peritos si buscaron o indagaron en el Consejo de Seguridad la existencia del equipo, las peritos respondieron que no, pues la auditoría solicitada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Anticorrupción se centraba en el PAN, no en el Consejo de Seguridad o en la Policía Nacional.

"Ha quedado claro que el equipo existió y desapareció. Le costó al Estado más de $10 millones y no aparece. Lo importante de la participación de estas dos profesionales es que resultaron relacionadas 9 personas, algunas por fallas administrativas y otras por el perjuicio económico", zanjó el fiscal Vásquez.

Vallarino insiste en que "le han preguntado a las peritos si han encontrado algún vínculo con Ricardo Martinelli en la auditoría y ellas han dicho que no. Tampoco buscaron el equipo en el Consejo de Seguridad. Hay que ser más serios por parte de la Fiscalía porque nos tienen perdiendo el tiempo. Las peritos han dicho tajantemente que en las 86 páginas del informe elaborado por la Contraloría no se menciona a Ricardo Martinelli ni tampoco en los 9 relacionados", manifestó.

Ambas peritos están en la lista de testigos de la defensa en caso de ser requeridas, razón por la cual el Tribunal les alertó que podrían ser citadas nuevamente a audiencia.

Para este martes la Fiscalía debe continuar con el desahogo de sus testigos que ya superan los 37, según adelantaron los fiscales se trata de más víctimas de los pinchazos.

sábado, 13 de julio de 2019

El sistema de salud debe ser universal, que sume al sector público y privado

El modelo que analiza el oftalmólogo Kevin Vanegas abarataría el costo de los medicamentos y haría más eficiente el sistema de salud, pero implicaría un subsidio millonario del Estado según las necesidades

El reto de ofrecer un sistema de salud eficiente a la población ha quedado en el tintero de las promesas al menos por más de 30 años. Uno de los principales obstáculos que motivan una deficiente atención médica y la falta de medicamentos es que los gobiernos destinan el mismo presupuesto a este renglón que hace 3 décadas a pesar de que las necesidades se han multiplicado con creces. El oftalmólogo Kevin Vanegas, ofrece una mirada profunda al sistema actual, y propone la universalización del mismo como una de las vías para satisfacer los requerimientos de los usuarios. Fusionar el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en un solo programa con el propósito de adquirir medicamentos e insumos a un mejor precio es un paso en la dirección correcta. Pero para Vanegas, es necesaria una reforma aún más profunda. La universalización que propone el médico incluye también al sector privado, un copago por parte de los asalariados que no contribuyen al sistema acuden a él, además de un sustancioso subsidio por parte del Estado para abaratar los precios de los medicamentos para todo mundo.

La ¿Cómo debe ser el sistema de salud?
De acceso universal con un copago mínimo del usuario. Ese copago funciona de dos formas, para incrementar el financiamiento y conseguir mayor eficacia. No tienes idea cuánta gente pide citas y no asiste. El porcentaje histórico de citas perdidas en el Seguro Social es de 10% a 15%, perdidas. Yo tengo cinco años de trabajar en ese hospital y solo dos veces he tenido la agenda completa. Si vamos a pagar un pago pequeño, ayuda a financiar el sistema. También he visto que los trabajadores no formales no pagan pero usan el sistema. Para ellos habría que buscar una tasa de seguro obligatorio. Si usan el sistema deben hacer una contribución.

¿Ese sistema universal incluye la parte privada?
Ahí es donde se les traba la lengua a los políticos. Un sistema universal incluye la parte privada. Si usted va al seguro social y la fila le pareció muy larga, y el sistema de salud negocia con todo el gremio sus tarifas, algunos lo aceptarán y tal vez a otros nos les convenga. Pero los que lo acepten podrán atenderse con esos médicos.

Eso introducirá dos tarifas en el sistema...
Lo que pasa es que se cree que la atención del Seguro es barato. Por ejemplo, una cirugía catarata al Estado le cuesta aproximadamente mil dólares, en la clínica privada cuesta $600. Lo que pasa es que el paciente cree que es más barato el Seguro porque no sale de su bolsillo, pero hay un concepto equivocado ahí. En cuanto a los medicamentos debemos asegurar una calidad. Los genéricos funcionan bien si son bio equivalentes, porque hay algunos genéricos que no son disponibles pero para poder intercambiar un genérico por un original debe tener un 95% de equivalencia. Lo que pasa es que si se compran este tipo de medicinas sin ninguna prueba de bio equivalencia, el usuario va a desconfiar de los remedios, el principio activo no es lo único.

¿Qué puntos específicos hay que modificar del sistema?
Los puntos cardinales sobre los que debe descansar el sistema de salud público es que sea de acceso universal y por ende debe descansar en un solo sistema. Nosotros hemos vivido el lastre de tener dos sistemas, cuando en realidad tenemos tres: el sistema de la Caja de Seguro Social (CSS), el público y el particular, pero sin conseguir niveles de eficiencia cuantificables o medibles por los indicadores internacionales óptimos. No ha habido ni siquiera la voluntad política de fusionar a nivel público, ha habido conversaciones pero nada concreto.

¿Cuál ha sido el principal obstáculo para fusionar los sistemas?
Siento que es temor a cierto rechazo de una parte de la sociedad que ve al CSS como algo que no desean compartir, o el temor de otra parte de que esos recursos sean empleados de alguna forma para subsidiar al Estado más de lo que ya lo son.

¿Qué garantiza que ir en esta dirección es lo acertado?
Nosotros tenemos necesidades altas del sistema, es más alta que hace 20 o 30 años en cuanto a resultados y tenemos unos recursos muy limitados. No comprender la relación entre inversión y resultados es lo que tenemos. El Seguro invierte por una parte, el Ministerio de Salud (Minsa) por otra parte y no necesariamente de la forma más fructífera. Si tenemos los recursos de Suiza tal vez podemos pensar en algo así, pero no estamos ni cerca. Por lo tanto, optimizar los recursos no puede compaginarse con instalaciones dispersas, protocolos de atención distintos y por lo tanto resultados distintos. Por ejemplo, el presupuesto del Minsa de 2018 en medicamentos era $68 millones, el del CSS fue de $210. Si lo sumas, per cápita no da ni $80 por persona. En la Unión Europea el país que más invierte en medicamentos es España, ellos designan $280 euros por persona. Por eso es que ahí los medicamentos son más baratos, porque son subsidiados. Compran a un precio único. Entonces, el Estado panameño es incapaz de regular el mercado y compra al precio que las farmacéuticas quieren y no al precio que debería comparar.

En un sistema único, ¿cómo se compartirían los gastos para evitar que uno se aventaje del otro?
Por eso es que se necesita una transformación del marco jurídico para poder obligar al Estado y a los que no son asegurados a responder por sus necesidades sanitarias. Aquí tenemos un sistema donde solo el asalariado carga con el peso, es decir el empleado asalariado. Los independientes pueden ganar muchísimo dinero pero necesariamente contribuir al sistema. Por lo tanto, implicaría tener acceso universal al servicio, pero todos, no solo los asalariados. Pero todos deben de contribuir.

¿Cómo se compensa la ausencia de contribución de la población que no puede pagar el servicio?
Bien, tenemos una población en extrema pobreza que de ninguna forma puede contribuir al sistema, no tiene para sobrevivir. Así que el Estado, es decir todos, debe cubrir el aporte de esa población.

Más subsidios...
No, es solo del 10% de la población. Eso se calcula en base al aporte mínimo que un empleado asalariado invierte. Hay que invertir, porque con las cosas como están no se puede transformar el sistema. No avanzamos ni un paso si lo dejamos igual.

¿Hay alguna otra forma de universalizar el sistema que no requiera de un subsidio del Estado?
Es que hay que priorizar los subsidios.

Existe un subsidio estatal de al menos 1.3 billones anuales para este rubro. ¿Cuánto calcula usted que se requiere para este programa?
Como en $600 millones. El punto es si hemos priorizado los subsidios? Hay que tener la voluntad política. Nosotros no medimos en el día a día el impacto que tiene la enfermedad sobre el desarrollo económico de un país. No es pequeño. Hay un índice que explica cuánto es lo que tiene que poner cada panameño para cubrir el gasto sanitario del país. El gasto sanitario por persona es como de $1050 dólares por año. De eso, el Estado o las fuentes públicas representan el 65% solamente. El 27% es gasto de bolsillo, es decir la gente que compra sus medicamentos. La Organización Mundial de la Salud define que arriba de 20% está el riesgo de lo que llamamos enfermedades catastróficas, es decir, enfermedades que pueden quebrar una familia y la familia extendida. Si nuestro Estado no invierte más y aporta ese porcentaje para bajarlo a 15% o 10%. Hay que invertir más aunque la gente tenga miedo de decir se lo van a robar.

¿Por qué el precio de los medicamentos en Panamá es tan elevado?
Básicamente se debe a la especulación de los distribuidores. Al estar el precio de los medicamentos a la libre oferta y demanda, si usted encarece esta semana el medicamento, y la empresa tiene el registro de todas las tabletas que se venden y no baja la demanda, nada le impide seguir aumentando. Y se alimenta del hecho de la escasez crónica de productos farmacéuticos de calidad en la medicina pública.

Pero eso me suena a prácticas monopolísticas...
Están coludidos. Eso es que lo que pasa, el que tiene que comprarlo porque tiene una necesidad médica hace lo que sea para comprarlo. Recordemos que en Panamá como en la mayoría de los países del mundo occidental, el Estado es el principal comprador de medicamentos tanto en volumen como en costo. Pero el Estado no ha hecho nada en los últimos 20 años para frenar, al menos, el costo de los medicamentos.

¿Frenar en qué sentido?
En muchos lugares se hace un consenso con la industria para tener un precio regulado. Un precio fijo que garantice la supervivencia de la industria a beneficio económico pero que a la vez no destruya la economía de los que tienen que comprar los medicamentos, si el marco legal lo permite. Que ocurre, hacen una licitación por año, pero tres empresas se sienten afectadas. Interponen un recurso legal que está totalmente permitido pero no se caen los renglones donde ellos estaban participando, sino todos. Por este fenómeno se acaba de adjudicar una licitación que databa del 2015. Eso está en la Ley, es verdad, pero ¿cuándo se va a cambiar?

El presidente Laurentino Cortizo tiene la intención de hacer un cambio en la Ley de compras del Estado. ¿Qué tipo de modificación identifica en este sentido con respecto a los medicamentos?
Lo fundamental es que no puede haber un acto jurídico sobre productos o renglones que no están en discusión. Es decir, parece que se hace a propósito que se caigan todos los artículos cuando solo unos de ellos están en discusión, deberían dejar que el resto siga su curso. Pero el punto que quisiera dejar claro es que los medicamentos son una parte del todo. Si nosotros encausamos el sistema hacia uno más eficiente, porque hoy en día no solo es ahorro económico sino la eficiencia. En nuestros días el costo de un medicamento no solo está en su elaboración más la ganancia, sino que incluye el beneficio que se da a los usuarios potenciales, las enfermedades que voy a prevenir, la expectativa de vida que se mejora, todo eso se incluye para poder hacer un costo real de lo que el Estado debería de pagar por él.

¿Cómo hacemos para que en el sector privado los medicamentos bajen de precio?
Ahí lo que entraría sería un marco regulatorio.

¿Saltarán las farmacéuticas alegando que se interviene en la libre competencia y mercado?
¿Y por qué no saltan las de Alemania, Francia y España donde el Estado regula el precio?

¿Regular el precio que implica para el Estado, una compensanción a las farmacéuticas?
Dependiendo el sistema. La CSS que entrega medicamentos sin copago de ninguna clase, ahí el Estado los compra, pero si coloco un precio fijo del medicamento, tendría que aportar un copago.

La fórmula de una compra en masa para abaratar el costo, ¿es efectiva?
En teoría debe ser efectiva pero no ha sido así porque la Ley y la regulación impiden que se hagan en forma fluida.

El Estado no ha sido un buen administrador...
En un escenario ideal el Estado define los precios de su lista de medicamentos de los que considera esenciales y de uso indispensable. Eso tendría que ser parte de una reforma o transformación total del sistema que corresponde al Estado, puede ponerse el nombre que se quiera a esta entidad, pero será la encargada de comprar todos los medicamentos, inclusive para los sectores privados. Seria optimizar los fondos disponibles hoy más la manera de agregarle más porque me llama la atención creer que con el mismo presupuesto queramos resolver los problemas que hemos visto que por décadas no los podemos resolver. Le doy un dato relevante sobre el peso que tiene la salud sobre el Estado. En 1996 el gasto publico en salud representaba el 4.3% del ingreso del producto nacional bruto. En más de 20 años los gobiernos han seguido mirando al país de la misma forma. La economía creció el doble pero el gobierno se mantuvo en la misma línea que hoy en día. La variación es tan solo del 0.1% de aumento. Eso es todo lo que hemos visto de diferencia.

Una parte indispensable antes de hacer estas reformas o que se sumen a las mismas, es hacer una auditoría clínica de los resultados médicos, la eficiencia del trabajo de los galenos...
Probablemente uno de los talones de Aquiles más importantes en el plano operativo, el cotidiano. La medición del resultado, por ejemplo, lo poco o mucho que estoy invirtiendo, ¿está teniendo resultados? Las intervenciones médicas están teniendo un mínimo aceptable en los estándares internacionales de éxito o no, no lo sabemos. Nunca se ha hecho un diagnóstico específico y meticuloso de esto. Por al menos para poder verifica cuál es la sobre vida en los pacientes operados por cáncer de próstata, que quizás es uno de los más comunes, cuánto va a vivir después de eso. Eso no lo sabemos y por lo tanto no podemos saber cómo modificar las políticas si no sabemos el resultado.

¿Por qué no tenemos esos datos?
Puede haber alguna ala en la parte gremial o institucional que sienta que el auditarlo o el revisar sus resultados o su intervención pueda ser algún tipo de persecución. Para los médicos que estamos en el día a día sería una herramienta utilísima. Así es como se debe hacer pero no es tan fácil. En países desarrollados no existe la normativa legal que permita tener acceso a esas informaciones, no son públicas. El usuario final del sistema de salud podría conocer si en tal hospital está el tiempo de espera más corto, o esta el resultado más alto, o el tiempo de atención mejor. Eso debe ser parte de las modificaciones del sistema de salud.

¿Qué pasos deben seguir en la CSS?
Primero en aras de conocer el estado real, empezar un proceso masivo de auditorías de las intervenciones médicas: tiempo de espera para adquirir un procedimiento, o una cita, etc. en base a eso podemos agilizar realmente los contados recursos que tengamos. No podemos dispersar los recurso económico de lo que camina bien vs los otros que que están muy mal y no sabemos cuáles son. Ese es un punto. El otro es que la ejecución presupuestaria de la CSS es relativamente pobre. Para que tenga una idea, en insumos, medicamentos, e instrumentos quirúrgicos a 2018 no llegaba al 50%. Si hay una barrera legal hay que modificarla para ir al paso que la población exige el servicio. El seguro como principal proveedor sanitario debe incentivar más la formación médica. De esa parte se habla poco. En estándares internacionales aceptados se habla que el mínimo óptimo es 3 médicos por cada 10 mil personas. Panamá tiene la mitad. Hay que motivar a los jóvenes para que estudien y se especialicen. De los 6 mil médicos que hay, mil trabajan en el sector privado.

¿Cuál ha sido, a su criterio, el mejor ministro de salud de la era democrática?
Que pregunta tan difícil. Tendría que relativizar mucho. No porque hayan sido malos. Al ministro Miguel Mayo debo concederle la búsqueda de la información. Esos programas que son como encuestas para obtener datos sobre la realidad de la salud de la población, eso no lo ha hecho nadie. Todos esos datos están publicados por sección y se los debemos a Mayo.

¿A qué se debe esa falta de voluntad política, no es que todos quieren resolver el problema de salud?
Se debe en primer lugar al temor a un rechazo de parte de la sociedad panameña que ve al Seguro Social como algo que debe permanecer como está. Y segundo, no tenemos las fuentes de financiación adecuadas para afrontar el gasto de nuestra época. Por ejemplo, en Europa para no llevarnos a números tan detallados, el gasto por persona es cuatro veces más alto que el de aquí. Aunque las realidades económicas de los países no son comparables, es evidente que a nosotros nos faltan fuentes de financiamiento para actualizar el sistema a lo que se necesita. Esto no se soluciona fácilmente, claro está, pero se puede hacer sin impactar a la población. Aquí el pilar sobre el que se descansa la financiación del sistema de salud pública, son los asalariados. Estos pagan impuestos sobre capitales, sobre ingreso y por la cuota del Seguro. De ahí sale el principal fondo de financiamiento del sistema. Si en cambio, ampliamos la cuota a una cobertura universal y por ende a las necesidades que el Estado intervenga y las personas no asalariadas también intervengan, tendríamos otro financiamiento.

Falta confianza en el sistema...
Hay que ir a la parte política para hacer la transformación. Debe haber un consenso del Estado en términos generales. Aquí se hizo una mesa de diálogo convocada por el Gobierno que ya dio sus recomendaciones. ¿Quién ha leído esas recomendaciones? ¿Cuántas personas participaron en eso? Hace falta divulgar esos resultados. No es idílico, en muchos lugares ocurre un sistema universal. Probablemente no se pueda hacer de la noche a la mañana.

viernes, 12 de julio de 2019

Exdirectores de la CSS plantean que unificación debe definir roles concretos

El Gobierno ordenó la creación de una Comisión para unir el sistema de salud de la Caja de Seguro Social y el Minsa. Hace falta inyectar confianza en el sistema y planificar las asignaciones. La pregunta es ¿cómo se definirán los roles?

Unificar el sistema de salud de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) implica varias cosas: una inversión millonaria; inyectar confianza en el usuario; y entre otras, planificar los roles de cada entidad.

El gobierno de Laurentino Cortizo inició los pasos para una integración del sistema sanitario que desde hace décadas se planifica pero que ha dado muy pocos resultados.

El primer paso se publicó el 9 de julio en uno de los primeros Decretos Ejecutivos que firmó Cortizo, el 290, del 9 de julio de 2019.

El documento busca iniciar un proceso de coordinación funcional, gradual y por etapas, con evaluación de su cumplimiento a nivel nacional para garantizar el acceso a los servicios integrales de salud.

Para ello, el mandatario tomó como referencia los Lineamientos Propuestos para la Mejora y Fortalecimiento del Sistema de Salud, y las propuestas que se obtuvieron en la Mesa de Concertación Nacional para la transformación del sistema.

Finalmente, el Decreto propone un sistema de monitoreo del proceso y de evaluación.

El proceso será lento, afirma la exdirectora de la CSS Marianela Morales. “Decir que vamos hacia un sistema integrado requiere por definir el mismo sistema. Si hablamos de prevención siempre ha sido el Minsa, por ejemplo”, explica la doctora Morales.

Otro dato que no puede pasar por alto el Gobierno es de devolver al usuario la confianza del sistema. Este es un elemento sumamente importante para el exdirector de la CSS Juan Jované. Lo dice a raíz de que la unificación puede causar temor al asegurado de que el sistema puede deteriorarse aún más por la limitada capacidad que tiene tomando en cuenta que atenderá a los no asegurados también.

Aunado a esto, resalta Jované que “si se llega a un sistema con un solo proveedor de salud, ¿quién lo proveera? ¿Cómo se definirán los roles y quién evaluará el sistema?, no puede ser el mismo que imparte y que planifica porque sería juez y parte”, cuestiona el exdirector.

“El Minsa no puede ser juez y parte, si va a planificar y ejecutar, no puede evaluar, es bueno diferenciar al juzgador”, recomendó Jované.

Con respecto a la compensación de fondos que debe aportar el Estado a la CSS, la exdirectora Morales no recuerda aún, en la historia de la salud de Panamá, una factura que se haya aceptado.

“Después de la Ley 51 han pasado más de 10 años y no se ha aclarado el sistema de compensación. El Estado le da a la CSS $25 millones anuales que se supone que son para la atención de los no asegurados. Un programa que era por tres años y después se modificó”, acotó Morales.

La unificación del sistema implica que el Estado invierta al menos $600 millones anuales, según el cálculo que efectúa a grandes rasgos el médico Kevin Vanegas, oftalmólogo que ha seguido de cerca los resultados de la Mesa de Concertación Nacional.

El doctor pone el dedo en la yaga cuando apunta a que actualmente se invierte en el sistema casi lo mismo que se destinaba hace 20 años. “Tomando en cuenta que las necesidades se han multiplicado, el sistema de salud no se ha alineado a la realidad que vive el país y su población”, exclamó Vanegas.

RECOMENDACIONES
El Libro Blanco que se publicó como resultado del trabajo de 15 grupos del sector salud en la Mesa de Concertación Nacional efectuó algunas recomendaciones. Entre ellas hacer un mapeo de la legislación del sistema que permita ordenar las normas que se han fraccionado en el tiempo y competencia de la rectoría sanitaria.

De igual forma propone crear una Ley para organizar al Ministerio de Salud que contenga normas que definan las integraciones y coordinaciones con todos los ectores.

Pide también valorar si con la cantidad de migración extranjera actual se deben crear legislaciones que contengan condiciones especiales para atención de la población migrante o definir los límites que se deben brindar a los extranjeros.

Aconseja también revisar cada normativa existente por grupo ocupacional y crear la Carrera de las Ciencias de la Salud.

En el documento se resalta la falta de planificación en casi todos los renglones.

EL SISTEMA DE SALUD YA CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO: LIBRO BLANCO
De acuerdo al “Libro Blanco” como se le conoce al documento que se emitió de la Mesa de Concertación Nacional para la transformación del Sistema de Salud, la población asegurada para el año 2014, era de 2,877,829 y un año más tarde de 2,951,344, lo que representa el 74.2% del total del país. Mientras que lo no asegurados se agrupan en un 25.8%.

Este documento logró definir más de 500 nudos críticos en el sistema, de los cuales se priorizaron 275, con 108 recomendaciones.

Los asegurados, según la Ley 51 que rige la Caja de Seguro Social, son aquellos afiliados conforme a los requisitos en la Ley, ya sea obligatorio o voluntario que cotizan y los dependientes. El documento indica que la población del país es de 4.1 millones de personas.

Entre los nudos críticos que identificaron 15 grupos del sector salud se enumera un sistema de información desarticulado, descoordinado a todos los niveles por insuficientes controles de datos en las instituciones.

La ausencia de datos es uno de los elementos más importantes al momento de compilar los datos de los usuarios, ya que es una herramienta que permite identificar las falencias del sistema. Este es uno de los primeros diagnósticos que debe atender el sistema.