jueves, 23 de mayo de 2019

‘Panamá extiende los brazos y construye puentes para llegar a entendimientos en la región’

Laurentino Cortizo implementará varias acciones tan pronto tome posesión que estarán dirigidas a fortalecer la inversión privada, la transparencia, y en rescatar el nombre de Panamá en el exterior 

El presidente electo Laurentino ‘Nito’ Cortizo quiere retomar el rol de Panamá como articulador, componedor y puente en la región. 

En este aspecto podría inspira en el concepto del Grupo de Contadora y su papel como mediador en Centroamérica en los años 80s cuando Centroamérica vivía uno de los peores enfrentamientos políticos y militares.

“A mi me gustaría llegar como Presidente y regresar a lo que Panamá siempre ha sido, donde nosotros podamos ser útiles a los hermanos de la región. Panamá extiende los brazos y construye puentes para llegar a entendimientos pacíficos. El concepto de Contadora, fue un grupo componedor para buscar la paz en Centroamérica, podría ser inspiración para el caso de Venezuela, que es un gran país”, pronunció el presidente electo  ayer durante una visita al Consejo Editorial del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá, acompañado de Ricardo Lavieri, jefe del equipo de comunicación. 

Cortizo recordó que es el gobierno saliente el que se encarga de organizar la toma de posesión y que en horas de la noche no habrá fiesta ni fuegos artificiales. “El tema de las finanzas públicas no esta muy buena, así que no es momento de hacer fiestas”, indicó. 

En el renglón de las finanzas públicas, el presidente electo mostró su preocupación por el pago de las planillas y recordó como en 2004, bajo la instalación del gobierno de Martín Torrijos, el gobierno tuvo que recurrir a un banco privado para hacer frente al pago de las planillas. 

Nito mencionó que el gobierno adeuda a proveedores entre $600 millones a $700 millones, hecho que trabaja el nuevo ministro Héctor Alexander para encontrar la forma de honrar estos compromisos.  Uno de los planes que Cortizo tiene en agenda es el programa “manos a la obra” que pretende rehabilitar caminos, puentes y carreteras a lo largo del país, contratando empresas panameñas para incentivar la economía en cada provincia.

Entre las primeras acciones que tomará mencionó dos decretos de Gabinete, uno sobre turismo y el otro relacionado al tema agropecuario.  Hilado a esto último, avanzó que el primer Consejo de Gabinete que celebrará será en el Instituto Nacional de Agricultura, ubicado en la provincia de Veraguas. 

El primer día que ingrese al Palacio de las Garzas dará gracias a Dios y tendrá muy  presente el recuerdo de su madre quien  falleció en febrero pasado.  Ese día también impulsará una serie de proyectos de ley  que pretende enviar a la Asamblea Nacional lo antes posible. 

La primera tiene que ver con la Ley de Contrataciones Públicas. La equidad en este campo, planteó, es indispensable para atraer nuevos inversionistas al país y generar empleos, oportunidades para la población.

También tiene presente una Ley de Asociación Público Privada, que denominará por sus iniciales, Ley APP. 

En cuanto a las reformas Constitucionales manifestó que el documento que emana de la Mesa de Concertación Nacional es el más completo y consensuado que existe hasta el momento. Sin embargo, añadió que al momento de convocar al referendum, el ciudadano tendrá la opción de votar a favor o en contra de temas puntuales.

Un tema intocable para Nito es el capítulo del Canal. A propósito de esto, confesó que en la reciente reunión de transición  que efectuó al C5, en las escalinatas el presidente saliente Juan Carlos Varela le reveló que haría dos nuevos nombramientos como integrantes de la Junta Directiva de la vía interoceánica. “Pero no hubo  acuerdo en lo absoluto”, exclamó.  

A pocos días de tomar las riendas del país, Cortizo tiene una clara misión: rescatar el nombre de Panamá en el exterior. Para eso, nombrará una comisión integrada por técnicos, sector privado y gobierno para que salgan al extranjero y se sienten a hablar con las personas indicadas para esta tarea.

Cortizo ubica dos temas transversales: el agua y los medicamentos.  Tópicos que requieren un análisis detenido, aunque ya hay avances para la creación de un centro nacional de compras de medicamentos e insumos que funcione de forma transparente para evitar las constantes impugnaciones en las contrataciones que a la postre provocan desabastecimiento y el alza en los precios de las medicinas. 

A propósito de la agilización de trámites gubernamentales, el gobierno entrante ve en Estonia un ejemplo a seguir. Tan es así, que en los próximos días un grupo de panameños que formarán parte del gobierno visitarán este país para conocer con detalle el funcionamiento. 

Nito, como le gusta que le llamen, tiene tres frases que reitera en cada escenario donde le invitan a hablar: no robar, no mentir y no engañar. Las palabras forman parte del Código de Honor del Cadete, que ha adoptado como filosofía propia y del gobierno que está apunto de liderar.  

miércoles, 22 de mayo de 2019

Culmina comparecencia del segundo testigo de la Fiscalía

La directora de informática del CS describió el equipo empleado por tres funcionarios que trabajaban en el departamento de inteligencia del CS y los proveedores de Internet

El relato del segundo testigo de la fiscalía en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli, licenciada (se omite el nombre por reserva) González, directora de informática del Consejo de Seguridad (CS) en 2014, se centró en describir las herramientas que empleó esta entidad en los años 2012-2014 que supuestamente sirvieron para hacer los pinchazos telefónicos.

González narró con memoria fresca que el CS mantenía dos contratos de Internet de 4 megas cada uno, que servían a 200 funcionarios, pero también que también se había contratado otro a la empresa Liberty Technologies con capacidad de 15 megas -del cual ella no estaba enterada- que utilizaban de tres funcionarios: Rony Rodríguez (entonces director de inteligencia y subdirector del CS), William Pittí (subdirector de inteligencia) e Ismael Pittí.

Supuestamente estos funcionarios trabajaban en el departamento de inteligencia, pero en la teoría del caso que presenta la Fiscalía, eran las personas que pinchaban y hacían seguimientos a las víctimas por orden del exmandatario.

Reveló que este último contrato no era entre el proveedor de Internet y el Consejo de Seguridad, sino a nombre de una empresa fachada del CS, Global Research, que creó la entidad, de la cual ella no había sido notificada a pesar de ser la directora de informática de la entidad la que contrata estos servicios.

Actualmente el CS tiene contratados, con diversas compañías, casi un total de 300 megas para uso de 300 funcionarios que conforman la planilla de esta institución, tal como lo explicó González.

Sobre el contrato de 15 megas que proveía de Internet a los tres funcionarios, la defensa del exgobernante dejó establecido en el contra interrogatorio, que tanto la empresa fachada como el contrato, podrían deberse a operaciones secretas que hacía la entidad y de las cuales, debido a la compartimentación de la información, ella no tenía por qué enterarse.

Para el abogado de la defensa, Alfredo Vallarino, lo que dijo la testigo, que ayer culminó su comparecencia, "no ha sido nada fuera de lo normal". Defendió el hecho de que cualquier empresa puede contratar el servicio de Internet y que la creación de una cuenta de correo gmail, como se hace referencia al correo electrónico de donde se extrajo la información de los pinchazos y seguimientos de las víctimas, puede ser creado desde cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, y no necesariamente dentro del CS.

González relató que en una tubería halló un cable de fibra óptica que iba del edificio 88 a la parte superior del edificio 150 del CS, capaz de transmitir datos a alta velocidad y que el mismo fue instalado por la empresa proveedora Advanced Sistems, del cual ella tampoco tenía conocimiento.

Ante esto, la defensa preguntó a la testigo si sabía de que otras agencias de inteligencia extranjeras que habían utilizado la infraestructura para sus operaciones, a lo que ella respondió en forma negativa.

Luego habló de los equipos con los que se apoyaban estos funcionarios. Recordó que habían tres computadoras, pero después de un año de uso William Pittí regresó una de marca Toshiba porque "estaba muy lenta". Otra de ellas fue robada y una tercera estaba en uso de Rony Rodríguez. De estas dos computadoras, González comentó que a una le hacía falta el disco duro del cual nunca obtuvo respuesta por parte de Rodríguez a pesar de los intentos en conocer de su paradero. Una vez que estos equipos quedaron en manos de la fiscalía, cuando se efectuó la investigación, ella no volvió a saber de ellos.

González rememoró que los tres funcionarios antes mencionados se mudaron de la planta alta del edificio 150 a la VIlla 22, pero después ya no los vio más. William Pittí laboró en el CS hasta septiembre de 2014. Por un boletín se enteró que Ismael Pittí se acogió a vacaciones el mismo año y después fue trasladado a la Policía, posteriormente no supo más de él. En lo que respecta a Rony Rodríguez, la testigo dijo que la última vez que lo vio fue en marzo 2014 cuando se acogió a vacaciones y luego un par de veces en los pasillos del CS. De Rodríguez y de William Pittí se desconoce el paradero.

El nombre de Kenia Porcell, entonces asesora y subdirectora del CS y actual procuradora General de la Nación, se escuchó durante el juicio cuando González indicó que le había entregado dos informes dirigidos al director, pero en su ausencia se los dio a Porcell. Enseguida relató que participó en una reunión con varios miembros del CS, antes del 14 de agosto de 2014, en la que fue informada acerca de la investigación sobre escuchas que involucraba a los tres exdirectores del CS y al expresidente Ricardo Martinelli.

Ante esto, cuando tocó el turno a la defensa para el contra interrogatorio, el abogado Alfredo Vallarino remarcó la fecha, pues Martinelli aún ostentaba el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano, y supuestamente la investigación contra su cliente debió realizarse por la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal decretó un receso hasta el viernes, con la venia de la defensa y la Fiscalía, para que ésta última prepare los siguientes interrogatorios y para dar tiempo a varios integrantes de las partes a recuperarse de resfriados.

lunes, 20 de mayo de 2019

Segundo testigo comparece en juicio contra Martinelli

El informático Luis Rivera Calles culmina su comparecencia como testigo en el juicio de Martinelli por pinchazos. Toca el turno a un nuevo testigo

Luis Rivera Calles, testigo de la Fiscalía en el juicio oral contra el expresidente Ricardo Martinelli, tiene un peso menos sobre sus espaldas. Su comparecencia ha culminado, aunque podría volver a ser llamado por la defensa, que también lo ha incluido en su lista de testigos.

Hoy la Fiscalía iniciará un nuevo interrogatorio. No ha adelantado de quién se trata, por estrategia. Pudiera tratarse de Gustavo Adolfo Scott, analista de la Dirección de Investigación Judicial quien dará el testimonio del testigo que aparece con voz e imagen distorcionada en un DVD marca Maxell y que transcribió el contenido.

Existe la posibilidad de que Betzaida Quintero, administrativa en el Consejo de Seguridad sea la llamada por la Fiscalía. Ella tiene conocimiento que por órdenes del ex presidente Martinelli se retiraron las llaves magnéticas del edificio 150, excepto a Didier, Guillermo y Brad, que corresponden a los exfuncionarios del Consejo de Seguridad (CS), Ronny Rodríguez, William Pittí e Ismael Pittí.

Rivera Calles estuvo sentado mirando al Tribunal de Juicio por cinco semanas. Tiempo que ha transcurrido, como afirma el fiscal Aurelio Vásquez, el primer capítulo de la novela y aún falta lo mejor: la comparecencia de “cualquier cantidad de testigos y víctimas que darán sus testimonios poco a poco, y podrán armar la novela completa”, como dijo el fiscal al finalizar la audiencia de ayer.

A pesar de los contratiempos que experimentaron durante el desarrollo de esta primera parte: sellos violentados de los dispositivos; ataques de la defensa sobre la ausencia de mismidad en las pruebas; preservación de la evidencia; denuncias por seguimiento y pinchazo del teléfono de Rivera Calles y de su esposa, la Fiscalía evalúa que lo importante es que el testigo no pudo negar que reconoció todo cuanto hizo las inspecciones, reconoció los audios, memes en contra de personajes políticos incluyendo el gobierno que viene entrando, reconoció los correos electrónicos y realizó un trabajo que fue reconocido bajo la gravedad del juramento.

Vásquez adelanta que el autor de todas las intervenciones está sentado en calidad de acusado, pues esas intervenciones que reconocen las víctimas alguien las ordenó. Nuevamente apuesta a que cuando desfilen los testigos y compaginen el material que volcó Rivera Calles con sus correos, voces, o mensajes de teléfono, podrán explicar quién tendría interés en realizar esta acción.

Pero la defensa hace su trabajo para atacar las deficiencias de la Fiscalía. Sidney Sittón confía en que el juzgador tome en cuenta lo señalado por el testigo. Entre otras cosas que la Fiscalía nunca le pidió analizar lo que se acostumbra en este tipo de casos, como los metadatos, código fuente, los locks, solo a través de esos ejercicios se hubiera podido determinar la integridad y la mismidad de la prueba que se está trayendo a juicio. “Sino se hace este tipo de análisis forenses, el perito no puede afirmar que ninguno de los datos o ficheros analizados en juicio son originales”.

Añadió que como no se hizo esa experticia, el testigo no se puede hacer responsable de lo que está ahí y mucho menos de los dispositivos que tenían el sello roto.

“Eso implica para el proceso que un juez no puede fallar o decidir en contra de una persona en la que el ministerio le hizo la preservación y el procesamiento de la evidencia digital en forma correcta”, insistió Sittón.

CÓDIGO PENAL: MARTINELLI PODRÍA RECUPERAR LA LIBERTAD EN JUNIO
Las paredes de la habitación de El Renacer donde Ricardo Martinelli permanece detenido preventivamente acusado por pinchazos, tal vez no tengan las típicas rallas con tiza que cuentan los días para salir libre. Pero sí se encarga de vociferarlo en las redes sociales. El 12 de junio Martinelli cumple un año detenido en Panamá desde que fue extraditado de Estados Unidos en 2018. Y es que la norma establece un límite para la detención provisional al cumplir un año. Luego de este límite general, establece excepciones que se refieren a los casos complejos y de supuestos en los que deja una posibilidad de debatir el término que supere este límite.

La naturaleza compleja requiere de una resolución judicial, papel que en el caso de Martinelli no existe.

Lo que significa que en pocos días la defensa podrá solicitar una audiencia de afectación de derechos a un juez de control para evaluar esta situación.

El abogado penalista Juan Carlos Araúz explica el procedimiento: “Debe haber una audiencia y en ella se debe fijar que Martinelli no puede permanecer ni un minuto más detenido después de que se cumpla un año. Los abogados deben solicitarla con antelación para que de ser posible, coincida con los días cercanos al cumplimiento del año para que cuando se cumpla la fecha le den libertad”.

Es decir, que Martinelli podría salir caminando de esta audiencia a menos que la Fiscalía tenga una estrategia paralela. “Ante esta realidad de la norma, tendría que plantear los supuestos por los cuales en el caso de Martinelli aplicarían las excepciones que la norma indica que pudiera superar el término de un año. El debate debe ser argumentativo”, asevera Araúz.

domingo, 19 de mayo de 2019

Las infidencias de una investigación

El trabajo fue elegido como la mejor investigación nacional por un jurado integrado por laureados periodistas Iberoamericanos. Dejó al descubierto el entramado entre el CSN, la Presidencia y la PGN para armar querellas puntuales

El Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, está próximo a revelar los resultados sobre las sumarias de investigación que efectuó acerca de la participación del bufete del abogado Rogelio Saltarín -abogado personal del presidente Juan Carlos Varela- con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Consejo de Seguridad (CSN).

Esta pesquisa se originó a raíz de una demanda penal producto de la publicación seriada que hice en La Estrella de Panamá, del 1 al 4 de octubre de 2018, titulada: "La mano paralela de la justicia".

La pesquisa revelaba una desviación sin precedentes del Consejo de Seguridad, convertido en un instrumento de persecución política y alquimista de casos judiciales puntuales.

Un plan estructurado como si fuera un rompecabezas. En el escrito describía que a los actores centrales que interactuaron entre sí desconociendo las fronteras entre el Consejo de Seguridad Nacional y la PGN. "El CSN terminó manejando los expedientes de supuestos casos de corrupción.

“Las piezas principales de este plan son Rolando López, actual secretario ejecutivo del CSN y Rogelio Saltarín, abogado penalista y asesor externo en materia penal de la Presidencia de la República durante los primeros 18 meses del gobierno de Juan Carlos Varela, que utilizaron el brazo de Kenia Porcell en la jefatura de la Procuraduría General de la Nación", se lee en mi escrito.

Uno de los puntos más delicados, fue la denuncia de esta estructura que contaba 'con un grupo de juristas aliados que conformaban un club de amigos a quienes se les denominó La Taquilla. Ese clan, que nunca tuvo rostro ni identidad definida, se especializó en obtener la libertad de encausados', según denunciaron fuentes judiciales. Eran capaces de ablandar medidas cautelares de los procesados, donde primaba el interés del que pagaba y del que recibía esos favores, menoscabando el interés de la justicia.

REVISA EL BORRADOR
Por meses he consultado al procurador González sobre la conclusión de su investigación. El contacto inició a principios de diciembre de 2018, y las respuestas se hicieron acompañar de su estilo caballeroso y amable: estamos realizando práctica de pruebas para verificar la denuncia; realizamos transcripciones a las diligencias. En enero pasado indicó que efectuaba una solicitud adicional a la PGN para el posterior análisis de la información y determinar si se está o no ante un hecho punible, tarea a la que se encomendó en febrero.

En mayo 2019 manifestó que elaboraba una resolución que esperaba tener lista en una semana. Ese mes, por segunda vez, dijo que revisaba el borrador para hacer las últimas correcciones.

Para el trabajo de investigación entrevisté a docenas de abogados penalistas, exdirectores del CSN, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, exprocuradores de la PGN, recogí la voz de los procesados en las investigaciones iniciadas por Saltarín, ministros y viceministros, fuentes judiciales. Muchas de los consultados, temerosos ante la consecuencia de sus palabras, solicitaron omitir su nombre, y así lo respeté.

Obtuve documentación, luego de gestionar varias peticiones al Ministerio de la Presidencia para conseguir el informe de gestión de Saltarín en base a la Ley de transparencia en la gestión pública que finalmente me entregaron a finales de julio 2018, y examiné docenas de expedientes para hacer un análisis comparativo, entre las sumarias de las fiscalías encargadas de los procesos que se originaron bajo la asesoría de Saltarín, y los fallos emitidos por los juzgados.

LA GÉNESIS
Todo empezó a finales de abril de 2018, cuando publiqué un informe que revelaba a beneficiarios de pagos directos e indirectos que efectuó la constructora brasileña Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, y que vinculó a varias sociedades panameñas. Un documento que provenía del CSN y que distintas fuentes corroboraron su autenticidad.

Un día después de la publicación, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado calificando la noticia de errada y negó su autoría. Sostenía que este tipo de pesquisas corresponden al Ministerio Público y no al CSN.

Curiosamente, el debate sobre la autoría del documento superó el contenido de la información sensitiva que establecía vínculos entre la constructora y sociedades anónimas que antes no habían sido publicadas.

Reproduje la versión del Consejo de Seguridad en forma íntegra. Sin embargo al parecer el derecho a réplica no había sido suficiente.

Al día siguiente, en horas de la noche, recibí una llamada del enlace del Consejo de Seguridad para citarme a una reunión con dos altos funcionarios del Consejo. No había motivo para tal cita, pues ya había sido publicado el manifiesto del CSN. Sin embargo, ante la insistencia del enlace, accedí.

Reproduje la versión del Consejo de Seguridad en forma íntegra. Sin embargo al parecer el derecho a réplica no había sido suficiente.

Al día siguiente, en horas de la noche, recibí una llamada del enlace del Consejo de Seguridad para citarme a una reunión con dos altos funcionarios del Consejo. No había motivo para tal cita, pues ya había sido publicado el manifiesto del CSN. Sin embargo, ante la insistencia del enlace, accedí a asistir.

La intención de los altos funcionarios se centraba en conocer quién me entregó el informe antes mencionado - respuesta que nunca obtuvieron-, insistían en que la fuente buscaba hacer daño a la entidad.

La reunión duró casi 2 horas, pero antes de que concluyera la conversación que se pactó 'off the record, recordé que en mi bolso cargaba un poder del entonces director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola a un abogado del Consejo de Seguridad de nombre David Hidalgo Padilla, en el proceso conocido como compras de arroz. En dicho documento aparecía la dirección y el teléfono del CSN para ubicar al apoderado del PAN.

Le mostré el papel al interlocutor de más alto rango y éste lo leyó detenidamente. Ante mi insistencia sobre una explicación al respecto, el funcionario admitió que el abogado trabajaba para la institución, pero fue incapaz de justificar la razón por la que se habilitó al jurista para interponer la denuncia. En cambio, me refirió a 'su jefe, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, para que explicara el asunto.

Alemán aceptó la entrevista de forma inmediata, pero negó todo vínculo con el CSN. Se mostró molestó por las preguntas incisivas que buscaban conocer el alcance de la relación entre Saltarín, el CSN y la Procuraduría.

Alemán describió la labor de Saltarín en la Presidencia como una figura coordinadora del cúmulo de denuncias que surgieron en las entidades durante la pasada administración gubernamental que ameritarían presentar querellas.

Sostuvo que el licenciado Hidalgo pertenece al Ministerio de la Presidencia, que antes laboraba en el Consejo de Seguridad y que 'de repente lo llamaron para hacer ese trabajo como asesor penal en la Presidencia'. Posteriormente, Hidalgo fue trasladado como director de la Dirección General de Ingresos.

Acudí personalmente al despacho de Hidalgo para conocer su versión sobre su función como querellante del PAN. Su secretaria me dijo que se encontraba de vacaciones. Sugirió que enviara un cuestionario por correo electrónico y así lo hice. Pero a pesar de las múltiples llamadas jamás respondió las inquietudes sobre su actuación.

Una de las primeras personas que contacté fue a Rogelio Saltarín. A fin de mayo le escribí a su celular para una entrevista, a lo que respondió que sufría de quebrantos de salud. En un momento mostró interés de hablar, pero después fue internado en un hospital en el extranjero. El abogado falleció en diciembre de 2018, poco después de regresar a Panamá.

La publicación tomó por sorpresa al CSN. El gobierno de Varela mantuvo silencio hasta pasados 10 días de la fecha de la publicación. Se emitió un comunicado con el sello del Gobierno Nacional, sin firma, en el que se justificaba la contratación de bufetes de abogados para asesorías diversas.

Paralelamente a la publicación de los reportajes, se produjo un extraño silencio de los medios de comunicación nacionales. Escasos hicieron eco de la información.

A juzgar por las palabras de Juan Carlos Tapia, conductor del programa 'Lo Mejor del Boxeo', quien comentó las publicaciones bajo advertencia de que cerrarían el espacio televisivo, la reserva colectiva respondía a claras amenazas de censura que evidenciaron una violación al derecho de expresión e información que la administración Varela se jacta en defender.

La procuradora Kenia Porcell nunca quiso hablar para esta investigación a pesar de mis múltiples insistencias, correos electrónicos y repetidas peticiones al enlace de prensa de la entidad. Lo que sí hizo fue calificar la investigación como un 'sofrito' o 'refrito', ante algunos periodistas que se atrevieron a preguntarle del tema a su salida de la Fiscalía Auxiliar. Desde mediados de octubre 2018, Porcell no ha dado la cara públicamente.

Una serie de hechos posteriores a la publicación me motivaron a sospechar que mi teléfono estaba siendo intervenido y que me seguían sin justificación judicial. Curiosamente, la noche del 17 de octubre, luego de que corrió como pólvora una noticia falsa en las redes y celulares, que contaba que había salido 'librada de un supuesto intento de secuestro en el que resulté herida con un objeto contundente', recibí la llamada de los dos altos funcionarios del Consejo de Seguridad con los que me había reunido anteriormente, para decirme que ellos no habían sido los autores del 'fake news' y que velaban por mi seguridad. 'Tenga por seguro que usted estará muy bien cuidada', escuché al otro lado del auricular.

Estoy sentado en primera fila para ver qué va a pasa cuando las reformas Constitucionales lleguen a la Asamblea Nacional

Ricardo Lomabana, excandidato presidencial, no se opone a los cambios en la Constitución a través de dos Asambleas, aunque está muy pendiente de lo que va a pasar con ese proyecto cuando llegue a la Asamblea

Capitalizar los 367 mil votos obtenidos en la pasada elección es un verdadero reto para el beneficiado, sobre todo, cuando crear un partido político es una de sus últimas opciones. Los denominados líderes antisistemas o que desafían el modelo político que ha regido por más de cien años, tienen dos opciones: continuar en la misma línea retadora a la estructura política dominante, o ser parte de la misma y una vez en el poder abrir el campo para la participación de movimientos. Ricardo Lombana, el excandidato presidencial del movimiento ‘Otro camino Panamá’, deberá analizar y decidir junto a sus seguidores qué camino de los anteriores está dispuesto a asumir.

¿Usted pensaba que iba a ganar las elecciones?
No, nunca hubo triunfalismo, no hubo ningún momento en que nosotros sentíamos seguridad de ganar. Evidentemente en las últimas semanas empezaron a salir simulacros efectuados en empresas y una parte importante se peleaba el primer puesto, pensamos que tendríamos la alternativa de dar la sorpresa. Pero tuvieron que ocurrir muchos votos silenciosos. Era como una apuesta para saber qué porcentaje de los votos serían de esta naturaleza pero siempre con los pies en la tierra.

¿Qué sintió cuando vio los resultados, se esperaba un tercer lugar o esperaba un segundo?
Nunca hubo un plan B con respecto a opciones electorales. Nosotros apostamos por el triunfo y creo que eso quedó claro en la ciudadanía. Desde el día uno que empezamos a recoger firmas fue con l idea de crear un movimiento ciudadano político nuevo. Se logró la candidatura y el movimiento nuevo, y una vez estábamos posicionados con esto nosotros apostamos a ganar. Metimos todo el esfuerzo, no se apostó a segundo o tercer lugar. No fue posible, pero al hacer el análisis post electoral es mucho lo que se ganó con el movimiento a nivel de fortalecimiento de la democracia e inédito. Porque es la primera vez que una candidatura independiente logra 370 mil votos.

¿Qué cambiaría de lo que hizo en esta ocasión tomando en cuenta sus intenciones de postularse nuevamente en el 2024?
Sí tengo intenciones de postularme. La decisión que hicimos no fue una para el 2019, es una de vida. Cuando tomamos la decisión consideramos que había espacio para nuevos actores políticos y se empezó un movimiento con pocas personas que hoy está posicionado como una alternativa y no hay ninguna razón para detener el movimiento en este momento. Todo lo contrario, vamos a hacer un balance de lo que salió bien, mal, en qué se acertó, en qué nos equivocamos y luego fortalecer el movimiento y su estructura y todo lo que tenemos que hacer desde ya para tener una vida políticamente activa a través del gran número de líderes que se han creado en este momento.

¿Qué cambiaría para el 2024?
Eso lo tenemos que decidir en los próximos meses.

¿Creará un partido político?
Nosotros queremos que en Panamá se reconozca a los movimientos como vehículos de participación política como se reconocen en otros países y democracias mas sólidas. Nuestro primer envión será participar en las reformas electorales que se instalan en enero y lo primero que vamos a tratar es que se equipare la cantidad de votos. El 52% de los panameños no estamos inscritos en ningún partido pero somos minoría en donde se deciden las reglas del juego. Esa inequidad hay que cambiarla y vamos a proponer igualdad del voto de la ciudadanía con la de los partidos. Luego de ese cambio vamos a solicitar que se reconozcan los movimientos ciudadanos como vehículos de participación política y si esto no resulta poder articular los liderazgos nuevos en función del 2014.

¿Esos movimientos qué diferencia tienen de los partidos políticos?
El que corre independiente tiene que tener la oportunidad de aliarse a una oferta electoral para distintos cargos y poder unificar colores y listas. Nosotros teníamos candidatos de diferentes colores y números y el Tribunal Electoral hizo cero docencia de esto. Lo del movimiento tiene que haber igualdad de derechos frente a la Ley. Por qué si yo quiero formar una organización con participación política que sea regional no es posible? Nos exigen tener presencia en las Comarcas. Qué me prohíbe postular candidatos? Aquí solamente si formas un partido político que tiene una cantidad de personas que recibe un subsidio millonario pueden hacerlo. Si el movimiento cultural, por ejemplo, tienen la oportunidad de hacer un movimiento político y postular dos o tres personas a la Asamblea Nacional, tiene que hacer un partido político para sacarlos adelante? Mi idea es proponer en la Comisión de Reformas Electorales en conjunto con nuestro movimiento, que se reconozcan los movimientos ciudadanos como movimientos políticos. Esa es la primera carta, pero hay otras. Estoy de acuerdo en que las estructuras partidistas o movimientos sean financiados por el Estado pero no con los montos en que se financia al política, deben ser más austeros.

Una de las principales motivaciones del elector era a una mejoría económica en el país. ¿Usted considera que si hubiera elegido como vicepresidente a un empresario, el resultado hubiera sido distinto?
Siempre hacia adelante se pueden hacer análisis. Es válido el análisis, habría que revisar en términos numéricos los candidatos que apostaron por transformar el sistema y conocer qué es lo que pasó. Ahora bien, está servida la mesa. Yo no quise modificar el argumento central. LA nómina estaba compuesta de dos personas que proponían reformas estructurales, y por eso estaba Guillermo Márquez para liderar el movimiento de reformas constitucionales por su experiencia previa y de manera exitosa. Propusimos al país que no podía haber un crecimiento económico sostenible sin modificar las reglas. Reactivar la economía no es tan fácil como aquellas propuestas que prometían poner dinero en el bolsillo de la gente, o poner dinero en la calle. Nosotros queremos que le vaya bien al próximo gobierno y vamos a ver cómo van a manejar la economía con las reformas estructurales que el país requiere.

¿Aceptaría trabajar con el presidente electo Laurentino Cortizo si le ofrece un cargo en el nuevo gobierno?
Ya he dicho que eso no está en los planes. Tengo un rol que cumplir en la oposición. Recibí un mandato de 367 mil personas y que estoy obligado a seguir jugando su rol ciudadano anticorrupción, antidespilfarro, pro medidas anti botellas, manejo del gasto público además de otras cosas. Además yo necesito volver a mi despacho de abogados para fortalecer mi trabajo profesional que a pesar de estar trabajando lo descuidé un poco. Es importante que se sepa que no es que no quiera contribuir con el país, es solo ser consecuente con las decisiones políticas que nos hemos planteado. Si en el camino se plantea resolver los grandes problemas del país, ahí estará Ricardo Lombana y su movimiento para contribuir a resolverlos. Estará para fiscalizar y señalar si se desvía el rumbo.

Estamos prontos a someter las reformas constitucionales, ¿cómo contribuiría usted en este proceso?
En primer lugar ya saben que nosotros apoyamos el método de la constituyente. Pero si el gobierno entrante va a presentar un paquete, nos gustaría conocer para agregar o dar nuestras contribuciones al respecto. Si hay artículos que faltan de lo que nosotros consideramos tendrían que tener, nosotros lo propondremos. Hemos visto que se ha hecho un llamado a la Concertación Nacional en el cual hay participación de los partidos políticos pero sería bueno también permitir la participación de los independientes.

¿Aunque se apruebe con dos Asambleas y no bajo el método que ustedes proponen?
A mi me parece intransigente no apoyar las reformas porque no es por ese método. Pero también me preocupa, y estoy sentado en la primera fila para saber qué va a pasar, es qué va a pasar con ese proyecto cuando llegue a la Asamblea, donde van a tener que votar por él, o modificarlo y por ende negociar con diputados que deberían estar en la cárcel. Eso me preocupa. Si eso desemboca en una tergiversación de lo que se propuso, ahí se cae todo. Nosotros estamos dispuestos a revisar el proyecto que aún no se ha terminado. Esperemos a ver qué va a pasar en la Asamblea, porque a mí lo que me preocupa es que se negocie la justicia con este proyecto.

¿Qué opina de la composición de la nueva Asamblea? ¿Pensó que saldrían más diputados por la libre postulación?
El voto plancha ayudó mucho a los partidos para que no ocurriera eso. Por otra parte, esta interpretación del residuo afectó. Nosotros tenemos tres candidatos a diputado que han sido víctimas de esa interpretación y por eso han quedado fuera de la Asamblea, creo que pudieron haber sido ocho o nueve diputados los que iban a quedar. Mi cálculo era que entre cinco y ocho diputados saldrían. Nuestra proyección era que por lo menos la mitad más uno, serían diputados nuevos -aunque sea de partidos políticos- o independientes. Estamos muy cerca de esa realidad.

¿Usted ya había conformado el gabinete que lo iba a acompañar?
Teníamos listas cortas en cada uno de los ministerios, dos o tres nombres.

¿Le habían aceptado el cargo?
De los que estaban en lista casi todos habían sido consultados y estaban anuentes a por lo menos considerarlo una vez ya propuesto si ganábamos.

El análisis sobre la falta de estructura, qué hubiera hecho si ganaba y tenía que nombrar a 10 mil funcionarios en puestos de dirección ministerial, o administradores, supervisores etc?
Creo que no hubiéramos tenido que nombrar 10 mil en el primer mes. Pero nosotros habíamos hecho un trabajo desde 6 meses antes en mesas temáticas en las que estaban creando perfiles de acuerdo a las instrucciones que habíamos programado. Listas de 10 candidatos se iban reduciendo a dos o tres, incluso habíamos tendido el puente a miembros de partidos políticos en caso de ser favorecidos. Nosotros no discriminamos que solo tenían que ser independientes, podían ser miembros de partidos políticos con experiencia.

Criticaban que usted nunca había ocupado un cargo público, la gente se preguntaba, ¿cómo lo iba a manejar?
Se puede analizar mucho hacia atrás. Nosotros le presentamos una propuesta responsable al país, de profesionales que trabajamos por dos años. Diez días antes hicimos una reunión e invitamos a los miembros de comunicación. Ahí habían más de 120 personas profesionales que trabajaban con nosotros. A cada reunión que íbamos nos presentábamos con el personal que trabajaba en esas áreas. Al final qué fue lo que influyó, estará en el análisis por los próximos cinco años. Si al final lo que la gente decidió fue votar por un partido estructurado con experiencia, bueno tendremos que esperar cinco años para ver los resultados.

¿Cuáles son las medidas urgentes que debe implementar el próximo gobierno?
Yo creo que dos: iniciar el proceso de reformas constitucionales, impulsarlo de manera rápida y la reactivación económica con especial énfasis en la reactivación del sector agropecuario, y no dejaría por fuera las medidas de atención del sistema de salud.

¿Cómo califica la gestión de Juan Carlos Varela?
Yo formo parte de la ciudadanía que ha evaluado esta administración como una de más errores que aciertos, de muy mala comunicación. Uno de los graves errores fue su desconexión con distintos sectores del país, con el sector privado, y evidente injerencia del señor Varela en la justicia y nefasto para cualquier República que quiera promover la separación de poderes entre otras cosas. Yo creo que deja muchas cosas en deuda de las que prometió hace cinco años.

¿Si usted hubiera sido presidente, qué hubiera hecho con Kenia Porcell, la procuradora, sabiendo que hacen falta cinco años de su gestión en el cargo?
Yo creo en la institucionalidad. No es el presidente el que decide si cumplió en sus funciones y por eso la sacan porque vamos a regresar a lo que hizo Ricardo Martinelli. Si hay evidencias de que ella incumplió con sus deberes constitucionales en función, que se le promueva un proceso y que lo decida la justicia. Yo había propuesto la creación de un fiscal superior, como lo hay en Perú, para que hiciera las investigaciones que aquí se han hecho solo mirando para un lado.

¿Esperaba los resultados que obtuvo?
Desde el primer día que inició el movimiento, nosotros estábamos convencidos que había un sector de la ciudadanía sedienta de una alternativa nueva. Siempre estábamos seguros de la posibilidad de lograr lo que se logró. Cuando avanzamos mucha gente fue creyendo en esta posibilidad. Hoy yo puedo decir que estábamos seguros de que podíamos lograr mucho y creíamos que un sector importante apostaría por una propuesta nueva y que se diferenciara del resto de la oferta electoral. Hubo casi un 20% que apostó por eso.

jueves, 16 de mayo de 2019

Tribunal deberá analizar la integridad de las evidencias

Durante el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli, se vive una pugna entre la defensa y la fiscalía por el estado de las pruebas digitales e impresiones en papel que guardan la información sensitiva de las víctimas de los pinchazos

El Tribunal encabezado por el juez Roberto Tejeira, se someterá a prueba a la hora de dilucidar si las evidencias presentadas por la fiscalía son íntegras, guardan mismidad y totalidad con las diligencias de inspección ocular que se efectuaron durante el año 2014 al Consejo de Seguridad. Estas pruebas, que consisten principalmente en discos compactos, DVDs, en los que se volcó la información contenida en algunas computadoras de esta entidad.

Hay una lucha entre la defensa y la fiscalía durante las sesiones de juicio oral, porque la defensa intenta desacreditarlas alegando que han sido vulneradas, que no guardan mismisidad, que no fueron preservadas apegadas al protocolo de cadena de custodia. Mientras la fiscalía defiende que el perito Luis Rivera Calles -que efectuó las diligencias de inspección ocular relacionadas a los temas informáticos- jamás ha dicho que las evidencias han sido vulneradas y que mientras se reprodujeron las grabaciones y los videos durante la audiencia éste reconoció que se trata del material que volcó en los dispositivos digitales mencionados.

Ayer la defensa practicó en el contra interrogatorio a Rivera Calles, un ejercicio con el perito en el que dejó constancia de varias situaciones: dijo que la fiscalía nunca le solicitó que corroborara con gmail la autenticidad de los correos electrónicos que aparecen en brad.pty507@gmail.com para que esta empresa proporcionara las generales de los dueños de las cuentas de correos.

Indicó que no leyó todos los correos que entraban o salían de la cuenta antes mencionada y por lo tanto no estaba en capacidad de garantizar la autenticidad de dicho archivo. En este punto la defensa ha alegado que hubo selectividad en las evidencias que la fiscalía decidió llevar a juicio. Durante el desarrollo de la sesión salió a relucir un USB marca Kingston de 16 Bb que la defensa sostiene guardaba información relacionada al presidente Juan Carlos Varela y el político Jimmy Papadimitriu.

Este USB se registra en la diligencia de inspección ocular efectuada en septiembre de 2014, y según el acto de apertura a juicio contiene archivos de audio y video que se grabaron en un DVD.

El testigo Rivera Calles, jefe de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, habló también de la entrega a la Fiscalía de los discos compactos y los DVDs; casi no me dejan ponerle ’tape’ yo le puse el ‘tape’ de embalaje pero no alcancé a hacer la cadena de custodia (de las evidencias). Declaró que existe forma de alterar la fecha que se registra al grabar el material en los discos compactos y después describió el método para establecer la veracidad de los correos electrónicos.

A continuación indicó que tampoco está en capacidad de garantizar la autenticidad de los 7 cuadernillos (que refiere a la transcripción de todo el material sensitivo recopilado de las víctimas) porque al momento de la diligencia no se le presentaron las originales, sino copias.

Las declaraciones de Rivera Calles desconcertaron a los querellantes.

El vocero, abogado Carlos Herrera Morán, reafirma que a pesar de lo dicho por Rivera Calles, éste nunca ha manifestado que las pruebas han sido vulneradas, ni se ha dudado de la integridad de las mismas.

“Se ha dicho que pueden ser vulnerados, en efecto, pero en este caso se ha acreditado que ninguna de las evidencias presentadas hayan sido adulteradas, por lo tanto son intactas y pulcras”, aseveró el abogado querellante.

Renglón seguido indicó que el perito incurre en contradicciones inexplicables y que él deberá aclarar estas situaciones más adelante.

“Rivera Calles, tendrá que explicar por qué en otros procesos, y durante 5 años, no dijo lo que ahora está tratando de insinuar. ¿Qué le ha pasado a este señor? Por qué ahora sale con unas declaraciones contradictorias que antes produjeron condenas. Aquí no se ha probado ni manipulación ni alteración de las pruebas”, insistió Herrera Morán.

La Fiscalía por su parte, dijo haber salido bien librada en cuanto al testimonio de Rivera Calles. La fiscal Diana Callender reiteró que no hubo selectividad en las evidencias que se introdujeron al juicio. Exclamó que cuando se hace una inspección, en este caso al correo que se halló en el Consejo de Seguridad, no se tiene que guardar toda la información, sino la relacionada al proceso, pertinente y relevante.

Defendió la libertad probatoria en el caso de la verificación de la autenticidad de los correos gmail. No se pueden hacer conjeturas de lo que hubiera pasado si se practica alguna u otra diligencia. “La manera que se hizo es la correcta porque no hay ningún tipo de vicio ni vulneración. Es más, cada víctima ha reconocido que se trata de su correo, y el correo fue examinado y en un acta se estableció que el perito, hoja por hoja fue revisada, ahora él no ha sido tan consistente en decir cómo fue que se volcó la información” reiteró Callender.

Se refirió a la estrategia de la defensa para tratar de sembrar la duda sobre las pruebas, pero recordó que las mismas deben ser razonables, es decir, que haya una buena razón para dudar y enseguida dijo que no hay ninguna razón para dudar de la integridad de los documentos cuando el propio Rivera Calles los selló.

Consideró que cuando llegue la oportunidad de la Fiscalía para volver a preguntar al perito, se aclararán las contradicciones que salen a relucir durante la sesión.

El perito mencionó que la diligencia de inspección ocular al correo brad.pty507@gmail.com duró un día. La defensa atacó el hecho de que el perito no pudo haber escuchado y revisado los audios y videos que se han reproducido durante la audiencia por semanas para agotar todo el material que se surtió mientras se desarrollaban las audiencias a puerta cerrada. Al respecto, la fiscalía aclaró que no todos los audios y videos que se analizaron en las sesiones se hallaron en el correo. “En ese correo habían solo 3 audios y en el acta durante la duración revisaba hoja por hoja. El resto de los audios se hallaron en el disco duro de Toshiba”, señaló Callender.

En horas de la mañana la defensa centró sus preguntas en aspectos técnicos sobre las diligencias de inspección ocular que había realizado el perito Luis Rivera Calles, jefe de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En este sentido, la defensa intentó demostrar contradicciones con respecto a la velocidad del Internet contratada en el Consejo de Seguridad y plantear si era apta o no para la operación del sistema Pegasus, utilizado para espiar a docenas de figuras empresariales, periodistas, sindicalistas y otros.

Uno de los puntos que la defensa buscó dejar por sentado, fue la diferencia en las fechas registradas en un correo, supuestamente enviado por la periodista Siria Miranda de TVN al correo brad.Pry507@gmail, correo donde se halló la información producto de las intervenciones telefónicas.

Al respecto la defensa planteó, en voz del abogado Alfredo Vallarino, que dicho correo se imprimió en el año 2014, sin embargo, mantiene fecha del 2015. Lo que al equipo de abogados le interesaba dejar por sentado era que “se tienen documentos alterados y por lo tanto, no existe garantía de que no se haya manipulado la evidencia”, según el abogado Alfredo Vallarino.

miércoles, 15 de mayo de 2019

Testigo afirma que fiscal fue selectivo en las evidencias

Una sesión de chispas se vivió en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli cuando el testigo de la fiscalía reveló que el Ministerio Público le solicitó que excluyera información sobre Juan Carlos Varela y Jimmy Papadimitriu

El asalto del martes en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por el acaso de pinchazos lo ganó la defensa. Llegó el turno del contra interrogatorio al testigo de la Fiscalía Luis Rivera Calles, jefe de informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien dio detalles hasta ahora desconocidos, sobre hechos que ocurrieron durante las diligencias oculares en las cuales participó.

Entre los puntos más álgidos de su declaración, al ser interrogado por Sidney Sittón abogado de Martinelli, Rivera Calles mencionó que durante las diligencias de inspección ocular que se efectuaron en el Consejo de Seguridad, el actual director, Rolando López y los fiscales que iniciaron la investigación -Marcelino Aguilar y Ricardo Muñoz-, le solicitaron que no guardara la información que había en el disco duro referente a Juan Carlos Varela y Jimmy Papadimitriu entre otras cosas.

"Vamos a pedir para tí, Rolando López, que se compulsen copias y se te investigue. Se te cayó el paraguas te faltan 57 días para ser un sujeto más caminando errante por las calles de Panamá y vas a tener que responder lo que el perito Rivera Calles ha dicho de ti. Todas esas amenazas vas a tener que hacer frente a las mismas", exclamó con emoción el abogado Sittón.

"No puedo precisar nada porque manejamos la información conforme lo que se ha revelado, no puedo decir si se ha sacado algo de las evidencias", se defendió el fiscal Aurelio Vásquez, vocero del Ministerio Público.

Durante el desarrollo de la sesión, Rivera Calles envió un mensaje a Rolando López diciendo que no le tenía miedo, y que él estaba igual de preparado, que podía ir a al juicio a enfrentarlo cuando quisiera. También advirtió de reuniones que se efectuaron entre Ana Belfon, la procuradora General de la Nación que estaba de turno, Rolando López y Marcelino Aguilar, fiscal a cargo de la investigación, con respecto a la pesquisa que se iba a realizar.

Las palabras de Rivera Calles desconciertan a cualquier espectador, pues pareciera que se trata de un testigo de la defensa antes que de la Fiscalía.

El técnico denunció que López acudía al laboratorio de informática donde él laboraba para presionarlo. Sin embargo, gracias al apoyo de su superior, el doctor Humberto Mas, pudo hacer su trabajo sin que lo cesaran.

A juicio de algunos querellantes el testigo se contradijo en algunas declaraciones. Recordaron que cuando la fiscalía lo interrogó manifestó que había escuchado las grabaciones o audios que se reprodujeron en la audiencia. Sin embargo, el martes manifestó que no había escudado todos, lo que para algunos representa una contradicción. Los querellantes también tendrán la oportunidad de interrogar al perito cuando culmine el turno de la defensa.

Al salir de la sesión, Sittón subrayó a los medios que el testigo puso en duda las evidencias que ya fueron admitidas por el Tribunal de Juicio. "Dijo que no garantiza la originalidad, la mismidad y autenticidad de los dispositivos donde se volcó la información sensitiva (evidencias indispensables que la fiscalía ocupará para probar su teoría del caso)", señaló Sittón.

Para la defensa, lo anterior es una muestra de que se derrumbó el caso y que ha quedado en evidencia que hay que investigar a muchos funcionarios por haber armado un caso como este.  El testigo también se refirió al método de procesamiento y preservación de las pruebas, así como al manual o protocolo de cadena de custodia que se empleó la momento de guardar la información sensitiva concerniente a las víctimas.

"Se acaban de derrumbar 5 dispositivos que Luis Rivera Calles dijo que no son los mismos que describe el formato de cadena de custodia, que no garantiza y no se hace responsable de ninguno de ellos", repitió Sittón.

Renglón seguido añadió que el testigo estrella de la fiscalía ha dicho la verdad, ha dicho como Rolando López iba al laboratorio de informática del Instituto de Medicina Legal y lo presionaba, pero gracias al apoyo de su superior, no lo despidieron.

Por su parte el fiscal Aurelio Vásquez admitió que el testigo se refirió en términos duros cuando habló del director del Consejo de Seguridad Rolando López. Pero cuestionó como era posible que el testigo antes había dicho que estaba siendo amedrentando por éste y luego lo desafió diciendo que no le temía. "Yo no me pienso meter en eso ni tampoco el equipo de fiscales", declaró Vásquez.

Reiteró que el Tribunal tiene que ponderar lo anterior, así como hacer un ejercicio de toda la oferta que presenta la fiscalía y la defensa. "Eventualmente pudiera venir el director del Consejo como testigo en el juicio", añadió Vásquez. No obstante, entre las múltiples figuras que aparecen como testigos en el auto de apertura a juicio, López no ha sido requerido como testigo por parte de la Fiscalía.

Vásquez, a pesar de la jornada difícil, dijo sentirse bien. Apostó a la comparecencia de las víctimas durante el juicio, que darán fe de que las pruebas no han sido inventadas, así como lo que ellos han reconocido como propio cuando se les llamó para que corroboraran la información que existía en el Consejo de Seguridad sin que mediara una autorización judicial.

Pidió a los querellantes y las víctimas que tengan confianza en la labor de la fiscalía. "Lo importante es que la evidencia entró y puede la fiscalía mostrar a las víctimas las pruebas para que ellos hablen sobre las mismas. Distinto hubiese sido si no se hubiese dado la oportunidad de que la evidencia no entrara al Tribunal, porque no tendría nada que mostrarle a las víctimas", observó Vásquez.

Luego adelantó que habrán circunstancias que el Tribunal tendrá que constatar prueba a prueba, esto al hacer referencia de las inconsistencias que se presentaron cuando el perito se refirió a los dispositivos en los que se guardó la información sensitiva.

"Todavía falta, yo quisiera ver qué va a decir el testigo protegido", sostuvo el fiscal.

Vásquez se mostró sorprendido por el hecho de que el perito haya desconocido las grabaciones que se reprodujeron en la sala cuando él mismo las grabó y participó en un juicio previo donde se emplearon las mismas evidencias.

"El Tribunal debe ser cauto en la sana crítica frente a la evidencia que hay. Si hubo apresuramiento hacia el perito Rivera Calles por parte de los fiscales de turno que participaron en las diligencias de inspección ocular no lo puedo precisar", aconsejó Vásquez.

Sobre la preservación de la cadena de custodia, que fue puesta a prueba de fuego por el testigo, el fiscal justificó que se trata de evidencia digital y que si se cuestiona el embalaje o la forma en que se reservó, él se queda satisfecho con que el perito haya reconocido el material que se reprodujo en la sala. "Por eso dije que me preocuparía si el perito dice que no reconoce nada, pero no es así, él sí lo reconoció y ya entró como evidencia material de prueba. Sí hay caso. Estamos aquí y todavía no nos han apaleado", zanjó el representante del Ministerio Público.