lunes, 21 de octubre de 2019

Juez extingue pena a Moncada Luna y lo inhabilita de funciones públicas por cinco años


La juez de cumplimiento decidió extinguir la pena de 60 meses que pesaban en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, levantó las restricciones de libertad, y echó a andar la inhabilitación para ejercer funciones públicas a partir de hoy

La juez de cumplimiento Elizabeth Berroa, declaró extinguida la pena de 60 meses que pesaba en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, después de haber cumplido con la sentencia establecida, e impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de cinco años a partir de hoy, 22 de octubre. De igual forma levantó las restricciones de libertad que pesaban contra el exmagistrado.

En una breve audiencia, de no más de 20 minutos, celebrada este lunes en el Sistema Penal Acusatorio, Ramiro Jarvis, defensa de Moncada Luna, hizo un recuento del expediente en el que se describen los plazos de pena de su cliente, así como de los informes del trabajo social que realizó en el bufete de abogados en el cual es socio el jurista Alejandro Pérez, despacho al que prestó trabajo social como asesor legal desde que se le concedió libertad controlada en marzo de 2018.

Las evaluaciones realizadas por el sistema confirmaban que desde la mencionada fecha, después de haber permanecido en el centro penitenciario El Renacer desde el 23 febrero de 2015, Moncada Luna había cumplido con las condiciones impuestas en aquel momento.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore, no se opuso a lo dicho por la defensa, lo que de inmediato dio paso a la decisión de la juez de cumplimiento.

Moncada Luna fue condenado el 23 de febrero de 2015 por el delito de falsedad y enriquecimiento injustificado tras no poder justificar el origen del dinero con el que compró dos departamentos de lujo valorados en $1.7 millones adquiridos en agosto de 2014.

La compra fue hecha a través de la Corporación Alpil, S.A., propiedad del exmagistrado y su esposa.

Moncada Luna aseguró que el dinero se lo había prestado el empresario Felipe Alejandro Virzi, a quien llamaba “tío”.

Vestido de saco oscuro, con su clásica abundante cabellera entre canosa peinada hacia atrás con un característico copete, Moncada luna luce repuesto de peso en comparación a la última audiencia, en marzo de 2018, en la que se le acentuaba en su cuerpo escuálido, ayudado por un bastón su paso por la cárcel.

A su salida, declaró ante los medios de comunicación que lo suyo fue un proceso político que respondía a "las ansias de destrucción del exgobernante Juan Carlos Varela quien tenía una lista de personas" a las que debía destruir y él era el primero. En 10 ocasiones se refirió a Varela nombrándolo "demonio diabólico".

Moncada Luna alegó que fue obligado a firmar un acuerdo de pena amenazado con que involucrarían en el proceso a su esposa y su hijo mayor, quienes serían llevados ante la justicia ordinaria en caso de que se resistiera a firmar. Moncada Luna explicó que desistió del acuerdo un día antes de que se decretara su condena, pero las tres jueces de garantía en ese momento ignoraron su decisión. De haber continuado el curso del proceso, la condena de Moncada Luna, tendría que haber sido aprobada por dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional. El exmagistrado no admitió preguntas de los periodistas.


Extraditan a E.E.U.U. a Molina Zapata, presunto narcotraficante


El ciudadano colombiano, arrestado el domingo en La Miel, Darién, es requerido por la Corte de Texas, Estados Unidos

El ciudadano colombiano, Arnulfo Molina Zapata, presunto narcotraficante capturado por las autoridades panameñas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el sector de Playa Blanca, La Miel, provincia de Darién, cumple un proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido por un tribunal del estado de Texas.

A las 11:29 de la mañana de este lunes, el colombiano arribó a la capital panameña procedente de Puerto Obaldía, comarca Guna Yala, en una nave del Senafront para luego ser conducido vía terrestre a Migración escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

Molina Zapata bajó del avión con la cara y la cabeza tapadas, con una apertura en los ojos. Vestía pantalón corto de mezclilla, camiseta amarilla y un chaleco antibalas proporcionado por las autoridades. En el avión viajó escoltado al menos 5 agentes armados y al aterrizar en el hangar presidencial ubicado en el aeropuerto de Albrook fue recibido por el director de Senafront, Oriel Ortega, y el director de Operaciones de la entidad, José Manuel Samaniego.

Ortega indicó que Molina Zapata ingresó a Panamá en una lancha el domingo 20 de octubre portando su pasaporte colombiano. Caminaba por el pueblo como cualquier otro turista, confiado, o tal vez ignorando el requerimiento internacional que pesaba en su contra. Los agentes de inteligencia de Senafront lo abordaron y le solicitaron que los acompañara a la oficina de migración para verificar sus datos. Fue en ese momento cuando el colombiano fue arrestado, sin poner resistencia, al percatarse de la orden de arresto emitida por Interpol a solicitud de la agencia antidrogas DEA y los tribunales de Texas. Se presume que se trata de un enlace en Panamá relacionado al tráfico de estupefacientes, entre los planes del colombiano había un viaje a la ciudad.

Debido a asuntos de confidencialidad, Ortega no adelantó detalles sobre el proceso abierto en Estados Unidos en contra de Molina Zapata, no obstante, indicó que su arresto es de “gran valor”.

La detención de Molina Zapata se realiza en el marco de operación Arpía II.

sábado, 19 de octubre de 2019

‘Techos de Esperanza nace de la improvisación y mala planificación’



La ministra de vivienda, Inés Samudio, explica que durante la administración Varela se licitaron proyectos sin la ubicación de los terrenos y se comprometieron a los contratistas $800 millones para los que no hay presupuesto

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) debería empeñarse en aplicar una política de uso de suelo adecuada para cada sector del país y desarrollarla acorde lo planificado. Por décadas, se ha visto a este ministerio como un bastión político mediante el cual se busca afianzar el partido del gobierno a través de la construcción masiva de casas de interés social que luego resultan en un fiasco por la escasa o nula previsión de suelos, o que al momento de la entrega se hace prácticamente ausente de una evaluación seria del beneficiado. Inés Samudio, ministra de la cartera, expresa que muchos proyectos de la administración de Juan Carlos Varela se efectuaron en las condiciones mencionadas. Se licitaron proyectos en Techos de Esperanza sin antes haber ubicado el terreno para construir la vivienda. Era responsabilidad del Miviot hallar los beneficiarios dueños de los terrenos y revisar sus condiciones para ejecutar el proyecto, de no calificar el terreno se debía encontrar otro beneficiario que por lo general era en zonas rurales. Sin embargo, eso no ocurrió y los contratistas se desmotivaron, perdían el financiamiento aunque aún están vigentes las fianzas.

También se entregaron llaves sin antes haber creado un expediente social a las familias que ocuparon casas en el proyecto Altos del Lago en Colón. Es decir, un desgreño administrativo que ahora le pesa al Estado porque se licitaron $800 millones para programas mientras que el presupuesto para el Miviot de 2020 es de $200 millones. No hay plata para cumplir a los contratistas en el tiempo que se proyectaron las obras. “No hubo planificación, solo la idea de construir casa sin la mayor planificación”, describió la ministra.

¿Cuál fue el estatus que encontró de los proyectos que estaban en ejecución?
Hay recursos comprometidos para los siguientes años. Hay aproximadamente $800 millones por ejecutar sin tener los recursos para hacerlo. Lo que hemos hecho para que la mayoría de los contratos se puedan desarrollar, es que hemos extendido el tiempo de ejecución porque no tenemos presupuesto para hacerlos de una vez.

¿Estos contratos de qué proyectos son exactamente?
Son 51 contratos de Techos de Esperanza en donde hay aproximadamente $260 millones por ejecutar, además de contratos por Renovación de Colón en su segunda etapa, además Ciudad Esperanza que no está concluido y otros proyectos de inversión que no hemos evaluado. Tenemos un proyecto interesante que consiste en una inversión en Nuevo Cartí, en la Comarca Guna Yala que aún esta en estudio. Es un proyecto apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo que vamos a continuar. En Bocas del Toro hay otro proyecto de urbanización en la isla Bastimentos, de hecho es la primera que va a realizarse en el sector, pero apenas se está haciendo el movimiento de tierra. Todos estos proyectos le hemos puesto al día al Presidente con el propósito de conseguir los recursos. En Bastimentos se proyecta una urbanización de 85 casas. Son personas que actualmente viven hacinados con otras familias.

Techos de Esperanza va a continuar de la misma forma? El sector empresarial tiene inquietudes sobre el tema...
Tenemos que ser responsables y todos los contratos que se puedan ejecutar hacerlo. Techos de Esperanza nace de la improvisación y mala planificación. Como ingeniera civil te puedo decir que cuando uno va a construir se debe planificar. Estos proyectos se hicieron en paquetes de 500 casas, 1000 casas, sin tener identificados en campo cuál era el beneficiario real. En la búsqueda de campo se agotó el tiempo del proyecto, por eso es que la mayoría están vencidos. Hay proyectos que datan del 2015 que eran de 500 casas y solamente se construyó la mitad. En este sentido, la responsabilidad era del Mivi, porque si el ministerio no identifica a los beneficiarios, los terrenos, cómo van a construir la casa. El beneficiario tenía que poner el terreno. Entendemos que hay muchas personas que sueñan con su casa pero deben de tener un terreno porque así los especifica el terreno. Por otra parte, queremos fortalecer la inversión privada a través del bono solidario que sí se desarrolla en forma planificada porque se trata de urbanizaciones de interés social donde el Estado ofrece $10 mil de bono, y creemos que para esta figura, para la cual tenemos una gran cantidad de proyectos aprobados y licitados, pero eso también fue irresponsable porque ahora no hay el presupuesto. Se van a hacer, pero cuando tengamos el dinero. Para ellos tuvimos que hacer un inventario y buscar los recursos.

Usted interpuso 3 denuncias penales por irregularidades encontradas en el Ministerio, tallas excesivas en botas, ¿por qué se adquirieron esas botas en un inicio según sus averiguaciones?
Techos de Esperanza se manejaba a través de auto gestión, lo que significa que el Ministerio compraban los materiales y contrataban a las planillas. Entendemos que para las cuadrillas se requerían estas botas, pero no de las tallas adquiridas, hay están en el depósito totalmente deterioradas más de 3 mil pares. Eso es parte de la denuncia que tiene que averiguar el Ministerio Público. La compra de las botas asciende a más de $30 mil en tallas grandes. Vemos también la compra excesiva de materiales, que se adquirieron de una sola vez, en lugar de hacerlo en forma programada. Cuando tu vas a construir, no tienes que adquirir todos los materiales desde un inicio, ellos hicieron una sola compra para mil viviendas.

Hay una gran crítica por la forma en que se ha nombrado a funcionarios del partido gobernante. En el Mivi usted despidió a 1,300 funcionarios. ¿Bajo qué criterio se ejecutaron estos despidos y el nombramiento de 300 colaboradores nuevos?
En la administración pasada se crearon dos planillas: la permanente y transitoria en la que hay muchos funcionarios de carrera administrativa, además de profesionales en el ramo, y la otra planilla que era la de Techos de Esperanza excesivamente abultada. Nos encontramos esas personas en oficinas hacinadas sin mayor función. De acuerdo a los auditos que se están avanzando, nos dimos cuenta que hubo periodos en los que habían más de 4 mil funcionarios por mes. Y bien ha dicho el ministro de economía y Finanzas, Héctor Alexander, que la planilla se triplicó en los últimos 10 años. Si hemos desvinculado 1,330 funcionarios, hemos ingresado no más de 350 que son cargos de confianza y la parte técnica la hemos respetado bastante porque están cumpliendo una labor. Pero jamás vamos a llegar a la cifra en la que hemos desvinculado a estas personas porque realmente era una planilla excesiva.

¿Actualmente a cuánto asciende la planilla?
Somos alrededor de 2,200 funcionarios.

El enfoque del Mivi en estos cinco años, ¿a qué apunta?
En dos puntos. Nosotros tenemos identificados a través del Ministerio de Desarrollo Social a la población de extrema pobreza. A esas personas vamos a darles respuestas directas. También tenemos que fortalecer la parte de la inversión privada a través de la aprobación de ventanilla única. Actualmente hay más de 60 mil casas por ejecutar a través del bono solidario. Creemos que esa es una buena herramienta para reducir el déficit habitacional. El Ministerio debe crear políticas públicas de vivienda para que la población tenga su casa, crear facilidades para la adquisición como el ‘leasing’ inmobiliario. Políticas atractivas. Tenemos la confianza de que este gobierno hará surgir la economía para que la gente tenga la posibilidad de comprar su casa.

¿Qué pasará con las miles de solicitudes que supuestamente calificaban para el programa Techos de Esperanza?
Hemos analizado eso, quedaron más de 20 mil solicitudes que no tenemos la demanda para responder a ellas. Quedaron proyectos comprometidos. Para el próximo año el Mivi tiene un presupuesto de un poco más de $200 millones, pero tenemos proyectos por ejecutar que sobrepasan ese límite. Definitivamente que las solicitudes pendientes tendrán prioridad las personas de extrema pobreza y las personas con discapacidad.

¿Esos $800 millones por ejecutar cómo los van a dividir, y cómo van a hacer con los promotores que ya invirtieron plata para desarrollarlos?
Ya nos hemos reunido con los contratistas y les hemos dicho la verdad, que no tenemos los recursos y que lo vamos a desarrollar en estos tres años y todos estuvieron de acuerdo.

¿Continuarán el bono solidario?
Lo vamos a continuar porque creemos en el proyecto pero queremos garantizar los recursos para el mismo, lo vamos a lograr.

¿Cuál será la planificación sobre el proyecto Altos del Lago en Colón para la segunda etapa?
Es parte de la irresponsabilidad. Nos encontramos con la primera etapa de Altos del Lago, con más de 4,588 familias que ya tenían asignaciones en este proyecto, pero las mismas estaban sin expediente social, sin legalizar. De hecho entraron personas que ni siquiera tenían los documentos para entrar. No es que no tengan derecho, pero deben contar con un expediente. Fue irresponsable. Se manejó políticamente. Se entregaron llaves y llaves pero no cumplieron con la labor social. No se legaliza la solución a la familia, y por lo tanto ellos no pagan ni el mínimo que se les cobra a través del Banco Hipotecario. Esa mínimo es para mantener las áreas verdes y las áreas comunes. Hemos trasladado a más de 250 familias con expediente social en el Banco Hipotecario. En la segunda etapa, con capacidad para 1,600 viviendas, esas familias serán identificadas socialmente y la legalización ya empezó. No es que se va a sacar a las personas que no tienen los papeles, pero necesitamos regularizarlos, no es entregar por entregar.

Este gran complejo no cuenta con escuelas con la capacidad física para alojar a los residentes, ¿cómo se subsanará esto?
Se está haciendo una escuela por parte del Ministerio de Educación y hay otro terreno que se va a ocupar para hacer otra escuela. El proyecto no es malo, crea un área residencial con todas las facilidades pero hay que buscar los recursos para hacer todas las necesidades, colegios, centros de salud, estación de policía, bomberos, todo eso es poco a poco.

¿Cómo le va a cambiar la cara a la ciudad de Colón?
Hay un proyecto para embellecer los edificios antiguos. Algunos tendremos que demolerlos y dejar los lotes en buenas condiciones y mejorar las calles. Hay un compromiso por terminar renovación Colón que realmente falta muy poco. El Ministerio de Obras Públicas también tiene un programa para arreglar las vías del área de Colón.

¿Cuál será el futuro de la Casa Wilcox?
En el proyecto de renovación se hizo un estudio de la casa Wilcox, eso arroja que su restauración sobrepasaba los límites del alcance del proyecto. El proyecto tenía $15 millones para la restauración del edificio. Hemos conversado con el Ministerio de Cultura, creemos en la restauración, lo primero será arreglar el techo, y buscar los recursos para restaurarla. Lo vemos como un buen centro de cultura para el área de Colón.

¿Piensan hacer una licitación para esto?
Lo estamos conversando con el Ministerio de Cultura porque como es patrimonio histórico, nosotros le daremos el apoyo, pero estamos adelantando el presupuesto para saber en qué apoya el ministerio de vivienda. Aún estamos buscando los recursos, para el 2020 no está en el presupuesto. Pero dada la contingencia yo se que lograremos los recursos. El trabajo no se hace en un año. Lo primero es ponerle techo porque ahora está sin techo. Al menos eso debe estar incluido en el próximo año.

¿Cuántas casa condenadas hay en el país? El censo de 2010 señala 9 mil, son más o menos?
Creo que aumentaron, aquí en el sector ya terminamos un inventario en Chorrillo, Santa Ana, solo en esos lugares encontramos más de 150 personas en albergues en muy malas condiciones. También estamos haciendo un estudio con la Autoridad Nacional de Tierras para ver a través de las tierras estatales dónde podemos generar proyectos de inversión pero que sea sostenible
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¿Pero no tiene un cifra exacta de la cantidad de casas condenadas?
Es parte del análisis que estamos haciendo, todo quedó tan desordenado que estamos haciendo el inventario a nivel nacional. Lo importante es que no detenemos el avance de las otras áreas del Ministerio.

¿Una vez identificadas cuáles será el siguiente paso?
La solución vendrá de la mano de identificar a los necesitados y quienes puedan optar por la inversión privada.

¿Se ha trazado alguna meta de qué porcentaje de casas condenadas reducirán?
Nosotros consideramos que el déficit está aproximadamente en $200 mil. En esta administración buscamos reducirlo a la mitad, estimamos hacer un desarrollo de vivienda de 20 por año tanto del Ministerio como de inversión privada.

En estos momentos hay un gran inventario inmobiliario, ¿qué tiene pensado el Mivi para mover esta oferta?
Creemos mucho en el proyecto de leasing mobiliario, porque es verdad que hay muchas personas que no pueden aplicar para una hipoteca porque no tienen un trabajo estable, o son informales. Pero con este modelo, el arrendamiento en primera opción de compra, se puede cubrir esta parte del inventario existente y apostamos a que la economía va a mejorar para que las personas puedan tener ingresos. Nosotros consideramos que antes de que finalice el año debe estar aprobada la Ley, igualmente estamos trabajando en políticas de actualización de leyes. Por ejemplo, la Ley de arrendamiento es del año 1973, no hace atractivo el arrendamiento, ya estamos trabajando en su actualización, al igual que la Ley de Propiedad Horizontal que estamos reglamentando la Ley de 2010 porque no estaba reglamentada. Estamos trabajando en la ley de urbanización para actualizarla. Todas estas leyes impulsan el sector.

¿Cuál es la renovación que quiere impulsar en la ley de 1973?
La cuestión de los desalojos. Cuando se ocupa de manera que no paga se hacía tan difícil el desalojo que complicaba mucho a los dueños, pero igualmente se le va a dar garantía a quien arrienda. Será equitativo tanto para el arrendatario como para el arrendador.

En cuanto a la Ley de interés preferencial, el sector inmobiliario solicita que se amplíe el inventario a las propiedades del año 2017, y no comenzar desde el 2018. ¿Estaría dispuesto el Mivi?
Ahora la responsabilidad es pagar la alta deuda que se tiene con los bancos que suma más de $400 millones. Además ver otra iniciativa para incluir el inventario anterior, pero hay que ser responsables, hay que pagar primero la deuda y luego la economía permitirá el avance.

Pero ¿cuándo arrancará la economía?
Mire, en la feria de la Cámara de la Construcción pasaron las expectativas de nuevos proyectos. La construcción estuvo en índices muy bajos pero ahora se activará de nuevo. Confiamos que para 2020 tendremos una economía mas robusta para llenar los vacíos en varios sectores. Para el próximo año estamos cumpliendo con el ordenamiento de las zonas turísticas y que a lo largo de estos cinco años los centros urbanos tengan un ordenamiento territorial.

¿Cómo puede resumir su trabajo en estos primeros 100 días de gobierno?
Hemos verificado varios contratos y su ejecución, parte del ordenamiento territorial estaba muy descuidado por los pocos avances que se dieron en esta materia. Además revisamos el estatus de todos los proyectos, su avance, la parte social y poner orden porque no se puede hacer un trabajo si no hay orden.

viernes, 18 de octubre de 2019

La lucha antidrogas cuando los Estados dirigen una empresa criminal



Las organizaciones criminales se han asociado con los Estados, operan en la impunidad de forma separada pero bajo un mismo territorio. Aprovechan la debilidad institucional y buscan socios en otras latitudes

La forma de combatir el crimen organizado debe verse bajo una lupa muy distinta a la tradicional. Ahora tiene socios mucho más poderosos que antes, aliados que otrora luchaban contra ellos, les facilitan encuentros, negocios ilícitos y enriquecerse a cambio de un porcentaje de sus ganancias.

Ya no se trata de organizaciones delincuenciales con nexos en otros países, sino de Estados criminales que actúan junto al crimen organizado, y que a su vez, éstos se apoyan con otros Estados vecinos o en otras regiones del mundo.

El experimentado periodista Douglas Farah, especialista en seguridad nacional y excorresponsal del Washington Post, en una reciente conferencia organizada por el Centro Latinoamericano de Periodismo y el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, disertó sobre "Periodismo contra el crimen organizado y su impacto en la economía del país".

Farah explicó que los grupos criminales trabajan de forma separada pero en el mismo territorio que actúa con ellos. Venezuela -dijo- es un claro ejemplo de eso.

Para que este caldo de cultivo hierva, deben confluir varios ingredientes. El primero, un Estado débil, es decir, con instituciones frágiles, corrompibles. Una situación que brinda a los criminales una oportunidad para adueñarse de los territorios en donde el Estado se encuentra ausente.

Tradicionalmente los estamentos judiciales y de seguridad que luchan contra el narco, lo hacen en una línea vertical, desde el capo, sus integrantes y las relaciones de estas organizaciones en otros países. En este esquema interactúan otros ejes: logística de transporte, la venta de la mercancía, y el retorno del dinero al dueño del producto.

En este último punto es cuando se manifiesta el delito de blanqueo de capitales. En una línea simple Farah definió este modelo: si no tiene lógica económica, o no es racional el negocio, se trata de lavado. Como ejemplo, señaló obras públicas que nunca se cumplen pero que su costo aumenta cada año; cigarrillos a muy bajo precio, o negocios que operan con pérdidas del 20%. No se trata de una competencia leal, lo que al final de cuentas, el flujo de economías ‘fáciles’ destruyen el sistema económico.

Volviendo al tema de narco Estados, cuando son socios del narco, controlan las investigaciones contra el crimen organizado, lo que les da luz verde para operar a libertad. De igual forma, las organizaciones no tienen que preocuparse por crear esquemas complicados para blanquear los capitales. En vez, usan los servicios del Estado para este propósito, evaden los controles.

Farah describió el sitio soñado para operaciones de las organizaciones criminales: evitar los juzgados; que el Ministerio Público no los investigue; que la Policía no los incluya en sus listas de los más buscados, por ejemplo.

Y enfatizó: “Venezuela se ha convertido en un gran prostíbulo donde cada uno puede llegar sabiendo que puede hacer los negocios que quiere, puede hacerlo por la mañana y a la tarde ya no está más. El Estado les garantiza prácticamente el espacio seguro donde todo mundo puede hacer su negocio”, resumió el periodista.

Farah analizó la situación de Latinoamérica en este sentido, e identificó los países con los que Venezuela se relaciona.

Por eso, añadió, Estados Unidos no “entiende que la lucha contra el narco no se limita a Estados individuales, sino que éstos trabajan en conjunto. Por ende, se dificulta más la estrategia para combatir el crimen organizado. El Estado dirige una empresa criminal, por eso pueden durar muchos años en el poder”.

La refundación política y económica de América Latina se basa en el repudio de los políticos tradicionales que tienen una larga cola de corrupción.”La revolución Bolivariana sí tiene un odio a Estados Unidos, por eso entran en el rompecabezas Rusia, China e Irán, porque buscan alianzas con cualquiera que no sea Estados Unidos”, analizó Faraha.

“Ahora estos países que eran petroleros, se han desestabilizado y abrieron su portafolio de negocios al tráfico de oro, un fenómeno que toma mucho más valor en nuestros días”, analiza el comunicador.

Farah explicó que “si la impureza del oro es inferior al 95%, entra a Estados Unidos con facilidad. La gente que está en el campo gana más que los cocaleros y corren menos riesgos en caso de enfrentar a las autoridades porque tienen oro, no cocaína”.

El mineral llega a otros países para ser refinado. Surinam, por ejemplo, ahora exporta más toneladas a pesar de que la minería en ese país no ha mejorado. El oro siempre ha sido un instrumento financiero, intocable e irrastreable.

Otras formas que emplean los gobiernos para lavar el producto del oro es crear empresas que operan por corto tiempo y desaparecen, pero mientras están activas mueven millones que pasan desapercibidos en las fiscalías de estos países.

Finalmente, Farah observó la situación preocupante de Panamá, país que calificó como en un ‘Estado frágil’, que aunque aún cuenta con instituciones que funcionan, requieren de un fuerte apoyo del Ejecutivo para no perder el control. No obstante, alertó sobre el deterioro social y la falta de legitimidad en el gobierno, situaciones que acarrean consecuencias casi irreversibles.

“En los últimos años se han tomado pasos peligrosos en este sentido” advirtió.

Enseguida explicó cómo se utiliza el sistema financiero de Panamá para el blanqueo de capitales: se abren varias empresas con el mismo bufete de abogados y los mismos prestanombres, o directivos.

Transfieren dinero a esas empresas como si tuvieran una actividad económica, y después, esas empresas transfieren los fondos a Venezuela o Europa como si estuvieran comprando o vendiendo algo que no existe. “Hay muchos casos donde empresas venezolanas se arman en Panamá para comprar equipo para Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero ellos no compran equipo de nada, aunque en papel pueden decir que han comprado equipo para perforación, etc”, indicó.

A continuación, el dinero pasa por las cuentas bancarias de esas empresas, normalmente hay una en Estados Unidos, en Panamá y otra en Venezuela con el mismo nombre y los mismos testaferros.

“Un claro ejemplo de ello es que la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, ha sido invadida por empresas venezolanas dedicadas al lavado de dinero y el gobierno norteamericano ha sido muy lento en reaccionar. Es verdad que exigimos mucho a los otros países, pero lo que ocurre en Estados Unidos es que, cuando agarran a alguien y lo meten a la cárcel el resto de los relacionados huyen del país. En otras naciones son pocos los juicios y la gente se establece ahí porque no pasa nada, concluyó Farah.

PANAMÁ SIRVE COMO PUENTE AL PASO DE DROGA
Panamá no ha perdido la condición de puente, no solo para asuntos de exportación e importación de productos. también lo es para mercancía ilícita.

En el caso de la droga, las organizaciones emplean todas las rutas posibles; aérea, marítima y terrestre.

A pesar de que el Darién ha funcionado como un gran tapón entre Panamá y el resto de Suramérica, es un paso de migrantes contratados por el narco que se prestan para transportar en sus mochilas pequeñas cantidades de cocaína, 10, 15 o 20 kilogramos.

Este método minimiza las pérdidas en caso de que la persona sea sorprendida por las autoridades.

Eduardo De La Torre, fiscal Segundo Superior Especializado en Delitos Contra las Drogas, explicó recientemente, durante el seminario “Periodismo contra el crimen organizado y su impacto en la economía del país”, la metodología de las organizaciones criminales que operan en Panamá.

Manifestó que las llamadas ‘mulas’ que transportan pequeñas cantidades de droga, llegan a Bayano, o Metetí, hasta topar carreteras en buen estado y después alcanzar la frontera con Costa Rica para continuar la ruta al norte.

Así es como el precio de la droga se incrementa, según la lejanía del centro de producción. En Estados Unidos se valora entre $20 mil a $35 mil el kilo, cuando en Panamá su valor se calcula en $5 mil. En Europa y Australia se paga hasta $50 mil o $150 mil respectivamente.

En el combate contra el crimen organizado en Panamá, su socio, Estados Unidos, juega un papel preponderante. La potencia con más recursos advierte a las unidades fronterizas y agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) sobre las lanchas rápidas, go fast, cargadas de toneladas de cocaína que evitan las costas para pasar desapercibidas por las autoridades costeras. Es un típico mecanismo de transporte de esta mercancía.

En caso de ser sorprendidos por los guardias costeros, algunos sujetos alzan las manos y se entregan, saben que es el final. Otros, tiran los bultos al mar y las autoridades los recogen, lo que complica la judicialización de estas personas “porque los jueces alegan que los bultos no estaban en posesión de los narcos”, describió el fiscal. En las lanchas llevan los bultos de droga, combustibles y algo de comida. Una modalidad efectiva es a través de un ‘parásito’, que no es más que un tanque soldado por debajo de la lancha, imperceptible a la vista de las autoridades al inspeccionar la nave ya que la mercancía se engancha por la parte inferior.

Por vía marítima no se ha perdido el uso de semi sumergibles. Aparatos costosos y muy complicados de interceptar, que por sus colores gris y azul, se mimetizan con el mar cuando los helicópteros sobre vuelan el área. La construcción de cada aparato de este tipo es superior al millón de dólares. Estas embarcaciones bordean las islas Galápagos de Ecuador, se alejan de las costas para ser imperceptibles a las autoridades.

Las autoridades panameñas también han detectado hallazgos bajo la cubierta, en la parte inferior de los buques, en donde se amarran gran cantidad de maletines con droga. Cuando esto ocurre, por lo general la información se recibe a través de fuentes de inteligencia del exterior, y cuando toca puerto el barco, realizan la inspección.

El problema para las autoridades es determinar el responsable de la carga. Los capitanes y la tripulación alegan desconocer sobre la mercancía ilegal. Esto ha obligado a las grandes navieras a contratar compañías especializadas que se encargan de certificar, previa verificación con buzos en el puerto, que la embarcación salió limpia. Lo que les garantiza una cobertura sobre cualquier incidente en caso de que posteriormente se detecte droga.

La contaminación de los contenedores es una de las modalidades más empleadas por el crimen organizado. Los homicidios recientes en la provincia de Colón, responden al control de los puertos, una de las rutas más disputadas por los narcos.

Los criminales ponen la droga en maletines negros, casi siempre de la misma marca, y burlan los sistemas de vigilancia (cámaras) instalados en los puertos. Todo lo tienen medido. El tiempo que tarda la cámara en posicionarse en un punto específico les da espacio para tirar el maletín en el contenedor e instalar sellos falsos. Su contaminación solo puede detectarse a través de una minuciosa inspección al sello, algún número incorrecto. El dato es que sólo el 1% de los contenedores a nivel mundial pasan por un escáner.

En la Zona Libre de Colón, por ejemplo, la administración de Juan Carlos Varela adquirió 7 escáners que nunca se instalaron. Estos aparatos son capaces de revisar los contenedores en segundos y marca una alerta en caso de requerir una revisión. Una práctica común en otros países, mas no en Panamá.

En lo que va del año, la fiscalía especializada contra las drogas ha logrado 534 condenas por delitos contra la salud (posesión ilícita de drogas), 6 absoluciones y 2 sentencias mixtas.

Con respecto al blanqueo de capitales, la forma más común de detectar este delito por las autoridades es el transporte de dinero en efectivo. Hasta septiembre de 2019 se habían comisado $800 mil. También el dinero tiene su ruta para retornar al dueño de la droga.

De La Torre se queja que muchas veces el criterio de los jueces no acompaña sus investigaciones en delitos de blanqueo. Dinero que para los fiscales es producto de la venta de droga, difiere el criterio de los jueces. Ejemplifica un caso en el que se decomisaron $200 mil en el auto de un sujeto, pero el juez indicó que “tener dinero no es un delito”, se quejó el fiscal.

Las formas de lavar dinero en Panamá prácticamente son las mismas que han contado las autoridades desde hace años: a través de testaferros, en actividad inmobiliaria, empresas fantasmas, transferencias y envíos, compra de billetes ganadores de la lotería, introducción de dinero vía terrestre a través de vehículos con doble fondo, en la guantera, el maletero, o la llanta de repuesto.

Hasta la fecha las autoridades han incautado un poco más de 60 tonelada, 4 o 5 tonelada más en comparación a 2018 para la misma fecha. La mayor parte de las incautaciones son de cocaína, pero en cuanto al consumo, en Panamá prima la mariguana por el precio.

jueves, 17 de octubre de 2019

ONU insta a Panamá a indemnizar a Martinelli


El Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria determinó que la privación de libertad del exgobernante fue arbitraria, para reparar los daños, recomienda indemnizarlo e investigar a los causantes

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, determinó que la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli fue “arbitraria” por cuanto contraviene cinco artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El expresidente permaneció privado de libertad en forma preventiva por dos años. El primero en una cárcel federal de la ciudad de Miami (junio 2017- junio 2018) a la espera de su extradición a Panamá. El segundo (junio 2018-junio 2019) en el Istmo en el centro penitenciario El Renacer, mientras se desarrollaba un juicio en su contra por supuestos pinchazos telefónicos, del cual fue declarado por un tribunal ‘no culpable’.

Después de haber recibido información de los abogados de Martinelli, y del gobierno de Panamá, en la que se hace un conteo de los hechos desde su detención, atención de salud, la forma en que se ordenó su detención, etc, el Consejo de Trabajo analizó los argumentos de cada parte y consideró que “teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería concederle al señor Martinelli el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.

De acatar el Estado este pronunciamiento, podría costarle cifras millonarias. Es decir, la defensa del exmandatario puede presentar al Estado una propuesta de indemnización para la ‘reparación’ del daño causado a su cliente. Pero de acuerdo a Luis Eduardo Camacho González, quien interpuso la queja ante la instancia internacional, se preparan para acudir a un arbitraje internacional en el que se pueda hacer un litigio concentrado en la indemnización y figuras independientes determinen cuál es el monto a pagar a su cliente”.

La cifra podría tener varios ceros a la derecha. Se calcula tomando en cuenta varios factores: el lucro cesante que dejó de percibir Martinelli en sus empresas, los honorarios de sus abogados, las afectaciones comerciales y bancarias. Podrían alegar daño moral, físico, político, en fin.

Además, el Consejo instó al Gobierno de Panamá a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Martinelli y “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.

Enseguida se lee en el documento que remite el caso al Relator Especial sobre el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, para que adopten las medidas correspondientes, y que el Gobierno difunda la opinión por todos los medios posibles.

De igual forma solicita al Gobierno y la defensa de Martinelli que brinden información sobre el desarrollo de las recomendaciones, es decir, sobre la indemnización y la investigación de la violación de los derechos humanos.

La opinión de los profesionales de las Naciones Unidas, puede tener dos caminos: que el Estado cumpla o incumpla los Tratados. Todo esto, basado en el valor que le den a los mismos.

“Para mi eso está sesgado, lo que más me extraña es la forma tan sutil en cómo respondió la cancillería”, indicó el abogado con experiencia en derecho internacional Francisco Carreira.

A criterio de Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados, es que un Estado firma convenios para respetarlos y cuando se produce una opinión, lo que queda es la voluntad de cumplir lo que establece el tratado.

Lo que se conoce como la Santidad de los tratados. En este sentido, pone en manifiesto que el Estado incumplió de alguna manera el contenido de los tratados. El afectado, por ende, tiene una ruta y el contexto es una situación litigiosa. El litigio inicia desde el momento en que un organismo decide que el Estado incumplió.

La experiencia en el Estado panameño en este tipo de reclamaciones es el de Velez Loor ante pero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso el Estado fue condenado por una detención arbitraria y Panamá lo indemnizó con aproximadamente $45 mil y se abrió un expediente a los responsables de la supuesta tortura.

La Cancillería podría decir que existen distintos tipos de decisiones en instancias internacionales y que ésta no es vinculante porque no tiene la fuerza de una sentencia, por lo tanto, no está obligado a cumplirla. Con esto minimiza la decisión en su contra. Este grupo de trabajo no se trata de una sentencia como tal sino de una recomendación subjetiva, sin que el Estado haya tomado una situación de un contradictorio.

Pero por otro lado, jurídicamente Panamá es firmante del Tratado y debería acatarlo con las consecuencias que esto implica.

Carreira estima que la opinión del Consejo “no tiene ningún valor jurídico en Panamá, solo mediático. La fuente (defensa de Martinelli) como lo cita el Consejo, relató hechos muy sesgados y la pobre defensa que presentó el Gobierno panameño es muy cuestionable. La Corte Suprema de Justicia ha emitido amparo tras amparo confirmando la detención de Martinelli como para dejarlos en ridículo con esta opinión”, zanjó Carreira.

Aunado a lo anterior, el especialista en derecho internacional observó que el tema de la detención de Martinelli en Estados Unidos se obvió por completo, y tanto se cumplió este proceso que cuando estaba en trámite la apelación de la fianza, la defensa de Martinelli desistió de la misma para ser extraditado a Panamá.

miércoles, 16 de octubre de 2019

Hurto y robo aumentaron en comparación a 2017


Así lo revela la sexta encuesta de victimización y percepción de seguridad ciudadana efectuada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana, 55% de las víctimas no denunció el hecho, en 71% de los casos denunciados no pasó nada

El panameño(a) siente que pierde el tiempo al denunciar ante las autoridades cuando le roban o hurtan algo. Lo que es aún más grave es que más de la mitad de los encuestados desconfía del sistema de justicia y considera que no hay certeza del castigo.

Más de la mitad (55%) de las personas que fueron víctimas de cualquier delito en 2018, no lo denunciaron ante las autoridades. Esta cifra no ha variado en los últimos tres años, lo que a su vez revela que las autoridades no han sido capaces de incrementar la confianza en la ciudadanía para demostrar su efectividad en las investigaciones de estos hechos.

Cuando lo hicieron, en el 71% de los casos no pasó nada. Es decir, el hecho quedó impune. En este sentido la denuncia suele archivarse en el Ministerio Público. Solo un 8% respondió que sus casos estaban en trámite, mientras que un 5% contestó que se puso al delincuente a disposición de un juez.

Las personas que se acercaron a las instancias correspondientes, lo hicieron porque no querían que el delito les ocurriera nuevamente; porque es una obligación denunciar el delito, para recibir ayuda, o recuperar el bien que le robaron.

Cuando no interpusieron la denuncia, justificaron desconfianza en las autoridades (32%); porque prefirieron no hacerse más problemas (14%), o porque no tenían pruebas del hecho (14%).

El Hurto sigue siendo el delito de mayor victimización en el país, siendo dentro de la casa el lugar de mayor ocurrencia, lo que registró un aumento de un 31% en el 2018 contra un 30% en 2017.

De acuerdo al lugar donde se cometió el delito o hecho violento los de mayor ocurrencia siguen siendo en las cercanías de su casa y en la parada de buses con un 21% respectivamente.

Los artículos preferidos de los ladrones son el teléfono celular, equipos electrónicos, dinero (tarjetas de crédito o cheques), la cartera, joyas y documentos.

Llama la atención que en 2018, los meses que más robos sufrieron las víctimas ocurrieron en noviembre y diciembre, en comparación al 2017, el mes de mayor actividad delictiva que relataron los encuestados fue agosto.

Los datos fueron divulgados ayer por la Cámara de Comercio, a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que recoge la sexta encuesta anual de victimización y percepción de seguridad ciudadana para la que entrevistaron a 1016 personas, con un margen de error del 3%.

Entre el 2017 y 2018 el uso de arma de fuego en delitos violentos aumentó de un 40% a un 47%, sin embargo, se registró una disminución en el uso de arma blanca de un 30% a un 19%.

El Hurto y el robo aumentaron a un 44% y 37% respectivamente, con respecto a la encuesta del 2017.

Curioso es que cuando la persona es testigo de un hecho delictivo casi la mitad (42%) no hizo nada al respecto por miedo, el 27% llamó a la Policía y sólo un 10% brindó ayuda a la víctima.

EVALUACIONES
A los preguntados les parece que la entidad que mejor se desempeña en materia de seguridad es el Servicio Nacional de Fronteras (72%), luego el Servicio Nacional Aeronaval (66%), enseguida califican con un 65% a la Policía, siendo el Ministerio Público (fiscalías) uno de los que peores calificaciones recibe de los ciudadano en materia de desempeño con un 41% que dice que su ejecución es mala o pésima.

Un 46% dijo que es buena la labor del Ministerio Público. Un panorama muy similar ocurre con el Ministerio de Seguridad. Sobre esta institución, la mitad de los encuestados opina que su desempeño es bueno, mientras que un 42% lo calificó negativamente.

Un punto a destacar de esta encuesta es la confianza que genera la institución en el ciudadano. El Ministerio Público registró que el 47% de los preguntados le tienen confianza, dos puntos más en comparación al 2017.

El sistema penitenciario es uno de los peor evaluados por la población. Sólo confía en esta institución un 43% de los participantes de la encuesta. Lo mismo ocurre con las casas de Paz, renglón que evaluaron con un 41% de confianza. La Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional recibió el respaldo del 54% de los preguntados, un aumento de 6 puntos en comparación al año anterior.

Las personas desconocen programas de seguridad ciudadana, solo un 23% dijo estar al tanto de alguno de ellos. Los que respondieron afirmativamente están familiarizdos con el programa vecinos vigilantes (94%) o comercios vigilantes (34%).

No obstante las críticas, un poco más de la mitad de los encuestados (57%) evalúa positivamente el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Pero esta cifra disminuyó 4 puntos en comparación a 2017.

La gran mayoría de las personas 95% no ha tenido necesidad de usar el SPA. Y nuevamente, los que lo hicieron, fueron víctimas de robo o hurto (36%), por estafa (18%), por violencia doméstica (15%) por peleas callejeras (9%), y por maltrato al menor un 6%.

Pero, los encuestados reportan poca o nada de confianza en cuanto a la rapidez y efectividad para administrar justicia y en la certeza del castigo. En este último, 57% lo califica de forma negativa (poca o nada de confianza), y con respecto a la rapidez y efectividad para administrar justicia el 59% desconfía del sistema.

La figura de los jueces de paz, según la encuesta, no ha sido tan productiva como se esperaba. Realmente las personas desconocen (45%) la labor que realizan estos intermediarios de conflictos que reemplazaron la labor de los corregidores. Solo un 25% dijo estar de acuerdo con el trabajo que hacen.

FALTA DE TRANSPARENCIA
Un 68% observa que los procesos institucionales y municipales no son transparentes. Veraguas es la provincia peor evaluada con un 82% de la gente que cree que no hay transparencia, le sigue Chiriquí 79%, Los Santos 78%, Colón y Panamá Oeste con 70%, Coclé con un 74%, Panamá registró un 62% y Bocas del Toro con un 55%.

En lo que casi la totalidad de los encuestados está de acuerdo es el aumento de penas para delitos como: secuestro, trata de personas, tráfico de drogas, homicidios, blanqueo de capitales, femicidio, robo, hurto, violencia doméstica y lesiones personales.

Una buena noticia es que el 85% de los encuestados dijeron que sí les responden el teléfono cuando marcan al 104, línea de auxilio de la Policía Nacional. La evaluación de esta institución sigue en mejoría.

En 2018 el 67% calificó su desempeño como positivo, mientras que un año antes un 62% pensaba lo mismo. En comparación al 2010, menos de la mitad de las personas (44%) consideraba que hacían una buena labor.

Violar la ley aún es considerada una opción para los encuestados. Si bien la cantidad de personas que piensa esto como una alternativa bajó con respecto a 2017 cuando 27% lo consideraba una opción, la encuesta reveló que un 17% creía necesario desobedecer la ley.

Diputado Arias cambia de abogado e interpone un impedimento contra el magistrado de garantías


El diputado Arquesio Arias prepara su estrategia de defensa para este viernes a las 2:00, fecha en que acudirá a audiencia de imputación por el delito de violación con un nuevo abogado, Ángel Álvarez, quien ha tomado la batuta de la defensa.

Este miércoles, Arias presentó una sustitución de poder al jurista Álvarez, quien a su vez presentó una advertencia de impedimento para que el magistrado de Garantías en el caso, magistrado Harry Díaz, se separe del proceso por razones de enemistad entre ambos.

Sobre el diputado pesan dos querellas por supuesta violación, uno en perjuicio de una menor de edad, y otros hechos que podrían interpretarse como actos libidinosos ocurridos en el transcurso de 2018 en el distrito de Ustupo, en la comarca Guna Yala, mientras fungía como médico en el Centro de Salud.

Álvarez también alegará sobre la ‘imputación complementaria’, que a su juicio se trata de una distorsión del término imputación.

El término de imputación complementaria se emplea cuando podrían surgir por nuevos delitos, por ejemplo, libidinosos, que podrían ser incorporados por el magistrado fiscal Olmedo Arrocha más adelante.

Sobre el diputado Arias pesan dos denuncias que fueron analizadas por la Sala Penal por los delitos señalados. El 5 de agosto pasado, un fallo admitió la primera causa, y el 22 de agosto , la segunda. Pero no fue sino hasta el 20 de septiembre de 2019, cuando formalmente Arrocha dispuso de ambas carpetillas para iniciar la investigación.

El magistrado Arrocha pidió a quienes deseen presentar una querella en contra del diputado que lo contacten, en caso de existir otros hechos de otras personas sobre sucesos relacionados. Esto permitirá a la Corte continuar investigando. “Todas las personas que tengan información, ya sea a favor o desfavorable, sobre el hecho en cuestión, que se comuniquen con nosotros. Lo importante es poder absolver o declarar culpable al diputado”, anunció Arrocha en conferencia de prensa.

El diputado sostiene que todo se trata de una conspiración política en su contra.