jueves, 12 de diciembre de 2019

Legalizan información en caso de diputado Arias


El juez de garantías, Olmedo Arrocha, legalizó la incautación de datos solicitada por el magistrado fiscal Harry Díaz en el caso que se le sigue al diputado Arquesio Arias por supuesto abuso sexual y actos libidinosos en perjuicio de una menor.

Este medio conoció que la información legalizada tiene que ver con los datos obtenidos de ciertos números telefónicos y sus imei.

Fuentes judiciales contaron a a este diario, que en un reciente pleno hubo una acalorada discusión entre los magistrados por misiva de la Oficina para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, fechada el 22 de noviembre pasado, en la que se instruía a los jueces de garantías a remitir vía electrónica, cada vez que decidiera sobre interceptaciones o grabaciones, al fiscal que solicitó la orden judicial y al magistrado José Ayú Prado.

El tema provocó un gran debate en el pleno, porque había quienes solicitaban voto para dejar sin efecto la carta. Una fuente judicial indicó que estuvieron “a favor de que se eliminara la notificación de las intervenciones a las comunicaciones a Ayú Prado, los magistrados Abel Zamorano, Harry Díaz, Olmedo Arrocha y María Eugenia López, mientras que el magistrado Ayú Prado y Cecilio Cedalise votaron a favor de que se mantengan las notificaciones. Se abstuvieron Ángela Russo, José Luis Fábrega y Hernán De León”.

Abrirán departamento de ciberseguridad


El Minseg solicitó ayuda a Estados Unidos para abrir un departamento de Ciberseguridad y prevenir ataques de esta naturaleza

El Ministerio de Seguridad pretende crear un departamento de ciberseguridad para prevenir ataques en esta materia.

El Ministro Rolando Mirones, efectuó un viaje reciente a Washington, Estados Unidos, donde se reunió con Chad F. Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional de ese país e intercambió información sobre seguridad fronteriza, tráfico de personas ciberdelitos.

En dicha visita, Panamá solicitó apoyo de recursos, tecnología y capacitación en materia de ciberseguridad, ya que se espera que en enero de 2020 se apruebe la creación de una dirección de Ciberseguridad en la entidad destinada a reforzar y consolidar la protección del país, según se lee en un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Seguridad.

Ambos funcionarios incluyeron en la agenda la posibilidad de recibir cooperación en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y del control de migrantes irregulares.

La reciente gira relámpago de Mirones, incluyó también reuniones con miembros de la agencia de protección estadounidense de Aduanas y Migración (ICE por sus siglas en inglés), el FBI (agencia de investigación) y la DEA (agencia contra las drogas).

Según Mirones, lo más importante es que Panamá debe iniciar el camino en materia de ciberseguridad. La logística y los datos cibernéticos deben contar con un resguardo y defensa ante cualquier tipo de ataque.

En nuestros días, los ataques cibernéticos son temas de todos los días, y en Panamá se busca proteger la base de datos del Estado y la infraestructura vital como el Canal.

Sindicato de la ACP busca reabrir caso penal en Colón


La Unión de Capitanes de Oficiales de Cubierta de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), intentará reabrir una investigación en perjuicio de dos funcionarios del Canal, que fueron provisionalemente sobreseídos en primera instancia por delito contra los medios de transporte. Las filtraciones de las comunicaciones del móvil del expresidente Juan Carlos Varela en los varelaleaks.com, según el sindicato, brindan nuevos elementos para solicitar la reapertura.

Ayer, en conferencia de prensa, el abogado del sindicato, Boris Arjona, indicó que solicitará al Ministerio Público de Colón tome en cuenta el contenido de la conversación entre el entonces ministro del Canal, Roberto Roy, y Varela.

Según el sindicato, la comunicación demuestra que el despido de un capitán fue premeditado, pero en el momento, ocasionó una reacción por parte del sindicato que paralizó el tránsito por el Canal por un espacio de 9 horas. Por este hecho, añadió Arjona, se culpó a los marinos “cuando en realidad Roy sabía que despediría a uno de los capitanes”, asumió.

Roberto Roy, dijo a La Estrella de Panamá que existe un proceso administrativo abierto, normado claramente en los Reglamentos de la ACP y sobre el cual no puede opinar.

Añadió que el ministro del Canal es un enlace con el Ejecutivo y que a él le tocó mediar en varias oportunidades para facilitar el diálogo entre las partes.

Arjona explicó que los remolcadores Alfa, que asisten a los buques a cruzar por la vía ampliada, deben contar con tres marinos en la tripulación. Pero la administración del canal, el 12 de abril de 2019, suprimió a uno de la operación de los remolcadores sin antes comunicar al sindicato. “En forma unilateral la administración decidió que un tripulante no estaría en el remolcador. Eso trajo una consecuencia porque descompletó la tripulación sin aviso previo o sustituto. El cambio se hizo de hecho, sin notificación”, dijo Arjona.

El 10 de abril, en los Varelaleaks se registra que Roy le comunicó a Varela que los capitanes querían un tercer marinero abordo que la administración no considera necesario. “El problema es que hoy se han negado a pasar tres barcos en el día. Ya lo veremos en la directiva”, escribió Roy.

El 13, Roy informó a Varela que luego de una amplia discusión en la Junta Directiva, se tomó la “decisión de botar a dos capitanes remolcadores. El proceso va a comenzar inmediatamente. El consenso es que debe haber un escarmiento fuerte para que estas cosas no sucedan más”.

Lo anterior, según los denunciantes, “se entiende como una injerencia de la junta directiva del Canal en los asuntos del sindicato”.

El exministro del Canal agregó a este diario que La Junta Directiva de la ACP siempre ha estado consciente de sus facultades y actúa bajo la norma. “Estoy convencido que los problemas temporales serán subsanados satisfactoriamente”, concluyó Roy.

martes, 10 de diciembre de 2019

Cortizo nombra a Eduardo Ulloa en la PGN


El presidente Laurentino Cortizo designó al penalista, hombre con experiencia en delitos financieros, con el cual envía un mensaje a los organismos internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales

El Procurador General de la Nación es uno de los hombres más poderosos después del Presidente de la República. Tal vez esa sea una de las razones por las que en los últimos diez años, término que señala la Constitución como vigencia de su nombramiento, cinco personas antes del recién nombrado se han sentado en la silla.

El consejo de Gabinete votó en forma unánime este martes por Eduardo Ulloa como nuevo Procurador General de la Nación para completar el periodo de Kenia Porcell, quien renunció al cargo el pasado 19 de noviembre.

“Con esto envío un mensaje y se que el nombre incomoda a ciertos sectores”, manifestó el presidente Laurentino Cortizo al hacer el anuncio.

Como Procurador Suplente, designó al fiscal Javier Caraballo, y como Procuradora de la Administración suplente a Mónica Castillo, secretaria general de esta entidad.

El escenario que le espera al nuevo Procurador es complicado. Tendrá que revertir, la deteriorada credibilidad de la institución con resultados que generen confianza en la sociedad. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha logrado condenas en investigaciones de alto perfil, algunos casos aún se encuentran en los escritorios de los fiscales o estancados en los tribunales. El nuevo jefe de los fiscales sabrá que la entidad requiere de reestructuración y preparación del recurso humano, vencer la resistencia de los poderes económicos involucrados en pesquisas que pongan en riesgo su reputación y su bolsillo, así como hacer una profunda revisión al Sistema Penal Acusatorio para identificar las mejoras para un buen funcionamiento. Pero, además, tendrá que satisfacer las amplias expectativas que se han creado alrededor de su nombramiento, como si fuera que de él dependiera renovar la dañada imagen de la justicia.

Como manifestó el abogado Roberto Troncoso al ser consultado por este diario: “que no le tiemble la mano hasta para renunciar cuando sienta presiones para hacer algo que no quiere”.

Para Troncoso, defensor de los Derechos Humanos, entre las primeras tareas que debe liderar Ulloa, es protagonizar los cambios en la Constitución para despojar del fuero a los diputados y otros miembros del cuerpo del Estado. “Eso tiene enredada a la administración de justicia”, apuntó.

“Requerirá de hacer una auditoria a las fiscalías, saber cuántos casos hay pendientes y cuál ha sido su avance, abrir las puertas a los medios para brindarles información clara y transparente y rendir cuentas al menos una vez al mes”, añadió Troncoso.

Los casos en los que se requiere seguir el rastro del dinero, no han sido precisamente el fuerte del Ministerio Público. Odebrecht, por ejemplo, es un caso del cuestionado desempeño de los fiscales Anticorrupción en casos complejos. La revelación de los varelaleaks.com dejó al descubierto cómo se fraguó un acuerdo de cooperación a la medida de los intereses de la constructora y los directivos investigados en Panamá en el que intervino el entonces presidente Juan Carlos Varela, su hermano y diputado José Luis ‘Popi’ Varela y la procuradora Kenia Porcell, quien dimitió al cargo un día después de que este diario publicara la trama.

El currículum de Ulloa muestra conocimientos en fraude bancario, uso de sociedades anónimas para fines ilícitos, prevención de blanqueo de capitales, delitos bancarios, estafas, que podrán ser útiles en los casos de investigación de blanqueo de capitales. Laboró en el Ministerio Público de 1997 a 2008, como Fiscal Tercero de Circuito de Panamá, especializado en delitos bancarios. Formó parte de la Comisión Redactora de la Ley de Delitos Financieros.

Antes de ser nombrado en el cargo, Ulloa trabajó como abogado asociado en el bufete de la firma especializada en derecho penal, Tejada abogados, cuyo socio fundador es Juan Antonio Tejada, quien durante el gobierno de Martín Torrijos fue designado como Defensor del Pueblo (2001-2006).

Otra de las principales tareas que enfrenta Ulloa es rescatar la institucionalidad. Y esto significa, para la consultora y economista Luisa Turola, “dar prueba de que todos los casos pendientes se toman en serio y se llevan adelante para que el país conozca los resultados”.

Da la impresión -agregó la consultora- “que hay muchas restricciones en cuanto a capacidad de recursos humanos a lo interno, pero no lo sabemos realmente porque no tenemos la información al respecto. Son limitantes que condicionan el resultado del trabajo de un nuevo Procurador que requiere de una gran capacidad para llevar adelante la institución, es una mezcla de cosas, voluntad, conocimiento”.

En este sentido, si los mandos medios no están comprometidos entorpecerán la labora del recién nombrado. No obstante, “nombrar gente de confianza trae consigo una curva de aprendizaje, atrasa el resultado de los casos y frustra”, consideró Turola.

A su juicio del abogado Francisco Carreira, los casos de alto perfil son importantes no tanto como ajustar el Sistema Penal Acusatorio a nuestros requerimientos. “La critica al sistema judicial debe empezar a resolverse con mucha disciplina, hay cosas buenas pero todavía podemos hacerlo mucho mejor. Que se quite la connotación de que la justicia solo funciona para hijo de la cocinera. Retos del sistema que hay que atender”, dijo el abogado.

“Ese actuar brinda tranquilidad y reconstruye los puentes de confianza entre gobernantes y gobernados (...), la designación de Eduardo Ulloa habrá de incidir positivamente en contar con un Ministerio Público que se caracterice por la persecución e investigación valiente del crimen y la certeza del castigo, en pos de un jaque mate a la impunidad”, señaló Enrique De Obarrio, miembro de la Mesa de Concertación.

Los nombramientos deben ser ratificados por el pleno de la Asamblea Nacional.

Etchelecu, el candidato que estaba seguro de su triunfo



En una supuesta conversación entre el entonces presidente Juan Carlos Varela y Mario Etchelecu, precandidato a la presidencia del Panameñismo, se evidencia una clara desconexión de la realidad política del colectivo y de las elecciones generales en las que quedaron en cuarto lugar

Un año antes de las elecciones generales de mayo de 2019, Juan Carlos Varela, entonces presidente de Panamá, estaba casi seguro de que su partido repetiría en el gobierno.

Se recargaba en las tantas obras que habían beneficiado a miles de ciudadanos, traducidas en una inversión de $6 mil millones en proyectos ejecutados durante su administración.

En octubre de 2018, el Partido Panameñista se aprestaba a escoger en la contienda interna al próximo candidato del colectivo, que dirigiría el país, prolongando al oficialismo en el poder por cinco años más.

Pero Varela estaba equivocado. Si bien el prisma del tiempo con que se analiza el momento en cuestión es muy distinto una vez ocurren los hechos, no deja de percibirse un distanciamiento del Ejecutivo de la realidad política y económica que vivía el país.

El Panameñismo alcanzó el cuarto lugar en las elecciones generales de mayo 2019, con solo un 10% del voto del electorado. El candidato del oficialismo fue superado en la contienda por el independiente Ricardo Lombana, y una reñida pelea por 40 mil votos que aventajó al electo presidente Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de Rómulo Roux, representante del partido Cambio Democrático (CD).

Antes de que se celebraran las elecciones primarias de su partido, Varela había conminado a la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, para que se postulara como candidata. Pero ella no mostró interés en el asunto.

La pelea se surtió entre Mario Etchelecu, que dejó el cargo como ministro de Vivienda, y el alcalde capitalino, José Blandón, en un escenario en que el primero apostaba a que vencería a su contendor.

En medio de la campaña interna, Varela consideraba que la competencia “no iba por buen camino”, así se lo hizo saber a Etchelecu en una supuesta conversación publicada en el portal varelaleaks.com, del cual extraemos algunos fragmentos.

La apreciación del mandatario se basaba en la forma en que Blandón criticaba su gestión y parecía arrastrar a Etchelecu en la misma corriente.

Varela culpaba del estancamiento económico del país a las restricciones de visas impuestas a los venezolanos para ingresar a Panamá, y a la huelga del sindicato de la construcción que paralizó los proyectos por casi un mes. “Eso lo deben decir ambos”, indicó el mandatario a Etchelecu, ordenando que mencionara en sus intervenciones que el año 2019 pintaría mejor por la actividad minera y la licitación de la línea 3 del Metro, licitación que aún no se concreta.

Faltaban 50 días para las primarias y Varela quería una participación masiva de sus copartidarios: “es importante una votación alta”, le dijo a Etchelecu.

“Yo creo que sí va a ser”, afirmó el candidato. “Vi la entrevista de Cortizo, flojo, sin contenido”, evaluó Varela.

Etchelecu decía que no tenía tiempo de ver entrevistas de quien hubiera sido su contrincante en las elecciones generales, estaba muy ocupado consiguiendo votos para las primarias.

PIDE CONSEJO
El 12 de septiembre de 2018, quien aspiraba ser el presidente del país le expresó al mandatario: “Que plomo estos indios, todos los días algo”.

“Así es”, respondió Varela, momentos en que sorteaba una ola de protestas en la provincia de Bocas del Toro. Enseguida le dijo a Etchelecu que había cometido errores dos días seguidos. “Te pido me orientes, en qué exactamente te parece que estuve haciendo algo equivocado”, le pidió Etchelecu.

El aspirante hablaba bien de la gestión de Varela. En cambio, con Blandón se notó un distanciamiento marcado del Ejecutivo.

Etchelecu tenía una película distinta. Alababa la labor de Varela: “Defendí lo que está pasando en la Caja de Seguro Social dejando claro que los dos directores no cumplieron las expectativas del cargo y que eso no es responsabilidad del Ejecutivo”, le dijo el candidato al mandatario.

“Siento que todo mundo anda disparado, prefiero tomar mi esquina, haré cambios importantes en el gobierno el 30 (de octubre de 2018), soy franco”.

“Yo quiero reelegir el gobierno y si sientes que estoy haciendo algo mal, te agradezco que me lo digas”, exhortó el aspirante.

El candidato se sentía falto de orientación y buscaba apoyo del presidente para adelantar la repartición de bonos en Bocas del Toro, que por lo general se distribuían a mediados de noviembre.

Eran más de 6,500 bonos de supermercado por $35 cada uno y Etchelecu buscaba amasar votos para las primarias.

Varela no respondió la petición. Unas horas más tarde, le escribió: “tranquilo, cómo vas”.

POLARIZAR LA ELECCIÓN
Ambos criticaban la campaña del partido opositor, que invitaba al electorado a unirse bajo el techo del PRD. “Error”, señaló Varela, al tiempo que Etchelecu le llenaba el celular de fotos rodeado de simpatizantes en un mitin.

Varela reiteró a Etchelecu que debía sacar ventaja a su favor por las obras ejecutadas durante su administración.“Mario, tenemos 6 mil millones en inversión, las primeras potabilizadoras de la Comarca, Howard, Gamboa, ampliación Sabanitas Chilibre, alcantarillado de David, Santiago, Boquete, Isla Colón. La elección se polarizará con el PRD”, insistió Varela.

“El CD no levanta”, afirmó el presidente, errando sus predicciones en cuanto al resultado de las elecciones en las que CD casi logra la Presidencia, colocándose en segundo sitio.

“El CD está muerto y Rómulo no tiene nada que ofrecer”, añadió el candidato.

“Tenemos que lograr una participación muy alta en las primarias”, agregó Etchelecu, sin una visión clara del ánimo que tendrían el día de las elecciones internas los afiliados del colectivo, del cual acudió a votar el 36% de la membresía.

El panameñismo planeaba su estrategia para robustecer su candidatura con miras a las elecciones generales. Era importante para Varela amarrar al Partido Popular de su lado, tomando en cuenta que un segundo partido pequeño, el Molirena, se había unido al PRD.

A pesar de que Varela prometió que no se metería en la campaña de los candidatos de su partido, hacía observaciones puntuales a Etchelecu para evitar los ataques entre facciones que ya empezaba a mostrar su cara ácida.

En un momento Etchelecu se quejó con el presidente porque Luis Ernesto Carles, entonces ministro de Trabajo y hoy diputado, amenazaba a sus colaboradores con destituirlos. “Yo sé que es imposible que pase, pero igual los llama y los ponen nerviosos, eso no es correcto con la gente”, se quejó el también exministro de Vivienda.

“Debes pegarle al PRD para polarizar”, le recomendó Varela. Luego le escribe, “en Herrera has dado casas con las dos manos”, como un factor determinante a su favor fungió como titular del Ministerio de Vivienda.

“En Bocas del Toro estamos ganando también, pero con los indios hay que estar vivos... son muy plateros y Vallejo es una rata”, descifró Etchelecu.

Entonces, la predicción de Etchelecu para las primarias era que él aventajaría a Blandón con un 57% a su favor y 43% para su contrincante.

Confiaba en una acertada movilización de los panameñistas para lograr el triunfo. Pero el resultado final fue de 56% a favor de Blandón contra un 38% para Etchelecu.

“Lo importante es la votación alta en áreas rurales que te apoyen”, aconsejó Varela.

La frase venía acompañada de una estrategia que al mismo tiempo golpearía al PRD, recordar la fecha del 3 de octubre 1989, el golpe del militar Moisés Giroldi al General y dictador Manuel Antonio Noriega, incidente en el que hubo 10 asesinados.

“¿Ganas en Chiriquí?”, preguntó el mandatario.“Sobrado”, respondió el exministro. “Chiriquí, Colón y Panamá Oeste, por cancha”, añadió.

El 7 de octubre de 2018, dos días después de haber publicado en este diario la investigación titulada 'La mano paralela de la justicia', Etchelecu envió al presidente una nota de prensa emitida por Millicom, la empresa que compró Cable Onda por más de mil millones de dólares.

“Manda un tuit de eso”, le ordenó Varela, “esa operación le calla la boca a estos periodistas, comenta algo”, le dijo.

“Ahora me siento a redactar algo bueno jajajaja”, le respondió el candidato.

FALTA DE FONDOS
En la recta final de la campaña, Etchelecu le pidió a Varela si le podía proporcionar el nombre de algunos posibles donantes. Varela le recomendó a Juan Alexis, Eduardo, Gardelini.

“¿Este señor (Guillermo) Liberman?”, le preguntó Etchelecu.“Puedes hablarle”, avaló Varela. “Motta, Revilla padre”, añadió como otros posibles nombres que podían darle oxígeno en la recta final.

“Esos Revilla andan full con Blandón, todo está coordinado con el papa de Blandón”, le compartió el aspirante.

“Pero no el papa de Emanuel, los Nico (Nicolás) no dan nada”, le corrigió Varela. “El papa no gusta de Blandón”, zanjó.

“Voy a escribirle ahora que vendieron Cable Onda puede ayudar, jajajaja”, carcajeó Etchelecu.

Varela también le sugirió llamar a Janet Poll, como otra persona de confianza.Unos días más tarde, ambos comentan el apoyo público de la expresidenta Mireya Moscoso a Blandón.

“Esta estrategia está rara, no entendí”, comunicó Varela.

“Ese tipo llega a ganar y va a ser peor con nosotros que el mismo PRD o CD, no sé cómo no se han dado cuenta varios que lo abanican”, criticó Etchelecu.

Al mandatario no le pareció la estrategia, “él no ha medido, a mí me costó la elección con (Ricardo) Martinelli”, recordó. “(Carlos Raúl) Piad jefe de campaña y ahora esto”, resumió Varela.

“Bulto Piad”, consideró Etchelecu. “Lo tiene cometiendo error tras error, y los asesores que están usando no tienen idea, es que él nunca creyó en la reelección del gobierno”, añadió el aspirante.

La conversación cierra antes de la fecha de las elecciones primarias, pero entre los últimos mensajes intercambiados, Etchelecu se mofó de su contendor Blandón, por un comentario que éste hizo acerca del matrimonio igualitario: “aquí le dicen el candidato de los huevos rosados jajajajajajaja”.

sábado, 7 de diciembre de 2019

‘Hay que enviar el mensaje de que el que la hace, la paga’


Las prácticas de contrataciones públicas europeas dan poco espacio a la corrupción. El jurista Jaime Rodríguez, aconseja hacer pliegos claros, concretos y que un Tribunal independiente resuelva las impugnaciones

El ochenta por ciento de la corrupción en Europa empieza en las contrataciones. Panamá, al igual que Latinoamérica que no está muy lejos de esto. La diferencia es que en Europa reformaron la Ley y con éxito y tienen muy claro que en una empresa debe existir, antes que nada, un sistema de auto saneamiento, que las adendas no pueden exceder el 10% del contrato, que los pliegos deben ser claros, concretos y transparentes, porque de lo contrario son las semillas de la corrupción.

En Panamá se ha hecho una práctica común impugnar las licitaciones jugosas del Estado, cuando arrancan se llenan de adendas y el costo se eleva considerablemente. ¿cuál es la fórmula para minimizar estas prácticas?
En Europa y en España ahora mismo tenemos una legislación de la contratación pública del año 2017. Las directivas de la Unión Europea han servido como marco para que los países regulen en ese marco y se ha establecido algo que es fantástico. Nosotros tenemos tribunales administrativos de la contratación que no son del poder judicial, son tribunales integrados por colegios de grandes especialistas independientes en contrataciones.

¿Quién nombra a estos especialistas?
Los nombran a través de un concurso público y que los requisitos para integrar esos tribunales garantizan el profesionalismo. Hay uno nacional y otro en cada comunidad autónoma. La selección del personal y la contratación tiene que estar en manos de los que saben de esto. Los ministros no deben estar presidiendo estas mesas, deben ser profesionales colegiados, tampoco el alcalde debe estar ahí. Hay que dejarlo en manos de personas que tengan garantía de autonomía. Yo he defendido más que deben ser personas lleguen de procedencias distintas, deben ser 5, 7, siempre impar. Gente que no se conozca previamente, de preferencia.

¿Qué haría ese tribunal en el caso de una licitación del metro llena de reclamos, por ejemplo?
Supongamos que se abre la convocatoria, se presentan 10 y resulta que uno de ellos, dice que la selección no está suficientemente argumentada sobre los términos de referencia que había para la licitación. Se reclama entonces ante el tribunal administrativo, si el tribunal falla en contra se dirige al poder judicial. Pero sabe qué pasa, en España el 75% de los reclamos son atendidos, cosa que antes no pasaba. Y la gente ya no acude al poder judicial porque tiene tal prestigio que sus decisiones son reconocidas como bien fundadas.

¿Qué término tiene el Tribunal para fallar?
A lo mejor un mes.

En caso de que se acuda al poder judicial, ¿ante quién sería?
No es como en Panamá porque aquí tienen una sola instancia que es la Corte Suprema de Justicia. En Europa hay varias instancias, tenemos un juzgado unipersonal, luego tenemos un tribunal de apelación en la comunidad autónoma y luego a la Corte Suprema.

Supongamos que se acude al poder judicial, ¿cuál sería el estatus de la obra, ¿se paraliza hasta que se resuelva el recurso?
Se paraliza si el tribunal lo establece, sino sigue. Si al final se falla a favor del inconforme le darán una indemnización si la obra continuó. Pero normalmente esta bien visto lo de la paralización porque cuando se hace un reclamo se pide la paralización. Entonces el tribunal normalmente, si aprecia que ha visos de que eso está muy mal hecho, lo ordena parar.

¿Qué no debe faltar en una Ley de Contrataciones?
Es una materia muy importante. Creo que debe haber dos cosas muy claras: la elaboración del pliego que tiene que ser claro, conciso, completo y concreto. Porque cuando se trata de pliegos abstractos o genéricos es una llamada a la corrupción. Y la segunda cosa que debe tener es la obligación de que se motiven las decisiones de adjudicación del contrato con altos estándares de motivación, y en la ejecución del contrato tiene que haber limitaciones muy estrictas en lo que respecta a variar los contratos que es donde está el 80% de la corrupción. Nosotros en 2015, la Comisaria de Interior y Justicia dijo que la primera causa de corrupción en Europa es la contratación. La segunda, el urbanismo, lo que es la calificación del suelo, el cambio de planes del contrato, esas cosas hay que hacerlas en forma argumentada.

¿Debería existir un límite de adendas?
Nosotros lo tenemos. No se puede variar el precio del contrato más del 10%. Las adendas tienen que estar muy justificadas, no es normal que hayan muchas adendas.

Cuénteme, desde su óptica, ¿cómo analiza el caso de Odebrecht en Latinoamérica?
Es que el mundo de la obra pública es uno en el que en la contratación hay mucha corrupción y hay que combatirla. Entiendo que las grandes empresas, estudian las obras públicas de cada país y hacen sus estrategias. A veces, en este caso, se acredita que usaron fórmulas al margen de la Ley y el Derecho.

¿Cómo impactó Odebrecht a la sociedad latinoamericana?
Que una empresa de esa magnitud haya podido alcanzar los objetivos que ha alcanzado de facturación, de control de gobiernos, eso es algo tremendo. Detrás de eso hay impunidad, falsificaciones, actuaciones contra el derecho. A mí el problema que le veo, siendo cuantitativo de enormes dimensiones es que todo es posible, y que todo tiene precio. Este mensaje en una sociedad es terrible, porque hay cuestiones que no tienen precio.

¿Qué se debe hacer con la empresa entonces, inhabilitarla o permitir su existencia luego del acuerdo de pena?
Nosotros tenemos en la directiva europea de contrataciones del 2014 una norma que llamamos de auto saneamiento, auto corrección, o como dicen en inglés self cleaning. Entonces en esa norma se establece que determinados casos donde se haya determinado la responsabilidad real de las prácticas ilícitas, es de forma extraordinaria se puede estudiar por parte del Tribunal de Contratación si esa empresa ha puesto las medidas para que no vuelva a ocurrir. Sobre todo cuando se habla de empresas que tienen miles de trabajadores y que de repente de un día para otro se pueden quedar sin una obligación de contratar, y ¿qué hace esa gente?

¿Cómo es visto por los expertos nuevas contrataciones a empresas que han sido objeto de investigaciones de esta magnitud?
Nosotros lo que queremos es que haya limpieza en la contratación y que se realicen en forma transparente y que cuando hay corrupción caiga el peso de la Ley sobre quien debe recaer. La norma en Europa prevé que en ciertos casos se puedan rehabilitar algunas empresas cuando de forma fehaciente se hayan puesto todos los medios para que eso no vaya a ocurrir y se puedan salvar miles de empleos. Pero la regla general cuál es, que una empresa que hace contratos con corrupción sea penalizada y sea objeto de una prohibición de contratar.

¿Cómo estar seguros que ese saneamiento sea efectivo para la empresa y no caiga en prácticas similares?
He escrito un trabajo sobre eso, y lo que plantea es uno de los temas más delicados. Yo no creo que la decisión deba tomarla el gobierno sino un comité independiente por personas de conocido prestigio en la materia que no dependan del gobierno y que tengan un juicio fundado en la racionalidad técnica. Sino la decisión puede estar contagiada.

Esa inhabilitación de una empresa, ¿puede ser definitiva o por un tiempo en específico?
Según el grado y la magnitud de la corrupción. No es lo mismo un comercial de una empresa, a que el presidente de la empresa tenga una estructura organizada para delinquir. Entonces hay que ver la magnitud del acto corrupto, pero hay que llevar el mensaje de que el que la hace, la paga. No se puede convertir lo extraordinario en lo normal. Yo sé que este es un tema delicado pero la Unión Europea tiene un artículo completo dedicado a esta materia. El gobierno tiene que dar un mensaje claro, no vale todo, el procedimiento esta para ser cumplido y tenemos que ser muy estrictos en todo lo que sea la parcialidad. Las adjudicaciones de contratos tienen que ser imparciales y tienen que tener la garantía de la transparencia y sino vamos por mal camino.

viernes, 6 de diciembre de 2019

‘López debe ingresar el cargo inmediatamente y no esperar a enero 2020’


Juristas coinciden en que María Eugenia López, magistrada, debe entrar al despacho los primeros días luego de la toma de posesión y no en enero, la inconsistencia está en el Decreto Ejecutivo en la parte motiva y resolutiva

Es algo extraño que si el Ejecutivo posesionó, el pasado jueves 5 de diciembre, a María Eugenia López como titular de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en reemplazo de Jerónimo Mejía, ella no ejerza la función del cargo en forma inmediata, y tenga que esperar a 1 de enero de 2020, fecha que inicia su nombramiento.

Debía haber ingresado al despacho desde que ocurrió el acto de toma de posesión, tomando en consideración que el periodo de Jerónimo Mejía esta excedido desde diciembre de 2017 y no hay justificación para prolongar el periodo de Mejía.

La Resolución de Gabinete que acuerda el nombramiento de López, indica en la parte motiva lo siguiente: “para completar el resto del periodo que inició el 31 de diciembre de 2017 y vence el 31 de diciembre de 2027 y su respectivo suplente”.

Pero párrafo seguido, la misma resolución señala que el nombramiento es “a partir del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2027”.

Hay un hecho cierto, manifestó el constitucionalista Edgardo Molino Mola, “la magistrada es López, y Mejía dejó de serlo, la toma de posesión le dio ese carácter de magistrada”.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, considera que existe un contrasentido, “porque no habría facultad legal para ampliar la permanencia del magistrado Mejía con el término vencido. Bastaría con el nombramiento y toma de posesión para que se extinga su condición de magistrado. Situación que podría tratarse de un error de redacción, porque el mandato de Jerónimo Mejía solo debía esperar la ratificación y toma de posesión de López. De lo contrario, la toma debía esperar al 1 de enero, porque es cuando justamente se va asumir el cargo”.

La norma indica que no pueden haber dos magistrados para la misma sala en la misma posición.

Es posible que se trate de un error poco práctico, a pesar de que el asesor legal de la Presidencia, Harley James Mitchell, es un experimentado abogado y exmagistrado de la CS J.

No tiene sentido haber posicionado a López antes de la fecha, tomando en consideración que los otros dos principales para el cargo de magistrados, también ratificados por la Asamblea Nacional, Carlos Vásquez y Maribel Cornejo, designados para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y la Segunda Penal respectivamente, deberán entrar en funciones en la misma fecha que López, el 1 de enero 2020.

Tomando en cuenta la coincidencia en la fecha en que es efectivo el nombramiento de los tres principales a la Corte, el próximo 1 de enero, todos podrían haber sido juramentados el jueves pasado en el mismo acto, no solo López.

En cambio, los suplentes que tomaron posesión al mismo tiempo que López, Juan Francisco Castillo, Rafael Murgas Torraza y Miguel Agustín Espino, también nombrados por el resto del periodo del titular que vence en diciembre de 2025, y que completarán los términos vencidos de sus antecesores, sí se encuentran habilitados en caso de ser requeridos por sus principales, según informó el departamento de Relaciones Públicas del Órgano Judicial.

La Estrella de Panamá solicitó a la Presidencia de la República una aclaración por parte de Mitchell, asesor legal del Ejecutivo, sobre la mencionada inconsistencia, pero sin éxito.
Es un precedente del que el constitucionalista Edgardo Molino Mola no recuerda una situación parecida.
“Ella reemplaza a Mejía a quien se le venció el periodo. Debiera de empezar a trabajar inmediatamente”, manifestó Molino Mola.

A juicio de Molino Mola, lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo le prorrogó el término al magistrado Mejía sin haberlo nombrado. Porque si el Decreto es a partir del 1 de enero, es una prórroga implícita por los días que faltan”, reflexionó.

“El acto de posesión hace que inmediatamente tome funciones del cargo. Ella es la magistrada, debieron darle posesión anteayer, porque en el acto se adquiere la investidura”, enfatizó el también exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Molino Mola.

El artículo 17 del Código Judicial señala que: “La persona nombrada magistrado, juez, agente del Ministerio Público o, en general, funcionario de estas dependencias entra en ejercicio de sus funciones desde el momento en que toma posesión del cargo. Por toma de posesión se entiende el acto de prestar juramento de cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo, de el cual se dejará constancia escrita en acta firmada por el presidente del tribunal, el juez o por el agente del Ministerio Público, según sea el caso, el posesionado y el secretario respectivo”.

Cuando el presidente Juan Carlos Varela nombró a Olmedo Arrocha en reemplazo del magistrado Oyden Ortega en la Sala Civil, a quien también se le venció el término en diciembre de 2017, ocupó el cargo en los primeros días después de la investidura efectuada en la Presidencia en marzo de 2019.

El Decreto Ejecutivo que acuerda el nombramiento de López, contiene también el de su suplente, Francisco Castillo, por el mismo periodo que el del principal, así que ingresará al despacho el 2 de enero de 2020 hasta el 2027.

Otros juristas consultados por este diario indicaron que el plazo para tomar posesión es cinco días después de que se le notifique al funcionario el nombramiento. Añadieron que los actos de funcionarios, bien sean de hecho o de derecho son válidos y que el único acto que es invalido es del funcionario usurpador, es decir, quien entra al cargo sin ningún tipo de nombramiento, ni de posesión.

El problema que pudiera surgir, según los entrevistados, es el de la responsabilidad personal de algún funcionario. Si eventualmente se determinara que no han debido actuar y han causado perjuicio a alguien con sus decisiones.