La Fiscalía Superior Especial Anticorrupción solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la práctica de evaluación psiquiátrica al expresidente Ricardo Martinelli quien aportó ante dicha entidad una incapacidad por dos meses que le impiden acudir a la indagatoria por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
El exgobernante presentó tres certificados de incapacidad médica, la última de ellas por 60 días, firmada por el psiquiatra Algis Torres.
Un comunicado del Ministerio Público describe que se trata de la segunda evaluación médica citada por medicatura forense, siendo la primera el pasado 10 de julio.
El Ministerio Público, añade la nota de prensa, mediante diligencia solicitó igualmente el expediente clínico del imputado en el centro médico que generó la última incapacidad, lo que será objeto de evaluación por los médicos forenses.
No obstante, el abogado Roniel Ortíz, integrante del equipo legal de defensa del expresidente, se opuso a esta medida. "Ellos no pueden mandar a hacer ninguna revisión. La fiscal Tania Sterling ha sido recusada y no pueden poner en duda el diagnóstico de un médico que está tratando a mi cliente hace años. Solamente las presiones que tiene el señor con el tema de sus hijos detenidos preventivamente en Guatemala a la espera de una solicitud de extradición a Estados Unidos, lo tienen así, y la persecución que tiene ella, de la mano de Kenia Porcell, Ana Matilde Gómez, ambas exprocuradoras de la Nación, Juan Carlos Varela, expresidente 2014-2019) y Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad.
El abogado alegó que Sterling aún "no ha resuelto la advertencia de no violación del principio de especialidad, y sabe que Ricardo Martinelli mantiene el principio de especialidad. No puede ser juzgado por ninguna otra causa diferente a la que fue extraditado, quieren hacer valer una carta de Thomas Heinemann que tramitó Porcell sin ser parte en el proceso, no era ni fiscal, ni tenía que ver en el caso de Ricardo Martinelli", zanjó el jurista.
La juez Kenia Marín se declaró inhibida de conocer la solicitud de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli por supuesta afectación de derechos en el caso de la Caja de Ahorros.
La defensa de Martinelli pidió una audiencia de control judicial por supuesta violación al debido proceso y el principio de la especialidad, por tanto, exigió el cese de cualquier investigación por parte del Ministerio Público en contra de su apoderado.
La fiscalía Especial Anticorrupción solicitó el movimiento migratorio del exgobernante, acción que sus abogados interpretaron como un acto de investigación en un caso en el que su cliente no está imputado o indagado, y apelaron al principio de especialidad.
La razón de la decisión de la juez es que la defensa debió solicitar la audiencia ante un tribunal inquisitivo mixto y no del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ya que el caso se originó entre 2010 y 2012, lo que impediría tramitarlo en el SPA.
De acuerdo a Marín, el caso nunca debió empezar en el SPA por lo tanto no se considera la juez natural. En este sentido, correspondería a la defensa acudir ante el juzgado Decimocuarto de lo Penal, hace dos años sobreseyó definitivamente a 22 imputados, y su fallo fue confirmado en una instancia superior. De conocer el caso, entraría en contradicción con lo que dictó dos años atrás en este proceso.
Esta situación pone al Ministerio Público en una situación difícil en caso de persistir por esta vía, puesto que acudir a dicho juzgado implicaría para el juzgado Decimocuarto reiterar a la fiscalía que se trata de un caso en casación en el cual ya se dictó un fallo que no favoreció a la investigación de la fiscalía. La alternativa para los fiscales es interponer un amparo ante la decisión de la juez Marín para no perder la investigación que se ha avanzado en el SPA.
La fiscal Azucena Aizprua, alegó que no existe afectación de derechos en este caso, aunado a esto, manifestó a la juez que cuentan con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el que se procesa la carpeta como parte del SPA.
Marín alegó que la compulsa del caso se efectuó en 2016 y el SPA entró en vigencia en Panamá en 2018, por tanto, exhortó a la defensa a acudir al sistema inquisitivo mixto. En otro orden de ideas, Martinelli presentó un certificado médico que lo incapacita por un periodo de dos meses. El documento está firmado por médicos particulares que declararon afectaciones psiquiátricas y cardiacas que le impiden atender procesos en su contra, Odebrecht y New Business, que investiga la fiscalía Anticorrupción. Al cuestionar al equipo legal si su cliente puede ser sometido a una revisión a cargo del Instituto de Medicina Legal para corroborar su afectación, el abogado Roniel Ortíz respondió que la fiscalía "tiene que aprender a respetar la incapacidad médica" de su apoderado.
El Tribunal Tercero de Sentencia Formal de Guatemala, presidido por Saúl Álvarez, Cesar Amezquita y Julio Xitumul, en audiencia celebrada la tarde de este viernes 10 de julio en el caso de extradición a Estados Unidos de Ricardo Alberto Martinelli Linares, consideró pertinente conceder a la defensa del mencionado la oportunidad para que una instancia superior decida si ellos son aptos o no para conocer el fondo del caso. La decisión surgió luego de que el defensor Denis Cuesy, recusó al tribunal por supuesta violación del debido proceso y violación al derecho de defensa al negarle un tiempo de 15 días para poder preparar su argumento de defensa sobre el caso de su cliente.
A pesar de que el Organismo Judicialde Guatemala declaró dos semanas de suspensión de actividades por la pandemia, el tribunal de sentencia se encuentra dentro de las excepciones que se tenían programadas. Como parte de la independencia judicial que goza dicho tribunal, pueden resolver las cuestiones que están en su judicatura de la forma que estime pertinente.
En el acto de audiencia, que inició pasado el medio día de este 10 de julio y culminó dos horas después, Denis Cuesy, defensa de Ricardo A. Martinelli Linares solicitó al tribunal en primera instancia un plazo de 15 días para poder preparar la defensa de su cliente. Alegó que el mencionado, de 40 años, está revestido por la inmunidad que le provee el Parlamento Centroamericano (Parlacen) como diputado suplente, y apeló al derecho internacional que establece disponer de un tiempo adecuado para sustentar su defensa técnica.
El joven Martinelli Linares y su hermano Luis Enrique, fueron detenidos en forma preventiva por las autoridades guatemaltecas el pasado 7 de julio por petición de el Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando se disponían a abordar un vuelo privado con destino a Panamá. Para el segundo aún no se conoce cuándo se celebrará la audiencia, ya que se trata de dos procesos separados.
El país norteño acusa a los mencionados por el supuesto delito de blanqueo de capitales al participar como intermediarios en la apertura de cuentas bancarias a nombre de sociedades anónimas por las que se transfirieron aproximadamente $28 millones, de los cuales $19 millones pasaron por el sistema financiero del estado de Nueva York. Luego de la detención, Estados Unidos cuenta con un lapso de más de un mes para presentar a las autoridades de Guatemala la petición de extradición hacia ese país.
El criterio de la defensa se centro en que era "evidente el daño que se vertía sobre su defendido al no respetar las normas que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8 el cual establece que se debe dar tiempo a para preparar la defensa. No es posible organizar la defensa en pocos días, tendrá derecho a que se le respeten todas las garantías de convenios y tratados internacionales", que le asisten a su defendido, indicó el jurista.
El tribunal negó la petición de Cuesy porque al suspender por ese periodo de tiempo el proceso, su defendido quedaría en el limbo, con el agravio de la detención provisional en que permanece en una prisión local, "no podemos dejar a su cliente detenido ese tiempo", exclamó Álvarez.
En seguida el defensor presentó un amparo de garantías a favor de su cliente basado en la violación al derecho de defensa y al debido proceso.
"Los actos del tribunal violan el derecho de defensa desde el momento en que no se le concede el tiempo para mostrar a los jueces la calidad que ostenta y los beneficios e investidura que confieren al diputado al Parlacen", expresó el jurista.
Solicitó que se eleven las actuaciones a la sala correspondiente y no se incurra en un posible acto ilícito por parte del tribunal al no cumplir con lo que la ley guatemalteca establece.
Continuó diciendo que el tribunal carecía de imparcialidad: "No hay una fundamentación legal que les permita continuar conociendo sobre el proceso porque no se ha seguido el debido trámite, si es antes o después. Cuando a una persona se le da a conocer por parte de un juez, debe tener la competencia e imparcialidad, sino se tiene la imparcialidad se suspende el trámite", dijo el abogado.
Acompañado del recurso, Cuesy, solicitó la práctica de oficios para agotar la investigación y que una vez ocurra el periodo de pruebas, se confiera una audiencia en un plazo de 48 horas. "El tribunal que se vaya a constituir de amparo, haga cesar las violaciones constitucionales que restituyan al Amparista en el goce de los mismos y resuelva suspender definitivamente el proceso y se eleve el expediente a la sala jurisdiccional para no incurrir en violación por parte del tribunal", insistió.
El tribunal escuchaba los argumentos del abogado que concluyó diciendo que la resolución emitida por el tribunal, de no otorgar el tiempo solicitado para la preparación de la defensa, motivaba razones para desconfiar de la imparcialidad de los juzgadores. Se puso de pie y en nombre propio recusó al tribunal ante la presunción de una enemistad, que además perjudicaba a su persona y sus bienes. Añadió que la decisión contraria emitida por el tribunal, ponía en duda su capacidad y honorabilidad en la defensa técnica e impactaba la seguridad jurídica que deben tener los ciudadanos. "Se pone en incredulidad mi capacidad para ejercer el derecho de una persona ante un procedimiento determinado. Se hace un grave daño porque resulta que al emitir una resolución contraria a derecho afectan a mi patrocinado y a mi persona en mi honor y en mis bienes", describió el jurista.
Luego de un breve receso para deliberar, el tribunal rechazó el planteamiento sobre cualquier enemistad, consideró "insólita" la forma en la que el defensor se refirió a los posibles actos violatorios que achacó a los jueces o a la falta del debido proceso, indicaron que nunca emitieron una resolución a la que se refirió el abogado. No obstante, remitió el caso al tribunal jurisdiccional correspondiente para que decida si el Tribunal Tercero es idóneo o no de conocer el fondo del proceso. El sistema guatemalteco asigna un superior a cada tribunal, podría tratarse de una Sala de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Francisco Carreira manifiesta que una de las alternativas de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli podría ser llegar a un acuerdo con los fiscales estadounidenses, una vez conozcan la documentación que sustenta la acusación de Estados Unidos para lograr su extradición a ese país
Estados Unidos tiene un periodo de 40 a 90 días para solicitar la extradición de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares que se realiza en Guatemala por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Si bien ambos fueron detenidos en forma simultánea, los procesos serán separados, de acuerdo a las actuaciones de cada uno en el caso que sigue la Corte del Distrito Este de Estados Unidos. La defensa de los mencionados confía en que los tribunales atenderán las violaciones a la Convención de Viena, que protegen los derechos de los diplomáticos en tránsito. ¿Cuáles son las posibles alternativas en este proceso? El abogado internacionalista Francisco Carreira explica con detalle el proceso y las alternativas que pueden beneficiar a los jóvenes.
Se surte un proceso de extradición en contra de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, detenidos preventivamente en Guatemala, y acusados presuntamente del delito de blanqueo de capitales, ¿cuál será el procedimiento?
Lo que estamos viendo hoy es lo inverso de lo que vivimos cuando la petición de extradición del expresidente Ricardo Martinelli de Panamá, peticionando a Estados Unidos. Ahora es el gobierno norteamericano el que ejerce el proceso pero no lo hizo como Panamá presentando toda la documentación. Los tratados de extradición les permiten a los países presentar la extradición en dos formas, una la que se ha aplicado a este caso, que el gobierno de Estados Unidos pide al de Guatemala que detengan a los hermanos Martinelli para pedir la extradición. Es como mantener a una persona detenida mientras se presentan los documentos. En el caso de Panamá, presentó todo junto, la petición y la detención. En este sentido hay un tratado entre Estados Unidos y Guatemala para la extradición que no varía mucho en relación a lo firmado con otros países, y ese tratado obliga a ambos países a tener un procedimiento. En Guatemala, además del Tratado hay una ley que tiene que ver con la extradición y es la que determina los procedimientos, que es lo que ya se ha hecho con los hermanos Martinelli a través de una audiencia en la que se les informa lo que Estados Unidos está pidiendo y por qué se les acusa. Esta no es la petición de extradición. El juez, a renglón seguido, le da al gobierno norteamericano un periodo entre 40 y 90 días para presentar toda la documentación, es decir el resultado de la investigación que justifica la petición. Ya ha circulado en redes sociales el indictment, que es el documento básico legal norteamericano para pedir la extradición, sino también declaraciones juradas de miembros del FBI que han investigado la actividad delictiva de la cual se acusa a los mencionados. Es importante tener claro, que la petición a Guatemala son dos peticiones, una para cada uno, y la razón es que en el indictment se atribuyen conductas delictivas en algunos momentos a un hermano y en otro momento a otro. El juzgado en Guatemala ha anunciado que va a celebrar algunas audiencias, aunque esto, según se conoció habrá un choque en la programación por la pandemia que se mantendrán cerrados los tribunales en Guatemala por un periodo de dos semanas. No sabemos si las audiencias programadas se llevarán a cabo.
En este sentido, ¿pudiera ser Panamá solicite la extradición de ambos tomando en consideración que tienen casos pendientes en el país?
Esa es una oportunidad que Panamá ha tenido cuando ellos fueron detenidos en Estados Unidos por un tema migratorio, y sabemos que consignaron una fianza, pero no se conoce ninguna petición de Panamá. Al contrario, lo que hay es una petición de fijación de fianza para no ser detenidos que fueron negadas por el juez de primera instancia y luego concedidas por el Tribunal Superior y que el Ministerio Público presentó un amparo en este sentido. Eso no es una orden detención, entiendo que en algún momento dado pudo haber existido una alerta roja de Interpol, que eso ya no existe, por lo menos no aparece. No hay ninguna justificación que conozcamos hasta el momento para que Panamá pida en extradición a los Martinelli.
La declaración del agente del FBI, explica que hay más involucrados en este supuesto delito, ¿cuál puede ser el futuro de los demás investigados en el corto plazo?
Cuando vemos la acusación es revelada después de que los hermanos Martinelli son detenidos en Guatemala, es la forma en la que el sistema federal norteamericano actuó y publica algunas pruebas. Cuando uno lee esto, se encuentra con el término conspiración, que quiere decir que hay más personas involucradas en el proceso. En este caso, el indictment mismo habla de que hay 14 personas involucradas y darán los nombres cuando sean detenidas en su debido momento. Mientras tanto, a medida que se va pidiendo la extradición se van revelando los nombres, pero sí hay más personas y en la declaración jurada de la policía se puede observar que describen todas las particularidades de diferentes acciones que de acuerdo a la Fiscalía son delictivas, de movimientos de dinero entre Panamá y Nueva York, específicamente y también en Suiza y describen cantidades y la forma en que están involucradas. Por eso es que hay más gente aquí, y se espera que en algún momento las personas sean detenidas o se les pida la extradición. En este caso sabemos que habrá un conflicto porque Panamá no extradita a sus nacionales y si hay otros panameños no serán extraditados, aunque en ese caso deberán juzgarlos aquí con las pruebas que se tengan, ese podrá ser el compromiso de Panamá en el caso de las personas que no pueda extraditar.
¿Qué pasaría en el caso de los hermanos Martinelli de llegar a ser extraditados?
El proceso seguirá contra ellos porque están capturados. Yo pienso que cuando hay 14 personas involucradas en un caso, la intención de los fiscales nunca ha sido en anterioridad llevarlas a todos a una audiencia. Lo que se abre es un periodo en el que unos aceptan participar y declarar de parte de la fiscalía contra otros y elimina la cantidad de personas que vayan a juicio porque pactan con la Fiscalía para declarar en contra de los otros. Aquí creo que el tema principal es que hay altos funcionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli que son las personas que creo que tiene interés la fiscalía de Estados Unidos.
En Panamá vivimos una investigación en el mismo caso, ¿cuál cree usted que pueda ser el futuro de esta caso en el país tomando en cuenta que se dirime bajo el sistema penal inquisitivo?
Yo creo que nosotros tenemos que estar claros de que sabemos de una actividad delictiva por parte de esta empresa en Panamá desde que se declararon culpables en Estados Unidos, aceptaron haber distribuido en un periodo específico una cantidad de dinero que se menciona en la declaración de culpabilidad, $54 millones a través de personajes del gobierno de la época. Eso aparece en la declaración que motivó después que se pagara la multa por parte de la empresa y se aceptara dejar de emplear a 76 ejecutivos de su planilla quienes se declararon culpables y participaron en un proceso de delación. Los casos que se siguen vienen desde ahí, y se mencionan declaraciones de exfuncionarios que explican cómo se manejaba el esquema, incluso en Panamá se están presentando en este momento procesos contra dos exrpesidentes que se relacionan con este tema. Todavía ese tema de Odebrecht no ha terminado y el retraso que se ha dado en Panamá se debe a que tienen funcionarios de dos gobiernos involucrados en esto. Probablemente haya más para atrás y esa es una investigación que requiere mucho tiempo.
La defensa de los hermanos Martinelli alega que se trata de dos diplomáticos, ¿qué tanto puede influir en la extradición su condición de suplentes del Parlamento Centroamericano?
Yo creo que tenemos toda una historia relacionada con el Parlacen en la que el propio expresidente Martinelli cuando salió de Panamá en el 2015, lo primero que hizo fue ir a tomar posesión de la curul del parlamento a la que tenía derecho y de ahí en adelante ese privilegio o inmunidad que le da para ser juzgado en la Corte de Panamá. En el caso de los hijos, el conflicto que hay por un lado, es que nadie duda que están en la lista de los diputados suplentes, participaron en la elección en Panamá en esas condiciones, y luego el tema está en si tomaron o no posesión. Cuando uno lee el reglamento del Parlacen, todo parece indicar que tomar posesión es un acto que se requiere. Escuché a uno de los abogados de los señores Martinelli que dicen que lo importante era que la suerte que del accesorio sigue a la principal, dando a entender que si el principal fue juramentado, lo mismo el suplente. Esa es una interpretación muy particular y es el conflicto que vemos, si ellos tienen una inmunidad por el tema del Parlacen, les debió haber servido para no ser detenidos.
Tenían documentación me parece...
Así es, al parecer presentaron credenciales que les daba Panamá, todo eso forma parte del conflicto que hay. También escuché a sus abogados hablar de la Convención de Viena donde también se protegen a diplomáticos. Debo recordar que durante el proceso de extradición del expresidente Martinelli de Estados Unidos, nada de eso del Parlacen fue reconocido. Al contrario, los jueces dijeron que para ellos no tenía ninguna importancia y se procedió con la extradición. Lo que va a estar presente de esto es exactamente lo mismo en Guatemala, pero primero hay que esperar que Estados Unidos presente la documentación. En este momento están detenidos hasta que eso ocurra, no parece ser un caso como vivimos en la extradición del expresidente Martinelli, en cuanto a la presentación de fianzas, todo sería posible pero en este momento lo único que hay es que están detenidos preventivamente y Estados Unidos tiene un periodo para presentar la documentación y luego sea revisada y definida.
Cualquier recurso que presente la defensa de los hermanos Martinelli, ¿cómo incide si la extradición no se ha formalizado?
Ese es el tema que según entendí de los abogados, presentarán algunos recursos para lograr la libertad de los jóvenes producto de la inmunidad que tienen del Parlacen según se alega. Por el otro lado, que haya una fijación de fianza para que no estén detenidos en una prisión. Todo esto forma parte de un proceso común de una defensa, pero en el caso de la extradición hemos visto que es más difícil para los tribunales conceder estas medidas porque el riesgo de fuga es grande.
¿Cuál puede ser el destino de los hermanos Martinelli, pueden correr suertes distintas?
El tema ahí es que se identifica específicamente cuál de los hermanos está involucrado en transacciones específicas y los beneficios que han obtenido. Hay otras cosas a considerar en su momento, el primer derecho que tiene una persona solicitada en extradición es aceptarla. Hasta que no se presenten los documentos es algo que los jóvenes puede hacer una vez conozcan en detalle la razón de la extradición, ellos podrían aceptarla. También de aceptarla, podrían llegar a un acuerdo con la fiscalía, ese es otro derecho que tienen. Hay una tercera salida que todavía se ha mencionado en Guatemala y es la forma de ingreso. Ellos no ingresaron a Guatemala, hasta donde se sabe, con ningún pasaporte o estatus diplomático. Al contrario, se alegaba que habían entrado por tierra desde El Salvador y no se sabía si habían entrado con qué pasaporte. Vamos a asumir que hay algo irregular en ese sentido y ellos bien pudieran ser deportados de Guatemala. En Panamá se ha visto en muchos casos donde se ha pedido la extradición de alguna persona y el ingreso a Panamá no es uno regular, que esa persona sea deportada y entregada a las autoridades del país que la buscan.
Todo esto es parte de lo que va a estar pendiente en el proceso de Guatemala.
¿Cómo inciden las relaciones bilaterales en estos procesos, qué peso tienen?
Yo creo que hay que mencionar que información de Guatemala y de periodistas, o abogados, han dicho que Guatemala nunca ha negado una petición de extradición del gobierno de Estados Unidos y todos sabemos el peso y la importancia que esto tiene. Por otro lado, al no haber una petición de Panamá, el gobierno panameño lo que tiene que hacer es lo que haría en los casos de cualquier otro nacional detenido con un proceso de extradición a cualquier otro país. Simplemente que se le protejan sus derechos y se le trate con toda la decencia de una persona que no está condenada por ningún delito y tiene presunción de inocencia y al debido proceso e integridad física y todo lo demás. Eso es lo que le corresponde a Panamá.
BIOGRAFÍA
Nombre: Francisco Carreira Pittí
Fecha de nacimiento: 6 de junio 1949, ciudad de Panamá.
Ocupación: abogado
Resumen de carrera: Graduado de la Universidad de Notre Dame, Escuela de Derecho. Se desempeña en el sector marítimo, comercial, de carga, muerte por negligencia y lesiones personales, derecho corporativo y arbitraje
El papel de ocupar un cargo público en el sistema judicial actual, permite que al no existir un mecanismo de protección institucional, así como de evaluación del funcionario que actúe como un verdadero contrapeso a sus actuaciones, las diferencias entre las partes se diriman en la justicia ordinaria.
Ayer, se vivió una mañana agitada cuando el abogado Alfredo Vallarino en representación de su apoderado, el expresidente Ricardo Martinelli, acudió a la residencia de la exprocuradora Kenia Porcell para secuestrar bienes, prendas, efectivo, o muebles a raíz de una solicitud de medida cautelar que interpuso en febrero pasado en el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial.
El abogado se dirigió al residencial Mont Blanc, ubicado en Brisas del Golf, casa 26 A, residencia de Porcell, acompañado de la alguacil del juzgado y varios estamentos de seguridad y sorprendió a Porcell con la acción de secuestro producto del daño a la imagen del expresidente.
La defensa del expresidente se basa en señalamientos efectuados por la exprocuradora, quien según Vallarino, indicó que le "tenía probado a su cliente cuatro delitos y su vinculación, además de otros comentarios realizados, pues a pesar de haber ocupado el cargo como Procuradora, estas declaraciones las hizo como ciudadana. En este caso, cuando se afecta el honor de un ciudadano común, debe responder por esas declaraciones", manifestó el abogado.
Vallarino hace referencia a las acusaciones en contra de su cliente relacionadas al caso pinchazos, en el que en agosto de 2019, un tribunal de juicio declaró al exmandatario no culpable.
La defensa del expresidente había presentado en febrero pasado ante la juez del juzgado en mención, Ana Zita Rowe, la medida cautelar por $144 mil, que fue admitida luego de que el demandante consignara $30 mil, como parte de la costumbre tribunalista.
La esencia de la acción de secuestro no era directamente contra la propiedad, sino contra bienes muebles hasta por el valor de $144, que se determinan en una lista.
Al efectuar la diligencia, las autoridades se encontraron con una lista de bienes entregados en prenda cuyo contrato no constaba en escritura pública, sino en papel simple.
"Porcell hizo una prenda a favor de una fundación que debe tener físicamente los bienes, y no es así, porque están en posesión de ella, es decir el deudor prendario.
Debe tener la fecha que están en el protocolo, y no se especifica la fecha porque nunca lo llevó a escritura pública. Lo que hay es una prenda para suspender el secuestro que no reunía los requisitos legales, por lo tanto, el secuestro debe avanzar", indicó a La Estrella de Panamá la titular del juzgado.
El caso promete ser un pleito civil largo y desgastante que está en su fase inicial.
Dos horas después de la aparición de Vallarino en al residencia de Porcell, sus abogados presentaron una fianza de seguro por la suma de $150 mil, que paralizó el secuestro y automáticamente los bienes quedaron liberados.
La defensa de Martinelli, también presentó la demanda en el juzgado tan pronto se ejecutó la medida cautelar sobre los bienes de Porcell. Los detalles de la misma permanecen en reserva y pueden incluso elevar el monto inicial.
Para ser admitida dicha demanda debe cumplir con los requisitos. De ser así, la juez debe analizar si las declaraciones que hizo Porcell se efectuaron cuando ocupaba el cargo de procuradora. En caso afirmativo, el caso escapa de la jurisprudencia de la juez Rowe y compete a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
En el posible de que las declaraciones se hayan efectuado alejadas de su investidura, como afirma Vallarino, en dado caso el proceso debe avanzar.
No obstante, luego de responder la demanda de Martinelli, Porcell tiene derecho a contrademandar a su demandante y secuestrarle bienes incluso por más cuantía.
FUI AMENAZADA
Contra Porcell hay en fila otras 15 demandas. Desconcertada por la presencia de los estamentos de seguridad que acompañaron la diligencia, la exfuncionaria calificó la acción como una medida para amedrentar a los "fiscales y jueces valientes" del sistema que se atreven a investigar la corrupción.
Enseguida dijo: "Hago un llamado serio y responsable a la administración de justicia para que no se vuelva un tema personal contra Kenia Porcell y su familia. Quiero hacer un llamado a los estamentos de seguridad porque les he avisado que me han estado amenazando (con llamadas telefónicas) y no han hecho nada, si algo le pasa a mi esposo, mis hijos o a mi ustedes son los responsables porque les he estado avisando. Hoy no era necesidad de traer tanta policía para venir a mi casa", exclamó Porcell.
Enseguida responsabilizó a los estamentos de seguridad por cualquier daño que le ocurra a ella o a sus hijos. Recordó que como Procuradora daba entrevistas a base de informes que recibía d de los fiscales.
"El caso de los pinchazos es un caso emblemático, no quiero hablar de ese tema, pero lo importante es que cuando yo hablo en nombre de la institución es porque había una institución a la que yo representaba. Yo comunicaba al país lo que se daba, esa labor es como servidora pública y debe hacerlo en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. A nivel particular no he hecho nada, esto es el sistema de justicia contra Kenia Porcell", insistió la exprocuradora.
GARANTIZA INDEPENDENCIA
La juez Rowe promete imprimir en el caso independencia, imparcialidad y plasmar sus conocimientos para hacer de este caso un tema imparcial.
Defiende su actuación con su trayectoria. Rowe indica que en sus más de 30 años de ejercicio en el sistema judicial, no le han impedido hacer su trabajo y esto no va a cambiar su actuación. "No hay de qué preocuparse porque no es el primer caso de Martinelli que conozco", indicó.
En casos como el citado, al no existir un mecanismo de protección especial para funcionarios de alto perfil, y un sistema efectivo de evaluación de sus actuaciones, estos procesos se traducen en un conflicto real, que la ley opera en un tribunal ordinario, es decir, "lo que viven los ciudadanos con tiempos de respuesta ineficientes, o situaciones mecánicas", indicó el presidente del Colegio de Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, quien añade que pueden repetirse ante la carencia de un Tribunal de Transparencia e Integridad.
En una misiva enviada al presidente de la Asamblea Nacional, la Asociación Bancaria advierte sobre las afectaciones al sector luego de la aprobación del proyecto de ley 287 que posteriormente sancionó el Ejecutivo
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) alerta que ante la sanción de la ley 156 del 30 de junio de 2020 que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del Covid-19 y la falta de pago de los préstamos bancarios que alcanzan saldos de casi $27,000 millones, la banca tendrá menos espacio para otorgar préstamos para la recuperación de la crisis económica.
La entidad envió una carta el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, en cuyos primeros párrafos hacen saber a los diputados sobre la importancia en las actuaciones de quienes han sido distinguidos para dirigir el Estado, afirma que el sector bancario es clave para la recuperación de la crisis económica que atraviesa el país, y su responsabilidad es "advertir sobre las consecuencias negativas para el país que tendrán varios proyectos de ley, particularmente el 287 (sobre la moratoria bancaria). La confianza de 2.5 millones de ahorristas, nacionales e internacionales, y la capacidad de los bancos para ayudar a sostener a las empresas, y ayudar con créditos a la recuperación económica se verán afectadas".
"La ley hace esa moratoria muy inflexible, lo que obliga a los bancos a ser mucho más conservadores", indicó Carlos Berguido, miembro de la ABP. Además reiteró que la banca garantizará la integridad de los depositantes, "como el más sagrado deber de custodiarlos", citando la amplia trayectoria del sector bancario en Panamá con 116 años de historia.
La línea de crédito que estableció el Gobierno panameño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es de $515 millones, será un respaldo al sistema bancario para cualquier contingencia eventual que resulte de la desaceleración de la economía. Se establecerá, además, un programa que permita a los bancos tener acceso a liquidez ante necesidades transitorias. “No es un fondo de salvataje. No es un fondo de capital de trabajo. Es un fondo de liquidez para asistir en la eventualidad que existan necesidades transitorias de liquidez”, indicó previamente a La Estrella de Panamá, Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una solicitud financiera de Panamá por $515 millones para satisfacer las necesidades urgentes de la balanza de pagos derivadas del estallido de la pandemia. Se trata de un fondo de liquidez para asistir en la eventualidad que existan necesidades transitorias de liquidez de la banca. Con la misma tónica, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), un ente del Banco Mundial (BM), negocia directamente con el Banco Nacional una línea de $500 millones más. La totalidad de este fondo, $1000 millones, se pretende trabajar a través de en un fideicomiso entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Bancos y el Banco Nacional.
Sin embargo, la inyección de $500 millones destinados para préstamos son solo una fracción de lo que está en moratoria, de manera que arrinconará a los bancos a ejercer una política mucho más conservadora a la hora de aflojar los préstamos para las empresas que necesiten liquidez para salir de la crisis
En la carta, fechada el 1 de julio, la asociación lamenta el comportamiento de los diputados durante la discusión del proyecto de ley N 287, que contemplaba la moratoria en los préstamos hasta diciembre 2020, y en la cual "algunos diputados fueron decidida e indudablemente irrespetuosos en varias de sus expresiones sobre los bancos y por extensión sobre los 26,000 mil colaboradores que laboran en ellos. Inclusive se citaron datos o cifras significativamente erróneas, cuya enorme falta de veracidad nos hace dudar de las verdaderas intenciones de quienes las presentaron".
La misiva especifica que la Asociación Bancaria de Panamá empeñó su palabra al anunciar ante el país, desde el Palacio de las Garzas, el pasado 4 de mayo, un acuerdo para extender los alivios bancarios hasta el 31 de diciembre. "Esa palabra se cumplirá, al pie de su letra y espíritu. La mejor evidencia de ello la constituyen los más de un millón de clientes bancarios, con préstamos que superan en saldo los 26,000 millones de Balboas que se han beneficiado con moratoria de pago desde marzo, sin ley que les obligara", se lee la misiva.
Finalmente solicita a Castillero la lectura de la nota en el Pleno Legislativo, como un gesto sincero de acercamiento, que propicie el debate de altura, respetuoso y bien informado, en busca de mejores ideas, para el bien de los panameños.
La declaración de un agente del FBI ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, describe el esquema de sobornos de la constructora Odebrecht y el rol de los hermanos Martinelli en la apertura de cuentas a nombre de offshore por las que transfirió dinero supuestamente ilícito Michael Lewansowski, agente especial del Federal Bureau of Investigation (FBI), asignado a la unidad Internacional en la lucha contra la Corrupción, rindió declaración jurada ante el juez Robert Levy, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, ante quien explicó la supuesta participación de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares en el esquema de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Los hermanos se encuentran detenidos en Guatemala donde enfrentan un proceso de extradición a Estados Unidos, país que los requiere por el supuesto delito lavado de dinero. Mientras se surte el proceso de extradición, que podría tardar aproximadamente un mes, el Órgano Judicial de ese país reportó que los señalados permanecerán detenidos provisionalmente en la cárcel de la base Militar Mariscal Zavala, luego de haber celebrado una breve audiencia en la que se les explicaron las razones de su detención el pasado 6 de julio.
El agente del FBI sustentó la información que brindó al juez, basado en entrevistas a testigos, declaraciones de testigos que cooperaron y cuyas declaraciones han sido corroboradas y confiables. Además ha revisado documentos, otras evidencias e intercambió sobre el tema con personal de la ley.
Apoyado en su experiencia profesional, estableció los hechos necesarios -no todos- que consideró suficientes para establecer la causa probable de la orden de arresto por posible blanqueo de capitales de los mencionados. Aunado a esto, la documentación, las acciones, declaraciones de otras personas están reflejadas en la pesquisa.
Lewansowski relató que Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto, viajaron en varias ocasiones a Estados Unidos y que son parientes cercanos del funcionario que gobernó Panamá entre el 2009 y 2014.
Según el esquema de sobornos del que se declaró culpable la constructora, admitió que entre 2001 y 2016, la empresa, a través de ciertos empleados y agentes conspiraron un esquema de sobornos masivo en los que acordaron pagar aproximadamente $700 millones a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, candidatos políticos extranjeros con el objeto de retener negocios en varios países del mundo, incluido Panamá.
La constructora ocultó la naturaleza, fuente, propiedad y control de las ganancias del esquema de sobornos canalizandolas a través de sociedades anónimas que contaban con cuentas bancarias a través de las cuales llegaban a los beneficiarios finales de los sobornos, servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos, así como sus representantes.
Fue así como la brasileña, junto con algunos empleados y agentes, efectuó transferencias de las cuenta bancarias relacionadas con Odebrecht al banco de la compañía fantasma, controlada también por la constructora -a veces con sede en Nueva York- ,cuyos fondos estaban destinados a pagos ilegales transferidos a múltiples cuentas fantasmas en todo el mundo y que incluso pasaron por el sistema bancario de Nueva York.
De acuerdo al testimonio del investigador del FBI, el rol de los hermanos Martinelli Linares se enmarca entre 2009-2014, cuando los mencionados junto con otros, "sirvieron como intermediarios para el pago de sobornos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y proporcionó al funcionario de gobierno de Panamá. Los hermanos establecieron en un banco offshore cuentas a nombre de compañías fantasmas para recibir y disfrazar pagos de sobornos de la constructora para beneficiar al funcionario de gobierno", se lee en la declaración.
Ambos fungieron como signatarios de ciertas cuentas bancarias a nombre de las empresas fantasmas y personalmente enviaron transferencias bancarias a través de la estructura del banco de la compañía fantasma, cuentas para ocultar y gastar dinero del soborno.
Identifican que entre "2009-2012 los hermanos abrieron cuentas en Suiza para recibir pagos ilegales de la constructora en bancos a nombre de empresas offshore con el propósito de ayudar, ocultar y servir como enlace para el pago de sobornos para que la constructora obtuviera ventaja comercial y ganar los negocios en Panamá".
"Las cuentas recibieron aproximadamente $28 millones en sobornos para el beneficio del funcionario del gobierno de Panamá. De este dinero, aproximadamente $19 millones fueron transferidos a través de cuentas bancarias en bancos corresponsales de Estados Unidos, concretamente en Nueva York, en cuentas de compañías offshore", sustenta el agente del FBI.
Por ejemplo, "los registros financieros muestran que el 27 de julio de 2010, se transfirieron aproximadamente $350 mil de una compañía fantasma a una cuenta bancaria controlada por Odebrecht en Portugal a través de una cuenta en un banco corresponsal en Nueva York. Más tarde, los acusados realizaron numerosas actividades financieras adicionales", se lee en la declaración jurada.
En otro ejemplo, citan registros financieros del "12 de noviembre de 2013, cuando los señalados hicieron una transferencia de $899,978.32 desde una cuenta offshore de una compañía a otra cuenta en un banco registrada a nombre de una segunda empresa. Dichas transacciones se efectuaron a través de un banco corresponsal de Nueva York", cita el informe.
El agente pidió al tribunal de Nueva York emitir las órdenes de arresto y aclaró que la investigación en curso se ha mantenido en sigilo y no todos los involucrados serán arrestados en este momento.
El agente relató que Odebrecht era un holding brasileño, que a través de sus filiales realizó negocios en múltiples industrias, incluyendo ingeniería, construcción, infraestructura, energía, servicios públicos y bienes raíces.
Describió que Odebrecht tenía su sede en Salvador, estado de Bahía, Brasil y operaba en al menos 27 países, incluido Estados Unidos. En esta línea se identificaron varias empresas offshore que reserva los nombres para efectos de la investigación: tres en la jurisdicción de las Islas Vírgenes, otra en Bahamas y otras tres entidades corporativas. Enseguida relata que hay cinco bancos en Suiza y tres corresponsales en Nueva York.
DEFENSA ALEGA QUE SE VIOLÓ INMUNIDAD DIPLOMÁTICA Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli enfrentarán el proceso de extradición en forma separada, en los Tribunales Tercero y Quinto de Sentencia Penal ubicados en ciudad de Guatemala. No obstante, la defensa de los hermanos Martinelli Linares en Panamá, califica su detención como una violación al artículo 40 de la Convención de Viena, de la que Panamá y Guatemala son signatarios, que establece "inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso" a los diplomáticos, señala Luis Eduardo Camacho hijo.
De acuerdo a una constancia firmada por Carlos Rafael Fion, secretario de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen), los archivos de 2019 de esta entidad dan cuenta de credenciales expedidas por el Tribunal Electoral de Panamá, en los que se acredita a los mencionados como diputados suplentes electos. "También existe un documento de certificación y un tercer papel emitido por el Parlacen que corrobora quiénes son los diputados y suplentes por el Estado panameño", explica el defensor.
El abogado añadió que solicitarán una reunión al Ministerio de Relaciones Exteriores panameño para garantizar las facultades que confiere la ley y se respeten sus garantías y derechos individuales. En dicha cita, pretenden solicitar que el gobierno panameño intervenga a efectos de que a los hermanos se les permita el retorno a su país para hacer frente a los procesos penales que se iniciaron en 2017 por el mismo caso, Odebrecht, para los cuales se consignaron fianzas que estaban en trámite. Además dijo que "apelarán a la condición de diplomáticos del Parlacen para que se les respeten las garantías e inmunidades que contempla el Tratado Constitutivo de este organismo y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas".
Desde la óptica de la defensa legal en Panamá "ocurrió una violación a los derechos y garantías que brindan los tratados internacionales por su calidad de diplomáticos y no es posible que hubiesen sido retenidos, ni revisado sus pertenencias, que también están protegidas por las convenciones internacionales", acotó Camacho hijo.
La embajada de Panamá en Guatemala informó que el embajador Hugo Guiraud, ha estado en comunicación con las autoridades guatemaltecas para informar la "versión oficial sobre los hechos ocurridos en relación con los hermanos Martinelli". Como parte de las funciones". Añade el comunicado que "la embajada debe asegurarse que sus nacionales, incluyendo aquellos que se encuentran detenidos por procesos judiciales en otros países, se les respeten sus derechos y se les brinden las condiciones mínimas requeridas". Para tales efectos se realizó una visita consular al lugar donde se encuentran a solicitud de los apoderados legales de los hermanos Martinelli.
ADELITA CORIAT: PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO A LA MEJOR INVESTIGACIÒN
ADELITA CORIAT
PREMIO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN La periodista Adelita Coriat, de La Estrella de Panamá, recoge el galardón a la mejor investigación periodística, en el marco de la gala de premiación de la versión XXIII del Premio Nacional de Periodismo, que cada año convoca el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Coriat recibió la distinción por su reportaje "La mano paralela de la justicia".
Adela Saltiel de Coriat, periodista panameña nacida en el Distrito Federal de México. Directora de ME LO DIJO ADELITA y editora en jefe de la Unidad de Investigación del diario La Estrella de Panamá [2013 a la fecha]
BREVES...
Miviot habilita 6,272 salvaconductos para trabajadores de PHs
Los 6,272 trabajadores de PHs que recibirán sus salvoconductos son aquellos que se dedican a la limpieza de los edificios, mismos que habían sido cesados de sus labores a raíz de la cuarentena por la crisis sanitaria.
La entidad, no obstante, advierte a los beneficiados que están obligados a hacer uso correcto de estos salvoconductos, de lo contrario serán cancelados.
Contrabando, otro riesgo frente a la pandemia
La Alianza contra el Comercio Ilícito, capítulo de Panamá, alertó a la comunidad sobre los riesgos de salud que supone en tiempos de pandemia el uso de mascarillas, termómetros, guantes o gel alcoholado, bebidas alcohólicas y cigarrillos, entre otros productos, que provengan de contrabando.
Este tipo de productos generalmente provienen de India, Turquía, Vietnam y China.
