martes, 19 de noviembre de 2019

Mitradel, entre el amor y el odio con los sindicatos


Luis Ernesto Carles, exministro de Trabajo, usó el poder con el aval del presidente Juan Carlos Varela para controlar a los principales organizaciones laborales a cambio de prebendas, en otros casos amenazaba con auditorías o censuraban sus actuaciones en los medios

Luis Ernesto Carles, exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) fue uno de los miembros del gabinete más leales al presidente Juan Carlos Varela.

Desempeñó un rol de bisagra entre sindicatos y empresas en momentos de conflicto, y logró solventar grandes diferencias entre las partes, evitó docenas de huelgas. Pero también, desde el poder, le dobló el brazo y neutralizó a las organizaciones de trabajadores más beligerantes del país, a cambio de prebendas, con diversos fines: para que se abstuvieran de asistir a marchas o emitir comunicados en contra del gobierno, o para mostraran su apoyo al Ejecutivo por la designación de las fiscales Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar, aspirantes al cargo de magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En otros casos, el poder le servía para amenazar con auditorías a los grupos que no cooperaban sobre algún tema, o que no siguieran la línea del gobierno en los cargos que fueron nombrado.

Carles solicitó en más de 20 ocasiones al Presidente que le hiciera una carretera en su circuito, La Pintada, provincia de Coclé, porque tenía planes para lanzarse como candidato a Diputado. Y logró dos cosas, que Varela entregara la orden de proceder en año preelectoral y elegirse en el cargo.

Se quejaba amargamente del ministro Obras Públicas, Ramón Arosemena, “me harté de ese ministro, basta de humillación”, comentó al Presidente, acusándolo de favorecer a su contrincante, la diputada de Cambio Democrático Dana Castañeda.

A FAVOR DE MOORE Y TOVAR
Cuando el Ejecutivo designó a la fiscal Zuleyka Moore y a Ana Lucrecia Tovar como magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Carles activó las redes sociales para generar opinión a su favor, fustigó a contrarios, y organizó una conferencia de prensa que Varela financió, con plata desconocida, para defender a las candidatas que recibían críticas de rechazo por la opinión pública.

“¿Qué pasó con Genaro (López) y Saúl (Méndez) con Zuleyka?, les hemos protegido sus empleos y pagado Cepadem”, reclamó el Presidente a raíz de las protestas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción en contra de la designación de la fiscal como magistrada.

“Ellos responden a su agenda, y están en su plan electorero igual que Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). Hay cosas que no puedo detener, pero les cierro la llave a partir de mañana con temas de fondos del seguro educativo”, advirtió Carles.

En el portal digital varelaleaks.com se publica una supuesta conversación entre el entonces ministro del Mitradel Luis Ernesto Carles y el presidente Juan Carlos Varela que abarca un año (octubre 2017 - octubre 2018). Por considerar de interés público este medio reproduce algunos fragmentos con el interés de que la sociedad los contextualice.

En enero de 2018 el Ministro Carles analiza con indignación una marcha que tildaba al gobierno de corrupto. “Amargo cuando veo abogados de grandes firmas, empresarios y oros que piden favores y tocan la puerta de nuestros ministerios”, reflexionó.

Varela le pidió armar un grupo de abogados para que defendieran a la gestión de Procuraduría, “piensa en nombres”, demandó.

Carles redactó tuits, solicitó a Varela que intercediera por uno de los ‘operadores’ que posiblemente difundían mensajes en las redes, pero que tenía pendiente la aprobación de una hipoteca por $160 mil en el Banco Nacional y requería de la intervención de Rolando (De León director del Banco Nacional) para su aprobación.

“Procedemos, yo lo apoyo”, intervino el presidente.

Por segunda vez se ve a Varela interviniendo en las funciones del Banco Nacional para aprobar hipotecas a allegados.

LA HUELGA DE COPA
Como mediador atendió dos huelgas de la aerolínea Copa, la primera por disconformidad de los pilotos y la segunda referente al personal en tierra. En ambas, Carles se rehusaba a declarar un arbitraje como primera medida. Deseaba un acercamiento entre las partes, pero veía una posición muy radical de la empresa.

SILENCIAR A TODOS
En julio de 2017, cuando el abogado de la constructora brasileña Odebrecht, Rodrígo Tacla Durán, declaró desde España que el presidente Varela había recibido coimas de la brasileña, Carles “amarró” a varios sindicatos para evitar más protestas.

A través del Mitradel, contactaron a dos organizaciones, Conusi, y Conato, para evitar la escalada de voces que se pronunciaban sobre el tema. Pero nada era gratis.

“Genaro me pidió, para terminar el año 2017, un crédito en Udelas de $2.8 millones, dicen que todo no, pero algo que se hable con el rector. Les dije que no quiero comunicados dando veracidad a lo de Tacla, ni mucho menos participando en marchas que organiza la oposición. Me dijeron que ok y que contara con el respaldo de ellos”, informó Carles a Varela.

"Perfecto, lo de Udelas (Universidad de las Américas) se está viendo", dijo Varela.

“En Conato, si neutralizamos el grupo de los 5, Central de Trabajadores de Panamá, Central (CTRP), Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), Central Sindical, Federación Sindical de Trabajadores de Panamá, Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), no pasarán ningún comunicado”, aseveró el Ministro.

“Estas apoyan y no van a conspirar”, añadió Carles. Igual ocurría con Suntracs y Conusi, otros dos poderosos sindicatos.

“Frenadeso organiza otra marcha, el lunes me reúno con Saúl Méndez y va a desinflar esa marcha”, añadió el entonces ministro.

El Presidente citó a Carles a una reunión al día siguiente en casa de playa de su hermano y diputado, José Luis ‘Popi’ Varela, su espadachín político, para planear la estrategia y rebatir el tema de Tacla en los medios.

La relación entre el mandatario y lideres sindicalistas más fuertes era estrecha. Varela siempre estaba dispuesto a atenderlos en la Presidencia.

En agosto de 2017, según Carles, el sindicalista del Suntracs, Saúl Méndez, estaba dispuesto a respaldar a la Procuradora. Para ello, 400 de sus afiliados marcharían a la Corte en protesta por los fallos a “favor de la impunidad”. Todo coordinado con el Ejecutivo de antemano.

Carles solía amenazar a los sindicatos con auditorías en caso de que no ‘cooperaran’ con el gobierno. Así se registra en el caso de Sindicato de Transporte (Sicotrac), en octubre de 2017, “con una auditoría puede quedar preso” el presidente de la junta directiva del sindicato, indicó Carles a Varela.

A pesar de estar anuente de las irregularidades del sindicato, y de haber iniciado una auditoría, esperaba la “línea” del mandatario para saber si procedía contra del dirigente o no.

En otro caso, Guillermo Puga, representante del sector obrero en la junta directiva de la Caja de Seguro Social, hizo unas declaraciones en un medio que disgustaron a Varela.

“Puga que no esté hablando tonterías que le voy a dar, para eso piden los nombremos, hablemos con Genaro (López) el tema de (la huelga de) Copa. Una más de Puga y lo pongo en su lugar”, se quejó Varela.

Puga tuvo que disculparse por lo expresado en el medio. “Ya le dije que no ande dando entrevistas a gente que no tiene otras intenciones, fue el viernes a Nextv y cayó en la trampa, nos e volverá a repetir”, declaró Carles.

MÁS DE LA HUELGA DE COPA
En la negociación de noviembre de 2017, Carles confesó sentirse utilizado por empresa de aviación, ya que después haber hecho un intenso esfuerzo para lograr un acuerdo entre las partes, la empresa despidió a 200 trabajadores, lo que motivó los reproches de los líderes sindicales en su móvil.

El ministro tuvo que intervenir y habló con Pedro Heilbron, ejecutivo de la empresa, quien redujo las destituciones.

El intercambio de mensajes que narran la negociación dejan entrever que Heilbron, optaba por delegar en el gobierno de Varela la carga más pesada en las dos amenazas de huelga protagonizadas por sus empelados. Situación que enojaba a Carles molestaba porque la empresa era radical en su posición para forzar al gobierno a declarar un arbitraje, la última medida en la cabeza de Carles.

A mediados de diciembre Carles se refiere en términos despectivos sobre el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, en relación a otro tema sobre una decisión que éste había emitido: “Ya me contó (Eduardo) Valle (abogado del grupo de Varela) la cagada de Cecilio (Cedalise).

Deberas que ese negro es un HP, me arrepiento a veces de haberlo recomendado, pero el poder vuelve loca a la gente”, le dijo a Varela. “Tengo información para joderlo”, añadió Carles.

“Traidor e irrespetuoso”, respondió Varela.

Este medio se comunicó con el actual diputado Luis Ernesto Carles pero no respondió las llamadas o los chats enviados.

lunes, 18 de noviembre de 2019

El malabarista de las finanzas del gobierno de Varela


En 2017 el ministro del MEF, Dulcidio De La Guardia, maniobraba para tapar los huecos financieros en las distintas instituciones. No obstante, los proyectos de infraestructura no se detenían, tampoco la emisión de bonos y los traslados a la Asamblea Nacional

A mediados de 2017 el hueco fiscal en las finanzas del país empezaba a acentuarse. Los traslados de partidas entre instituciones parecían el pan de cada día. El Gobierno, con el afán de cubrir las necesidades emitía bonos, solicitaba líneas de crédito a la banca, y pagaba deuda con más deuda. La ejecución del presupuesto, en la mayoría de los ministerios, era muy baja exceptuando las carteras directamente relacionadas a los proyectos que la gestión Varela imponía como estandarte de su gobierno: el programa Techos de Esperanza, la Renovación Urbana de Colón, y la ampliación de carreteras, tomando en cuenta que se trataba de un año preelectoral y el gobierno aspiraba repetir en 2019.

El portal varelaleaks.com revela una supuesta conversación entre el entonces mandatario Juan Carlos Varela y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia. Por considerarlo de interés público, este medio se permite reproducir algunos fragmentos de la comunicación para que la sociedad pueda contextualizarlo.

De La Guardia, advirtió al Presidente en espacio de ocho meses, al menos en tres ocasiones sobre las consecuencias a futuro que sufrirían las finanzas al ritmo que se manejaban. Incluso, en conversaciones del mandatario con otros interlocutores que se registran en 2018, éste pidió ideas para conseguir $400 millones que requerían varias instituciones.

CHANTAJE LEGISLATIVO
A pesar de las carencias financieras, el Ejecutivo se doblega ante los diputados, se deja “chantajear” ante la resistencia de éstos en aprobar proyectos de Ley del Ejecutivo, y cede fondos para las partidas 002 y 080 que posteriormente se comprobó la falta de control en los contratos para los que los diputados se emplearon estos fondos.

En febrero de 2017, Dulcidio había tenido una reunión con los principales diputados de la Asamblea Nacional para revisar los montos de los contratos para el 2017. “Fue una pelea monumental” porque el gobierno había advertido que no podía seguir con los montos de 2016. El otro problema era que el contralor, Federico Humbert, quería conocer los nombres de los beneficiados en los contratos y los diputados se negaban a revelarlos.

“Yo entiendo a Humbert”, indicó Varela.

Por ahora, explicó Dulcidio, “acordamos pasarle los fondos para las planillas 002 y 080, y dejamos para una segunda los montos de la 172”.

El Gobierno dejaba de contratar a firmas de abogados para asesorías cuando las posiciones diferían. Dulcidio se quejó del bufete Arias, Fábrega y Fábrega (Arifa) porque según el Ministro uno de sus miembros, Steve Aparicio, estaba “saboteando” el financiamiento del banco UBS pra la línea 2 del Metro.

“Este personaje ha sido una piedra en el zapato para este financiamiento. Ahora quiere cambios inaceptables al aval que otorgó el país y una cuenta bancaria especial para el metro. Me voy a o oponer a cualquier contratación de Arifa con el Estado, debemos sacar a todos los socios de la firma del gobierno”, demandó Dulcidio.

“Llama a Ricardo Arango”, sugirió Varela.

“No confío en él”, subrayó el Ministro, quien alegó que cuando Aparicio solicitó cambios en el aval, los bancos se salieron de la transacción.

Las presiones sobre el ministro parecían como un yunque clavado en la espalda: “Este puesto me va a matar, yo no puedo seguir así, todo es una crisis porque la gente no sirve”, se lamentó en una ocasión.

“¿Hasta cuándo tengo que aguantar a funcionarios incompetentes? Ahora me entero que se está hundiendo un barco que administra bienes aprehendidos. Es la Dirección que administraba José Antonio Serracin. Otra crisis por no tener gente competente”, se quejó Dulcidio con el Presidente.

Enseguida, De La Guardia mostró su desacuerdo por la adjudicación de la ampliación de la una carretera a la empresa Meco, por un valor de $335 millones, la más onerosa de todas las propuestas.

“Más que el precio, me pareció que el problema fue no aceptar reclamos”, admitió Varela. Añadió que hubo tres contratistas cerca del precio.

EJECUCIÓN Y TRASLADOS
Juan Carlos Varela pidió a Dulcidio que agilizara los trámites para el puerto de Cruceros en Colón y los proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Varios ministerios registraban una ejecución muy lenta. "

“Solo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Mivi) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) están ejecutando, Minsa (Ministerio de Salud), Meduca (Ministerio de Educación) y otros, súper lentos, cuarto puente y línea 3 se están dilatando”, analizó Varela.

“Eso es lo que hemos estado haciendo, pasando recursos a medida que se liberan para los que necesitan", respondió el ministro.

“El Idaan está pidiendo $100 millones adicionales. No tengo en este momento a quién quitárselos, lo que había lo pasaron al MOP, Mivi, Presidencia, y otros”, advirtió De La Guardia.

“Podemos buscar $50 millones. Que los ejecuten y vemos”, respondió Varela.

Ante el faltante, el gobierno decidió emitir bonos en dos ocasiones para financiar las necesidades de 2017 y reducir el monto de la emisión que vencía en 2020. En total pusieron en el mercado $2 billones. “El objetivo es reducir en unos 750 millones el bono de 2020 y el resto sería para las necesidades de 2017”, explicó Dulcidio.

En un informe que envió el ministro a Varela detalló las necesidades de las instituciones, en total sumaban $562 millones. El Mivi lideraba con $132 millones para proyectos de Techos de Esperanza, Renovación Urbana de Colón y otros. Para el Idaan , destinados a dos potabilizadoras, requería $112 millones, el MOP pedía $83 millones, los nuevos préstamos del Banco de Desarrollo Agropecuario totalizaban $40 millones, y contando. De ese monto total, habían asignado $156 millones.

De La Guardia indicó ayer a este diario que el déficit del Sector Público No Financiero de 2017 ascendió a los límites máximos dentro del marco legal, en total fue de $1,600 millones. Sobre el contenido de los chats no quiso opinar. Añadió que durante su gestión se cumplió con la Ley que plantea el déficit fiscal.

Conocía cómo fallarían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los litigios entre empresas, igualmente las querellas presentadas. Así lo comunicó, en las filtraciones, al mandatario quien en algunas ocasiones trazaba la estrategia judicial: “la rechazamos” dijo en el caso de Abdul Waked contra el Banco Nacional. Dulcidio sugirió al panameñista Olmedo Arrocha como candidato al cargo de magistrado de la CSJ, como en efecto ocurrió.

Los traslados en la Asamblea empezaban a tener sus costos luego del acuerdo de apoyo que dieron al Ejecutivo. Los diputados panameñistas Jorge Iván Arrocha y Adolfo ‘Beby’ Valderrama, pidieron a Dulcidio $300 mil adicionales para las comisiones de Presupuesto y Economía para contratos por lo que quedaba del semestre.

'Beby' quería ganar la presidencia de la Asamblea.

LA SORPRESIVA PROTESTA
El 10 de junio unas 100 personas se congregaron frente al departamento de Varela para protestar por un Decreto Ejecutivo sobre la revalorización de la propiedad.

La manifestación, liderada por la diputada opositora Zualy Rodríguez, a quien el mandatario tildó de 'loca', lo enfureció.

“Ni la jefa de comunicaciones del MEF ni de Anati (Autoridad Nacional de Tierras) sabía de eso. El Decreto lo tiramos así y ahora le hemos dado una bandera a esta gente”, reclamó Varela.

“Están resolviendo un problema técnico sin estrategia de comunicación o política”, inquirió Varela.

“Sobre la comunicación, es mi responsabilidad. Francamente no pensamos que un decreto sobre temas interinstitucionales causaría esto”, admitió Dulcidio.

“A mí nadie me advirtió y ahora me están desgastando a mí, evalúa si vale la pena suspender el decreto hasta explicar y sacar de circulación, no es justo el desgaste que me están sometiendo”, exigió Varela.

El 28 de junio la Empresa de Transmisión Eléctrica estaba en serios problemas: “Está quebrando por generación obligada que este año van a ser $30 millones y no tienen liquidez para pagar sus cuentas” pendientes, advirtió Dulcidio al Presidente.

Otra emisión de bonos de Panamá, esta vez en China, exploraba el Ministro para hacer frente al faltante.

“Podemos ir preparando con discreción”, estudió el presidente.

A continuación Dulcidio consultó cómo subsanar el pago de un contratista.

“Los fondos adicionales para el Minsa, pago a la (la empresa) IBT, son $41.6 millones y no $40 millones, tengo que reducirle al MOP o a la ATP (Autoridad de Turismo) la diferencia, ¿los tomo del MOP o de la ATP?”, preguntó Dulcidio.

“Del MOP -ordenó Varela-, le pasas menos, eso lo resolvemos más adelante, la ATP necesita invertir más”.

“Por otro lado, (diputado Luis) Barría me ha pedido $600 mil más para la Comisión de Presupuesto, ¿procedo o no?”.

“¿En partidas o en fondos? si tienes que darle procede, ¿qué dice ‘Popi’? (hermano del mandatario y diputado)”, cuestionó Varela.

“Son para contratos de la 172”, respondió Dulcidio comprometido a hablar con el diputado ‘Popi’ Varela.

La idea de los diputados era incrementar los contratos de los colaboradores de 5 a 15, o 20, según el presupuesto.

“Eso no se puede, vamos a quedar enredados si seguimos en esta vorágine”, recalcó el mandatario.

“Son nuestros diputados los que más promueven eso, veo entonces mucha dificultad en pasar la ley de Cepadem y el impuesto de inmueble, y cualquier otra ley”, advirtió Dulcidio.

El 21 de agosto de 2017 Dulcidio veía injusta la detención del exministro del MEF, Frank De Lima, por un caso relacionado al aeropuerto internacional Tocumen. Reclamó al Presidente que en todo caso el Ministerio Público tendría que haber detenido a todos los miembros de la Junta Directiva del aeropuerto Tocumen, que preside el ministro del MEF.

“Yo no manejo esos temas, menos los detalles, el Ministerio Público debe sustentar sus actuaciones, el caso sí es una auditoría de Contraloría que se envió al Ministerio Público para que llegaran a un acuerdo, las normas lo permiten”, respondió Varela.

"Sí, pero lo han detenido porque es el presidente de la Junta Directiva, mañana me pueden aplicar ese estándar a mí, o es que acaso yo tengo que ir a medir el tamaño de todos los locales comerciales", se curó en salud Dulcidio. Y añadió: "Yo conozco el caso, sí deben dinero pero no el monto que dice la Contraloría. Además, ¿por qué no está preso (Juan Carlos) Pino& y los gerentes de Tocumen, y el resto de la junta directiva que aprobó la adenda?”.

“Pueda la medida sea un error, no soy abogado, pero a tí como presidente de tocumen te consta que su gestión le costó al Estado entre $50 a $60 millones al año a Tocumen", defendió Varela la gestión del ministerio Público.

Da la impresión de que Varela vivía convencido de que los proyectos de infraestructura de su administración convencerían al electorado en las próximas elecciones generales. Estaba apurado por terminarlos antes de las elecciones, y de continuar con la política de subsudios sociales.

“El otro año es año preelectoral, ganar la elección será lo más importante, también los niveles de liquidez que tenemos debemos evitar sacar más bonos por mientras”, recomendó Varela a Dulcidio.



sábado, 16 de noviembre de 2019

Cada hora que pasa se pone más en entre dicho el papel del Ministerio Público


El Procurador de la Administración, Rigoberto González, debió abrir de oficio una investigación sobre las filtraciones del expresidente Juan Carlos Varela, de lo contrario, cae en omisión y daña la institucionalidad del Ministerio Público

El país, por décadas, no se ha puesto cara a la situación de la justicia en forma sincera. Ha dejado pasar tropiezos sin reparo, uno acumulado con otro que finalmente han mostrado un rostro aterrador. Tráfico de influencias, manipulación de fallos, injerencia de un poder en otro, ausencia de control entre un órgano y otro, y una sociedad que no aprende a exigir una rendición de cuentas a quienes ostentan el cargo. Todos somos cómplices en alguna forma. Unos por interés económico, otros por influencia política, o por familiaridad, algunos por omisión. Al final hemos creado un sistema ausente de todo menos de justicia. Los varelaleaks.com, o las filtraciones extraidas del celular del expresidente Juan Carlos Varela son una muestra de lo anterior. El reto está en remediar el sistema para evitar que en dos semanas actuemos con una memoria selectiva que a en el futuro puede manifestarse con hechos violentos incontrolables, como lo que sucede en países vecinos. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, pone los puntos en las íes y brinda un panorama claro de la realidad y sus consecuencias, las responsabilidades institucionales e individuales, además de la oportunidad de adecentar el sistema con los próximos nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación.

¿Cómo debería de haber procedido el Procurador de la Administración?
Como guarda relación con una investigación de carácter penal, poca maniobra tiene el funcionario que ostente la Procuraduría de la administración. Producidas las revelaciones, se produce la noticia criminal, y no hay otro camino que la apertura de la investigación porque se trata de la administración pública, no es un litigio de un particular en el que cada quien asume posiciones individuales.. Se trata que ostentar el cargo involucra responsabilidades colectivas, y esas responsabilidades están en permitir que no haya desestabilización de las funcionare de un órgano que guarda relación con la justicia. Y todos debemos apelar es que sea neutral, objetiva y profesional. Y esos elementos se colocan en el Procurador de la Administración con una obligatoriedad. No hay otro camino que abrir la investigación para permitir que la democracia no se siga lastimando. Debió investigar de oficio en las primeras horas producidas las revelaciones cuestión que se abriese el compás que es el que va a disipar la duda, a esclarecer, y el mecanismo contempla la separación del cargo para resguardar lo público que tiene un tratamiento institucional, no particular. Y lo institucional es que el Procurador de la Administración tiene la carga de custodiar las labores que se ejercen en el Ministerio Público. Esa medida de suspensión del cargo habría sido la protección inmediata de lo público, que permitiese hacer el razonamiento personales al margen de lo institucional.

¿De no hacerlo caería en omisión?
Definitivamente y lastimaría más la institucionalidad porque se trata de que un funcionario tiene que ser el contrapeso del otro. Esto no es personal, se trata de la institución.

¿Qué pasa con los otros funcionarios que salen mencionados en hechos comprometedores y que ostentan un cargo, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etc?
Si entendemos que esto se trata de pérdida de confianza pública comprenderíamos que el mismo cuestionamiento que no logra disiparse en el caso de la Procuradora General de la Nación debe avanzar en todos los funcionarios que siguen ostentando cargos públicos, porque esto aplica para uno ya para todos. También el papel de los medios es cuestionar y poner en contexto. Si con la misma energía se sostiene la necesidad de respuesta de la Procuradora, no aplica para otros, caeríamos en lo mismo. O aplicamos el mismo patrón de exigencia social o jugamos a lo que siempre se ha cuestionado. Lo que pareciera, que si estoy en calle arriba me aplican unas reglas y en calle abajo me aplican otras, si soy próximo al poder hay tolerancia y si soy distante se actúa con celeridad. El juego de la política ha entrado tanto en la justicia que hoy día no podríamos sostener que el país genera confianza para ningún inversionistas. Estamos en unas condiciones de colapso de la justicia pero que necesitamos seguir tocando fondo para reconstruir.

Más fondo que esto, ¿qué puede haber?
Bueno, el cuestioamiento para cada uno de los involucrados, aquí todavía tiene que haber respuestas. El manoseo de la justicia es algo que nadie puede tolerar.

¿Y si quieren echar la tierra debajo de la alfombra?
Sería responsabilidad de los medios de comunicación y sería con el apadrinamiento de los medios que un escándalo de esta magnitud a las tres semanas estemos hablando de otra cosa. Por lo tanto, los medios de comunicación que eligen unas notas y descartan otras, es lo mismo que se está cuestionando sobre el funcionamiento colapsado de la justicia. Si ese va a ser el resultado, mejor no hablemos más nunca de justicia, de reglas o de procedimientos y hablemos de amiguismo. El cuestionamiento no es proximidad de los funcionarios, pero en cuántas situaciones las revelaciones solo ponen un contexto, necesita un contradictorio, pero lo público no puede admitir que yo discrecionalmente elija que sí y qué no.

El exmandatario dijo que las conversaciones estaban alteradas, ¿cómo se puede tener la confirmación de esto?
No podemos jugar a ser jueces. Hay cuestionamientos para personas que ocupan cargos públicos, y como tal esto no es un razonamiento donde tiene que entrar la valoración de un expediente judicial. Hay que separar lo judicial que corresponde a una responsabilidad personal para la comisión de hechos delictivos, frente al comportamiento que la sociedad merece de sus funcionarios.

Es tan sencillo como mostrar los chats y comparar...
En el contraste de la información, cuando los medios toman escena en el cuestionamiento, quien no tiene respuesta, pierde la confianza pública en el cargo.

¿Qué tipo de indicios de delitos puede identificar hasta lo que se ha mostrado hasta el momento?
Tráfico de influencias, corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad, omisión de funciones- Es un catálogo tan amplio como el de un país en el que el Estado de Derecho no existe.

Dudo que la que está en funciones haga una investigación del contenido...
Por eso el papel del Procurador de la Administración, cada hora que pasa pone en entredicho más el papel institucional del propio Ministerio Público como ente investigador que debe tomar la información, diseñar una estrategia de investigación tomando como base las publicaciones que ya están en los medios para luego avanzar a líneas más profundas.

Se hacía ver una administración honesta, pero los chats los comprometen mucho...
Nosotros como actores desde la sociedad, externos del poder político, siempre tenemos la ilusión de confiar en que la cosas se van haciendo en la forma correcta y nuestros aportes van orientados en que haya una defensa del estado de inocencia y dónde la justicia debió mejorar. Pero la justicia panameña no hay otra forma de decir que se matizó dependiendo de en qué extremo de la acera se encontraba cada quién. Para que exista justicia en un país, debe existir legitimidad de la información, legitimidad del proceso y de la sanción. Cuando se pierde uno de los elementos, ese proceso no es justicia, es cualquier cosa. Nuestro país tiene una justicia en la que han querido levantarle la venda a la justicia para que vea lo conveniente y omita donde quiera omitir. Eso tiene que acabar, pero debe ser reconociendo que la justicia colapsó dividiendo las responsabilidades institucionales a las personales, quien no pueda sostener sus respuestas debe dar paso a que el Presidente haga una reingeniería de la justicia y toca mostrar que los defectos estructurales están en la ausencia de ley. Sino tendríamos que reconocer en dos semanas que este escándalo desaparece, nuevamente vamos a seguir hablando de lo bien que un nuevo procurador ejecuta su gestión con las mismas reglas, bastaría nuevamente aquello en donde se piensa que la persona es la institución y no la institución como un conjunto de arquitectura de diseño, pesos y contra pesos. Aquí, la carencia de pesos y contrapesos es lo que provoca que me sienta la institución cuando soy un pasajero transitorio, y la institución permite continuar la estadía en la silla. Esto no es para que nadie se sienta ofendido a nivel personal. Es para reconocer qué país queremos, qué estado estamos y cómo somos mejores como miembros de una sociedad internacional.

Panamá se ha caracterizado por ser dominado por intereses económicos encontrados que ha sido muy difícil de manejar en términos de justicia...
Por la razón que las responsabilidades derivadas del ejercicio de un cargo no tienen sanciones aplicables. Si un profesional asume una conducta que sabe que no tiene consecuencias, es posible que se desvíe en el camino y simplemente no tenga mayor reparo que saberse protegido, resguardado por el poder de turno. Aquí lo que haría falta es sabiendo que los profesionales sepan que sí hay consecuencias del mal ejercicio de los cargos como una forma de colocarse frente a la constitución y a la ley y no ante el actor que esta siendo sometido ante la justicia.

Hay quienes discrepan con la salida de la Procuradora porque defienden su trabajo contra la corrupción... ¿qué opina de eso?
La institución no es la persona, y el reemplazo a personas no debe sufrir ningún tipo de alteración si tenemos mecanismo y reglas concretas de cómo actuar porque la institución es permanente. No puede decirse que la institucionalidad depende de la permanencia  de un individuo mucho mas cuando su salida se transforma en la imposibilidad de dar una respuesta  a la crítica y disipe la duda. Cuando no se puede hacer eso, obviamente la salida es lo más favorable para la democracia.

Llama la atención como los políticos se refieren a los medios, ¿con qué óptica debemos mirar eso?
Primero con el falso compromiso con una voluntad democrática. Lo que se debe poner en cuestionamiento es que oposición y gobierno siempre luchan por dejar claras sus diferencias,  uno es el bueno y otro el malo, pero en la lucha de pode la ausencia de reglas permiten la conveniencia personal en la que solo hay aliados dependiendo del actor que está en conflicto. Esas medidas solo se sostienen cuando te encuentras cerca de mí, si me cuestionas mereces mi rechazo.

¿Cómo se entiende en derecho el hecho de que un presidente mande a buscar al dueño de una cuenta de Twitter porque lo insultó?
Para el tema concreto de descalificaciones, ofensas, en todo caso el cargo del Presidente tendría que interponer un proceso en la casa de Paz más cercana y permitir que el proceso fluya. Si el sistema opera para intimidar, coaccionar o amedrentar, en otros países se conoce como terrorismo de Estado. El uso del poder para causar terror en la población en donde la crítica ciudadana no puede tener cabida porque en el momento que se da produce el choque de las fuerzas desde el poder.

¿Pero que se emplee al Consejo de Seguridad para este propósito?
Sería un delito, nosotros tenemos que trabajar en la reingeniería porque se apadrina pensando que es válido. Las reglas deben ser iguales para todos.

¿Qué pasaría si se comprueba que algunos fallos de la Corte fueron manipulados para beneficiar a una de las partes?
Entraría el escenario el tema de la justicia internacional. Nuestra constitución contempla tiempos y momentos para impugna los fallos judiciales, pero solo si esa sentencia queda en firme podría desaparecer si un tribunal internacional ordena la nulidad de la misma. No dudamos que en algún momento tribunales internacionales asuman posiciones en contra de Panamá si la información no logra ser esclarecida. Para los tribunales internacionales , este conjunto de publicaciones no va a atravesar aquel debate de lo legal o ilegal, desde el poder se entendería como un exceso del poder y el Estado tendrá que hacer frente por los excesos de sus autoridades.

¿Qué debe demostrar el Presidente con los nombramientos pendientes?
Lo primero es que debe haber un reconocimiento de que la justicia está colapsada. No puede haber maquillaje en torno al estado actual de la justicia por parte del Ejecutivo, eso determina responsabilidades para los nombramientos, que en una coyuntura como la que nos encontramos tendrá que atravesar tamices distintos que el momento hubiera sido otro. Esa realidad hace que el presidente tiene que dar a conocer cuál es el legado que quiere dejar al país entendiendo que lo que hay hay colapsado, no tiene credibilidad y confianza, y ningún plan gubernamental va a prosperar porque ningún inversionista va a confiar en un socio como Panamá porque la justicia no está generando ninguna confianza. El Ejecutivo tiene la responsabilidad, de que si quiere producir y quiere poner al país en otras condiciones, o mete el hombro en políticas públicas en materia de justicia, y encuentra los perfiles adecuados que generen tranquilidad, confianza y justicia, pero también que motive una agenda legislativa para los auxilios que necesitan los pilares de la justicia. Aquí hay una agenda legislativa profunda que se ha ido omitiendo, relegando. Cómo este episodio hubiese pasado inadvertido? Si nosotros tuviéramos un historial en donde las sanciones administrativas tienen eficacia. La queja disciplinaria en el Ministerio Público ha tenido eficacia? Son respuestas que tienen que darse en negativo, lo mismo pasa en la Corte, la queja disciplinaria no existe. El propio mecanismo de depuración inexistente provoca una acumulación.

viernes, 15 de noviembre de 2019

La diplomacia que se puso a prueba por un terreno para los chinos


En medio de presiones y amenazas, el Ejecutivo ubicó tres terrenos para la embajada de China en Panamá, una decisión con el aval de los americanos que al inicio objetaron dos opciones en Clayton, pero finalmente terminaron siendo vecinos de sus rivales comerciales

El gobierno de Juan Carlos Varela se veía en aprietos para encontrar un sitio y cederlo a la embajada de China Popular, luego de establecer, sorpresivamente, relaciones diplomáticas, en junio de 2017.

Se enfrentaba ante un serio dilema sobre qué terrenos cederles. Esto, sin contar que para los norteamericanos, el hecho de que Panamá nunca les consultara que pretendían abrir las puertas a su mayor competidor comercial, prácticamente era una traición de un socio histórico. Había temor de cómo los estadounidenses podían reaccionar.

Varela había tomado una decisión y sabía que las presiones vendrían por temas varios: “Chantaje y doble moral”, a juicio de Varela.

El primer paso de Estados Unidos fue llamar a consulta a los embajadores de los países que habían dado golpe de timón diplomático. Un hecho que Varela interpretó como “lobby de Taiwán presionando a Washington”.

En las filtraciones del móvil del expresidente Varela del portal Varelaleaks.com, se publica una conversación con la canciller y vicepresidenta Isabel Saint Malo de Alvarado, en la que se retrata paso a paso la escogencia del terreno que darían a los chinos, las “amenazas” y presiones que sortearon los funcionarios en este proceso. Por considerar que son de interés nacional, este medio se permite reproducir algunos fragmentos para que la sociedad los contextualice.

LAS ALTERNATIVAS
Tres opciones se barajaban para la sede diplomática china: la primera en el sector de Clayton, frente al colegio Chino Panameño, una zona boscosa que enfrentaría la resistencia de los grupos ambientalistas, además carente de servicios públicos y sin zonificiación. La segunda tenía un componente oculto, una historia que no querían revelar Varela y De Saint Malo. Este terreno, el primero que habían mirado los chinos, también ubicado en Clayton de 3.5 hectáreas a lado de la Nunciatura, por temas de “seguridad” y la cercanía con la embajada norteamericana, quedaba descartado.

“Y si contamos la segunda de Clayton la gente entendería lo que pasó, pero bueno”, señalaba Varela.
“Esa no”, decidió Saint Malo.

La embajada de Estados Unidos instalada en Clayton, había objetado las dos posibilidades.

LAS CRÍTICAS Y PRESIONES
Al verse impedidos de ceder una tierra en Clayton, se abría una tercera alternativa que consistía en un terreno en Amador en manos de la Fundación Amador, pero la idea recibió un aluvión de reproches de opositores.

“Todas las críticas vienen del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tomaron dinero de Taiwan y no dieron el paso, y que han hecho fortunas y ni siquiera han hecho un mueso. Es político. Les dolió, le recordara las 5 hectáreas que se llevaron”, rebatía Varela.

La canciller empezaba a sospechar que detrás estaban los norteamericanos.

“Así es, fue Amcham (cámara de comercio americana), yo le escribí”, confirmaba el Presidente.

El Ejecutivo se encontraba en una encrucijada contra reloj por la próxima visita del ministro de relaciones exteriores de China que apresuraba con recibir el contrato de las tierras de Amador para rubricarlo oficialmente. Encuentro que se canceló por iniciativa de los chinos, que al ver el panorama nublado, decidieron dar más tiempo a Panamá para aclarar el tema.

A todo esto se sumaba el informe sobre gestión de transparencia elaborado por el Departamento de Estado de los norteamericanos, en el que agregaba el ingrediente de China como un asomo de corrupción en los tratos que realiza ese país con otros Estados.

Todas estas alertas, sumada a los mensajes en las redes sociales, por ejemplo, el del excanciller Jorge Eduardo Ritter, a quien el presidente llamó “borracho”, o el del senador republicano Marco Rubio, anticipaban las complicadas relaciones con Estados Unidos que se avecinaban. Algo que para Varela era incomprensible.

“Si envían (los norteamericanos) algo que no gusta contestamos”, defendía Varela.

Era el primero en dar el arriesgado paso de reconocer a China en nombre de un país soberano y sentía que era una injusticia. Cosa que motivaba a la Canciller a poner “operadores políticos para reventarlos”.

Por la mente de Varela se cruzaba ofrecer a los nuevos inquilinos el terreno de la Fundación Omar Torrijos. A su juicio, el PRD no había cumplido con la Ley que creaba la parcela para efectos culturales.

El 15 de septiembre, el Presidente se propuso buscar terrenos para la embajada: “Tengo tres horas viendo terrenos. Este tema los americanos lo han manejado muy mal. Clayton tiene varios puntos. Inclusive el que yo escogí de la Nunciatura está a nombre de la Cancillería y tiene un desarrollo de por medio, Embassy Suites. Hay otro ideal que está a la misma distancia casi del chino panameño lleno de carros. Es buena opción. El de 15 hectáreas podría ser dando 5 y 10 en custodia. Son las dos opciones que veo pero debemos de ser firmes”, enfatizaba Varela.

“No sé presidente, ¿vamos a resolver un problema con otro problema?” preguntaba Saint Malo. “Siento que no debemos buscar más problemas. ¿Qué pasó con el chino panameño?”, inquiría la canciller.

“He pagado un costo por esto y además amenazas”, respondió Varela. Ambos terrenos fueron objetados en la época de (John) Feeley (exembajador de Estados Unidos en Panamá), pero es capricho. Entre Nunciatura y embajadas hay 500 casas de Embassy suites”, insistía Varela.

“Y lo siguen objetando, en las llamadas recibidas han sido reiterativos en que Clayton tan cerca tampoco, reiteradamente”, alertaba De Saint Malo.

“¿Tú has visto la embajada que están haciendo los rusos?, le contestaba Varela.

De Saint Malo preguntaba al Presidente si estaría dispuesto a sentarse con los norteamericanos y escucharlos. “Yo no quiero mas líos”, confesaba la canciller.

Lo de los rusos sabía que había generado muchísimos problemas.

No tenía sentido pelearse con sus socios históricos por un terreno, pero sí a dialogar sobre el mismo. La Canciller le comentó al Presidente que en un evento reciente la agarró Elías Baumann (de asuntos internacionales del Departamento de Estado norteamericano) para decirle que no vuelvan a lo Clayton. “Parece que ellos saben lo que uno está pensando o saben las cosas antes que uno...”, se sorprendía De Saint Malo.

“Créeme el de la Nunciatura estaba perfecto. Es un relajo cómo lo han manejado, les han dicho que no a 3 terrenos eso no es ser cortés y todos se consultaron", refutaba Varela. “No lo veas como pérdida de dignidad y soberanía, míralo como cortesía con un socio. Si ellos han llevado esto como relajo nosotros llevémoslo bien”, aconsejaba la Canciller.

“Y menos amenazar al Canciller de un país y un Presidente, te crearon pánico, eso no está bien. Todo se ha consultado”, persistía Varela. Ella admitió que le crearon pánico aunque “fue un mensaje cortés”, explicaba.

“Bueno, tenemos dos opciones, una validar con la agencia de inteligencia (CIA), encargada de hacer los informes de riesgo al Departamento de Estado, el de 15 hectáreas (cerca del colegio) chino panameño con derecho a uso de 5 (hectáreas), y un terreno nuevo mas distante”, concluía Varela.

El nuevo terreno se encontraba a un kilómetro de distancia de la embajada norteamericana. El otro era solo a 300 metros. Había que ser firmes antes del miércoles.

“Podría ser, solo contémoslo porfa, para ya no más líos. Coincidía en que Clayton era mejor, pero ya no quiero más líos con los norteamericanos”, suplicaba De Saint Malo.

Varela se apostaba a elevar el tema de consulta con la CIA en Estados Unidos y la Canciller continuaría hablando con la embajada.

“El otro es un parking, ¿sería entonces la primera opción?”, pregunta la canciller.

“Correcto, está a un kilómetro de la embajada norteamericana, si validan ese tenemos una buena opción para ofrecer”, reiteraba Varela.

“Hagamos el intento”, sugiere la mujer.

“No, comuniquémosles, exigía Varela. “Ya objetaron uno”, añadía.

“Dos”, corregía ella, “Clayton y Amador”.

De Saint Malo hacía un balance de la reunión con Roxanne: “Fue buena. Reiteré cómo llegamos a Amador por dos opciones previas descartadas por ellos (una que ahora indican que está ok). Eso hace 3 opciones objetadas por ellos incluida la ideal para nosotros que era el lote asignado para esto. Le quedó muy claro. (...) Me indicó no ser la experta, por lo que quedó en ver con su equipo de inteligencia y comentarme hoy mismo si es posible. También elaboré bastante sobre nuestra disconformidad por el manejo en general del tema. El chino panameño me reconfirmó que esta ok también pero entendió temas boscosos”.

“El ideal es donde están los carros”, contestó Varela. “Ya lo presenté a Doug, lo sentí bien le pedí apoyo, están agradecidos de Amador”, puntualizaba.

Tomando en cuenta la complacencia de los norteamericanos de que Panamá retiraba la idea de poner a la embajada en Amador, Varela daba la orden a De Saint Malo de anunciarlo, pero el detalle es que aún no habían avisado a los chinos que habían descartado el tema de Amador. Se encargaría él mismo de hablar con el representante de China en Panamá, embajador Wei Qiang, quien no tuvo objeción sobre el terreno de Clayton que servía de estacionamiento.

La reacción de Estados Unidos ante la posibilidad de instalar a los chinos en Amador había sido “fuerte”. Según los funcionarios, no se hubiera tenido que llegar a todo lo anterior si ellos hubieran dicho “ok” al terreno de Clayton en primera instancia.

El 28 de septiembre de 2018, Varela se reunió con el personal de la CIA y le manifestó su disgusto por la forma en que el Departamento de Estado había manejado el tema. “Ellos están muy por encima del State”, aseguraba Varela.

Finalmente los norteamericanos aprobaron la nueva ubicación de sus vecinos. Varela se encargó del canje de notas con el embajador de China en Panamá.

En estos momentos la embajada de China en Panamá está ubicada en un edificio de la ciudad en espera a los trámites de diseño y construcción de la sede.

La excanciller y vicepresidenta Isabel Saint Malo fue contactada por el diario pero no respondió los mensajes.

Berguido, el amigo entrañable que asesoraba a Varela


Después de abandonar el cargo como embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido brindaba asesoría al Presidente, le redactaba varios comunicados, sobre las relaciones con China, los terrenos de la embajada y para responder sobre la ‘Procuraduría Paralela’

Después de retirarse de la vida pública como embajador de Panamá en Italia (2015-17), el abogado Fernando Berguido continuó su amistad y confianza con el entonces presidente Juan Carlos Varela. Era un amigo entrañable a quien el mandatario le pedía consejos puntuales. Una especie de asesor, no solo para redactar comunicados en temas particulares, especialmente en cuanto a las relaciones de Panamá con China. Le sugería tomar distancia del padre David Cosca para no quedar en el ‘cover’ por su relación con la Iglesia.

De igual manera, le planteaba la forma de cómo podía responder a través de comunicados sobre la intención de ceder los terrenos para la embajada de China en Amador. En este sentido, Berguido mostraba el apoyo a su amigo colgando varios mensajes en Twitter cuestionando la supuesta doble moral de los norteamericanos: “Que rompa relaciones diplomáticas (Estados Unidos) con China Popular y vuelva a reconocer a Taiwan”, colgaba en su cuenta de Twitter el abogado.

Da la impresión de que Berguido servía al exmandatario para ventilar algunos temas en “LP” (supuestamente el diario La Prensa). Una vez Varela le solicitó que pidiera la cabeza de un periodista supuestamente por escribir de NG Power, una empresa vinculada al campo energético.

Al ser públicas las conversaciones del portal varelaleaks.com, y por considerar que se trata de un exfuncionario público, este medio reproduce las aparentes comunicaciones entre el abogado Fernando Berguido y el exmandatario con el propósito de que la sociedad las aprecie en su contexto.

ALÉJATE DE COSTA
En septiembre de 2018 un escándalo sale a la luz pública en el que se ve envuelto el padre David Cosca, supuestamente vinculado a la muerte de un ciudadano en un hotel de la localidad.

Berguido aconseja: “Aléjate lo más posible de lo de Cosca. No vayas a quedar enredado en un cover”. Advertía a Varela por su cercanía a la Iglesia.

El presidente contestaba que “estaba a distancia”.

Para dejar posiciones claras en el tema, Berguido sugería preparar una frase como: "En este país nadie puede estar por encima de la ley: ni los políticos, ni los millonarios, ni los curas”.

El exdiplomático advertía que el tema del religioso sería una bomba y salpicaría por todos lados a pocos meses de que se celebrara en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud en enero 2019, a la que asistiría el papa Francisco.

LOS MAGISTRADOS
El 11 de septiembre el presidente recurre a Berguido para “desenmascarar lo que pasó en la Corte”.

Por esas fechas los magistrados casi otorgan al expresidente Ricardo Martinelli una medida distinta a la detención preventiva.

“Manda, regreso jueves (de un viaje) o si quieres antes, con Rolando?” (López, director del Consejo de Seguridad), preguntaba el abogado. “Contigo”, aclaraba Varela.

Enseguida el Presidente le informa que el magistrado Cecilio "Cedalise, alquiló un departamento en Bijao (Playa Blanca) y se la pasa tomando con gente del gobierno pasado. Está construyendo una casa en camino El Valle".

“Cabrón, lo compraron”, especulaba Berguido.

“Sí, uno más o ya, y tocará darle con todo”, vaticinaba Varela.

Nuevamente el tema de China sale al tapete. Berguido quería saber si ya se había tomado la decisión sobre qué terrenos asignar a la embajada. Se apunta con otro consejo sobre las palabras que debe pronunciar él o la Canciller al respecto, y a la vez califica a la ciudadanía como ausente de conocimiento en el tema de China y “hacen daño por su ignorancia”.

Propone que la canciller Isabel Saint Malo debe tomar un rol más activo (en la política).

La intención de Varela de entregar a los chinos un terreno en Amador ponía al gobierno en aprietos ante los cuestionamientos de la población. Aparentemente, el gobernante sugirió cancelar las tierras de la Fundación Omar Torrijos por incumplimiento a la Ley 26 de 5 de julio de 2006. Berguido hacía eco en las redes sociales sobre el tema.

Como una aparente forma de contrarrestar las presiones internacionales, Varela le pedía a su amigo que averigüe sobre las 22 hectáreas de Clayton que se concedieron a los americanos para su embajada, a cambio del terreno que desocuparon en la avenida Balboa.

Con los chinos se barajeaban tres opciones en Clayton, de las cuales dos habían vetado los chinos.

A mediados de septiembre Pekín reconoció al Vaticano, una noticia que Varela ya había conversado con Xi Jinping, presidente del gigante asiático. El papa tenía intención de ir a China, pero ya Varela estaba al tanto.

SOBERBIOS Y BULTOS DEL PRD
Las elecciones internas del PRD se desarrollaban, ambos coincidían en que Laurentino ‘Nito’ Cortizo saldría vencedor, y Berguido veía al ‘Toro’ (Ernesto Pérez Balladares) con cara de perdedor".

“Sí”, coincide Varela, “esta noche se van varios bultos a casa, ‘Toro’, Navarro (Juan Carlos Navarro), Solís (Gerardo) y Zulay (Rodríguez)”.

“¿Qué tal tu vínculo con ‘Nito’?”, consulta el abogado. “Respetuoso”, señala Varela. “Aunque ese partido en gobierno es soberbio”, añade el mandatario.

“Oh yes, y me han dicho que él es bien soberbio”, añade el amigo. De inmediato el presidente recuerda el pasado de Nito: “tiene Cemis, Remigio Rojas, concesión de arena...”

Berguido celebra la "palera" que le estaban dando al ‘Toro’ (Ernesto Pérez Balladares). El Presidente se ríe y dice que “si queda de último lugar es bueno”. Se lamenta que a la vicepresidenta no le guste el tema (de la política) pues “la sentaría en la silla” de candidatos a la presidencia con poco esfuerzo.

“Trata de convencerla”, le dice Berguido. Conjeturan sobre la oferta electoral si la vicepresidenta se animara: “Isabel, (Rómulo) Roux y Cortizo y así el gobierno se reeligiría”. “Mira (José) Blandón que pereza, oponiéndose a que se le conceda a China un espacio para su embajada en Amador”, manifiesta Varela. “Se está limpiando”, le dice Berguido.

La victoria de ‘Nito’ como candidato oficial del PRD se anuncia y Berguido empieza criticar su discurso: “demasiadas cosas”. “Se ve que es medio terco también”, añade Berguido.

Al día siguiente ambos vuelven a comentar el discurso de ‘Nito’ al que Varela se moría por responder, pero Berguido le dice que se “aguante”.

Enseguida le sugiere a Varela que guarde para el futuro una entrevista en la que Nito se “resbaló con el tema de Odberecht”. En ella manifestó que si la empresa brasileña se ganaba una licitación en su gobierno no podría hacer nada y tendría que dársela. Suelta la carcajada: "tu línea", parece festejar Berguido según el portal.

“Él no puede declarar contra ellos, tiene al PRD agarrados”, justifica Varela.

LOS NEXOS CON EL DIARIO
El Presidente le comenta a Berguido que debe pedir el puesto de Wilfredo Jordán, un periodista del diario La Prensa que escribió un artículo sobre la empresa NG Power. A juicio de Varela la compañía había ganado la concesión de generación eléctrica a base de gas natural en forma irregular, un contrato para el “Estado oneroso, una estafa”, decía.

Le da un panorama a Berguido sobre los movimientos financieros de NG Power, que firmó un acuerdo con la empresa Shanghai Electrónic, a la que presentaba como cierre financiero.

Varela le solicitaba a Berguido que sacara temas presumiblemente en La Prensa, por ejemplo, el de los tanques de Apsa, aunque él reclamaba que le faltaban municiones. Se refería al negocio de un americano que tenía 40 hectáreas en la entreada del Canal. Varela insistía que contara la historia.

Nuevamente Berguido alertaba al presidente que el tema de China se posdía enredar y le convenía preparar una ofensiva diplomática para desenmascarar “medias verdades”.

“El costo de jugar ligas grandes por el país de uno”, se lamenta Varela.

El asesor le sugiere que “hable el tema personalmente con la CIA y con el Secretario de Estado (norteamericano) Mike Pompeo”.

Varela le responde que estará al “más alto nivel en Langley”, ubicación de las oficinas centrales de la CIA de las que Pompeo había sido director. A la vez le servían como un puente para comunicarse con “state” (presuntamente el Departamento de Estado).

En un viaje a Nueva York, Estados Unidos, Varela pronunciaría su último discurso como mandatario ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fueron de compras juntos, pasaron por Armani, sitio donde lo esperaba Berguido y le sugería al Presidente no comprar muchas corbatas porque ya le había comprado una donde “su artesano newyorquino”.


LA JUSTICIA PARALELA
El exembajador de Panamá en Italia, a efectos de responder a las publicaciones de este diario que revelaban la injerencia del Ejecutivo en los casos de investigación penal, donde intervino la firma del abogado Rogelio Saltarín, pedía al Presidente que le consiga el monto que habían cobrado las firmas de abogados por asesorías al Estado durante la administración de Juan Carlos Varela, entre ellas Tapia Linares y Alfaro.

“¿Cuánto se les ha pagado a esos hijos de puta?”, cuestionaba el exdiplomático.

En octubre 8, la administración Varela aún no había efectuado pronunciamiento sobre las revelaciones de ‘La Decana’, de tal forma que Varela solicitaba a Berguido que le ayude a manejar el tema.

Le pedía que preparara un borrador junto a Salvador Sánchez, entonces ministro de la Presidencia, para hacer frente a la información del rotativo. Después de varios intentos se publicó un comunicado en nombre del Gobierno, aunque su amigo criticó la tardanza en responder a este diario.

miércoles, 13 de noviembre de 2019

‘Picuiro’, los ojos y oídos de Varela en el Gobierno


El secretario del Consejo de Seguridad Nacional era un fiel protector, ‘dispuesto a defenderlo hasta la muerte’, presionaba para conseguir fallos en la CSJ, le alertaba de quiénes acudían al Ministerio Público, y empleaba el aparato del Estado para detener y perseguir a tuiteros

Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad, estaba dispuesto a defender al entonces presidente Juan Carlos Varela, “hasta la muerte en todos los sentidos”. Era un yes man. En todo lo complacía. Seguía ordenes expresas de su jefe, a quien llamaba “comando”, aún bajo el riesgo de saltarse la Ley.

En una ocasión, con el afán de identificar a un tuitero que había colgado mensajes ofensivos contra Varela desde Miami, Florida, Estados Unidos, ‘Picuiro’ pidió apoyo al FBI para ubicarlo y tratar de bloquear su cuenta.

Los chats divulgados en el portal Varelaleaks.com muestran las supuestas conversaciones del expresidente Juan Carlos Varela con diversas figuras gubernamentales, entre ellas, con el director del Consejo de Seguridad Rolando López. Por considerar que se trata de funcionarios públicos, este medio reproduce las aparentes comunicaciones para que la sociedad las aprecie en su contexto.

EL RADAR JUDICIAL
López era más que los ojos de Varela en todas partes: en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las redes sociales, en los casos policiales, en las manifestaciones, cierres de calle. Pero especialmente, era su radar en todos los movimientos del expresidente Ricardo Martinelli recluido en el centro penitenciario El Renacer.

Mantenía al “comando” (así lo llamaba) al tanto del número de homicidios, capturas de droga, secuestros, ingreso al país de terroristas, protestas, cierres de calle que por lo general se registraban un mínimo de cinco diarias en todo el país, como parte de su responsabilidad.

Sin embargo, los hilos del poder en la administración de Juan Carlos Varela se entretejían entre el Ejecutivo, el Consejo de Seguridad y la Procuraduría General de la Nación. Un supuesto chat entre el mandatario Varela y López, revela cómo éste reportaba al presidente quién entraba al Ministerio Público, a quién apresaban, qué lugar allanarían, quién salía con medida cautelar...

Según el portal, el mandatario ordenaba a López ‘recoger’ a tuiteros que lo insultaban en las redes sociales, cosa que enfurecía a Varela.

INJERENCIA EN LA CORTE
El cruce de información entre Varela y López, muestra una manipulación de la administración de justicia y de los expedientes que pasan por los despachos de los magistrados de la CSJ para controlar los votos. Deja al descubierto conversaciones para trazar estrategias legales e impedir que los recursos prosperen en la CSJ.

En septiembre de 2018, Martinelli interpuso un recurso de fianza que le fue negado.

Antes de conocer el resultado, Picuiro conversaba con el magistrado” Z” (Abel Zamorano supuestamente). “Dice que la vaina está dura”, era el reporte del magistrado que reenvió a Varela.

“Espero no se rajen”, respondió Varela.

Media hora más tarde López comunició a Varela: “no sale el capo”, según le había informado el magistrado Cecilio Cedalise.

“Espero que ganemos, ayer hablé con ellos”, pronosticó López según el Portal.

“Excelente, ¿cómo quedó la votación?”, preguntó el jefe.

A lo que Picuiro respondió: “6 a 3”, no sin antes acusar a la magistrada Ángela Russo de inclinar su voto a favor del expresidente.

En octubre, López notificó a Varela, a propósito de una fianza de excarcelación que había interpuesto el expresidente, que habló con el magistrado “Z”, y con JRF (Juan Ramón Fábrega). Además hablaría con “Cedalise” (Cecilio Cedalise) y “AP”, presuntamente Ayú Prado, para que no concedieran libertad condicional al exgobernante.

López negó a La Estrella de Panamá que buscó votos en la Corte para este propósito. Agregó que los chats de los Varelaleaks están alterados.

La injerencia en la Corte no solo se evidencia en el caso de Martinelli, también con el del empresario Adbul Waked.

“¿Tu sabías que Zamorano aceptó la demanda al Estado del caso Waked?”, inquirió el mandatario.

“No señor, hoy hablé con él y no me dijo nada de eso. La vez pasada había rechazado, pero hoy hablé con él sobre el caso del señor ( supuestamente Ricardo Martinelli) y teme porque nos falta un voto.

Me pidió hablar con usted”. La frase viene acompañada de la captura de pantalla que muestra la conversación entre el magistrado Zamorano, y López, en la que éste justificó la admisión de la demanda porque había cumplido con los requisitos. El mismo magistrado añadió: “Que Rigoberto (González Montenegro, procurador de la administración), apele”.

APOYO DEL FBI
Emplear el poder del Estado desde el Consejo de Seguridad para detener y censurar a tuiteros, quienes insultaban al Presidente, o posteaban fotos de ciertos allegados, era una de sus prácticas.

Este tipo de mensajes, aparentemente, desesperaban, enojaban y herían profundamente a Varela. A tal grado de exigir a Picuiro identificar a los dueños de las cuentas. El director del Consejo les daba seguimiento, los capturaba, los trataba “duro”, los obligaban a bajar sus cuentas y luego los conducían con un juez de Paz para ser sancionados con $5.

Así fue el caso de @edunar, quien posteó un mensaje insultando al Presidente. Picuiro hizo un puente con uno de sus seguidores para solicitarle que baje el mensaje. Ante la negativa de @edunar, Picuiro decidió capturarlos a ambos y conducirlos a la autoridad.

“Es un anárquico”, calificaba Picuiro al tiempo que informaba a Varela que había solicitado la información de las antenas del celular para ubicarlo. Ya había recorrido ocho lugares y no lo había encontrado.

“Me avisas cuando arrestas a esos imbéciles”, decía supuestamente Varela, según el portal.

López lo tenía ubicado, pero pendiente de captura.

“Que lo lleven al juez, lo sancione y borre eso. Y como se refiera más al tema que lo vuelvan a conducir”, demandó Varela. “Tienen que respetar”, exigió. “Sí señor”, acató López.

Por su parte, el seguidor colgaba los mensajes en Miami, Florida, así que para atender la demanda del “comando”, López decidió solicitar apoyo al FBI.

Capturado el tuitero en Panamá, éste accedió a borrar el mensaje en el juzgado de Paz donde fue multado con $5.

“Lo tratamos duro, pero estos jueces son una basura. Hubiese sido acusarlo (sic) en una fiscalía, lo único que iba a demorar en bajar el mensaje hasta que se le detuviera”, describió López, quien sugirió al mandatario evaluar una querella en su contra.

En varios casos López repitió la misma práctica con otros tuiteros. Se apoyaba en informes de inteligencia para armar un perfil. Localizaba el IP de la computadora gracias a la ayuda del equipo tecnológico del Consejo, ubicaba al sujeto, y lo obligaban a tumbar las cuentas.

El tiempo que ésto tomaba desesperaba a Varela, quien al otro lado del teléfono, no cesaba las órdenes: “Ubíquenlo. Que los baje”. Mientras López le aconsejó que debía presentar una denuncia por difamación.

“Solo hacerlo con fuerza y prudencia para no agrandar el ataque”, instruyó Varela.

Este tipo de acciones, algunos juristas, las interpretan como terrorismo de Estado, debido al recorrido intimidatorio y la violación a la libertad y movilidad ciudadana.

El tuitero @edunar denunció que había sido secuestrado por cuatro agentes de seguridad sin ningún tipo de orden legal, que lo esposaron de manos y pues y lo condujeron a un juzgado, “supongo que por órdenes del Presidente”, escribió.

También hay registro del caso de @reneforde28 que llamó “hipócrita y basura” al mandatario.

“Mandalo a buscar”, decretó Varela. “Ya lo están buscando, le presento foto esposado”, respondió su fiel ejecutor.

MINISTERIO PÚBLICO
López estaba al tanto de las personas que acudían a indagatoria en el Ministerio Público y todo lo reportaba al “comando”. Un ejemplo ocurrió cuando Marta Linares de Martinelli arribó a la Fiscalía Superior Anticorrupción citada por el caso Blue Apple. La vinculaban por una cuenta a su nombre, pero ésta se acogió al artículo 25. De esto le informó a Varela.

En otra ocasión, el 21 de septiembre de 2018, reportó al “comando” que Melina Cano, asesora del exministro de Obras Públicas Federico Suárez, procesada en el caso Blue Apple, rendía indagatoria y que era posible que fuese aprehendida.

Dos horas más tarde, López confirmó que el fiscal Aurelio Vásquez decretó medida cautelar de detención preventiva en perjuicio de Cano.

Este medio pudo confirmar que en noviembre de ese año, Cano recibió una medida cautelar de casa por cárcel en reemplazo de la detención preventiva.

De igual forma, chateaba al mandatario de los allanamientos que hacía el Ministerio Público.

¿Por qué usted estaba al tanto de lo que ocurría en el Ministerio Público?, inquirió ‘La Decana’ a López.

“En las postrimerías de las audiencias, cuando se daban a conocer los veredictos y se enteraban las partes procesales, entonces me informaban a mí y yo al Presidente, por cortesía y por lo que pedía antes. Lo demás son alteraciones del chat”, dijo ayer López. No obstante el Consejo de Seguridad o la Presidencia no hacían parte de los procesos.

Los varelaleaks.com no son más que una confirmación del trabajo de investigación publicado por este diario titulado, “La mano paralela de la justicia”, en el que se reveló la injerencia del Ejecutivo en la investigación en casos de corrupción puntuales.

Casi al final de septiembre, López notificó a Varela que había recibido un mensaje de la Mayor Damaris, sobre la salida de un equipo con tres unidades hacia San Carlos para una diligencia con la fiscal Especial Anticorrupción Zuleyka Moore, para aprehender la finca del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima.

“Fuerte eso”, respondió Varela.

A los pocos minutos López notificó al Presidente que el fiscal Aurelio Vásquez ordenó la conducción de Suárez.

Pronto le informaría que había sido detenido en un hotel de la localidad.

Las conversaciones entre ambas figuras ocurren entre septiembre y octubre de 2018.

EL RUISEÑOR
Martinelli podría ocupar todo un capítulo entero en el chat de Varela y Picuiro. Da la impresión que era una obsesión conocer todos sus movimientos en prisión: con quién conversaba, la lista de abogados que lo visitaban, extranjeros, familiares, las notas en papel amarillo que escribía, su condición de salud... Incluso el manejo del reo, a quien llamaban “ruiseñor”, y los supuestos beneficios de los que gozaba motivaron a Varela a remover al director del sistema penitenciario, Abel Price, “porque no tenía diploma”.

Siempre estaba presente la idea de trasladar a Martinelli a la Gran Joya. Pero esto nunca sucedió, en parte porque Picuiro y Varela no lograron obtener del Ministerio de Gobierno una nota justificando la medida a causa de un motín.

Porcell, la primera dimisión de los Varelaleaks


En horas de la tarde, la procuradora Kenia Porcell se reunió con el Ejecutivo para comunicarle su renuncia a partir del 1 de enero próximo. La ciudadanía esperaba un pronunciamiento pero prefirió una entrevista

Kenia Porcell, procuradora General de la Nación, es la primera dimisión que ocurre como consecuencia de las filtraciones de las conversaciones del celular del expresidente Juan Carlos Varela publicados en la página varelaleks.com.

Porcell presentó su renuncia al mandatario Laurentino Cortizo a partir del 1 de enero de 2020, y deja un espacio de transición para el reemplazo que designe el Ejecutivo.

Las filtraciones que se publicaron el 5 de noviembre revelaron una estrecha relación de la Procuradora con el entonces mandatario Varela. Una en la que se contaban todo a toda hora. A pesar de que Porcell manifestó que no había tenido tiempo de revisar los cientos de chats que intercambió con el mandatario, admitió que eran propios, aunque algunos tal vez alterados.

La población se quedó a la espera de una supuesta conferencia de prensa en la que Porcell daría la cara al país luego. En cambio, ella decidió optar por una entrevista a un medio radial en la que después de más de 20 minutos de transcurrida la entrevista, en los que describió lo que ella consideraba de su gestión, anunció que dejaría el cargo a partir del 1 de enero próximo.

El mandatario Cortizo había anunciado que Porcell plantaría cara hoy. Ambos sostuvieron una reunión en horas de la tarde en la Presidencia, previo al anuncio.

Algunos abogados, como Dionicio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, analizan que en el contenido de los chats pueden haber indicios de hechos delictivos. “Pero le corresponde al Procurador de la Administración determinarlo. Él no puede ampararse en señalar que se trata de información ilícita, porque el conocimiento de la información puede llevarlo a recabar información legal y verídica”, indicó el jurista.

Porcell dijo que las filtraciones son un delito que debe investigarse y dejó entrever que existen máquinas pinchadoras en el campo.

En los chats puede haber indicios de tráfico de influencias. Se notan opiniones de Porcell a Varela sobre temas que no competen a su cartera, recomendaciones de a quién designar como director de la Policía. Pero una de las informaciones más delicadas resultó en la triangulación entre ella, Varela y su hermano, el diputado José Luis Varela, para negociar el acuerdo eficaz con André Rabello y la empresa brasileña Odebrecht, que aparentemente se acomoda a los intereses de los brasileños más que al de la justicia.

Sobre lo anterior, Porcell dijo que se trata de una investigación compleja que requiere de la colaboración internacional. Instó a jueces y magistrados a ser valientes, ‘que no se dejen comprar ante esta investigación inconclusa’, manifestó.

Porcell admitió que después de dos años de haber iniciado las pesquisas sobre las coimas otorgadas por la constructora, aún quedan pendientes los periodos del gobierno de Juan Carlos Varela (2014-19) y los de Martín Torrijos (2004-09).

Achacó al Órgano Judicial ante la falta de decisión sobre si otorgará o no más tiempo para las pesquisas. Sugirió a jueces y magistrados que fallen para que pueda confeccionar la vista fiscal y, en el juicio se conozca el contenido de las delaciones de los brasileños, cuestionadas por las filtraciones.

Sobre el caso de FCC, que en España ha tenido un gran desenlace, dijo que en 2017 se abrió el expediente pero ‘aquí hay que cumplir trámites procesales para tomar algunas acciones’.

Porcell dijo que se debe hacer una investigación sobre la forma en que los chats del exgobernante salieron a la luz, porque es un delito que se enmarca en el Código Penal. Una investigación que requiere de mucha ayuda tecnológica que algunos homólogos extranjeros se la han ofrecido.

No será sencillo hallar el origen de las filtraciones de los 24 GB del móvil del expresidente. La fiscalía superior que vela por los derechos de propiedad intelectual, después de tres años aún no ha podido identificar al responsable de la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete Fonseca Mora, conocidos como los Papeles de Panamá.