El Procurador de la Administración, Rigoberto González, debió abrir de oficio una investigación sobre las filtraciones del expresidente Juan Carlos Varela, de lo contrario, cae en omisión y daña la institucionalidad del Ministerio Público
El país, por décadas, no se ha puesto cara a la situación de la justicia en forma sincera. Ha dejado pasar tropiezos sin reparo, uno acumulado con otro que finalmente han mostrado un rostro aterrador. Tráfico de influencias, manipulación de fallos, injerencia de un poder en otro, ausencia de control entre un órgano y otro, y una sociedad que no aprende a exigir una rendición de cuentas a quienes ostentan el cargo. Todos somos cómplices en alguna forma. Unos por interés económico, otros por influencia política, o por familiaridad, algunos por omisión. Al final hemos creado un sistema ausente de todo menos de justicia. Los
varelaleaks.com, o las filtraciones extraidas del celular del expresidente Juan Carlos Varela son una muestra de lo anterior. El reto está en remediar el sistema para evitar que en dos semanas actuemos con una memoria selectiva que a en el futuro puede manifestarse con hechos violentos incontrolables, como lo que sucede en países vecinos. El presidente del Colegio Nacional de Abogados,
Juan Carlos Araúz, pone los puntos en las íes y brinda un panorama claro de la realidad y sus consecuencias, las responsabilidades institucionales e individuales, además de la oportunidad de adecentar el sistema con los próximos nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación.
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