Intercambio de notas y contradicciones entre la Corte y el TE

Rubén González indicó al salir de la Corte que la sentencia del expresidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli, aún no se encontraba en firme.

El estado de la sentencia del expresidente Ricardo Martinelli, condenado prisión por blanqueo de capitales ha generado una serie de intercambio de notas entre la jueza Baloísa Marquínez del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales y el Tribunal Electoral, especialmente después de las declaraciones vertidas por el director de Asesoría Legal del Tribunal Electoral, Rubén González, quien indicó al salir de la Corte que la sentencia del expresidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli, aún no se encontraba en firme. Para efectos prácticos, y de acuerdo con la respuesta que había obtenido de la juez, el TE está impedido de iniciar el proceso de inhabilitación hasta que la sentencia se encuentre en firme.

El funcionario observó también el edicto que fijó Sala Segunda de lo Penal, por un periodo de cinco días hábiles, en el que rechazó de plano, por improcedente, las solicitudes de aclaración proferidas por la defensa de Martinelli y otros, a consecuencia de la no admisión del recurso de casación en el caso New Business. Una vez concluidos los cinco días, deben notificar a las partes del contenido.

Por lo anterior, dijo el funcionario del TE, “nos trasladamos al despacho de la juez Baloísa Marquínez quien nos ha manifestado que a esta hora la sentencia no se encuentra ejecutoriada”, manifestó el funcionario. En consecuencia, añadió a los medios de comunicación que lo esperaban afuera de la Corte, “hay que esperar la comunicación que tienen que hacer al TE a fin de lo que contempla la Constitución”. A juzgar por sus declaraciones, la conversación entre el funcionario del TE y la jueza parecía un hecho.

Pero no para el Órgano Judicial. Ese mismo día en la noche la Corte divulgó una “nota aclaratoria” desmintiendo las declaraciones de González: la jueza Baloísa Marquínez jamás atendió ni le informó al referido ciudadano el estado procesal del expediente que se sigue a un expresidente”, sentenció.

Rubén González añadió a los medios de comunicación que lo esperaban afuera de la Corte, “hay que esperar la comunicación que tienen que hacer al TE a fin de lo que contempla la Constitución”. A juzgar por sus declaraciones, la conversación entre el funcionario del TE y la jueza parecía un hecho.

Todo inició el 22 de febrero cuando el Tribunal Electoral (TE) envió una nota a la juez a las 3:20 de la tarde con el fin de solicitar “con carácter de urgencia” el estado de la sentencia mixta emitida por el juzgado en contra del expresidente Ricardo Martinelli condenado a más de 10 años por el delito de blanqueo de capitales. Dicha pena, por constitución, le impide ostentar el cargo de presidente, para el cual aspira en las próximas elecciones del cinco de mayo.  

El TE tomó la iniciativa a raíz de una nota que recibió la entidad de parte del abogado Neftalí Jaen. El jurista se acercó al TE con la intención de entregar una copia simple de la sentencia proferida por el juzgado y en virtud de esto para que pudieran iniciar los trámites de inhabilitación del candidato.

Ante esto, el Tribunal buscaba conocer formalmente si la sentencia se encuentra en firme y ejecutoriada para que así el TE pueda iniciar el proceso de inhabilitación. En la nota el árbitro de las elecciones agregó que en caso de que la sentencia no estuviera en firme, “se indique el recorrido procesal correspondiente al expediente para que la sentencia en cuestión pueda quedar en firme y hacer tránsito a cosa juzgada”.

Al día siguiente, a primeras horas de la jornada, González recibió su respuesta. Recibió una nota de la juez en la que manifestaba que “actualmente (el expediente) se encuentra en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el mismo fue remitido mediante oficio No. 163 del 20 de febrero de 2024, en virtud de las solicitudes de aclaración presentadas en contra del fallo” fechado el 1 de febrero que dictó la Sala Segunda de lo Penal, que no admitió el recurso de casación de la defensa del expresidente.