Minera Panamá solicita al Mici aclaración de sus obligaciones legales y ambientales

En un comunicado a sus accionistas, la mina hace un llamado a las autoridades panameñas para definir estrategias y que se desbloqueen los acceso al personal y suministros 

Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum, emitió un nuevo comunicado este viernes 22 de diciembre dirigido a sus accionistas con el propósito de actualizar los pasos inmediatos concernientes al cierre de la mina, tras haber sido comunicados del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato suscrito entre la mina y el Estado panameño.

En esta nota pública, los directivos de la mina manifiestan que el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), encargado del proceso de cierre, no ha aclarado la situación legal y las obligaciones ambientales asociadas a este proceso. El 20 de diciembre pasado, la institución gubernamental anunció que el proceso llevaría varios meses de planificación y desarrollo. Este proyecto incluirá una fase temporal de preservación ambiental y manejo seguro que suma actividades ambientales, auditorías técnicas y legales, así como la conformación de un panel multidisciplinario de expertos. El Mici espera presentar dicho plan en junio de 2024, cuando hayan pasado las elecciones generales y el pueblo panameño escoja el relevo gubernamental cuya batuta debe entregar a principios de julio.

A corto plazo, no obstante, la mina reitera que es crucial tomar medidas para garantizar que la mina y sus instalaciones se mantengan seguras, de forma responsable y sostenida, protegiendo el medio ambiente y a las comunidades locales. De igual forma, se anuncia en el comunicado, ante y durante la formulación y ejecución de cualquier plan elaborado por el Mici, el bloqueo ilegal de los caminos de acceso a la mina y al puerto de Punta Rincón debe ser despejado por las autoridades para evitar cualquier daño ambiental en la actual fase. Enseguida expresa su preocupación por las consecuencias ambientales que puedan surgir si se continúa negando el acceso a la mina de suministros y personal crítico.

Finalmente reitera que continuará empleando todas las vías legales para proteger una inversión superior a los $10 mil millones y sus derechos. Hasta el momento, el Mici ha recibido la notificación de dos procesos arbitrales que deberán debatirse ante el Centro Internacional de Arbitrajes pactado bajo las normas del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Panamá y Canadá, sede de la empresa. Además de estas notificaciones dos empresas, una de inversiones y otra accionista de Corea del Sur, han anunciado al estado panameño sobre arbitrajes.