Ricardo A. Martinelli Linares confesó su crimen frente al juez

El jóven de 42 años se declaró culpable de haberse puesto de acuerdo con su hermano, un funcionario de alto rango y otros, para lavar dinero de los sobornos de Odebrecht

La defensa de Ricardo Alberto intentó conseguir un pronunciamiento expedito del juez con respecto a la sentencia, también solicitó por tercera vez una fianza millonaria, aunque la última no tuvo éxito.

Ricardo Alberto Martinelli, de 42 años e hijo del expresidente Ricardo Martinelli, se declaró culpable ante el juez Raymond Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, del delito de conspiración para lavar dinero. Así como su hermano Luis Enrique, ambos participaron “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá que era un pariente cercano de los acusados”, según recoge la agencia EFE.

Abel Arcia, exfiscal de Brooklyn y abogado en Nueva York, quien asistió a la audiencia como observador, relató a La Estrella de Panamá los pormenores del acto.

La defensa de Ricardo Alberto fue muy activa durante los 40 minutos que duró la audiencia, hizo todo lo posible por su cliente. Intentó conseguir un pronunciamiento expedito del juez con respecto a la sentencia, también solicitó por tercera vez una fianza millonaria, aunque la última no tuvo éxito.

De acuerdo a Arcia, lo primero que hizo el juez fue explicar el acuerdo que había alcanzado Ricardo Alberto con la Fiscalía.

En este sentido detalló que el crimen del cual se desea declarar culpable ocurrió entre agosto de 2009 a septiembre de 2015. Señaló que él está acusado, junto a su hermano Luis Enrique y otros, de conspiraron para violar las secciones 1956 y 1957 del Código Federal de ese país, con respecto a la transferencia de dinero para promover un crimen en contra de otro país, es decir de Panamá. Añadió que el dinero era producto de sobornos pagadero a favor de un funcionario público de alto nivel de la República de Panamá, a sabiendas que procedía de una actividad ilegal, “con el propósito de encubrir al beneficiario y verdadero dueño del dinero, así como la ilicitud de la plata”, describió Arcia.

Enseguida, el juez preguntó al acusado si comprendía el significado de conspiración, a lo que él respondió que se trataba de un acuerdo entre varias personas para cometer un acto ilegal o crimen.

Luego, el juez manifestó que el delito tiene un máximo de 20 años de prisión y mínimo de cero. Este rango tiene que ver con el monto de dinero por el cual se comete el crimen. También recordó al culpable que el juez tiene que considerar la sentencia bajo ciertas pautas. Le dijo: “Yo sé que tu acuerdo con la Fiscalía contiene lo que ustedes sugieren que son los puntos”, pero le aclaró que él no está obligado a seguir eso y que el cálculo hecho entre la fiscalía y su abogado con respecto al crimen cometido, no necesariamente se relaciona con el cálculo que haga el departamento de probatoria de la Corte, que puede coincidir o no con los puntos y meses de prisión.

El juez tomará en consideración dicho reporte, que después contrastará con los argumentos de la Fiscalía y la defensa. En ese momento el juez no estaba en posición de predecir o pensar cuál sería la sentencia que se dictará el 13 de mayo a las 11 de la mañana. No obstante, indicó que otorgaría una sentencia razonable y que cuando culmine su tiempo en prisión será deportado a Panamá.

El juez manifestó que el delito tiene un máximo de 20 años de prisión y mínimo de cero. Este rango tiene que ver con el monto de dinero por el cual se comete el crimen. También recordó al culpable que el juez tiene que considerar la sentencia bajo ciertas pautas.

De esta forma, Ricardo Alberto se suma a la declaración de culpabilidad de su hermano menor Luis Enrique, quien en audiencia previa admitió haber cometido el mismo delito. Juntos, como intermediarios, según la fiscalía pasaron por el sistema financiero estadounidense $19 millones producto de coimas otorgadas por la constructora Odebrecht para beneficiar a un alto funcionario del gobierno entre 2009-2014.

Como requisito para que la Corte aceptara su culpabilidad, Ricardo Alberto tuvo que confesar ante el juez su crimen: que se puso de acuerdo con Luis Enrique y otros, incluyendo al funcionario de alto rango, para hacer envíos de dinero a sabiendas de que se trataba de dinero ilícito. Al menos el acuerdo fue de tres personas y otros.

El abogado de Ricardo Alberto, John Hecker, le dijo al juez que Luis Enrique, hermano de su cliente, ya había sido entrevistado la semana pasada y solicitó que la fecha de sentencia fuera expedita.

La aspiración del abogado es que su cliente no pasé ni un sólo día más en prisión, tiempo servido, tomando en consideración los 17 meses que estuvo detenido en una cárcel de Guatemala. Además, solicitó una fianza de cinco millones que incluía propiedades. En ojos de Arcia, el abogado argumentó que su cliente no tenía ningún motivo para huir de Estados Unidos, y que a pesar de que el juez negó el sábado una segunda fianza, existían nuevas circunstancias que beneficiaban a Ricardo Alberto por haberse declarado culpable. Añadió que su cliente está en cuarentena, que tiene una acusación idéntica a ésta en Panamá y el día de la condena solicitará que le permita ir a Panamá a defenderse, “donde no puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen”, recordó Arcia.

El juez preguntó a la fiscal su opinión, habló tres minutos, no diez como su interlocutor. Respondió que él no vino voluntariamente, sino que peleó 17 meses antes de ser extraditado a Estados Unidos. Los papeles explican cómo se desarrolló su captura. “Él se nos escapó en una trama de yates, Uber, avionetas, hizo todo lo posible por huir, así que como determinó la fianza del hermano, le pido que haga lo mismo y la niegue”, parafraseó Arcia la voz de la Fiscalía.

El juzgador indicó que siempre trata de conceder fianza, pero en este caso, “no observa ningún cambio, los hechos hablan más fuerte que las palabras”. “Como juez no se me ocurre ninguna cantidad de dinero por más grande que sea que pudiera ser suficiente fianza para ti, te niego la fianza y la solución que yo veo aquí es que seas sentenciado pronto”, leyó Arcia de sus apuntes.

En ojos de Arcia, el abogado argumentó que su cliente no tenía ningún motivo para huir de Estados Unidos, y que a pesar de que el juez negó el sábado una segunda fianza, existían nuevas circunstancias que beneficiaban a Ricardo Alberto por haberse declarado culpable. Añadió que su cliente está en cuarentena, que tiene una acusación idéntica a ésta en Panamá y el día de la condena solicitará que le permita ir a Panamá a defenderse, “donde no puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen”, recordó Arcia.

Según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, ésta solicitará una pena entre nueve y once años de prisión (108 a 135 meses), y la defensa renunciará a apelar la sentencia si ésta es igual o menor a los 151 meses de cárcel, es decir, doce años y medio.

La defensa exclamó que entregará al gobierno de Estados Unidos la suma de $18,8 millones adquiridos por su cliente por el pago de sobornos de la constructora.

El juez admitió la petición de permitir conmutar el tiempo de sentencia, los 17 meses que iniciaron el 12 de julio de 2020, tiempo que estuvo su cliente detenido en la cárcel de Guatemala a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. De igual forma, convinieron efectuar un proceso expedito una vez culminen los trámites.