El fiscal Breon Peace del Departamento de Justicia, presentó el 10 de diciembre una carta al juez Robert Levy en la que solicitó al juez negar la solicitud de fianza de Ricardo Alberto Martinelli, en vez, decretar la detención preventiva.
En su escrito el fiscal expresó los motivos por los cuales se oponía a una fianza solicitada por la defensa de Ricardo Alberto Martinelli, en la que sugirió una serie de posibilidades mediante las cuales la corte podía favorecer a su cliente luego de declararse culpable y aceptar la extradición de Guatemala a Estados Unidos tras más de un año de recursos interpuestos ante los tribunales del país Centroamericano en las audiencias de extradición.
Peace, quien también lleva el caso del hermano Luis Enrique Martinelli, recordó a la corte, y tomó como antecedente, que recientemente a Luis Enrique le fue negada una solicitud de fianza y espera la imposición de la condena fijada para mayo de 2022. Parecieran dos casos gemelos en los que la fiscalía iguala sus argumentos e incluso reitera hechos, como la salida del país los hermanos Martinelli en junio de 2020, poco tiempo antes de finiquitar los detalles de un acuerdo con la fiscalía y sin previa notificación, evadió las fronteras de Estados Unidos y se escabulló en bote a Bahamas donde abordó un jet privado con intención de retornar a Panamá, un país en el que tiene conexiones políticas y que no extradita a sus nacionales.
Entre otras razones para que le sea negada la fianza, el fiscal alega un alto riesgo de fuga basado en los serios cargos que se han esgrimido en contra de Martinelli Linares, las acciones previas de evadir el proceso en Estados Unidos, la falta de arraigo en el norte, los extensos recursos financieros, las conexiones políticas del señalado y su estatus como ciudadano panameño.
“El hecho de que el acusado se haya declarado culpable subraya la fortaleza de las evidencias en su contra, un factor que pesa a favor de su detención a menos que la Corte encuentre pruebas convincentes de que no existe motivo de riesgo del señalado”, escribió la fiscalía al juez.
Además, el paquete de fianza que presentó la defensa es "menos robusto que el paquete que presentó su hermano", Luis Enrique, el cual fue rechazado por el juez Dearie, quien coincidió que lo ofrecido era insuficiente.
Entre otras razones para que le sea negada la fianza, el fiscal alega un alto riesgo de fuga basado en los serios cargos que se han esgrimido en contra de Martinelli Linares, las acciones previas de evadir el proceso en Estados Unidos, la falta de arraigo en el norte, los extensos recursos financieros, las conexiones políticas del señalado y su estatus como ciudadano panameño.
Enseguida el fiscal plasmó un recuento de los antecedentes del caso y mencionó que en febrero 4 de 2021 la Corte del Distrito Este de Nueva York imputó cinco cargos a ambos hermanos. Como parte de las evidencias, recuerda el informe efectuado por un agente del FBI a cargo de la investigación en el que detalla fechas y montos de las transferencias detectadas producto del pago de coimas de la constructora que pasaron por el sistema financiero de Estados Unidos.
En la historia democrática reciente de Panamá no existe memoria de un proceso contra dos hijos de un expresidente solicitados por la Corte del Distrito de Nueva York, Estados Unidos, por el delito de conspiración para el blanqueo de capitales producto de coimas ofrecidas por un contratista del estado, delito del cual ambos jóvenes se han declarado culpables.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, sostuvieron conversaciones con la fiscalía antes de salir de Estados Unidos hacia las Bahamas presuntamente en el yate que habían adquirido con parte del dinero de las coimas que pagó la constructora Odebrecht. Ambos, según la acusación, actuaron como intermediarios de un alto oficial del gobierno panameño entre 2009-2014, y movieron $28 millones en cuentas bancarias a nombre de sociedades anónimas en diferentes partes del mundo y en bancos de Nueva York, Estados Unidos.
Recientemente extraditados de Guatemala donde fueron aprehendidos en julio de 2020, en un intento de retornar a Panamá donde también enfrentan cargos por el mismo proceso, el de Odebrecht, los hermanos Martinelli esperan lograr un trato menos severo con la fiscalía después de declararse culpables de uno de los cinco cargos en su contra.
Por su parte, la firma Kaplan Hecker and Fink LLP, encargada de la defensa de Ricardo Alberto Martinelli, presentó al juez un escrito en el que detalla los argumentos a favor de su cliente para conseguir una fianza. El próximo 14 de diciembre se declarará culpable de un cargo por lavado de dinero ante el juez Deane, bajo los términos de un acuerdo efectuado con la fiscalía, al igual que lo hizo su hermano el pasado dos de diciembre de 2021. Con ello, buscan una sentencia expedita después de permanecer 17 meses detenidos en Guatemala que pide sean tomados como parte del tiempo de la sentencia en los casos relacionados.
El abogado señala que la fiscalía declinó discutir un paquete de fianza y envió al hermano de Ricardo Alberto a la prisión federal de Brooklyn, Nueva York, en la que se encuentra detenido bajo condiciones extremadamente difíciles incluso que les han limitado el acceso a sus abogados para prepararse para la audiencia agendada.
El paquete de fianza incluye $4.5 millones de los cuales uno proviene de fondos propios del peticionario. El resto está garantizado con propiedades de terceros. Además, detención domiciliaria con monitoreo electrónico en un departamento de Nueva York; la prohibición de salir del país y entrega de su pasaporte y las consideraciones que la corte vea necesarias.
ALEGATOS DEL DEFENSOR SEAN HECKER
Acerca de la salida de Estados Unidos en junio de 2020, el abogado esgrime que en ese momento no pesaba cargo alguno sobre su cliente, y luego del retorno voluntario a ese país, no tiene intención alguna de esquivar el proceso “porque ganaría nada y le costaría todo”. Por tanto, no hay razón por la que su cliente huiría al proceso ante una libertad condicionada.
Entre los antecedentes que recuerda el defensor, expresó que los hermanos Martinelli fueron quienes iniciaron voluntariamente las conversaciones con la fiscalía norteamericana al respecto de las investigaciones que hacía ese país, en donde ambos residían.
En noviembre de 2018, cuando el diálogo se encontraba en marcha, los hermanos fueron detenidos por la agencia de inmigración ICE en el estado de Florida alegando asuntos migratorios. Después de su arresto, las autoridades panameñas públicamente mencionaron que la intención era desatender el proceso de extradición para no hacer frente a los cargos en su contra. Los hermanos fueron liberados por ICE bajo fianza y permanecieron en Estados Unidos donde continuaron las conversaciones con los agentes federales de ese país. Como parte de las negociaciones, el Departamento de Justicia y el FBI en reiteradas ocasiones aseguraron a los Martinelli que podrían permanecer en Estados Unidos y evitar nuevos arrestos y detenciones por parte del departamento de migración.
Entre los antecedentes que recuerda el defensor, expresó que los hermanos Martinelli fueron quienes iniciaron voluntariamente las conversaciones con la fiscalía norteamericana al respecto de las investigaciones que hacía ese país, en donde ambos residían.
Luego el mundo se vio sumergido en la pandemia de Covid-19 y a los hermanos les entró la duda si las autoridades mantendrían o no el acuerdo, tomando en cuenta que existía una orden de deportación que pesaba en su contra fechada en mayo de 2020. Bajo estas condiciones los hermanos cometieron un grave error y salieron de Estados Unidos rumbo a Panamá a pesar de las acusaciones que pesaban en su contra.
Mientras estuvieron detenidos en Guatemala, los hermanos Martinelli ejercieron el derecho de defenderse de la solicitud de extradición dictada por Estados Unidos. Finalmente se declararon culpables y decidieron retornar voluntariamente a Estados Unidos. Esta declaración incluye la repatriación de casi $19 millones que serían difíciles de recuperar sin el acuerdo de los hermanos, lo que facilita los pasos a las autoridades estadounidenses. Incluso Luis Enrique ya ha transferido una porción del acuerdo a las autoridades de Estados Unidos.
El abogado alega que Luis Enrique Martinelli ha estado aislado en la prisión donde sólo ha contactado a su abogado en una ocasión, en un sitio considerado “peligroso, hacinado con riesgo para la salud”, señala el abogado en el escrito de 49 páginas.
EVIDENCIAS DEL FBI
El agente del FBI Michael Lewandowski, labora en la agencia de investigación del FBI desde el 2010 y ha sido responsable de innumerables operaciones para detectar corrupción y blanqueo de capitales. Por lo que detectar este tipo de delitos, las técnicas que emplea para el ocultamiento de dinero, así como enlistar a testaferros en sociedades anónimas para distraer el ojo del verdadero beneficiario, forman parte de su rutina investigativa.
Lewandowski es uno de los agentes asignados al caso de Ricardo Alberto Martinelli Linares, quien este 10 de diciembre fue extraditado al estado de Nueva York, para comparecer ante la Corte del Distrito de ese estado que lo requiere por los supuestos delitos de conspiración por lavado de dinero producto de coimas de la brasileña Odebrecht. Su hermano, Luis Enrique, se declaró culpable de este delito previamente, lo que suma una interrogante sobre la estrategia de defensa que asumirá Ricardo Alberto frente al juez.
La evidencia recabada por el agente del FBI incluye información obtenida de testigos, al igual que registros bancarios, sociedades anónimas, correos electrónicos y otros. El investigador sostuvo conversaciones con unidades de seguridad que estuvieron vinculados a la pesquisa y con testigos que cooperaron contando la historia, también revisó la documentación del caso.
Entre las evidencias recabadas el agente hace mención que Ricardo Alberto aceptó y lavó las coimas de la empresa a nombre del gobierno de Panamá, un oficial de alto rango (2009-2014). “El oficial del gobierno era una persona cercana a Ricardo Alberto”, se lee en la declaración aportada por el agente que reposa en el expediente de la Corte.
El 21 de diciembre de 2016, los ejecutivos de la constructora se declararon culpables del esquema de corrupción que predominó en varios países en los que la constructora ganaba proyectos millonarios. En total dijeron que pagaron $700 millones en coimas a funcionarios públicos, políticos, colectivos y otros.
La estrategia para ocultar el dinero se basaba en la creación de sociedades anónimas alimentadas con transferencias de la constructora basadas en el sistema financiero de Nueva York, que después se repartían a diferentes partes del mundo a los receptores de las coimas. Odebrecht tenía un agente en Estados Unidos que adquiría estas sociedades anónimas de pantalla, recibía la documentación para facilitar las transferencias.
En lo referente a Ricardo Alberto, el agente testificó que entre agosto de 2009 y julio de 2014, éste y su hermano, junto a otros participaron de este esquema como intermediarios de los pagos de coimas, así como de otros ofrecimientos que la constructora hizo al gobierno de Panamá.
La evidencia recabada por el agente del FBI incluye información obtenida de testigos, al igual que registros bancarios, sociedades anónimas, correos electrónicos y otros.
De esta forma, los hermanos Martinelli Linares abrieron cuentas a nombre de sociedades anónimas para recibir los pagos que beneficiaban al oficial de alto rango del gobierno. Sociedades que también se encontraban en otras jurisdicciones que tenían el mismo fin. Los hermanos aparecían como signatarios en ciertas compañías registradas en las cuentas de bancos y personalmente transfirieron la plata. Abrieron una cuenta en Suiza que servía como receptora de los pagos, luego transfirieron el dinero de Odebrecht para beneficiar al oficial de alto rango.
De esta forma la constructora se hacía de millonarios proyectos, aventajada del trato.
Las autoridades estadounidenses calculan que entre 2009 a 20212 las sociedades anónimas recibieron $28 millones de Odebrecht. De este monto, al menos $19 millones pasaron por el sistema financiero de Nueva York, a través de las cuentas de sociedades anónimas. Así detectaron que en julio 27 de 2010 se hizo una transferencia de $350 mil de una cuenta a nombre de una sociedad anónima controlada por Odebrecht localizada en Portugal a una de las cuentas de los hermanos en un banco de Nueva York. También se tiene registro de otras numerosas transacciones que involucraban el pago de sobornos. En febrero 11 de 2013, Luis Enrique Martinelli transfirió aproximadamente $346 mil de una cuenta en Nueva York, a nombre de una compañía, a otra dentro del territorio estadounidense. Un agente de ventas de yates en Nueva York explicó que parte de esta transferencia correspondía un pago parcial para adquirir el bote.
En noviembre 12 de 2013, los hermanos transfirieron $899,978 de una cuenta offshore a otra en un banco de Nueva York.
El 21 de diciembre de 2016, los ejecutivos de la constructora se declararon culpables del esquema de corrupción que predominó en varios países en los que la constructora ganaba proyectos millonarios. En total dijeron que pagaron $700 millones en coimas a funcionarios públicos, políticos, colectivos y otros.
Luego, el 10 de diciembre de 2013 ambos transfirieron aproximadamente $30 mil de una cuenta a otra en el mismo estado. Unos $570 mil pasaron de una cuenta a otra dentro de Estados Unidos el 26 de agosto de 2015, que tenía como propósito hacer un pago para la compra de un condominio en Miami a nombre de Luis Enrique Martinelli.
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