Autoridades aún sin móvil del asesinato de Agustín Lara

El Ministerío Público indicó que logró la aprehensión de un colombiano de 23 años presuntamente relacionado al crimen, pero aún la investigación se encuentra ‘incipiente’ como para determinar cuál fue la causa 


La fiscal Superior de San Miguelito, Zulma Dip, manifestó que cuenta con “elementos contundentes” para que el juez de Garantías que presidirá la audiencia de hoy en el Sistema Penal Acusatorio legalice la aprehensión del extranjero. 

Las investigaciones para esclarecer el homicidio perpetrado ayer, en el que fue ultimado de varios impactos de bala el subdirector del Registro Público, Agustín Lara, están en una fase “incipiente”. Tan incipiente, que las autoridades aún no han determinado el móvil por el cual el asesino identificó a Lara en un acto de inscripción del colectivo oficial, Revolucionario Democrático, para terminar con su vida.

Hasta el momento la Policía Nacional, en coordinación con las Fiscalías de Homicidio y Feminicidio de Panamá y San Miguelito lograron la aprehensión de un ciudadano colombiano de 23 años como principal sospechoso. A medida que se realicen las pesquisas se logrará determinar el resto de los autores materiales e intelectuales, dijeron las autoridades en conferencia de prensa.  

La fiscal Superior de San Miguelito, Zulma Dip, manifestó que cuenta con “elementos contundentes” para que el juez de Garantías que presidirá la audiencia de hoy en el Sistema Penal Acusatorio legalice la aprehensión del extranjero. No obstante, reservó cuáles son esos vínculos y cómo se determinó que esta persona está relacionada al hecho, para evitar entorpecer las investigaciones.


Con relación a las muertes que se han dado recientemente, tampoco existe una relación entre la del subdirector del Registro Público y otros grupos criminales, añadió el fiscal Baloyes.


De igual forma, el fiscal Superior, Rafael Baloyes, dijo que aún no se ha evidenciado una conexión familiar o delincuencial entre el homicidio de  Agustín Lara y el de Ricardo Lara, quien perdió la vida en el homicidio múltiple ocurrido en la discoteca en Santa Ana a finales de octubre, por una supuesta guerra entre pandillas. “En esta investigación no hay una conexión hasta el momento con el hecho ocurrido en Santa Ana, pero las investigaciones están iniciando”, señaló Baloyes.

Con relación a las muertes que se han dado recientemente, tampoco existe una relación entre la del subdirector del Registro Público y otros grupos criminales, añadió el fiscal Baloyes.

“No se trata de actos dirigidos a un grupo político, sino que los integrantes de algunos grupos criminales han efectuado estos atentados y el Ministerio Público ya ha dado con ellos”, respondió al ser cuestionado sobre el tema de narcopolítica.

Lo que sí dejó claro Durheim, es que los últimos tres asesinatos con armas de fuego tienen como autores materiales a menores de edad. El director de la Policía Nacional hizo un llamado a los padres de familia para que estén pendientes de las actividades de sus hijos y con quién se juntan.

De acuerdo a informes policiales, el domingo pasado, mientras Lara participaba de un acto de inscripción para el colectivo en San Miguelito, se acercó una motocicleta con dos personas. Una se bajó y preguntó por Lara, al identificarlo hizo varias detonaciones y huyó enseguida. El funcionario fue trasladado al hospital para recibir atención médica pero fue inútil.

Lara también era abogado y socio del bufete de abogados del diputado Raúl Pineda, del mismo colectivo político.

En las elecciones generales de 2019 corrió por primera vez como diputado del circuito 8-6, pero fue superado por su copartidario Leándro Ávila.

No obstante la investigación que desempeña el Ministerio Público para desentrañar las causas del asesinato del funcionario, desde hace varios años mandatarios de turno y autoridades de seguridad han advertido sobre los vínculos entre el crimen organizado y la política, pero sin  que exista una investigación judicial que logre esclarecer estos pronunciamientos. 


La muerte de Lara y de otras personas con pasados delincuenciales que presuntamente trabajaron en el aparato gubernamental han indignado a la ciudadanía.

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