Querellan a jueza y magistrada de Familia

 Hasta el momento se han presentado tres querellas, dos en contra de la juez de Familia Ilka Cedeño y otra contra la magistrada del Tribunal Superior, Nelly Cedeño, por supuesto delito de abuso de autoridad

La labor de los jueces del juzgado de Familia está bajo la lupa luego de que un grupo de padres de familia interpusieron la semana pasada tres denuncias penales, dos ante la Fiscalía de Atención Primaria de Delitos Contra la Administración Pública del Ministerio Público y una ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el supuesto delito contra la administración de justicia en la modalidad de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, colusión y cualquier delito que surja de la investigación. Este medio conoció que esta semana se esperan dos demandas más por delitos similares.

Las denuncias se centran en la actuación de la juez Ilka Cedeño, juez segunda municipal, a quien señalan, entre otras actuaciones, de haber admitido documentos falsos como pruebas en procesos de Guarda y Crianza; parcialización en los fallos; negar sin justificación la práctica de pruebas de una de las partes; y de anticipar su criterio sin escuchar a las partes.

Las denuncias también alcanzan a la magistrada del Tribunal Superior de Familia, Nelly Cedeño, por la posible comisión de delitos contra la administración pública en modalidad de abuso de autoridad a quien la querellante atribuyó “enormes perjuicios dadas las violaciones al debido proceso y demás derechos fundamentales dentro del proceso de familia en segunda instancia en los cuales ha intervenido como ponente”. En este sentido, la supuesta afectada fijó una cuantía por $200 mil debido a las afectaciones, suma simbólica, se alega en la querella, dado que el único interés de la demandante “es que le devuelvan la guarda y crianza de su hijos, la cual le fue arrebatada con fallos ilegales y abusivos”.

En cuanto a la juez Ilka Cedeño, en la demanda a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá, el afectado solicitó que se investigue a la juez y sus posibles nexos con magistrados y jueces, después se verifique el debido proceso y se dé el resultado de las pesquisas relacionadas al delito en mención.

Aunado a esto, pide al Tribunal una auditoría de los casos, especialmente de alto perfil, los abogados involucrados, las confirmaciones de los fallos en el Tribunal Superiro de Familia y el modus operando en el tiempo y acción, con la finalidad de determinar patrones de posibles delitos o componendas en este y otro caso. También solicita se verifique estadísticamente una relación de los mismos durante los primeros años de servicio versus los últimos para comparar diferencias o similitudes estadísticamente en cuanto a la confirmación de fallos.

Una segunda querella expone que la misma juez, Ilka Cedeño, ha cometido “actos arbitrarios dentro de los procesos que maneja desde 2018, al permitir actuaciones fraudulentas en los casos bajo su gestión, tales como retardar resoluciones y decisiones para favorecer a la contraparte y esta profiriendo resoluciones abiertamente arbitrarias, dolosas, contrarias a la ley y la Constitución para favorecer a la contraparte”.

Entre los hechos que sustenta el demandante, describe que la juez Cedeño incurrió en faltas graves en el proceso de Guarda y Crianza de los menores y negligencia en su actuar, tardar en demasía un proceso tan especial por tratarse de “intervenir en busca del interés superior del menor”, motivo por el cual el querellante corrió al auxilio de las autoridades. La queja recoge que el querellante solicitó una medida de protección para sus hijos, de carácter urgente, pero la juez no la atendió de forma debida.

Los antecedentes indican que el 7 de junio de 2019 el padre de los menores interpuso una solicitud de medida de protección en el proceso de Guarda y Crianza que fue admitido por la juez el 25 de junio. No obstante, la juez inició las diligencias el 20 de febrero de 2020, es decir, que se dilató el proceso so pretexto de que las partes debían llegar a un acuerdo.

Una segunda querella expone que la misma juez, Ilka Cedeño, ha cometido “actos arbitrarios dentro de los procesos que maneja desde 2018, al permitir actuaciones fraudulentas en los casos bajo su gestión, tales como retardar resoluciones y decisiones para favorecer a la contraparte y esta profiriendo resoluciones abiertamente arbitrarias, dolosas, contrarias a la ley y la Constitución para favorecer a la contraparte”.

Añade que la juez Ilka Cedeño “admitió pruebas que nunca fueron sometidas a contradictorio, dejando en indefensión a la representada y a sus hijos. Como evidencia de lo expuesto, alega que la juez incorporó pruebas de un cirujano, no de un pediatra, que no guardaba relación con el tema de prueba, siendo ilegal su admisión y valoración, sin que la madre pudiera contradecir la prueba, dadas las irregularidades y el manejo de la juez dentro del proceso”.

Según la querellante, la magistrada Cedeño fue querellada por incurrir en el posible “delito de abuso de autoridad porque abusó de su cargo como magistrada, y omitió pronunciarse sobre el fondo del asunto”. 

Cuando la parte afectada apeló la resolución de Guarda y Crianza, quedó adjudicada a la magistrada Nelly Cedeño en el Tribunal Superior de Familia.

Según la querellante, la magistrada Cedeño fue querellada por incurrir en el posible “delito de abuso de autoridad porque abusó de su cargo como magistrada, y omitió pronunciarse sobre el fondo del asunto”. Confirmó la resolución del Tribunal Superior de Familia, “plagada de irregularidades y arbitrariedades como la parcialización, valoración selectiva de pruebas, falta de evaluación de pruebas importantes presentadas por la madre y la incorporación de pruebas inconducentes e ilegales a favor de la contraparte”, se lee en la querella.

En la confirmación, la magistrada Cedeño fundamentó que no cuenta con facultades para interpretar la Constitución, cuando según la demandante, lo que se le señaló es que las normas de rango constitucional fueron desconocidas por la resolución primaria. A juicio de la demandante, la magistrada debió revocar la resolución, pero en vez, la confirmó.