AMP renueva contrato a PPC por 25 años más

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), indicó en un comunicado que certificó la vigencia por un segundo periodo el contrato de concesión de los puertos Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a la empresa Panama Ports Company (PPC).

La nota de prensa indica que, en este segundo periodo de vigencia, la empresa deberá pagar en concepto de dividendos un mínimo de $7 millones anuales, el cual se formalizará a través de la firma de un acuerdo de accionistas y serán revisadas y actualizadas dichas tarifas por movimiento de contenedores en todas las terminales de contenedores a partir del 2022. Según la entidad, esto rendirá al Estado un monto superior a los $800 millones durante los próximos 25 años, de acuerdo con las nuevas negociaciones.

El comunicado no muestra el contrato firmado con la empresa, que debe pasar por la ratificación de la Asamblea Nacional, lo que explica es que durante la administración de Laurentino Cortizo, se gestionó que la empresa debía realizar un pago de $130 millones en concepto de dividendos, aparentemente por pagos atrasados al estado, $20 millones en concepto de responsabilidad social; $14,464,491 en concepto de tarifas desde el primero de julio de 2019, lo que totaliza un ingreso de $164,464,491, que según la AMP es el mayor monto que se ha gestionado en las administraciones pasadas durante la vigencia del contrato.

 La decisión unánime surge luego de la Junta Directiva permaneció por más de 20 días de sesión permanente y posterior a las presentaciones de informes de auditoría de cumplimiento por parte de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, además de la revisión documental y análisis de las proyecciones de ingresos al Estado.

Como parte de la sustentación de la decisión, la nota señala que PPC ha pagado en concepto de tasas y tarifas en este primer periodo de vigencia la suma de $444,978,979, ha realizado una inversión de $1,696,546,955 y ha pagado en dividendos $9 millones en administraciones anteriores, según los datos de la Contraloría.

En el pasado hubo cuestionamientos sobre la repartición de utilidades que daba la empresa al estado. En esta renovación, al menos, se logra un paso al ordenar a la empresa una tarifa mínima anual de $7 millones. 

Lo preocupante para algunos entendidos en la materia consultados por este portal,  es que las inversiones de la empresa no son revisadas con frecuencia por el Estado, pues la empresa cuenta con mecanismos para 'disfrazar los ingresos',  ya que cualquier filial de la empresa puede registrar los ingresos y no necesariamente se contabilicen en PPC, lo que para el Estado deja un vacío.  

Razón por la que el gobierno aprieta en el movimiento de contenedores. Es decir,  al ser difícil descubrir a dónde se destinan los ingresos  de PPC porque es factible facturar en cualquiera de las filiales que tiene la multinacional, lo más claro que le queda al estado es el cobro por movimiento de contenedor.