Figuras de alto perfil llamadas a juicio por caso Odebrecht

Luego de cuatro años la Fiscalía Anticorrupción pidió juicio para 50 personas, entre las que figuran presuntamente dos expresidentes, y pidió sobreseimiento para 29 investigados

Este lunes 12 de abril, el Ministerio Público informó sobre el envío al Juzgado Tercero Liquidador de la vista fiscal, en la que se solicitó llamamiento a juicio para 50 personas, y sobreseimiento a otras 29.

Entre las cincuenta personas que han sido llamados a juicio por la Fiscalía Anticorrupción en relación a los sobornos otorgados por Odebrecht para el desarrollo de proyectos multimillonarios se nombró a figuras políticas de ‘alto perfil’, según informó una fuente judicial a este medio.

Este lunes 12 de abril, el Ministerio Público informó sobre el envío al Juzgado Tercero Liquidador de la vista fiscal, en la que se solicitó llamamiento a juicio para 50 personas, y sobreseimiento a otras 29.

La vista fiscal que acompaña a los 2,194 tomos contentivo de 915,958 fojas, en la que se plasma la relación de expresidentes como Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), exministros y funcionarios públicos de diferentes carteras en las que participó la empresa con diferentes proyectos.

Entre los imputados se ha mencionado de igual forma a dos hijos del exmandatario Martinelli que están siendo requeridos por la justicia norteamericana por el mismo caso y que en este momento esperan en una cárcel de Guatemala a que culmine el proceso de extradición a Estados Unidos.

El Ministerio Público no reveló los nombres de los 50 investigados a quienes se solicitó llamamiento a juicio por blanqueo de capitales a 3 ex servidores públicos a los que además del delito Contra el Orden Económico se les endilga el delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Corrupción de Servidores Públicos.

Ahora el expediente ingresa al Registro Único de Entrada (RUE) donde se debe verificar cada una de las casi un millón de fojas, poner su respectivo sello y verificar que el tomo esté en orden. De lo contrario se devuelve a la Fiscalía para su corrección.

LA CAJA SECRETA
Este ha sido uno de los casos más emblemáticos de corrupción en Panamá y Latinoamérica, que se desprendió del conocido en Brasil como Lava Jato iniciado en 2013 en Brasil, sede de la empresa con el azote del caso Petrobras.

La constructora diseñó uno de los esquemas más complejos, inéditos, para hacer llegar las coimas a principalmente a abogados y políticos de turno y miembros de partidos políticos, entre otros, mediante la utilización de la Caja 2, o Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) que de 2006 a 2008 estaba conformado por tres altos ejecutivos de la constructora encargados de los libros secretos.

En ese intervalo de tiempo, al mando de este departamento se encontraba Hilberto Mascarenhas de Silva junto a Luiz Eduardo Da Rocha y una empleada en Salvador de nombre María Lucía Tavares. Este equipo trabajó directamente con el presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, quien hacía la solicitud y aprobaba los pagos, siempre manejados a través de intermediarios, a figuras políticas identificadas con apodos.

A partir de 2008 se incorporaron al manejo de pagos irregulares Fernando Migliaccio, extesorero del DEO en Sao Paulo quien recibía el apodo de Waterloo, y Angela Palmeira, en El Salvador.

Para ello, se utilizaba el servidor Drousys, un servidor empleado como medio de comunicación interno en el que cada usuario tenía la posibilidad de guardar sus archivos en un lugar seguro. También tenían acceso algunas personas de la empresa que pertenecían al sector de generación de recursos libres para hacer los pagos no contabilizados y operadores financieros que trabajaban para el DOE.

Las claves para este sistema se administraban de acuerdo a la demanda.

DATOS DEL PROCESO
Cabe destacar que la fiscalía Especial Anticorrupción imputó en un inicio a 101 personas, de ese total, como ya se dijo, 50 fueron llamadas a juicio; se solicitó sobreseimiento para 29; una persona jurídica, la empresa, fue multada con $220 millones; 19 personas efectuaron acuerdos de pena de colaboración eficaz, y dos más fueron desvinculadas del caso por los tribunales a través de recursos interpuestos por sus abogados.

A lo largo de la investigación que se desarrolló bajo el sistema inquisitivo, el Ministerio Público ha recuperado en dinero comisado en favor del Estado panameño B/.49,523,898.51 de los cuales B/37,809,358.07 corresponden a los adelantos realizados por las empresas Odebrecht en concepto de los B/.220,000,000.00 a los cuales fue sancionado mediante acuerdo; además se cuentan con B/.36,644,571.25 entre bienes y dineros aprehendidos correspondientes a otros imputados.

En Panamá la constructora se hizo de diez proyectos que suman más de $9 mil millones, entre los que se conocen la Cinta Costera, Saneamiento de la Bahía, Irrigación, Madden Colón, Metro de Panamá, Proyecto Curundú, Sistema de Riego Remigio Rojas y la rehabilitación del patrimonio histórico de San Felipe.