La fábrica de maestros

Un análisis de 238 créditos académicos reportados por 25 docentes señalados por diplomas falsos revela un patrón que se repite con precisión casi industrial: bachiller, licenciatura y profesorado cargados el mismo día; cursos idénticos; y hasta nueve expedientes distintos actualizados en una sola fecha

El análisis completo de las 25 personas y los 238 títulos reveló fechas bastante agitadas en las regionales. 

TERCERA ENTREGA

Ninguno de los 25 expedientes revisados en esta investigación confiesa el fraude por sí solo. Pero puestos uno junto al otro, con sus fechas alineadas, dicen lo que ningún documento individual podía decir: que el 4 de mayo de 2026, alguien, en algún lugar de Meduca, llenó nueve historiales académicos de un solo golpe.

El análisis completo de las 25 personas y los 238 títulos reveló fechas bastante agitadas en las regionales. Por ejemplo, el 4 de mayo de 2026 nueve personas distintas de nombres, cédulas y trayectorias diferentes tenían registrado exactamente el mismo curso, en el mismo día: “Hacia la Integración de la Tecnología y la Pedagogía Interdisciplinaria Basada en Competencias”. Un dato que, estadísticamente, no podría explicarse como casualidad: 9 personas sin relación evidente entre sí registran el mismo curso en esa fecha, como si fuera un registro en bloque. Pero puede explicarse también como una práctica administrativa que ocurre principalmente en las sedes regionales: ingresan documentación cierto día de la semana. De igual forma, coincide con otro dato, la descripción de la asesora legal del Ministerio, Nilka González, cuando aseguró a esta investigación que “alguien manipulaba los datos” dentro de las regionales.

El estudio comparativo se realizó con los números de cédula de los vinculados a la investigación judicial, que fueron mencionados por la fiscalía durante la audiencia de legalización de aprehensión, imputación y solicitud de medidas cautelares celebrada el 27 de agosto en el Sistema Penal Acusatorio. Esos datos se contrastaron en el histórico de los 25 docentes en la página del Ministerio de Educación para identificar denominadores comunes.

En este ejercicio llamó la atención que 18 de las 25 personas investigadas contaran con bachillerato y licenciatura registrados el mismo día. Es decir, no fueron acumulando su historial académico de forma orgánica a lo largo de los años, sino que su expediente completo nació de golpe en una sola fecha. Adicionalmente, 14 de esas 18 personas tienen el profesorado cargado ese mismo día un paquete de tres títulos cargados de una sola vez.

Al hacer referencia a lo actuado por Henry Julio, uno de los analistas de Meduca acusado por la fiscalía de alterar los datos en el sistema al que se le detectó un ingreso en un lapso de cinco años de $70 mil, la fiscal mencionó como un tema de análisis que los títulos habían sido ingresados en la misma fecha. Una cita que coincidió con la verificación efectuada en el histórico del docente de la página del Meduca.

¿Cómo funcionaba?

Los docentes que aspiran a una vacante pueden conocer, a través de la plataforma digital, con quiénes compiten por la plaza. Fue de esta forma como se descubrió el fraude. Los educadores que sí habían estudiado la carrera veían nombres de personas que nunca pasaron por el aula y lo denunciaron al Meduca.

La trampa se hacía de dos formas. Algunas vacantes estaban a la venta: “Los docentes pagaban a personal de las regionales entre cinco mil y diez mil dólares para que les asignaran vacantes permanentes”, explica González durante nuestra entrevista. Nunca presentaban un diploma que respaldara sus estudios. El funcionario manipulaba el sistema, retenía la vacante e inscribía el nombre del docente y la “convertía en una plaza permanente para dársela a la persona interesada”, señala la funcionaria. Los pagos generalmente se hacían por Yappy a través de terceros para evitar levantar sospechas y la trazabilidad.

“Los docentes pagaban a personal de las regionales entre cinco mil y diez mil dólares para que les asignaran vacantes permanentes”, explicó González durante nuestra entrevista. 

La otra modalidad era en componenda con el funcionario de Recursos Humanos de la región educativa correspondiente. Presentaban diplomas casi idénticos a los que emitía la universidad en cuestión: “eran de papel pergamino, con sellos frescos, firmas del rector o secretario general”, describe con la intención de ilustrar cómo podían confundirse con un diploma auténtico. Tan idéntico al original que no levantaba sospechas. Pero cuando los auditores verificaron el número del diploma con el centro de estudios, el registro no correspondía al nombre del docente que presentaba el papel.

En la audiencia

Así, la fiscalía explicó cómo los analistas informáticos de las sedes regionales, pieza clave en este presunto delito, actuaron en complicidad con una docente para inscribir títulos falsos en el sistema. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, eran quienes tenían la capacidad de alterar o modificar la información. También, describió la fiscal, existe el analista de carrera, quien hacía los nombramientos y podía cambiar manualmente las puntuaciones de los docentes para justificar el nombramiento en la vacante, ya que el concurso pondera la puntuación más alta para ser elegibles, que abarca aproximadamente 4 mil puestos.

Docentes que entregaron documentación que los calificaba en distintas licenciaturas, cursos especiales o certificados de seminarios a los que jamás asistieron, pero les sirvieron para colarse para ser nombrados con un mejor sueldo o en una posición permanente.

¿Qué tan grande es?

Las investigaciones internas a nivel nacional han detectado entre 2,500 y 3,000 casos sospechosos con presuntos diplomas fraudulentos que requieren verificación, según indicó a esta investigación una fuente ligada a las pesquisas. La mayoría son de cátedras, pero serán judicializados después de corroborar su autenticidad con las universidades respectivas. Hasta septiembre de 2026, el Meduca presentó 701 denuncias ante el Ministerio Público por este tipo de prácticas ilegales.

Al inicio, el personal del Meduca halló unos cincuenta casos y, por la cantidad de trabajo, creó un equipo especial de auditores del sistema de Registro Permanente de Elegibles para conocer qué tan profundo era el abismo. Aun no logran determinar su alcance.

Otra alerta fue la avalancha de renuncias que se presentaron sorpresivamente en la institución. Aproximadamente 200. Aquel 22 de abril, cuando el Meduca presentó las denuncias de los diplomas falsos en el sistema, docenas de docentes renunciaron a vacantes permanentes con la creencia de que la justicia no los alcanzaría.

El dinero y la operación

“Los docentes pagaban miles de dólares para conseguir una vacante permanente”, describe aún sorprendida Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación (Meduca), quien ilustra parte de los hallazgos que evidencian hasta dónde estaban dispuestos a pagar los docentes por una plaza de trabajo.

Nilka González, asesora legal del Ministerio de Educación.

Como resultado de estas denuncias, 25 personas fueron imputadas recientemente por el delito de falsificación de diplomas y blanqueo de capitales. Los interesados pagaron a un analista de la regional de Darién del Meduca para alterar el Sistema de Administración de Recursos Humanos de la entidad, en el que ingresó títulos de profesorado y licenciatura en educación. El puntaje los hizo elegibles para ocupar las vacantes en diferentes planteles del país.

Carla Linares pagó por su título. La docente, arrepentida, confesó a la Fiscalía de Delincuencia Organizada cómo se hizo la trampa: dijo que había entregado 4 mil dólares a Antonia De La Rosa, una docente y supuesta enlace con el analista regional, para gestionar la alteración de su título.

Según su declaración, como no contaba con el dinero para hacer el pago completo, De La Rosa la llevó a una financiera donde recibía una comisión por cada cliente concretado. Allí le gestionaron un préstamo por la cantidad con el compromiso de pagarlo una vez apareciera su nombre en el sistema. Linares entregó a De La Rosa su nombre completo y número de cédula. Posteriormente, De La Rosa le informó que podía trasladarse a Colón a tomar posesión del cargo.

La fiscalía calculó una lesión al Estado de aproximadamente $700 mil producto de los salarios devengados por los docentes. Además de Henry Julio, la fiscalía mencionó a Tenaura Mejía y Henry Jiménez, funcionarios de informática del Meduca, como enlaces de De La Rosa. La juez imputó cargos a 25 personas por diferentes delitos, como blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de funcionarios públicos, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión.

Los 238 títulos en detalle

16 de los 25 docentes tienen al menos una de las dos versiones del curso “Aprender a Aprender” en su expediente o “Enseñar a Aprender a Aprender” (64%). Es el crédito más repetido en conjunto, incluso por encima del de Psicología Educativa, que ostenta el 68% de los revisados. Cuatro personas tienen ambas versiones, lo cual podría tener un sentido curricular, pero también podría reforzar la idea de que se trataba de un “curso de relleno” que se repartía sistemáticamente, un dato que tendrá que determinar la investigación judicial.

A esto le siguen Técnico Superior en “Enseñar a Aprender a Aprender” con un 48% y algún curso de nuevas tecnologías o entornos virtuales con un 44%.

20 docentes tenían una licenciatura en Educación Primaria, un título clave para aspirar a una vacante; otros dos tenían títulos de preescolar y 3 profesores contaban con licenciaturas ajenas a la educación, como administración de empresas o sistemas y programación. Además, cuatro docentes tienen una segunda licenciatura completamente ajena a la docencia, un patrón curioso que sugiere que estas personas, después de conseguir su plaza, intentaron legitimarse con estudios adicionales, reales o no.

Mayo, octubre y noviembre concentran todo

Casi el 39% de los 238 registros de toda la muestra ingresaron entre septiembre y noviembre, y otro 22% en mayo. Estos periodos del año concentran más de 6 de cada 10 registros, periodo que coincide con las convocatorias que publica la entidad en noviembre de cada año y las postulaciones masivas en línea se habilitan en esas semanas a través del portal del Meduca.

El caso Cartago

El común denominador de todos los casos en la audiencia fue la Universidad de Cartago. Un centro de estudios al que el Meduca había cancelado su funcionamiento en 2014 por incurrir en faltas muy graves: reincidir en la comisión de faltas administrativas por operar sin los expedientes actualizados del personal docente y administrativo y por promocionar u ofertar carreras incluidas maestrías que no contaban con la aprobación oficial.

A pesar de que la universidad había cerrado sus puertas en la mencionada fecha, los diplomas de los docentes se emitieron con fechas posteriores. Fueron seleccionados como candidatos a partir de 2021 hasta que el Meduca detectó la falsificación, pero ya habían cobrado sus salarios y prestaciones. Las aprehensiones se materializaron el 26 de agosto de 2026.

Así, uno a uno, la fiscalía fue detallando cada caso. Por ejemplo, en las averiguaciones descritas mencionó que recopilaron la información sobre los cursos que aparecían en el sistema con diferentes títulos, en posiciones permanentes, pero sin estudios que los sustenten. En un caso, la fiscal narró que una de las docentes ostentaba tres títulos de la Universidad de Cartago: licenciada en Educación Primaria, egresada en 2017; profesorado en Educación, egresada en 2018; y licenciatura en Educación, egresada en 2023.

En la audiencia estaban sentados los docentes que supuestamente habían pagado por un título para ser nombrados en el sistema y ganar un sueldo que oscila entre 1.400 y 1.700, el más alto. Adelante de ellos estaban sentados sus abogados, que intentaban defender su inocencia. En uno de los recesos conversamos con algunas docentes, quienes expresaron no conocerse entre sí. Negaron que hubieran pagado por la vacante. Entre los acusados había 16 mujeres y 7 varones. Tal vez, en ese momento, al verse en semejante lío legal, se habrían preguntado si valió la pena lo actuado.

Entre los acusados había madres, esposas, una persona que padecía una enfermedad crónica, otra que había pasado por un trasplante renal y estaba preocupada por recibir a tiempo los medicamentos antirrechazo. La mayoría vestía la ropa con la que habían sido aprehendidos: pantalón de algodón o mezclilla, un t-shirt y, en algunos casos, un suéter que les ayudaba a pasar la noche hacinadas en la celda provisional de la Dirección de Investigación Judicial. Todo esto , mientras la juez definía si accedía a la petición de la fiscalía de otorgarles una medida de detención provisional o una cautelar. Después de varios días de audiencia, juez ordenó detención provisional para 12 personas, y 13 quedaron bajo arresto domiciliario por razones de salud.

El falso positivo

No todos los expedientes marcados por Meduca corresponden a diplomas falsos. En nuestra investigación nos topamos con Sara Solís, una docente de grado incluida en la lista de casos sospechosos por error —y notificada, según su relato, con el mismo protocolo que ha usado con quienes sí cometieron fraude—.

A pesar de que es una práctica ilegal de la cual hay evidencia desde hace más de 20 años, las investigaciones y sentencias en firme son pocas.

La mesa de la cafetería de la Universidad de Panamá está tapizada con papeles: son sus diplomas de maestrías, profesorados, licenciaturas, bachiller, créditos y certificados. Todos emitidos por la Universidad de Panamá (UP).

Con 10 años de servicio, Solís trabaja en un colegio en el oeste de la capital y da clase en la UP. Es el ejemplo documentado de una educadora con título legítimo —como lo corroboró esta investigación luego de consultar a la Secretaría General de la Universidad de Panamá— que fue incluida en la lista equivocada.

Todo empezó con una llamada: “Me llaman de un número, pero en hora de clase”, recuerda. Era un número desconocido que insistió por varios días hasta que contestó. “La llamamos de asesoría legal”, escuchó del otro lado del teléfono. Al principio pensó que se trataba de una de esas llamadas que estafan a la gente porque no reconoció el número telefónico. Pero después le mencionaron un expediente, lo que le hizo sospechar de qué se trataba, “porque a otros compañeros de su colegio ya les había pasado lo mismo”, señala.

Era mediados de julio. Un día después de la llamada, cuando se acercó su esposo y abogado Aaron Pérez a la sede del Meduca, le notificaron del proceso. “Le dijeron que yo había registrado eso y que era una alteración con un diploma falso”, recuerda Solís. Y la separaron del cargo unos días después.

El abogado llevó al Meduca copia de todos los documentos, la validación de la universidad, originales y copias. Meduca envió una consulta a la Universidad de Panamá sobre una licenciatura en Educación con énfasis en Primaria, que emitió en 2008. Pero según Solís, la Universidad respondió que no figuraba en su sistema digital, aunque el diploma sí se encontraba en los archivos físicos. Al percatarse del error, la Universidad envió una segunda nota aclaratoria al Meduca “diciendo que mi diploma sí es real”, describe Solís.

Solís nunca entendió el porqué de su separación, pues a su criterio, la corrección de la UP debía ser suficiente para evitar el proceso.

Tan pronto como culminó nuestra entrevista, acudimos a la Secretaría General para verificar la versión de Solís. Era cierta.

A pesar de que la Universidad notificó al Meduca de la situación, según su abogado, la reintegraron a sus labores después de dos meses: “el daño ya está hecho”, aseguró el letrado. Anunció que presentará una demanda contencioso-administrativa de “reparación directa” ante la Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo y Laboral) de la Corte Suprema de Justicia, para iniciar “el proceso legal mediante el cual se busca condenar al Estado al pago de una indemnización por daños y perjuicios materiales y morales”.

El problema no nació ayer

A pesar de que es una práctica ilegal de la cual hay evidencia desde hace más de 20 años, las investigaciones y sentencias en firme son pocas. En 2018, 19 educadores fueron sentenciados por falsificar diplomas de la Universidad de las Américas (Udelas) para aumentar sus puntajes. En ese momento, un periódico local recogió las declaraciones del asesor legal de Udelas, Alexis Jaén, quien proyectó que el número de docentes implicados podría llegar hasta 1.500 y cada uno de ellos habría solicitado 25 diplomas de diversas asignaturas, lo que dimensionaba la cantidad de documentos sin sustento que estaban en el sistema y sin verificación.