Presentan advertencias de ilegalidad en compra de escáners

Dos empresas sospechan de la adquisición que aprobó el Consejo de Gabinete que supera los $20 millones, desconociendo los recursos de advertencia presentados ante la Corte Suprema de Justicia

La adquisición por parte del Ministerio de Seguridad de 6 escaners que se situarán en 6 puntos del país (Paso Canoas, Guabalá, Tocumen, Divisa, la entrada y salida en la Zona Libre de Colón) se publicó en Gaceta Oficial el 28 de marzo pasado, a pesar de que dos empresas interpusieron dos advertencias de ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de un sistema de inspección por rayos x de doble energía y alto rendimiento que aprobó el Consejo de Gabinete a la empresa Esrod-Promed por un monto de $20,187,279 a través de la Resolución de Gabinete número 24 del 26 de marzo del corriente, la cual fue demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por dos competidores.

El Estado requiere, por convenio con los Estados Unidos, el reforzamiento de los puntos de accesos fronterizos o puntos estratégicos por los cuales pueden pasar droga hacia Panamá.

No obstante, la forma en que se adquirió el equipo creó sospechas en las empresas Nuctech Panamá, S.A y Smith Detection Inc, quienes interpusieron dos advertencias de ilegalidad (el 25 y 26 de marzo), antes de que el Gabinete aprobara la compra, en virtud de graves omisiones y violaciones cometidas dentro del procedimiento de selección del contratista en detrimento y violación de las normas.

Uno de los demandados es el ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, al igual que el procurador de la Administración Rigoberto González Montenegro. El recurso interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia argumenta que la autoridad adquirió los escáners a través del procedimiento Excepcional de Contratación, bajo la figura Contratos de Beneficio Social y seleccionó a la empresa Esrod-Promed.

Las empresas alegan que el 14 de marzo, en el portal de Panamá Compra, se publicaron una serie de documentos en la sección 'documentos adjuntos' con la finalidad de cumplir con la publicación requerida por Ley. Entre estos se mostró el pliego de cargos, el borrador de la Resolución de Gabinete y otros.

No obstante, los proponentes se llevaron una sorpresa cuatro días más tarde cuando los documentos que estaban colocados en la sección de 'Documentos Adjuntos', habían sido eliminados en horas de la mañana. Por la tarde, se colocaron nuevamente los papales en el portal. Los quejosos desconocen la razón por lo que ocurrió esto, asumen que fue para "jugar con los términos", explican.

Los demandantes alegan que participaron en la convocatoria que efectuó la Autoridad de Aduanas el 30 de julio de 2018. En este sentido, no consideraron correcto que para la presente convocatoria se haya utilizado un informe de evaluación técnica de un acto público anterior y que no corresponde a la convocatoria actual, ni a la entidad contratante. En cambio, se debió convocar a una comisión evaluadora para que emitiera un nuevo informe, pues alegan que ninguno de los documentos que se colgaron en el portal de Panamá Compra para este acto están vigentes, y la autoridad debía rechazarlos en forma inmediata.

Una parte de los fondos para la compra de estos equipos proviene del Acuerdo de Compartición de Bienes Incautados entre Panamá y Estados Unidos, cuyo comité aprobó por unanimidad el financiamiento de 7.2 millones, mientras que el resto ($12.9 millones) proviene de los fondos del Estado.

La empresa Smith Detection Inc., en particular, reclama el acto del Minseg por haber considerado en la nueva convocatoria a uno de los tres proponentes que actuaron en el 2018, excluyendo cualquier participación de las otras dos empresas, lo que viola directamente el principio de transparencia consagrado en la Ley de Contrataciones Públicas.

Además, afirma que se hizo la adjudicación sin más motivación aparente que el precio ofertado, reclama la empresa de raíces norteamericanas con más de 20 años de experiencia en suministro de equipos a Panamá. Señala, además, que el consorcio seleccionado por el Minseg no cuenta con esta experiencia, es el fabricante del producto que ofrece, que no es parte del consorcio al que se le pretende adjudicar el acto público.

En resumen, los quejosos advierten que la propuesta que contrató el Minseg no cuenta con la experiencia requerida, es solo un distribuidor que no se debe considerar con la experiencia del fabricante.