La Corte Suprema de Justicia podría perder la competencia en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, acusado de pinchazos telefónicos, si el proyecto del magistrado Oyden Ortega logra mayoría entre sus colegas
Un proyecto de fallo, cuyo ponente es el magistrado Oyden Ortega, pretende declinar la competencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de pinchazos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, detenido provisionalmente en el Centro Penitenciario El Renacer.
El documento, que circuló en las redes sociales ayer, concede la acción de amparo de garantías a Luis Eduardo Camacho (hijo) defensa de Martinelli, y revoca la decisión dictada en audiencia del 25 de junio pasado, en la que el magistrado de garantías Jerónimo Mejía, negó la declinatoria de competencia solicitada por los abogados del exmandatario.
La defensa de Martinelli recurrió la decisión de Mejía y presentó un amparo de garantías ante la Corte, alegando que su cliente renunció al cargo de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), ocasionando la pérdida de competencia por parte de la Corte.
El proyecto de fallo se filtra con ciertas coincidencias. La primera es que está a 3 días hábiles de que se celebre la audiencia en la que el juez de garantías debe anunciar qué pruebas admite y cuáles rechaza a cada parte. Ese día, el 19 de noviembre próximo, Mejía debe anunciar la fecha en que se celebrará el juicio contra el expresidente en caso de que la Corte sostenga la competencia.
Otra coyuntura es que recientemente algunos querellantes confirmaron que se encontraban explorando un acuerdo confidencial con el expresidente.
No obstante lo anterior, el proyecto acaba de iniciar lectura simultánea el lunes, periodo que contempla 20 días hábiles para que los magistrados aporten sus observaciones. Y una más, es que el mandatario Juan Carlos Varela comunicó que el próximo 21 de noviembre anunciará los nombres de los nuevos candidatos a magistrados que deberán reemplazar a Ortega y Mejía, a quienes se les venció su periodo en enero pasado.
Algunos conocedores apuestan en forma adelantada a que la Corte se inclinará por apoyar a Ortega en el proyecto, e incluso se aventuran a adelantar que la votación quedará 6 a 3 a favor de Martinelli.
El proyecto de Ortega, también admitió la tercería interpuesta por el fiscal Harry Díaz, que en palabras simples, solicita que se resuelva el asunto de la competencia a fondo.
El fiscal Harry Díaz, en escrito enviado en octubre pasado al presidente de la Corte, planteó la necesidad de debatir el tema para que el Pleno determine si, ante la renuncia de Martinelli al Parlamento, la Corte dejaba de tener competencia en el proceso.
En ocasiones anteriores, cuando la Corte ha fallado en cuanto a la Fianza de excarcelación, tres magistrados (Ángela Russo y los suplentes de José Ayú Prado y Ramón Fábrega, Asunción Alonso y Efren Tello respectivamente) han salvado su voto ante la duda de si son o no la entidad competente para conocer el caso del expresidente.
El fiscal Harry Díaz ha emitido opinión personal al respecto. En audiencia del 25 de junio, basándose en el artículo 28 (del reglamento interno del Parlacen), indicó: es mi postura personal, porque algunos querellantes no están en la misma posición jurídica que estoy planteando, estoy de acuerdo con la defensa de que este es un acto de mera comunicación. Sin embargo, como este es un proceso especialísimo y fue admitida la causa por el Pleno, considero que debe ser el Pleno que se debe manifestar sobre la competencia o no, si se mantiene o no la calidad del diputado”.
En caso de que el Pleno decida que no tiene competencia, el fiscal Díaz solicitó que se respete lo actuado en fase intermedia y se permita al magistrado de garantías evaluar y tomar decisión.
Si el Pleno de la Corte decide que no tiene competencia en el caso, remitiría la carpetilla 138-15 a un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA) -según algunos abogados consultados- en vez de al juzgado XVI, como lo había solicitado la defensa de Martinelli en un principio.
Desde la perspectiva de Camacho, la decisión planteada en el proyecto es la correcta, toda vez que el Pleno no tiene la competencia para seguir conociendo del caso de Ricardo Martinelli.
Sin embargo, dijo estar preocupado por dos razones: la filtración del documento y su uso como mecanismo de presión para el resto de los magistrados que tienen que emitir su opinión.
Camacho considera que si el fallo se materializa antes del 19 de noviembre, se tiene que volver a hacer la evaluación de más de 200 pruebas (entre testimonios, pruebas periciales, inspecciones oculares, entre otras) que Mejía está a punto de decidir.
A juicio de Camacho “el nuevo juez natural no ha tenido inmediación con la prueba y debe iniciar de cero el caso”.
De enviar el caso al SPA, sería un juez de garantías quien decida las complicadas controversias legales que surjan entre las partes.
Camacho insiste en que no remitir el caso a un juez del SPA implica una violación al debido proceso.
“Si Ricardo Martinelli sigue siendo juzgado por Mejía, sería una decisión adoptada por alguien que no es natural”.
De llegar el expediente a manos de un juez del SPA, es posible que la defensa solicite nulidad de lo actuado alegando una violación al debido proceso.
El Amparo de Garantías establece que Ricardo Martinelli, al haber perdido la calidad de parlamentario, eliminó la competencia de los magistrados de la Corte, mantenerlo así, implica una violación al debido proceso ya que el procedimiento adecuado es ser juzgado por su juez natural.
Carlos Herrera Moran, defensa de Mauro Zúñiga víctima de los pinchazos, también se mostró preocupado por el hecho de que el proyecto de fallo haya llegado a las redes sociales.
“A mi juicio algún magistrado lo puso en manos de los abogados de Martinelli”, dijo a este diario.
El fallo requiere del voto mayoritario del resto de los magistrados para que se convierta en una sentencia definitiva.
Según el análisis de Morán, “no lo van a lograr. A juzgar por actuaciones anteriores, tenemos 5 a 4 en contra del fallo”, estimó.
Rodolfo Pinzón, abogado de la dirigente Balbina Herrera, dijo que la ‘jugada’ de ellos es invocar nulidad por lo actuado por Mejía cuando llegue el caso al SPA.
“Pero ya no pueden invocar nulidad porque ya pasó esa etapa. Estamos en la etapa de negación”, dijo.
Aunque el jurista no descartó la posibilidad de que surja un fallo antes del lunes, considera que “eso será después de la audiencia del próximo 19 porque Mejía tiene que emitir la resolución admitiendo o negando pruebas. Terminada la fase podrían declinarlo”.
Pinzón añadió que existe una especie de conspiración y manejo (por la contraparte) con el fin de hacer una tendencia en la opinión pública. “Hay que esperar a que el proyecto circule entre el resto de los magistrados, si algún magistrado no lo comparte, salva su voto. Eso provoca un morbo porque no hay una decisión y el ponente no está obligado a explicar”, concluyó.
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