Martinelli prepara nueva estrategia legal para su regreso

Si el expresidente decide renunciar al Parlacen su expediente quedaría fuera de la Corte Suprema de Justicia y pasaría al Ministerio Público. El tratado expresa que solo podría ser juzgado por el caso de los “pinchazos”, obedeciendo la doctrina de especialidad

Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli cuentan con un abanico de opciones legales que podrían desarticular los procesos en su contra. Su equipo de defensa en Panamá anunció que, muy pronto, Martinelli hará un ‘pronunciamiento importante’ en ese sentido.

Con ayuda de algunos de los letrados que han participado en su defensa, La Estrella de Panamá analiza las posibles actuaciones al alcance del expresidente en caso de volver a Panamá, como se prevé.

El expresidente podría pactar un acuerdo con el gobierno o llegar a un entendimiento con el fiscal Harry Díaz, quien investiga el caso de las escuchas telefónicas por el que se ha solicitado su extradición a Estados Unidos, donde lleva detenido desde el 12 de junio pasado.

Ante esa situación y sin que se resuelvan a su favor las solicitudes de excarcelación y fianza gestionadas hasta ahora, Martinelli puede volver, en todo caso, por su propia voluntad o alegando algún asunto imperativo, como tratamiento por enfermedad crónica y la necesidad de la atención familiar.

De volver extraditado, se enfrentaría al proceso en la Corte con el Sistema Penal Acusatorio vigente, que es el que está vigente.

¿RENUNCIAR AL PARLACEN?
Una vez en Panamá Martinelli podría tomar la decisión de renunciar a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.

Entonces, el Pleno de Corte Suprema de Justicia, puntualmente el fiscal Harry Díaz que inició la investigación en octubre de 2015, perdería competencia del caso y el expediente tendría que ser trasladado al Ministerio Público que lo investigaría como ciudadano común. “Los casos saldrían del sistema Penal Acusatorio y se investigarían bajo el sistema inquisitivo, al dejar de ser diputado las carpetillas se pasan al Ministerio Público quien continuaría la investigación”, indicó el exprocurador y exabogado del exmandatario Rogelio Cruz.

El exdefensor de Martinelli añade que en la legislación hay un vacío. Explica que tanto en el Código Judicial como en el Procesal Penal no está previsto que una persona que es diputado pase a ser un ciudadano común y viceversa. Son tan raros los casos que la ley no contempló esos supuestos.

“En el caso de Martinelli, las investigaciones iniciaron casi hace tres años, en este sentido, deberían fijar un término razonable para que el fiscal a cargo culmine el trabajo y determine: ordenar medidas cautelares, o bien, solicitar juicio o sobreseimiento provisional o definitivo”, dice Cruz. Este lapso de tiempo, agrega el abogado, tampoco está establecido. Por tanto, la Fiscalía tendría que pedir un plazo y el juez de circuito penal, fijarlo. El sistema inquisitivo establece un máximo de 6 meses para efectuar la investigación. Dado el tiempo transcurrido, el fiscal tendría que solicitar un término para concluir la pesquisa.

Ahora bien, el Ministerio Público, podría continuar la investigación por los cuales fue requerido el expresidente, más no del resto de las 9 carpetillas que se mantienen en averiguación en la Corte. Por se dos sistemas distintos, la fiscalía prácticamente tendría que empezar la investigación.

En tal caso, la Fiscalía citaría a Martinelli para que por primera vez, realice sus descargos y ejerza su defensa. Luego, pasaría el expediente al juez de circuito penal con una petición de llamamiento a juicio o sobreseimiento.

“El resto de los casos habría que cerrarlos en función de que él vino extraditado por un caso en específico y no por el resto”, puntualiza Cruz recordando la doctrina de la especialidad.

El Tratado de extradición bilateral firmado entre Panamá y Estados Unidos establece -y en esto han coincidido el gobierno panameño y la defensa de Martinelli- que el Departamento de Estado podrá entregar a cualquier agente del gobierno extranjero para ser juzgado por el delito que se le imputa. El Tratado prohíbe explícitamente que el presidente Martinelli sea juzgado por delitos u ofensas distintas a aquellas por las que se extradita. Por lo tanto, cualquier audiencia que pretenda celebrarse con nuevas imputaciones al expresidente, según el Tratado, no podrían ventilarse para ser imputado o juzgado.

PIDEN AUDIENCIA
Lo curioso es que el Pleno de la Corte Suprema fijó para el próximo 13 de octubre a las 9 de la mañana, una audiencia de formulación de imputación solicitada por el fiscal Abel Zamorano, por la presunta comisión del delito contra la administración pública (indultos). La programación de la audiencia, según un comunicado del Órgano Judicial, fue autorizada por el magistrado de Garantías José Ayú Prado, y se comunicó a los intervinientes.

Este diario averiguó, que hasta la fecha la Cancillería no ha solicitado la extradición del expresidente por ningún otro delito además del caso de los pinchazos.

También pesa que en el caso de indultos, el fiscal pretende imputar a Martinelli, lo que contradiría la acción del fiscal Harry Díaz, quien acusó (más no imputó) al exmandatario por el caso de los pinchazos.

Esta contradicción judicial podría dar al traste con el caso de los pinchazos, es decir, beneficiaría la tesis de la defensa de Martinelli que ha sostenido en los tribunales de Miami, en el sentido de que se debió imputar a su cliente. El fiscal Díaz defiende su acción al establecer que al tratarse de un caso especial, la imputación se adjudica de forma automática en la acusación.

Estas contrariedades entorpecen la claridad de los procesos, o del proceso, que enfrente el expresidente en la Corte Suprema una vez que pise suelo panameño.

ENFERMEDAD CRÓNICA
De comprobarse o de ser acreditada, mediante peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELF), que el expresidente sufre de un mal irreversible o que requiere tratamiento médico para superarlo, la defensa solicitaría una medida cautelar de depósito hospitalario por cárcel, aunque la medida no frenaría el proceso en curso. Hasta la fecha, en la documentación pública del juzgado del Distrito Sur de la Florida, se ha mencionado una afección de bronquitis.

De ser éste el caso, lo natural es que la defensa se aproxime al fiscal de la causa para a ventilar el tema en busca de garantías antes de la extradición. Entonces, la fiscalía podría invocar una revisión médica de un grupo de especialistas, además de un equipo del Instituto de Medicina Legal, para asegurarse del padecimiento.

TRATO
La tesis sobre un posible trato con la Fiscalía parece una de las más remotas. Según declaraciones del magistrado fiscal Harry Díaz a La Estrella de Panamá, no se tiene acuerdo con el expresidente en el proceso 138-15, que corresponde al caso de los pinchazos. Este medio tampoco ha conocido sobre la intención de hacer algún trato entre el gobierno y el exmandatario, o que su defensa haya manifestado voluntad de hacerlo.