Querella tilda fallo del tribunal de juicio de nefasto e injusto y anuncia recursos

Los querellantes esperarán la lectura de la sentencia para interponer anulación y casación del fallo emitido por el tribunal. Mientras que la defensa prepara sus armas contra quienes hayan mentido bajo juramento

Los querellantes sienten como si la justicia les hubiera atravesado una espada en el cuerpo. Tienen una lectura muy distinta a la primera lectura que ofreció el tribunal de juicio el pasado 9 de agosto, audiencia en la que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli por los delitos de pinchazos telefónicos, seguimiento y peculado de uso y malversación.

Este martes ofrecieron una conferencia de prensa en la que expresaron varias preocupaciones y adelantaron que recurrirán la decisión del tribunal de juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante recursos de anulación y de casación.

El querellante Carlos Herrera Morán, abogado de Mauro Zúñiga, calificó la actuación del tribunal de ‘nefasta, injusta, divorciada de la Constitución’ por que -dicen- se invalidaron pruebas que previamente habían sido admitidas en la fase intermedia del juicio.

“Estos jueces, en esa decisión vergonzosa, indignante y humillante, dijeron que muchos de esos elementos de convicción habían sido acopiados sin el derecho a la defensa y la participación de los abogados del acusado. Algunas pruebas las tildaron de ilegales y esto constituye una gran violación a los derechos constitucionales de que las decisiones de la CSJ son definitivas, no son recurribles”, exclamaba en tono alto el jurista.

Sin embargo, los abogados de Martinelli ya avanzaron la estrategia legal que sucede al fallo, contra demandar a los querellantes y a las figuras gubernamentales que se prestaron para ‘armar el caso contra su cliente con pruebas falsas’.

TESTIGO PROTEGIDO
Los querellantes mostraron preocupación por el posible retorno del testigo protegido a Panamá.

La unidad policial que laboraba en el Consejo de Seguridad, confeso de haber pinchado los teléfonos de docenas de víctimas y que el tribunal calificó de ‘sospechoso’ por los beneficios que obtuvo durante el gobierno de Juan Carlos Varela luego de presentar una querella ante la Fiscalía Auxilar, ha sido llamado por el Ministerio de Seguridad para que desocupe el cargo de agregado policial ante el Consejo de Delegado de la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos, en Washington, D.C. Estados Unidos.

“Esto vulnera su seguridad y la de su familia”, alegan los querellantes quienes dijeron que conversaron el lunes con la esposa del testigo protegido y solicitó que las autoridades les brinden protección.

El abogado de la defensa, Roniel Ortíz, manifestó a la Estrella de Panamá, que el testigo protegido “tiene que venir a asumir su responsabilidad de los delitos que cometió de la mano de la procuradora Kenia Porcell, el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, Edgar Tion, exjefe de inteligencia del CSN, Eric Estrada, exjefe del Servicio de Protección Institucional, Alexis Bethancourt, exministro de Seguridad, Marcelino Aguilar, fiscal auxiliar y, Juan Carlos Varela, expresidente de la República, entre otros, toda vez que faltó en su declaración al artículo 385 del Código Penal mediante el cual juró decir la verdad”.

El abogado añadió que “Marcelino Aguilar se tiró su carrera profesional en el Ministerio Público teniendo pleno conocimiento que el testigo protegido, a pesar de que mintió al presentar pruebas ilícitas como el cd y el dvd, las admitió. La señora Kenia Porcell lo mínimo que le debe a la ciudadanía es una renuncia por ser instigadora de todo lo que ha sucedido porque quedó claro en el juicio que era ella quien revisaba las declaraciones del Consejo de Seguridad”.

Cabe aclarar, que la condición de testigo protegido de la unidad policial, de la cual aún se omite su nombre por la continuidad del proceso, no implica que deba mantener su labor en el extranjero. Pues no constituía una condicional de su reserva a la identidad por parte del Ministerio Público.

El testigo protegido fue designado en esta posición con licencia y sueldo el 30 de septiembre de 2014, representando al país en dicha organización. La autorización fue firmada por el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón.

La defensa ha sostenido que su designación es un premio del gobierno de Juan Carlos Varela por haber ‘colaborado’ con las investigaciones que se iniciaron en la Fiscalía Auxiliar en agosto de 2014. Aunque algunos de sus excompañeros del CSN juraron ante el tribunal que las colaboraciones se hicieron bajo amenazas de los mandos de la entidad de seguridad y que el testigo protegido fue víctima de esos hostigamientos.

Los querellantes, no obstante, solicitaron al Ministerio de Seguridad y a la Procuradora Kenia Porcell, se le brinden las medidas necesarias para proteger su integridad y la de su familia cuando pise suelo panameño.

“Aquí no puede haber un segundo Vernon Ramos (oficial de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores que desapareció en 2012) en el país. Nosotros necesitamos que se respete la integridad del testigo protegido y de nosotros”, reflexionó Balbina Herrera, víctima en el caso pinchazos.

SOBRE LOS RECURSOS
Los querellantes y la fiscalía se preparan para presentar varios recursos ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El primero consiste en la anulación del juicio oral que culminó con el fallo absolutorio del tribunal. El detalle está en que si este recurso tiene éxito, se dictaminará que el juicio deba celebre nuevamente pero con las mismas pruebas que se practicaron en en el proceso en que salió absuelto Martinelli.

Evidencias que fueron admitidas en la fase intermedia por el juez de garantías Jerónimo Mejía. Pero que mostraron grandes inconsistencias durante la evacuación ejercida por la fiscalía durante el juicio oral.

En caso de que se produzca una casación, podrían ocurrir dos alternativas: que la Sala revierta el veredicto del tribunal, o que lo confirme. Para ello, los magistrados titulares deberán habilitar a sus suplentes o designar suplentes especiales en caso de que los primeros hayan tenido inmediación en el caso.

“Los magistrados están impedidos y los suplentes, por lo tanto se valorará si la casación o anulación según la conformación de la sala.

Es un hecho evidente de que los magistrados titulares no pueden ejercer en la causa o sus suplentes”, aclaró el abogado Carlos Herrera Delegado.

El Ejecutivo tiene que designar magistrados en esta Sala, y ésta es una de las situaciones que puede influir en la presentación de recursos. No obstante, aún permanecen dos magistrados, de tal manera que la Corte tendría que organizar que un magistrado de otra sala funja de reemplazo, o designar magistrados suplentes especiales.

PRUEBAS
Los querellantes alegan que el tribunal desconoció las evidencias que fueron presentadas y admitidas durante la fase intermedia.

“La evaluación arbitraria y nefasta que hizo el tribunal sobre las pruebas, pone en evidencia la vulneración de principios de derecho procesal acusatorio”, esgrimió Herrera Morán.

Añadió que es una infamia que el tribunal haya dicho que en el caso de los 7 cuadernillos no estuvieron al alcance de la defensa, pues “los abogados tuvieron acceso a ellas en la etapa intermedia cuando se le permitió al abogado Carlos Carrillo examinarlos, pero en el juicio oral dijeron que no habían tenido acceso a ellas”, profirió.

No obstante, Ortíz desacredita esta posición al decir que los querellantes están confundidos.

“Una cosa es que los elementos de convicción hayan pasado al juicio oral, y otra la admisión de las pruebas. Una diferente es la valoración que el tribunal les da.

Tratan de confundir a la ciudadanía diciendo que las pruebas que trajeron del fase intermedia ya eran pruebas como tal, y no es así”, dijo.

Describió el defensor que en este caso no se podía trasladar pruebas. “Pero, producto de la ignorancia del magistrado Harry Díaz y los abusos de Jerónimo Mejía, juez de garantías, les hicieron un traje a la medida a las víctimas sin importar el derecho a las garantías del acusado”.

Los querellantes insisten en que en este caso no hubo prueba trasladada. Se refieren a los elementos de convicción que llegaron como antecedentes cuando la Corte examinó la acusación y la admitió.

Descalificaron al tribunal de juicio: “de derecho parece que no saben nada, a esos antecedentes les llamaron prueba trasladada para restarle mérito probatorio incurriendo en un gazapo jurídico, en un desacierto”, zanjó Herrera Morán.